El senador Antonio Barrios apuntó duramente contra la “operación lavandina” en la Cámara Alta, bajo la titularidad de Óscar “Cachito” Salomón, criticando el blanqueo a los cuestionados legisladores Sixto Pereira, del Frente Guasu (FG), y los colorados Rodolfo Friedmann y Javier Zacarías Irún, tras el rechazo de las solicitudes de pérdida de investidura.
Los pedidos de destitución que pesaban sobre los mencionados parlamentarios fueron rápidamente archivados mediante una sesión extraordinaria, la cual logró el respaldo de los senadores que colocaron nuevamente a Salomón bajo la titularidad del Congreso Nacional.
“Presidente, nosotros sabíamos que bajo su presidencia este tipo de actos vergonzosos se iban a producir, esta es la mayoría que usted hizo en estas promesas, presidente, y hoy vamos a pagar el plato todos, porque con razón la ciudadanía nos trata como nos trata y nos merecemos. Vamos a blanquear la operación lavandina como lo dijo el colega Juan Carlos Galaverna”, indicó el congresista.
Lea también: Blanquean a senadores en “sesión lavandina”
Votación para blanquear a los senadores
Zacarías Irún fue salvado con 19 votos; por la abstención votaron 6 y estuvieron ausentes 20 senadores. Mientras que Friedmann recibió 19 para bloquear su imputación, 7 en abstención y 19 ausentes. Finalmente, la sesión extraordinaria cerró con el caso de Sixto Pereira, quien recibió 22 votos por el rechazo a su expulsión, 3 abstenciones y 20 ausentes.
Te puede interesar: Exintendente acusa a diputado de propiciar invasiones en la región
Dejanos tu comentario
Histórico: el Senado argentino cambia la ley y baja a 14 años la edad de imputabilidad
El Senado argentino convirtió en ley el viernes una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que el gobierno festejó como “un acto de justicia hacia la sociedad”.
El proyecto, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención en el Senado. Modifica el sistema penal juvenil que data de 1980.
“Quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto”, publicó en X la Presidencia minutos después de la votación.
Argentina mantenía la edad punible más alta de Sudamérica, donde en la mayoría de los países es de 14 años. Brasil y Ecuador son los países donde es más baja (12 años).
Te puede interesar: El lunes Marco Rubio estará presente en Israel para discutir sobre el tema Irán
Según los estándares internacionales la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado.
“Venimos a terminar con una doctrina terriblemente peligrosa, la doctrina de que el delincuente es una víctima del sistema”, dijo la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, principal promotora del proyecto.
Legisladores opositores denunciaron que el oficialismo aceleró el tratamiento en comisiones pese a que la mayoría de los expertos convocados se pronunciaron en contra, y advirtieron que los plazos para adecuar las instalaciones de detención y el presupuesto previsto resultan insuficientes.
“Queremos un Estado que brinde una respuesta integral, que incluya educación, resocialización”, dijo el senador Martín Soria (peronismo, oposición), que votó en contra de la nueva ley. “Del lado de enfrente únicamente la respuesta es penal”, añadió.
El debate parlamentario se da en un momento de gran sensibilidad social por delitos cometidos por adolescentes que tuvieron fuerte repercusión mediática.
La sanción de la nueva ley se produjo en una jornada en la que el Senado se apresta a ratificar la reforma laboral, que también impulsa Milei.
Fuente: AFP
Leé también: Embajador de Taiwán se despidió hoy por término de misión
Dejanos tu comentario
En el Congreso brasileño investigarán al hijo de Lula por presunto fraude a pensiones
Una comisión especial del Congreso de Brasil aprobó este jueves investigar las cuentas bancarias de un hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sospechas de beneficiarse de un esquema de fraude al sistema de pensionados.
A la votación le siguió una trifulca entre legisladores opositores y oficialistas, que denunciaron irregularidades en el procedimiento.
El grupo de diputados y senadores brasileños investiga desde el año pasado un caso de descuentos no autorizados en los recibos de jubilaciones y pensiones, realizados por sindicatos y otras asociaciones con la posible connivencia de funcionarios del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).
La comisión aprobó el levantamiento del secreto bancario de Fabio Luis Lula da Silva, hijo del mandatario izquierdista y conocido como “Lulinha”.
Te puede interesar: EE. UU. ofrece USD 10 millones por hermanos Arzate García, del cártel de Sinaloa
Según la resolución aprobada por los legisladores, existe “la sospecha” de que “Lulinha” fue “socio oculto” en emprendimientos “financiados con recursos supuestamente desviados del INSS”.
El documento, que cita una investigación de la policía, también menciona un pago de 300.000 reales (unos 58.000 dólares), del cual “Lulinha” podría ser destinatario.
Estas comisiones del Congreso brasileño tienen facultades de abrir pesquisas independientemente de las autoridades judiciales.
Tras la votación, el Partido de los Trabajadores de Lula presentó un pedido para anularla, indicó su asesoría a la AFP.
