El senador colorado Martín Arévalo manifestó que espera que el Ministerio Público pueda tener una conclusión con relación al dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el perjuicio ocasionado al Estado paraguayo en el contexto de la deuda ilegal de la Itaipú Binacional.

“Este informe es algo que se estaba esperando hace tiempo. Ahora la Fiscalía está tomando lo que corresponde, que es la investigación, producto de lo que ha hecho la Contraloría. Creo que las personas involucradas deben resarcir estas anomalías de acuerdo al informe y se deben responsabilizar”, declaró el legislador este miércoles.

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En entrevista con periodistas, Arévalos aseveró que Paraguay debe recibir un resarcimiento de los daños ocasionados; de lo que se ha quitado de forma irresponsable e ilegal a Itaipú.

“La Contraloría es un organismo técnico y ahora la Fiscalía debe seguir el camino. Acá debe caer quien debe caer. No es una cuestión del Partido Colorado, es de las personas que estuvieron al frente de la binacional en ese momento. Ojalá haga su trabajo”, refirió.

Equipo fiscal

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, dispuso la conformación de un equipo de agentes fiscales para la investigación de hechos que pudieran tener relevancia penal y que se mencionan en el informe final del examen especial sobre la deuda de la Itaipú Binacional, realizado por la Contraloría General de la República.

Los agentes fiscales designados son Liliana Alcaraz, Osmar Legal, Marcelo Pecci, Luis Piñánez y Juan Manuel Ledesma. Los mismos deberán analizar el informe dado a conocer por la entidad contralora. Asimismo, los representantes del Ministerio Público podrían llamar a declarar a los auditores que realizaron el informe, así como al propio contralor Camilo Benítez.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, confirmó que tras una auditoría realizada a la Itaipú Binacional se constató que esta generó una deuda ilegal por más de 4 mil millones de dólares entre los años 1985 y 1997, ya que el Consejo de Administración de la hidroeléctrica había aplicado tarifas inferiores al costo de la electricidad a pedido de los representantes brasileños.

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