Durante un control operativo las autoridades incautaron 85 máquinas tragamonedas en la ciudad de San Lorenzo. Se constató que los aparatos eran utilizados de manera irregular.

La intervención derivó en la clausura provisoria de un total de 7 locales, al comprobarse que no contaban con la patente comercial para la explotación de esta actividad.

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La fiscalización estuvo encabezada por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) a través de sus unidades de anticontrabando y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), lo que permitió descubrir que los comercios estaban operando de manera ilegal.

Carlos Liseras, titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), calificó de exitoso el procedimiento de control concretado el día de ayer jueves y destacó los resultados del primer operativo.

“Como Dirección Nacional de Ingresos Tributarios he dispuesto la verificación de locales en donde se está desarrollando la actividad de explotación de juegos de azar en la modalidad de tragamonedas. Como así también la explotación clandestina en lugares públicos que está prohibido terminantemente por ley”, señaló a la 1020 AM.

Liseras ensalzó la labor de la DNIT a través de su oficina Jeroviaha y la oficina anticontrabando que junto con la Conajzar se han constituido en el distrito de San Lorenzo, departamento Central, para llevar adelante dichos operativos.

“Es un operativo realmente exitoso teniendo en cuenta que hemos incautado una gran cantidad de máquinas tragamonedas que estaban siendo explotadas clandestinamente. Y además hemos ordenado la clausura provisoria de siete locales por el hecho de que no tenían la patente comercial que los habilite a desarrollar esa actividad en la modalidad de salas de juegos-máquinas tragamonedas”, afirmó.

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El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, ratificó que no presentará su renuncia al cargo, descartó su postulación para un periodo más y aseguró que con su equipo se encuentran predispuestos a colaborar con el proceso de intervención que encabeza Carlos Pereira.

“Estoy más que tranquilo con todo lo que puede llegar a suceder, sabemos perfectamente lo que hicimos y cómo hemos heredado el municipio. Yo, desde un inicio dije que no tengo por qué renunciar y esta situación no cambió para nada. Yo sigo en la misma tesitura porque no hice nada fuera de lugar”, dijo el jefe comunal, este martes, al programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Conversé con los diferentes directores y jefes de la municipalidad para que colaboren con todo lo que requiere el interventor. Vamos a proveer absolutamente todas las documentaciones. Seguimos con el mismo espíritu de colaborar con todo lo que él y su equipo vayan exigiendo, no colocamos trabas”, expresó el jefe comunal.

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Asimismo, se refirió sobre la improvisación de la oposición que ayer lunes, adelantándose a las conclusiones que pudieran surgir de la intervención, se aglomeraron en la Plaza de la Democracia con la finalidad de presentar la candidatura de la senadora destituida Kattya González para la intendencia.

“Para mí es una candidatura fantasma, están haciendo futurología. Yo no creo que el Partido Colorado pida mi renuncia ya que no existen motivos suficientes para que esto ocurra. Legalmente yo estoy habilitado para postularme para un siguiente periodo, pero ya no pienso en eso por los manoseos excesivos, todos los días ataques, quiero terminar mi periodo y mostrar la realidad“, refirió Rodríguez.

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En la petición de intervención realizada por el órgano extrapoder, que preside Camilo Benítez, informaron que las supuestas irregularidades presupuestarias en la gestión de Rodríguez se dieron entre los años 2021 y 2024. El contralor citó la emisión del bono G8, por G. 360.000 millones realizada en el año 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

De acuerdo a los datos que fueron proveídos por la municipalidad, a mediados de agosto del año 2024,el bono G8 fue asignado a proyectos de desagüe pluvial en las cuencas de Santo Domingo, General Santos y Abasto. En ese entonces detallaron que algunos proyectos estaban en fases de planificación y verificación, mientras que las obras en San Pablo y Abasto ya alcanzaron durante ese periodo un 30 % de ejecución. Mientras que el bono G9 se utilizó para rescatar bonos anteriores, específicamente los emitidos durante la administración de Mario Ferreiro (G3, G4, G5 y G6) con el objetivo de aliviar la carga financiera de la municipalidad. La ejecución de este bono se realizó al 100 %.

