Los diputados demuestran predisposición para tratar en plenaria el proyecto de ley que pretende la dignificación laboral de los profesionales médicos. Antes de ser sometido a consideración del pleno, se está solicitando un estudio exhaustivo del impacto económico que tendrá la ley y asegurar la fuente de financiamiento.
“Hay voluntad política de la Cámara Baja en cumplir con estas legítimas aspiraciones del gremio médico. Pero en este momento están pendientes algunas audiencias públicas, reuniones con el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, IPS, antes de que principalmente la Comisión de Presupuesto pueda dictaminar y se pueda tratar en plenaria”, comentó el diputado Derlis Maidana, uno de los proyectistas, en diálogo con La Nación.
El legislador colorado manifestó que la tendencia es ayudar y otorgar esa reivindicación a los médicos. Para ello se evaluará primero el impacto económico que supondrá la ley, a fin de evitar actuar de manera populista y que luego no se tengan los fondos para financiar la normativa.
El proyecto de ley que establece la dignificación laboral de los profesionales médicos del sector público y privado, entre otras cosas, prevé la disminución de 24 a 12 horas en la carga horaria semanal por cada vínculo. Igualmente, contempla que el salario base, por vínculo laboral, no sea menor a tres salarios mínimos vigentes; además de la obligatoriedad del pago de horas extras y seguro de salud; el fomento a la investigación, entre otros beneficios.
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Diputados tratará 16 puntos en el orden del día, entre ellos la creación del seguro de desempleo
La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria de mañana martes, tratará 16 puntos incluidos en el orden del día. En el primer punto, figura el proyecto de ley que crea el seguro de desempleo, presentado por los diputados Jazmín Narváez y Carlos Núñez, que será financiado por el incremento del aporte obrero patronal bajo la argumentación de ofrecer un “salvavidas” a despedidos permitiendo seguir cobrando sus salarios por el periodo de 6 meses.
Esta iniciativa tiene el objetivo de aumentar el 2 % el aporte conjunto al Instituto de Previsión Social (IPS), que actualmente es del 22,5 %, mientras que la propuesta legislativa ascendería al 27,5 %, con una distribución equitativa del 1 % a cargo del trabajador y el otro 1 % a cargo del empleador.
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La legislación actual establece que el aporte a la previsional del 22,5 % del salario mínimo vigente, de los cuales el 9 % corresponde al empleado y el 16,5 % al empleador. Este proyecto, aumenta al 27,5 %, por lo que quedaría de la siguiente manera: 10 % del empleado y 17,5 % por parte del empleador.
Esta iniciativa causó controversias, principalmente desde los sectores sindicalistas que mostraron su postura contraria a que esta propuesta sea llevada adelante o aprobada en la instancia legislativa.
Así también, desde el IPS, el propio presidente de la institución, Jorge Britez, ya expresó que no está de acuerdo con este aumento, afirmando que no es factible.
Por otra parte, también se prevé el tratamiento del proyecto de ley que aprueba la decisión Marcosur/CM/DEC relativo al mecanismo para el ejercicio temporario; como así también el proyecto de ley que enmienda al protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios del Mercosur.
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Proyecto de Ley Mafe permitirá visualizar la real problemática de personas desaparecidas
La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.
En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.
La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.
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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.
Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.
“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.
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Protocolos de alertas inmediatas
El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.
“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.
Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.
“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.
Propuesta saludable y conveniente
A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.
“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.
Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.
Asignación presupuestaria
Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.
“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.
Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.
“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.
Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.
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No podrán tomar las decisiones políticas
El abogado constitucionalista Marcelo Duarte fue consultado sobre las atribuciones que contarán los interventores designados por el Poder Ejecutivo para indagar las administraciones de los intendentes Miguel Prieto, de Ciudad del Este, y Óscar Rodríguez, de Asunción.
“El trabajo de los interventores es bastante complejo, se concentra en cuestiones de carácter administrativo imprescindible para que la municipalidad siga funcionando, no puede tomar ninguna decisión de orden político, ya que no es su función”, afirmó el exsenador en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Duarte detalló que el interventor no cuenta con la potestad de realizar despidos de funcionarios.
“No es su función, no son administradores, es la persona encargada de establecer lo que se hizo con la administración municipal”, manifestó, aclarando que el proceso de fiscalización de ambos municipios deberá limitarse solo al período de mandato de ambos jefes comunales.
La Cámara de Diputados aprobó el miércoles los pedidos de intervención a ambos municipios con amplia mayoría luego de analizar los reportes de irregularidades detectados por la Contraloría General de la República (CGR).
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Desarrollan taller para el fortalecimiento de la red nacional de atención al ACV
Esta semana se inició el “Taller de tratamiento endovascular del Ictus” para que en Paraguay el personal de salud pueda implementar estrategias claves para mejorar el manejo de Accidente cerebrovascular (ACV) y fortalecimiento de la red nacional de atención para estos casos. Para mañana viernes, están previstos dos encuentros en Itauguá y Luque.
Según el doctor Ricardo Mernes, jefe de la unidad de Ictus del Hospital de Clínicas, este tipo de talleres representan un avance para el fortalecimiento de la red nacional de atención al ACV. Busca mejorar los tiempos de diagnóstico y tratamiento, como garantizar equidad en el acceso a terapias especializadas.
“Los pacientes que sufren un ACV isquémico tienen posibilidad de recibir un tratamiento por vía intravenosa, pero el 30 a 35 % de los casos necesitan una intervención, una especie de cateterismo cerebral, para tratar de destrancar la arteria que se trancó”, expresó el profesional en entrevista con La Nación/Nación Media.
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Otro tratamiento para el ACV
Explicó que otra teoría de tratamiento sería la trombectomía mecánica, pero es más escaso a nivel país y con este taller se busca reforzar. “Con la trombectomía mecánica, estamos más atrasados con mucho menos posibilidades de ofrecer. Tanto en el sistema privado como en el público y gran parte del problema radica en el costo de los materiales”, aclaró.
Resaltó que actualmente se está trabajando en un convenio entre el Hospital de Clínicas y el Ministerio de Salud para tener cada vez más centros en el país, que puedan dar tratamiento a los pacientes que tienen un ACV isquémico agudo.
“Con el afán de estimular y favorecer el desarrollo como el progreso de este tipo de técnicas en distintos países, la Organización Mundial del ACV o World Stroke Organization (WSO) hace cursos, talleres y capacitaciones en distintos países. Este año, le tocó a Paraguay, empezó ayer en el Hospital de Clínicas”, indicó.
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ACV en Paraguay
El ACV es una enfermedad muy prevalente, la incidencia es de 150 por 100.000 habitantes, lo que estima que en Paraguay se dan unos 10.000 ACV por año. Existe un tratamiento que se puede hacer en el que los médicos tienen 4 horas y media para tratar al paciente, esta vía intravenosa.
“Estamos tratando de llevar adelante el desarrollo de este tipo de técnicas en nuestro país. Este tipo de actividades nos da una razón importante para mover un poco todas las estructuras, y es un generador de ideas y de voluntades, para tratar de llevar adelante esta campaña de mejorar el tratamiento del ACV”, puntualizó en LN.
Programa
El taller incluye sesiones prácticas, teóricas y simulaciones en distintos centros hospitalarios públicos, para mañana viernes 13 de junio, la actividad se desarrollará en el Hospital Nacional de Itauguá desde las 10:00, será la reunión interinstitucional para el diseño e implementación de un Registro Nacional de ACV.
En tanto que, ese mismo día, en el Hospital de Luque a partir de las 15:00, se tiene prevista la simulación de caso y evaluación de estrategias para reducir tiempos de atención, con participación de personal médico y del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME).