Un nuevo caso de violencia contra la mujer quedó al descubierto en la ciudad de Luque, donde una víctima logró llegar hasta una dependencia policial para pedir auxilio tras sufrir una presunta agresión por parte de su pareja, quien además la habría seguido hasta el lugar.

El sospechoso fue identificado como Alcides Rivero Zeballos, de 34 años, quien terminó detenido luego de una persecución policial. Lo llamativo del procedimiento fue que, al verificar sus datos, los intervinientes constataron que el hombre contaba con una orden de captura vigente desde el año 2020 por otro hecho de violencia intrafamiliar.

Según explicó el comisario Gustavo Paiva a NPY, la mujer acudió a la oficina de atención a víctimas de violencia de Luque con lesiones visibles en el rostro y el cuello. La denunciante relató que había sido agredida físicamente por su pareja y que el hombre continuaba siguiéndola. Por las características de las lesiones y su testimonio, los agentes presumieron que también habría recibido puntapiés.

Mientras la víctima buscaba protección, el sospechoso volvió a circular frente a la dependencia policial a bordo de un automóvil blanco. De acuerdo con Paiva, los intervinientes sospecharon que el hombre pretendía descender del vehículo para llevarse nuevamente a la mujer, por lo que una patrullera inició su persecución.

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El sospechoso intentó escapar, pero finalmente fue interceptado a unos 1.300 metros de la dependencia policial, según la estimación brindada por el jefe policial. Durante el procedimiento, los agentes inspeccionaron el automóvil en el que se desplazaba, sin encontrar armas de fuego ni armas blancas.

Sin embargo, al consultar sus antecedentes, descubrieron que Rivero Zeballos era requerido por la Justicia desde 2020 por un caso de violencia intrafamiliar que tuvo como víctima a otra mujer.

El detenido quedó a disposición de la Justicia por el proceso anterior, mientras se dispuso la apertura de una nueva causa a raíz de la denuncia presentada por su actual pareja. El caso vuelve a poner bajo cuestionamiento la eficacia de los mecanismos de búsqueda y detención de personas requeridas por hechos de violencia contra las mujeres.

Queda pendiente esclarecer cómo un hombre con una orden de captura vigente desde 2020 permaneció sin ser detenido durante casi seis años.

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Por Violeta Vigil

La noche del 8 de octubre, Deysi Paola Giménez Segovia (22) caminaba hacia su trabajo en Lambaré cuando fue asesinada a balazos. Le faltaba apenas un mes para culminar la carrera de Derecho y ya había denunciado a su expareja por hechos de violencia y amenazas. El principal sospechoso, Aldo Alexis Duarte (26), huyó tras el crimen, pero posteriormente fue localizado y detenido.

Su asesinato marcó el inicio de una serie de días estremecedores para el país. En Katueté, Villarrica, Limpio y Loreto se sucedieron nuevos hechos de violencia extrema contra mujeres, entre feminicidios y tentativas, con episodios de particular crueldad: ataques a balazos, múltiples puñaladas, presuntos incumplimientos de medidas judiciales y relatos escalofriantes de los propios agresores a familiares de las víctimas.

La proximidad de estos crímenes, ocurridos en distintos puntos del territorio nacional, provocó conmoción y encendió una inquietante interrogante: ¿el feminicidio de Deysi pudo haber desencadenado un efecto dominó o estamos frente a la manifestación de una violencia machista profundamente arraigada en nuestra sociedad?

Para analizar esta posibilidad y comprender los factores psicológicos y sociales que pueden estar detrás de la seguidilla de ataques, La Nación/Nación Media conversó con Enrique Delgado, psicólogo clínico, terapeuta sistémico y magíster en Salud Pública, quien examina los patrones de conducta asociados a la violencia feminicida y el impacto que estos crímenes generan en la sociedad.

“Actualmente no existen datos que puedan sostener la hipótesis de una seguidilla de feminicidios motivada por la propia mediatización de los casos expuestos en los últimos tiempos”, responde Delgado. Tampoco existe evidencia de que los agresores se conocieran entre sí o estuvieran al tanto de los episodios anteriores. Cada hecho responde a causas múltiples y a una configuración totalmente independiente que arrastra la historia, la dinámica de pareja y el contexto socioeconómico, agrega el profesional.

“Creo que lo que realmente se imita es el machismo imperante en nuestra cultura y de padres a hijos, de hombre a hombre, en cada comentario denigrante, discriminatorio o culpabilizante en contra de la mujer”, reflexiona. “Odian no poder poseerlas a su manera machista, la cual involucra el control total de la misma”. añade.

Delgado trae a la mesa una investigación regional en la que participó junto al doctor en Ciencias Sociales Martín Di Marco y una investigadora de la Universidad de Emory (EE. UU.). Dicho trabajo identificó tres formas típicas en que los agresores justifican sus crímenes:

• La violencia como recurso ante el abandono: La posibilidad de que la pareja decida dejarlos actúa como el gatillo definitivo.
• La violencia como daño negado y justificado por el contexto: Minimizan el estrago causado echándole la culpa a las circunstancias de la relación.
• La violencia como transferencia emocional del dolor: Utilizan el ataque físico como una válvula de escape para trasladar su propio sufrimiento interno hacia la víctima.

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Ante la consulta de si esta seguidilla crea nuevos agresores o si podría funcionar de detonante, Delgado apunta directo al sistema: “Un nuevo agresor nace cada día, debido a la incapacidad de muchos hombres para gestionar sus frustraciones y a la falta de una muralla firme a nivel judicial y normativo. El talón de Aquiles ocurre después de que la víctima tiene el coraje de denunciar. Cuando una mujer acude a pedir auxilio y la justicia no actúa con celeridad ni en tiempo y forma, se genera un peligroso sistema de refuerzo positivo para el agresor, que se siente con luz verde para operar libremente y escalar su furia”.

Para muchos de estos hombres, que la expareja rompa el silencio, denuncie y quiera salir adelante representa una ofensa insoportable a su ego y a su statu quo machista. Es ahí donde se refugian en ideas como “Ya no tengo nada que perder” o “No hay otra salida más que acabar con todo”, cerrando el ciclo con el feminicidio y, en muchos casos, un posterior suicidio.

En la era de las redes sociales, la información ya no pasa únicamente por el filtro de los medios. En plataformas digitales, el morbo dispara visualizaciones sin censura en cuestión de segundos. Para Delgado, este consumo de violencia en el día a día es un factor pesado que alimenta la agresividad general, pero habla también de la otra cara de la moneda: la exposición pone en alerta los sistemas de prevención y empuja a las mujeres a hablar.

Hoy en día, las redes se llenan de publicaciones pidiendo ayuda, exponiendo a los violentos y reflejando una valentía para sacudirse el yugo del miedo. El especialista sostiene que nos encontramos en un momento de transición histórica y cultural: al dejar de tolerar los abusos de antaño, muchos hombres reaccionan con un gran resentimiento.

Para el licenciado Delgado, el mensaje hacia quienes están sufriendo calvarios en silencio es: no esperar. Ante los primeros indicios de agresión, hay que buscar ayuda en el círculo familiar, de amigos o pensar en un refugio seguro. Denunciar sigue siendo el salvavidas más certero.

“Todos los casos de feminicidio son prevenibles”, afirma, exigiendo que las instituciones del Estado dejen de trabajar en islas y se articulen de verdad, con mayor presupuesto y profesionales capacitados. Cortar el problema de raíz implica blindar a la víctima desde el minuto uno en que pisa una comisaría o un juzgado.

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• 137 (SOS Mujer): Línea gratuita del Ministerio de la Mujer, operativa las 24 horas en todo el país.
• 0984 457 398: Canal de WhatsApp oficial del Ministerio de la Mujer.
• 155: Línea de crisis del Ministerio de Salud para contención psicológica en momentos de máxima tensión.
• 911: Policía Nacional para emergencias inmediatas.

El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), encabezado por Alcides Riveros, emitió la Resolución n.° 18/2026, que declara de interés prioritario la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y dispone jornadas obligatorias y prioritarias de capacitación y sensibilización en todos los comités del país.

La resolución menciona que las capacitaciones tendrán como fin la promoción de la igualdad, el respeto a los derechos humanos y una sociedad libre de violencia. Igualmente, las capacitaciones deben estar dirigidas también a erradicar la violencia contra niños y adolescentes.

“El artículo 1 de la Constitución Nacional establece que la República del Paraguay se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado y adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana”, indica la resolución.

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Agrega que “el reconocimiento de la dignidad humana como fundamento de la organización democrática del Estado exige promover una sociedad en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, libres de discriminación y de violencia”.

El documento establece que la coordinación de las actividades de capacitación y sensibilización estará a cargo de la Dirección de Política de Equidad y Género en articulación con los órganos y autoridades partidarias correspondientes, pudiendo establecer mecanismos de cooperación con instituciones públicas, universidades y organizaciones especializadas en la materia.

“El artículo 46 de la Constitución Nacional consagra la igualdad de todas las personas en dignidad y derechos, prohíbe las discriminaciones y establece que el Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o propicien, disponiendo que las protecciones establecidas sobre desigualdades injustas no serán consideradas discriminatorias, sino igualitarias”, indica.

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A la vez, el documento detalla que el artículo 48 de la Constitución Nacional “reconoce la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer y dispone que el Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que dicha igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio”.

