El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, destacó como los mayores logros del gobierno del presidente Santiago Peña el programa Hambre Cero en las Escuelas y la gran inversión instalada con la política exterior. El legislador hizo referencia a estos puntos en el marco de una evaluación al cumplirse el tercer año de gestión estatal.

“En primer, lugar creo que hay que hablar de un proyecto revolucionario, que es el proyecto Hambre Cero, su impacto es algo que todavía no lo estamos midiendo, lo vamos a medir a medida que esta generación crece, se realiza, su impacto en la nutrición, su impacto en la disminución de los índices de deserción escolar, y su consecuencia en la educación, en la salud”, señaló en rueda de prensa en la Cámara Baja antes del inicio de la sesión de este martes.

Así también, se refirió al posicionamiento que logró Paraguay en el mundo, calificando que es un hecho sin precedentes, lo que llevó también a un importante flujo de inversionistas, a raíz de un gran trabajo en la diplomacia presidencial del mandatario.

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“La afluencia de inversionistas con una cantidad sin precedentes, con recursos que no habíamos visto, e iniciativas como los data centers que estamos convencidos que van a revolucionar en lo que tiene que ver con la industria tecnológica en nuestro país. Son puntos que necesariamente deben ser destacados”, comentó.

En materia de seguridad y defensa citó “la adquisición del sistema de radares, la adquisición de los escuadrones de caza, los Super Tucano, que nos permiten el monitoreo, el ejercicio de nuestra soberanía en el espacio aéreo, con un combate más efectivo contra el narcotráfico y del crimen organizado, son cuestiones que hay que hablar”.

Como consecuencia de la política de seguridad, se refirió a la estadística del Departamento de Estado del gobierno estadounidense, “que es un índice de recomendación de Paraguay para los viajes de los ciudadanos norteamericanos. En este caso, Paraguay es considerado el segundo destino más seguro de la región”.

Latorre señaló que aún están en procesos otros proyectos que se están llevando adelante y cuentan con una gran expectativa por parte de la ciudadanía. “La esperanza puesta en el tren de cercanía y otras obras de infraestructura que van a mejorar la conectividad en el territorio nacional, es algo que hay que hablar”, apuntó.

Mejorar el sistema de salud pública también es un gran desafío para el Gobierno y expresó que su postura es de llevar adelante una gran reforma en el sistema sanitario con el fin de llegar a un acceso universal a la salud.

“Creo que tenemos un sistema fragmentado, un sistema que no está logrando, si bien hay importantes apuestas en materia de infraestructura hospitalaria, creo que hay que ir con mayor profundidad y abordar una profunda restructuración del sistema de salud, adecuando a las necesidades actuales en persecución de un acceso universal a la salud, de una cobertura universal y de la disminución del gasto directo al bolsillo”, sentenció.

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• Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.

Al hacer un balance de estos tres años de gestión al frente del Ministerio del Interior, el ministro Enrique Riera sostuvo que uno de los principales resultados fue devolver la institucionalidad a la Policía Nacional, con una mayor autonomía en sus decisiones operativas y presupuestarias y una menor injerencia externa. Afirmó que este proceso estuvo acompañado por una reducción del 40 % de los hechos punibles.

El secretario de Estado destacó, en una entrevista en exclusiva con La Nación/Nación Media, que, en materia de seguridad, el gobierno de Santiago Peña tuvo más aciertos que errores y aseguró que están poniendo todo el empeño para ir mejorando en la lucha diaria contra la delincuencia común. Remarcó que los números son positivos, pero pueden mejorar más aún.

“Como resultado concreto de estos tres años se hizo mucho, pero falta más, los hechos punibles se redujeron 40 % en todos los frentes. Ocupamos el 3 lugar en Latam en relación a la cantidad de homicidios por cada de 100.000 habitantes. Y conforme al departamento de Estado de los Estados Unidos, somos, junto con la Argentina, los únicos con categoría clase 1 para recomendar a sus ciudadanos visitar como turistas e inversores”, remarcó.

Mencionó que esta situación en la Policía Nacional se está consiguiendo gracias al apoyo del Poder Ejecutivo. “Le devolvimos la operatividad, que es apostar a lo básico y esencial: movilidad y comunicación. Todavía falta mucho (particularmente armas, equipos, tecnología, infraestructura) en proporción a la cantidad de efectivos (39.000) con que cuenta actualmente”, precisó.

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El ministro Riera destacó la Ley 7280/24 de organización y modernización de la Policía Nacional, que incorpora reivindicaciones históricas de los agentes y establece, entre otras medidas, el polígrafo como requisito para los ascensos y el fortalecimiento de Asuntos Internos para combatir la corrupción dentro de la institución. También resaltó la triplicación de los agentes del Grupo Lince, con 900 motocicletas y 1.800 policías de élite.

Asimismo, señaló una inversión de USD 92 millones en equipamiento policial, que incluye patrulleras, motocicletas, radios, sistemas de comunicación con GPS, chalecos antibalas y un laboratorio forense y criminalístico. A esto sumó el aumento de la incorporación de nuevos agentes, de 1.000 a 5.000 efectivos por año, además de una mayor inversión en la formación de oficiales y suboficiales, mediante mejores condiciones para docentes, becas e intercambios.

El ministro Riera hizo hincapié en estos puntos, atendiendo las condiciones en que estaba la institución policial al momento de asumir el mando hace 3 años, cuando se encontró con un sistema de identificaciones paralizado, vehículos con más de 300.000 km, motos deterioradas, equipos de comunicación sin funcionar, chalecos antibalas vencidos, una desfasada ley policial de 1993, y solo 24.000 efectivos. Con toda estas precariedades, señaló que el Gobierno puso énfasis en la movilidad, comunicaciones, personal y equipamiento.

No obstante, Riera insistió en todo momento en que aún falta mucho por hacer. “Están pendientes dos deudas históricas, reparar las más de 900 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Más del 50 % está en muy mal estado y el 20 % debe ser derrumbado y vuelto a edificar”, comentó.

Asimismo, está siendo necesaria la provisión de más de 15.000 armas, preferentemente a los nuevos egresados, de las marcas de clase internacional y a un precio razonables (sin intermediarios). Así como dotar de más equipamiento para los nuevos egresados, como transporte, comunicaciones, equipamiento completo.

Atendiendo a los últimos hechos violentos, incluidos ataques contra dependencias policiales, el ministro Riera señaló que exige mejorar de forma urgente el sistema de inteligencia con mayor tecnología para anticipar los golpes. “Fortalecer la capacidad de fuego de nuestras comisarías en efectivos y armas, así como una infraestructura más adecuada en zonas calientes. