El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado fijó para abril de 2027 el inicio del juicio oral y público unificado para Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, exintegrante del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

La decisión judicial unifica las causas pendientes contra la procesada, optimizando los tiempos procesales para resolver su situación jurídica en un solo litigio.

Ramírez de Ramos enfrenta severos cargos relacionados con su presunta participación en actividades terroristas, apoyo logístico a la banda criminal y otros hechos punibles tipificados dentro de la ley de financiamiento del terrorismo y asociación criminal en el norte del país.

La mujer está acusada por hechos vinculados a los secuestros del suboficial Edelio Morínigo y del joven Arlan Fick.

Aunque inicialmente debía afrontar dos juicios por separado, los fiscales Federico Delfino y Lorenzo Lezcano solicitaron unificar ambos expedientes.

El colegiado dio lugar al pedido, suspendió el juicio previsto por el caso Morínigo y programó el inicio del juzgamiento conjunto para el 19 de abril de 2027. Ramírez de Ramos enfrenta cargos por terrorismo, homicidio doloso, secuestro, toma de rehenes, asociación terrorista y transgresión a la ley de armas. El Tribunal está integrado por los jueces Juan Dávalos, Pablino Barreto e Inés Galarza.

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De acuerdo con la acusación, el 2 de abril de 2014, la mujer y otros integrantes del EPP ingresaron a la vivienda de la familia Fick en Paso Tuya, Azotey.

Tras reducir a los miembros de la familia, sustrajeron dinero y alimentos, y secuestraron a Arlan Fick Bremm, por cuya liberación exigieron USD 500.000.

El pago se habría realizado el 10 de abril de ese año. La Fiscalía también la acusa por su presunta participación en el enfrentamiento ocurrido durante la huida del grupo armado, en la que murió el vicesargento Hugo Monges y fueron abatidos los criminales Bernardo Bernal Maíz y Claudelino Silva Cáceres. Arlan permaneció 267 días en cautiverio y fue liberado el 25 de diciembre de 2014 en Yby Yaú.

En relación con Edelio Morínigo, se sostiene que la acusada participó en su secuestro el 5 de julio de 2014 en la estancia María Auxiliadora, en Arroyito, Concepción.

Según la Fiscalía, los miembros del EPP emboscaron a varias personas y se llevaron al suboficial, cuyo paradero continúa siendo desconocido.

Como evidencia clave, el Ministerio Público menciona un video hallado en octubre de 2014 en el que aparecían ambos secuestrados en cautiverio junto a miembros armados de la organización.

La acusada habría sido identificada en las imágenes vistiendo ropa de camuflaje y portando un fusil.

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Eduardo Metzker iba en su motocicleta por Rio de Janeiro cuando se vio rodeado por otras dos. Uno de los motociclistas le apuntó con una pistola a la cabeza y le exigió su teléfono y la contraseña. En las horas siguientes, este programador de 29 años observó impotente cómo los ladrones retiraban 80.000 reales (unos 15.000 dólares), en su mayoría a crédito, desde sus aplicaciones bancarias, antes de que él lograra bloquear sus cuentas.

“Uno trabaja casi todos los días para juntar un dinero. Luego alguien te apunta un arma a la cara y se lleva todo”, dijo Metzker a la AFP. “Ni tenía ese dinero. Arruinaron mi historial crediticio”, lamenta. El robo de celulares, que puede involucrar violencia, fraude financiero e incluso asesinato, se ha convertido en un símbolo de la crisis de seguridad que azota ciudades brasileñas como Rio de Janeiro antes de las elecciones del 4 de octubre.

Este delito “parece encapsular un pánico creciente relacionado con la violencia urbana”, señaló el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), en su informe anual. Una encuesta de esa entidad publicada en mayo estimó que alrededor de 14 millones de personas habían sido víctimas de este delito en los 12 meses anteriores en Brasil.

Pero solo unos 830.000 celulares fueron reportados robados en 2025, según el informe anual del Foro, basado en datos oficiales.

En Rio, una ciudad donde la violencia y los asaltos son muy comunes, “vivimos completamente atemorizados, en alerta constante”, dice Caroline Lo Bianco.

