Las declaraciones de Chase se dieron luego de que la Corte Suprema se pronunciara sobre la acción presentada por González en busca de revertir su pérdida de investidura.

El líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara de Sena­dores, Natalicio Chase, sos­tuvo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar la acción promo­vida por la exsenadora Kattya González responde exclusi­vamente a criterios jurídicos y no a presiones o injerencias políticas.

Las declaraciones de Chase se dieron luego de que la Corte Suprema se pronun­ciara sobre la acción presen­tada por González en busca de revertir su pérdida de investidura, resuelta por el Senado en febrero de 2024. El parlamentario oficialista señaló que el máximo tribu­nal del país actuó dentro de sus atribuciones constitu­cionales y respetando plena­mente el principio de separa­ción de poderes. “Respetando la independencia de poderes, la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre una deci­sión del Senado que se ajusta a lo que establece la Consti­tución Nacional”, expresó el legislador, al referirse al fallo emitido por los ministros de la máxima instancia judicial.

El legislador remarcó que considera que el dictamen de la Corte es correcto y justo. “Tardó un poco, pero yo creo que salió en el sentido que tenía que salir. Yo me ratifico en que fue una acción que tomó el Senado, así como otros tan­tos, creo que nueve casos en el periodo anterior. Y bueno, no pueden ser reclamados por la Corte Suprema”, remarcó.

Chase rechazó las versio­nes que atribuyen la resolu­ción judicial a una supuesta influencia política del ofi­cialismo o de sectores par­lamentarios. A su criterio, la determinación de la Corte constituye una validación de que el procedimiento lle­vado adelante por la Cámara Alta se enmarcó dentro de las facultades que la Cons­titución otorga al Congreso Nacional. El senador remarcó que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial actua­ron en el ámbito de sus res­pectivas competencias. En ese sentido, insistió en que el análisis realizado por los ministros de la Corte se basó en aspectos jurídicos y consti­tucionales, sin interferencias externas.

El caso de Kattya González se convirtió en uno de los episo­dios políticos y judiciales más debatidos de los últimos años, generando posiciones encon­tradas entre el oficialismo y sectores de la oposición.

Recordó que lo más discu­tido fue si estaba o no vigente el reglamento interno. A lo que agregó que aunque esté vigente ese reglamento interno del Senado, era inconstitucional. “Entonces no puede tener validez. Desde ese punto de vista el reglamento debería ser descartado, porque nin­gún reglamento ni ley puede estar en contra de la Constitu­ción, que es la ley madre, y es la ley número uno en la pirámide de Kelsen".

Desde tempranas horas, los afiliados del Partido Patria Querida se encuentran participando activamente de la jornada electoral, ejerciendo su derecho al voto para definir los candidatos a intendentes y concejales de juntas municipales en todo el país, en el marco de un proceso interno democrático que también define la mesa directiva y la conformación de los equipos de conducción ejecutiva y nacional de la nucleación política.

La renovación de autoridades cuenta con una lista única, denominada Marcha el cambio 2026, que postula a Stephan Rasmussen González en su reelección como presidente, así como el actual intendente de Encarnación, Alfredo Luis Yd Sánchez, como vicepresidente primero; y la diputada Hilda María del Rocío Vallejo Ávalos, también como vicepresidente segunda.

Entre los primeros que ya ejercieron su derecho al voto, justamente fueron las autoridades partidarias, entre ellos, el presidente del partido Stephan Rasmussen, la diputada Rocío Vallejo, el concejal Álvaro Grau y el candidato Sebastián Garay, quienes acompañan activamente del proceso electoral interno.

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Igualmente, a primeras horas de la mañana, la candidata a la intendencia de Asunción por la Alianza Juntos por Asunción, Soledad Núñez, visitó el puesto de comando del PPQ, acompañada igualmente por el presidente Rasmussen; la diputada Vallejo; los concejales Grau y Serrano; así como los candidatos a la Junta Municipal capitalina, Sebastián Garay e Ingrid Noguera, junto a dirigentes y afiliados de la nucleación política.

Las autoridades partidarias resaltaron la importancia de la participación de los afiliados desde el inicio de la jornada, en un proceso que fortalece la institucionalidad del partido y reafirma su compromiso con los valores de la ética, la transparencia y el servicio público.

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El diputado Rodrigo Gamarra se refirió al caso de Kattya González y el eventual fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso de su expulsión del Senado. Gamarra afirmó que la figura de la pérdida de investidura es un juicio político, una atribución exclusiva del Poder Legislativo.

“La Corte puede opinar, interpretar o incluso analizar el procedimiento, lo que no puede hacer es reemplazar al Senado ni ejercer atribuciones exclusivas de otro poder del Estado. La pérdida de investidura es una facultad constitucional y privativa del Poder Legislativo”, afirmó el diputado para La Nación/Nación Media.

También recordó otros casos de legisladores que recurrieron a la máxima instancia judicial y ninguno logró un fallo a su favor. “Los antecedentes son claros, Payo Cubas, Víctor Bogado, Dionisio Amarilla, María Eugenia Bajac y otros recurrieron a la Corte y ninguno recuperó su banca por una orden judicial, porque una cosa es revisar constitucionalidad, y otra muy distinta es pretender que la Corte gobierne el Senado”, mencionó.

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Mientras tanto, en el caso de González, refirió que “política y jurídicamente ya es un capítulo cerrado, inclusive bajo los mismos criterios y discursos que ella defendía cuando fungía de inquisidora moral desde su banca”. En este caso, cuestionó que solo se busca mediatizar el caso, ya que en otros casos las resoluciones se dieron en direcciones contrarias.

“Hoy lo único que buscan es extender el show, alimentar el circo en su eterna búsqueda del caos para satisfacer su ego y evitar que se apaguen las cámaras”, criticó el diputado.

Por otra parte, se refirió al caso de los senadores electos y proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en el periodo anterior, Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, señalando que no se puede comparar estos casos.

“Ahí la discusión era completamente distinta, la Corte interpretó si estaban o no habilitados constitucionalmente para jurar y asumir. En el caso de Katya, el Senado ya ejerció una atribución constitucional propia mediante una pérdida de investidura. Es una decisión política e institucional ya consumada y preclusa”, sentenció.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, recordó que hace 11 años el senador Rafael Filizzola, está chicaneando ante la Jusicia y a la fecha, “nunca se sentó frente a un juez”, en el marco del procesado por supuesta lesión de confianza durante su gestión al frente del Ministerio del Interior por la compra de helicopteros para la Policía Nacional.

Filizzola estuvo procesado por la compra de cuatro helicópteros Robinson R44 usados para la Policía Nacional, en 2010, operación cuestionada por presuntas irregularidades administrativas y un supuesto perjuicio patrimonial al Estado. Dos de esas aeronaves fueron denunciadas posteriormente como inservibles.

Al respecto, el ministro Riera, en comunicación con el Programa “Arriba Hoy” que se emite por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, recordó que su colega, senador Filizzola, de quien señaló que se había molestado cuando le dijo en su momento que sus helicopteros no volaban porque no servía. Pero, por esta causa ya lleva 11 años chicaneando.

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“Hace 11 años que chicanea y hasta ahora no se pudo hacer la audiencia preliminar. Es decir, que nunca, hasta hoy en día se sentó ante un juez. Lleva 11 años chicaneando en una causa que ya está ante la Corte”, precisó.

El ministro Riera señaló además que el primer caso vinculado a los helicopteros de la Policia Nacional ya prescribió, mientras que el segundo caso está a poco tiempo de prescribir. “Pero hasta ahora él nunca se presentó ante la Justicia”, remarcó.

Cabe señalar que el Ministerio Público había imputado al exministro del Interior, Rafael Filizzola, por supuesta lesión de confianza. La Fiscalía argumentó en su momento que la adquisición, realizada a la empresa Proibérica, se hizo de forma irregular y causó un perjuicio patrimonial estimado al Estado de 50.000 millones de guaraníes.

A la fecha, esta causa penal prácticamente está cerrada, luego de que en marzo del año pasado, Filizzola lograra obtener una resolución a medida, atendiendo a que la jueza Penal de Garantía, Alicia Pedrozo, dio lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo del exministro, lo que en el ámbito político se calificó como un “blanqueamiento” por plazos vencidos.

La salida procesal no se dio porque Filizzola demostró su inocencia en un juicio, sino debido a un fallo previo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que anuló la acusación de la Fiscalía de aquel entonces por vicios procesales y plazos vencidos. Al quedarse sin acusación válida por el paso del tiempo, el fiscal anticorrupción Francisco Cabrera no tuvo otra opción técnica que solicitar el sobreseimiento definitivo.

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