El escándalo estalló luego de que la Contraloría general detectó descuentos indebidos de las pensiones por servicios como asistencia jurídica que muchos jubilados afirman no haber aprobado o que nunca recibieron.
La pesquisa se concentra en hasta 6.300 millones de reales (unos 1.100 millones de dólares) descontados entre 2019 y 2024. Una parte aún no determinada de ese monto se habría debitado de forma ilícita.
El ministro de Seguridad Social de Lula renunció en mayo pasado por ese caso.
El mandatario izquierdista ha dicho que todos los responsables deben responder ante las autoridades sin excepciones.
“Nadie quedará exento. Si un hijo mío estuviese involucrado, será investigado”, dijo a periodistas en diciembre.
Leé también: Dos candidatos al Congreso de Colombia desaparecen en una campaña electoral violenta
Lula, que fue encarcelado en 2018 por un escándalo de corrupción antes de que su condena fuera anulada, aspira este año a la reelección en las presidenciales de octubre.
Fuente: AFP
Dejanos tu comentario
Dos candidatos al Congreso de Colombia desaparecen en una campaña electoral violenta
Dos candidatos al Congreso de Colombia desaparecieron el miércoles a pocos días de las elecciones legislativas del 8 de marzo, marcadas por la violencia política, informó este jueves el ministro de Defensa.
El país vive su mayor crisis de seguridad en una década de cara a los comicios, en los que los colombianos también elegirán el sucesor del presidente Gustavo Petro el 31 de mayo.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció la “desaparición” de dos aspirantes a escaños legislativos: Andrés Vásquez, miembro de un partido de derecha que aspira al Senado, y Anita Guetío, una indígena que busca llegar a la Cámara baja.
Vásquez desapareció la mañana del miércoles cuando salía de la casa de su padre en Pelaya, un pueblo del departamento de Cesar (norte), según su esposa. Familiares encontraron su automóvil abandonado.
Por su parte, Guetío perdió contacto cuando se trasladaba el miércoles por una carretera del departamento de Cauca (suroeste), donde operan grupos guerrilleros.
Sánchez no precisó las razones de sus desapariciones. “Estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la Fuerza Pública para encontrarlos y traerlos sanos y a salvo a sus hogares”, escribió en la red X.
Estos hechos se suman a varios ataques contra políticos en Colombia, donde continúan operando múltiples grupos criminales tras el acuerdo de paz con la guerrilla FARC de 2016.
El 10 de febrero, la senadora indígena Aida Quilcué, que pertenece al partido de Petro, fue secuestrada durante algunas horas en Cauca.
En agosto pasado murió el senador de derecha Miguel Uribe, quien aspiraba a ser candidato presidencial en estas elecciones.
El dirigente opositor fue baleado durante un acto público en Bogotá y las investigaciones apuntan que los autores intelectuales son guerrilleros de una disidencia de las FARC.
Los grupos armados que se financian con el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal intentan imponer su control territorial mediante la violencia.
- Fuente: AFP
Lea más: Ecuador aumenta aranceles a Colombia al 50 % por no hacer lo suficiente en lucha antinarco
Dejanos tu comentario
Operaciones de defensa interna: “Va ser la lucha frontal contra la delincuencia”, asegura Chase
El senador Natalicio Chase se refirió al decreto firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, por el cual “dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna y define su ámbito territorial en la Región Oriental”. Para el legislador, será una herramienta para la lucha frontal contra el crimen organizado y la delincuencia.
“Yo le tengo más miedo al crimen organizado y al terrorismo que exista un abuso de poder. Las Fuerzas Armadas están preparadas para cumplir una función específica de acuerdo a lo que dice el decreto y va ser la lucha frontal contra la delincuencia”, señaló en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Indicó que el Ejecutivo tomó esta decisión por hechos que ocurrieron últimamente. “Existen nuevos secuestros, existen informes de inteligencia que habrá tenido en cuenta el Poder Ejecutivo, nosotros en particular no tenemos los detalles de los análisis que han hecho el sistema de seguridad del país”, apuntó.
Por otra parte, sobre las críticas de algunos sectores, principalmente de opositores, que señalan que el despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) requiere de mucho presupuesto y poco resultado, respondió que la FTC es responsable de detener el avance de los grupos criminales como el Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), Ejercito del Mariscal López (EML), y otros.
“Creo que los grupos narcoterroristas, porque así funcionan estos grupos, han casi desaparecido y ese es un logro, principalmente de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, y la Fuerza de Tarea Conjunta, es decir, sí ha habido resultados a diferencia de momentos anteriores cuando el EPP, el grupo Mariscal López y todos estos grupos armados tenían un dominio que no tenía alcance la fuerza de seguridad”, sentenció.
Con relación al decreto, refirió que probablemente al inicio de las actividades parlamentarias, la próxima semana, el Ejecutivo podría remitir el documento al Congreso para su debate.
Leé también: Antonio Barrios: “Estuvo lúcido en todo momento”