La empresaria Dalia López mostraba cercanía con el expresidente Mario Abdo Benítez en actividades y actos públicos. También con otras autoridades de su gobierno.

En un video divulgado en setiembre del 2019, que posteriormente fue eliminado de una plataforma de streaming de video y transmisión en directo, se puede observar a Abdo llegando a una de las actividades promovidas por López.

Se trató de la inauguración de un centro de asistencia médica a través de una de sus fundaciones. En el material audiovisual puede observarse a Abdo llegando acompañado de algunos miembros de su gabinete, como el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

La empresaria los recibía con algarabías y abrazos, y agradecía la gestión del presidente para con la fundación.

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Dalia no solo mostraba cercanía con el gobierno de Abdo Benítez, sino que también aparecía como proveedora del Estado en esa época a través de su firma Permanent Oriental Holding S.A., firma que figuraba en el registro de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), con la categoría de empresa de pasajes y transportes, muebles y enseres, equipos, accesorios y programas computacionales.

Sin embargo, no consta ningún producto, servicios ni adjudicaciones de la misma en la DNCP.

Las apariciones de la empresaria no solo se dieron durante actos oficiales del gobierno de Abdo, sino también durante actos políticos en el marco de la campaña electoral del sector abdista.

En el 2020 Dalia López tomó notoriedad por la llegada del exfutbolista Ronaldo de Assis Moreira, “Ronaldinho Gaúcho”, a Paraguay de la mano de la fundación “Fraternidad Angelical” para impulsar el lanzamiento de un emprendimiento social denominado “Móvil de la salud de las niñas y niños” y de un libro biográfico del exfutbolista, “Genio en la vida”.

A partir de allí se convirtió en una de las personas más buscadas del país tras destaparse el escándalo por las cédulas de identidad paraguaya otorgadas al exjugador y su hermano para ingresar al país. Ronanldinho y su hermano fueron a prisión, mientras que Dalia desapareció por seis años.

Tras desaparecer, también existió la sospecha de una protección de ese gobierno para ocultar a la empresaria.

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El diputado colorado Miguel Ángel del Puerto confirmó que hoy, la bancada A del Partido Colorado, la cual lidera, estará tomando finalmente una postura respecto al proyecto de resolución “Que cita e interpela a Juan Carlos Baruja, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)”.

La propuesta había sido planteada por legisladores pertenecientes a sectores de la oposición y de la disidencia colorada, en el marco de cuestionamientos vinculados a presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas sociales.

En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador explicó que la bancada de Honor Colorado aún no tiene una posición asumida de forma definitiva, ya que aún no ha sido analizado este tema entre sus pares. No obstante, y de forma personal, señaló que, atendiendo que por tratarse de una bancada oficialista y ante las documentaciones y los argumentos esgrimidos por los técnicos del MUVH, no existiría ninguna necesidad de llevar adelante una interpelación al ministro.

El líder de bancada recordó que ya en su momento, cuando salió a luz la situación de la adjudicación de una vivienda al entonces senador Javier “Chaqueñito” Vera, el cual fue muy cuestionado; el propio ministro Baruja junto a sus asesores técnicos mantuvieron una reunión con los líderes y vicelíderes de bancada en mesa directiva donde explicaron las circunstancias y los elementos legales con los que fue adjudicado este departamento al exsenador.

“La parte documental ha sido demostrada; lo que tal vez se pueda, de repente, debatir en la parte ética moral del exsenador Vera al haber solicitado ese departamento. Pero en la parte administrativa creemos que no hay nada que debatir, ni demostrar.

A instancias de la diputada nacional Rocío Abed, el plenario de la Cámara de Diputados, en el estadio de sobre tablas, aprobó un proyecto de resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior y Policía Nacional”. Por el cual, la parlamentaria solicita datos acerca de la dotación policial asignada al departamento de Alto Paraná.

La legisladora explicó que, a través de este pedido de informe, el objetivo es conocer la cantidad total de efectivos policiales, actualmente, asignada al departamento del Alto Paraná, especificando su distribución detallada por cada distrito.

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De acuerdo a la exposición de motivos, señala que se solicita este informar sobre las estrategias y medidas implementadas en la actualidad para enfrentar la inseguridad y proteger a la ciudadanía altoparanaense.

A su vez, exige conocer si se han reforzado los patrullajes, controles o presencia policial en áreas críticas, y si existe coordinación entre autoridades locales y municipales para enfrentar el problema.

La diputada Abed sostuvo que, como es de público conocimiento, la inseguridad continúa golpeando a su departamento, con un preocupante aumento de robos y asaltos que incluso han cobrado vidas.

“Ante esta situación, considero fundamental conocer qué estrategias y medidas se están implementando para enfrentar este flagelo y proteger a la ciudadanía”, expresó la parlamentaria ante el pleno de la Cámara de Diputados.

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Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El mismo informe de inteligencia de la Uni­dad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace refe­rencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema cri­minal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territo­rio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedo­res desde los puertos.

Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organiza­ciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.

Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran opera­ción A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronolo­gía de los hechos considerando la frustración como la injeren­cia que sufrieron las investiga­ciones en una abierta coope­ración del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad), Arnaldo Giuzzio.

Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipó­tesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Mar­set y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que pro­viene de la Dirección de Investi­gación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.

El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la obser­vación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubi­caciones de las pistas, los depó­sitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.

Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría inter­viniendo otro bloque crimi­nal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quie­nes haciendo uso de su logís­tica empresarial y asociados al esquema criminal de Sebas­tián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamen­tos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exporta­ciones de sustancias ilícitas par­ten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y tran­sitan a través de las rutas fluvia­les y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.

DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Mar­set y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de inves­tigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteli­gencia de la Senad en los puer­tos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que toda­vía es un capítulo pendiente de las investigaciones concer­nientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.