Sostiene que el artículo 60 de la Constitución Nacional establece que el “Estado promoverá políticas que tengan por objeto evitar la violencia en el ámbito familiar y otras causas destructoras de su solidaridad, reconociendo la importancia de la prevención como instrumento de protección de los derechos fundamentales”.

Añade que el artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce a los partidos políticos como personas jurídicas de derecho público a las que corresponde “expresar el pluralismo y concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la orientación de la política nacional, departamental o municipal y a la formación cívica de los ciudadanos”.

Deysi Paola Giménez Segovia tenía apenas 22 años y un futuro por delante. Estaba en el último tramo de la carrera de Derecho, trabajaba y buscaba construir su independencia. Pero la noche del jueves 8 de octubre, cuando caminaba hacia su lugar de trabajo en Lambaré, fue asesinada a tiros en plena vía pública. El principal sospechoso es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien permanece prófugo.

La joven había denunciado hechos de violencia y amenazas atribuidos al hombre. También contaba con una orden judicial de alejamiento. Sin embargo, esa medida no consiguió evitar el desenlace fatal.

El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia.

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Según los reportes policiales, Deysi había recurrido a la Justicia ante situaciones de violencia atribuidas a su expareja. Un juzgado de Capiatá, donde vivían anteriormente, había dispuesto una medida de restricción.

El abogado William Amaral Martínez, quien fue jefe de la joven, aseguró que existían antecedentes de acoso y amenazas denunciados ante el Juzgado de Paz de Lambaré y que el caso también había llegado al Ministerio Público.

Amaral cuestionó la respuesta institucional y denunció que no se habría activado el protocolo de protección. También hizo referencia a demoras en el tratamiento judicial del caso, circunstancias que requieren una revisión de los expedientes correspondientes.

La joven, que estaba próxima a culminar sus estudios de Derecho, había acudido precisamente a las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las leyes. Su muerte instala una contradicción dolorosa: una futura abogada que recurrió al sistema judicial en busca de protección terminó siendo víctima de la violencia que había denunciado.

Paraguay cuenta desde 2016 con la Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia, que establece medidas preventivas y mecanismos de protección para las víctimas.

Entre esas disposiciones se encuentran las órdenes de alejamiento, las prohibiciones de amenazas, persecución y acoso, así como responsabilidades para las instituciones involucradas.

No obstante, casos como el de Deysi Paola plantean interrogantes sobre el seguimiento efectivo de esas medidas y la capacidad del Estado para intervenir antes de que las amenazas se conviertan en hechos irreparables.

La existencia de una resolución judicial no garantiza, por sí sola, la seguridad de una persona. Su efectividad depende también de la evaluación del riesgo, el seguimiento policial, la actuación fiscal y la coordinación entre las distintas instituciones.

En este caso, será fundamental esclarecer qué actuaciones se realizaron después de las denuncias y si existieron omisiones o demoras que pudieron haber comprometido la protección de la víctima.

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La muerte de Deysi Paola vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de evaluar tanto la legislación vigente como los procedimientos para su aplicación.

Entre las propuestas que merecen un debate legislativo se encuentran el seguimiento obligatorio de las órdenes de restricción, la evaluación inmediata del nivel de riesgo de las víctimas, el fortalecimiento del monitoreo electrónico de agresores y la intervención urgente cuando se detectan incumplimientos.

Otro aspecto fundamental es establecer controles efectivos sobre la actuación de las instituciones responsables de atender denuncias, garantizar la coordinación entre juzgados, Fiscalía y Policía, y determinar responsabilidades cuando se comprueben negligencias.

El desafío no pasa únicamente por aumentar las penas o aprobar nuevas disposiciones, sino por conseguir que los mecanismos de protección funcionen antes de que ocurra una tragedia.

Hasta septiembre de este año, el Ministerio Público había registrado 19 víctimas de feminicidio y 28 tentativas en Paraguay. Detrás de esas cifras hay mujeres, familias y proyectos de vida interrumpidos por la violencia.

Deysi Paola Giménez representa hoy mucho más que un nuevo caso en las estadísticas. Su historia obliga a examinar qué sucede después de que una mujer denuncia, solicita protección y espera una respuesta efectiva de la Justicia.

La investigación deberá determinar las responsabilidades penales del crimen, pero también corresponde esclarecer cómo actuaron las instituciones que conocieron sus denuncias.

Porque el verdadero alcance de una ley de protección no se mide solamente por las medidas que permite dictar, sino por su capacidad para evitar que una mujer amenazada termine asesinada.

Deysi recurrió a la Justicia para proteger su vida. Ahora, el Estado debe explicar qué hizo para protegerla.

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