Adelantándose a las con­clusiones que pudieran sur­gir de la intervención en la Municipalidad de Asunción, varios sectores de la oposi­ción anunciaron ayer que lograron consensuar una eventual candidatura para la intendencia capitalina, en la figura de la senadora desti­tuida Kattya González.

Referentes de varios par­tidos y movimientos de la oposición que se presentan como alianza “Unidos por Asunción” se congregaron ayer de mañana en la Plaza de la Democracia, en pleno microcentro de Asunción, para comunicar lo mencio­nado, durante una conferencia de prensa. Este apre­surado anuncio se da sin siquiera aguardar el resul­tado de la intervención que lleva adelante el economista Carlos Pereira. No obstante, los opositores se adelantan y exigen la renuncia del inten­dente colorado Óscar “Nene­cho” Rodríguez.

A la vez, presentaron a la senadora expulsada Kattya González como la candi­data para completar el actual mandato, ante la posibilidad que el jefe comunal sea des­tituido tras la intervención.

El comunicado, anunciado por el actual presidente del Partido Patria Querida, Stephan Rasmussen, men­ciona que el pedido de desti­tución va dirigido a la Cámara de Diputados, mientras que al Tribunal Superior de Justicia Electoral exigen que se convo­que a elecciones en un plazo de 90 días, tras la destitución.

“Respaldamos la candida­tura de Kattya González para la intendencia de Asunción, con el objetivo de completar el mandato en curso hasta fina­les de 2026”, expresó.

El pronunciamiento tam­bién señala que los partidos y movimientos de la oposi­ción trabajarán en un cogo­bierno con la exlegisladora, en caso de que se logre su elección. También dejaron en claro que las precandidatu­ras de Johanna Ortega, Agus­tín Saguier, Soledad Núñez y Álvaro Grau, así como las negociaciones para el 2026, siguen vigentes.

Podrían presentarse denuncias u otras situaciones en el periodo de la intervención. El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, explicó que el eje de su trabajo se centra en eva­luar y realizar un informe sobre los seis puntos de irregularidades señalados por la Contraloría General de la República (CGR) y que derivaron en el pedido de intervención. Pero aclaró que si encuen­tra hechos nuevos, los incluirá en su informe y los denunciará ante la instancia que corresponda.

“El interventor, además de hacer la reverificación, realiza un análisis documental sobre algunas limi­tantes que tuvo la Contraloría”, dijo en entrevista con la 1020 AM.

Añadió que en caso de que encuentre otras irregularidades, con base en denuncias u otras situaciones que se presenten en este periodo, también serán incluidos en el informe que estará pre­sentando.

“Quiero dejar claramente advertido que todos aque­llos hechos de los que yo tomo conocimiento, mientras estoy en este lugar, van a formar parte de mi informe, independiente­mente de que sea parte de las seis observaciones de la Contralo­ría”, apuntó Pereira.

Esta semana, miembros de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) mantuvieron reuniones con autoridades municipalidades para explicar detalles de la nueva ley del rubro. Buscan difundir las reglas claras y promover el juego responsable.

Las reuniones se realizaron con los intendentes de Lambaré, Villeta, Mariano Roque Alonso y Limpio. El objetivo principal es reconocer la reglamentación de la Ley n.° 7438, que fue firmada por el presidente Santiago Peña. La normativa busca actualizar el marco legal del sector y reforzar los mecanismos de control.

“Las reuniones son parte de un trabajo coordinado que se realiza semanalmente en distintas municipalidades del país. La herramienta también permitirá canalizar casos de juego problemático con atención personalizada”, manifestó Lorena Rojas, la presidente de Apoja.

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Indicó que las primeras reuniones se realizan en Villeta, Mariano Roque Alonso, Limpio y Lambaré, en esta última se presentó el portal digital para denuncias de juegos clandestinos. La denuncias realizadas será anexado a la web de la Dirección de Ingresos de la Comuna.

“Sigue vigente la Ley n.° 4716/12, que establece pena de hasta cinco años de cárcel para quienes exploten o faciliten el uso ilegal de tragamonedas. La misma penaliza la participación consciente del jugador, con hasta dos años de prisión", recordó.

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