A esta dentista de 36 años le arrancaron el teléfono de las manos por la ventana de un Uber cuando estaba embarazada de siete meses.

Antes de las presidenciales, cuya primera vuelta se celebra este domingo, tanto el presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, como su rival de derecha, Flávio Bolsonaro, han prometido tomar medidas drásticas.

Bolsonaro promete cuadruplicar las penas de cárcel para este crimen, mientras que Lula ha dicho que su meta es “cero robos de celulares”.

Las encuestas muestran que la seguridad es la principal preocupación de los brasileños en estas elecciones, pero para Metzker ningún candidato puede ayudar.

“Pueden decir lo que quieran, ya no creo en ellos”, explica.

Desde que fue atracado, tiene un celular para salir a la calle, y otro que deja en casa con sus aplicaciones bancarias.

El primer aparato es conocido como “el teléfono del ladrón”, una estrategia adoptada por el 30 % de los brasileños -unos 65 millones de personas-, según el FBSP.

“El interés de las bandas ha dejado de ser el propio teléfono para concentrarse en los datos contenidos en los dispositivos”, dice a la AFP Leonardo Silva, coordinador de crimen organizado del Foro.

Después de ser asaltada, Lo Bianco bloqueó sus tarjetas bancarias, pero los ladrones lograron transferir casi 700 dólares desde una cuenta de un banco digital. También pidieron en línea una consola de videojuegos de 1.000 dólares, compra que ella consiguió bloquear antes de la entrega.

Los ladrones incluso enviaron cerveza, carne y McDonald’s a distintas direcciones en Rio de Janeiro.

Luiz Fernando Bugiga, fiscal del Grupo de Acción Especial para el Combate al Crimen Organizado, dice que una operación reciente en Sao Paulo reveló un esquema detrás del robo de celulares, con cuatro células criminales.

Quienes roban los teléfonos se los entregan a un grupo especialista en “transferencias bancarias y robo de datos”.

Un tercer grupo realiza modificaciones técnicas para que el aparato vuelva al mercado. El último se encarga de vender las piezas y los dispositivos. Hay “múltiples formas de pérdida para la víctima y múltiples fuentes de lucro para el criminal”, afirma.

Para muchos, solo reemplazar el teléfono ya es difícil. Joel da Silva, de 42 años, trabaja como portero en el barrio carioca de Ipanema y fue asaltado con una pistola. Pasó “un mes sin teléfono” antes de poder comprar otro, en cuatro cuotas.

Contó a la AFP que ha presenciado cuatro robos de teléfonos desde el edificio donde trabaja hace siete meses. Lo Bianco, que hace unos años ya sufrió un robo de auto a mano armada, sueña con irse de la ciudad. “Le digo a mi marido que, si me pidiera mudarnos a la Amazonía, al día siguiente tendría las maletas listas”.

Fuente: AFP.

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro dijo este domingo que el modelo de mano dura contra el crimen de El Salvador es “inspirador”, tras una reunión con el ministro de Seguridad del país centroamericano, Gustavo Villatoro.

A menos de dos meses de las elecciones en las que se medirá con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el hijo mayor y heredero político del expresidente Jair Bolsonaro (2018-2022) se enfoca en la inseguridad, una de las principales preocupaciones de los votantes.

El encuentro con Villatoro “nos inspira mucho para que podamos implementar un plan muy eficaz y firme para defender a los ciudadanos, a las víctimas y no a los delincuentes, como hace el gobierno actual”, dijo Flávio Bolsonaro a periodistas, luego de la reunión en Sao Paulo.

El presidente de El Salvador Nayib Bukele goza de altos niveles de popularidad en El Salvador por reducir la tasa de homicidios a mínimos históricos. Varios gobiernos de derecha buscan emularlo en América Latina.

El mandatario centroamericano ha logrado “uno de los mayores y más eficaces rescates de soberanía y de seguridad pública”, dijo Bolsonaro.

Villatoro se encuentra en Sao Paulo para participar el lunes en un foro sobre seguridad organizado por un gremio industrial.

Bukele gobierna desde 2019 y su mandato es criticado por grupos de derechos humanos porque se basa en un régimen de excepción bajo el cual han sido detenidas sin orden judicial casi 100.000 personas acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas.

“Hay pocos presos en Brasil, tiene que haber más. Solo no hay más porque la legislación es laxa. Por eso vamos a crear más de medio millón de plazas en cárceles”, anticipó Bolsonaro, el candidato más fuerte de la derecha brasileña.

La primera vuelta tendrá lugar el cuatro de octubre. Según las encuestas, el izquierdista Lula tiene una ligera ventaja sobre Flávio Bolsonaro.

Fuente: AFP

Niños y mujeres visiblemente frágiles y desnutridos yacen en hileras de camas de hospital, con sus cuerpos marcados por las cicatrices de seis meses de cautiverio en lo profundo de la selva nigeriana. Estos pacientes figuran entre las 163 víctimas de secuestro de la localidad de Woro rescatadas semanas atrás en el bosque del Parque Nacional Lago Kainji, luego de que su aldea fuera atacada por supuestos yihadistas.

En total, 308 personas fueron liberadas en la mayor operación de rescate en un solo día, según el gobierno, aunque aún tienen por delante un largo camino para su recuperación en el hospital de la Universidad Estatal de Kwara, en Ilorin. “Todos responden a los tratamientos”, comentó una enfermera mientras sostenía la mano diminuta de un niño de unos cuatro años. “Algunos necesitan sangre”.

En febrero, supuestos yihadistas atacaron Woro, cerca de la frontera con Benín, donde mataron a más de 165 personas y secuestraron a muchas más. Los raptos se han convertido en una fuente importante de ingresos para grupos criminales en Nigeria sobre todo para yihadistas y bandas delincuenciales que operan en el norte y centro del país. Las víctimas permanecieron en un campamento junto a más de 100 personas secuestradas en otras poblaciones, comentó a la AFP Umar Bio Salihu, jefe de la aldea de Woro. Indicó que 13 personas de Woro murieron en cautiverio y 13 más continúan retenidas.

El gobierno ha presentado el rescate de los habitantes de la aldea de Woro como un gran éxito de su campaña. Sin embargo, sigue enfrentándose a una crisis, ya que los secuestros se han vuelto tan frecuentes en todo el país que se han convertido en una industria multimillonaria, según SBM Intelligence, una consultoría con sede en Lagos.

“Gracias a Dios salimos”, declaró Hajara, una víctima de aspecto demacrado. “No se lo deseo ni a mis enemigos. Fue como regresar del infierno”. Durante su cautiverio, los detenidos eran alimentados con tuwo, similar a una papilla espesa hecha de mijo, así como una “sopa” preparada con agua de río y sal. Cuando tenían suerte, los captores les daban cubitos de condimento.

Ocasionalmente les ofrecían carne, posiblemente de ganado robado, según las víctimas. “Llegaron en condiciones bastante malas (...) con desnutrición severa, muchas enfermedades de piel, algunos tenían fracturas, algunas mujeres habían dado a luz”, comentó a la AFP el director médico del hospital, Ahmed Bola Abdulkadir. Agregó que muchos podrían requerir atención por “trauma psicológico”.

En cautiverio, quienes iban al baño sin recibir permiso de los vigilantes eran golpeados, contó la enfermera Amira Salihu, de 25 años, cuyos dos hermanos murieron en el ataque de febrero. La joven, hija del jefe de la aldea de Woro, habló sobre el cautiverio en un hotel bajo vigilancia policial donde permanecen varios de los secuestrados.

Contó que numerosas mujeres parieron en detención. Con escasa visibilidad, alumbrando con un foco a pilas, ayudó a dar a luz a los bebés utilizando sus manos. “Me prestaron una navaja para cortar la placenta”, dijo a la AFP. En el hotel, numerosas víctimas se congregan alrededor de unas mesas plásticas para comer. “Me hace feliz verlos así”, expresó el jefe Salihu a la AFP.

Ha estado viajando entre Woro e Ilorin, a unos 20 kilómetros, para ver a las víctimas mientras se recuperan bajo cuidado del gobierno en la capital estatal. Pese a la tragedia, Woro está volviendo a vivir y su mercado está en plena actividad, comentó a la AFP el residente Isah Mogaji. “La comunidad ahora está muy feliz, esperando recibir a su gente”, aseguró Salihu.

Fuente: AFP.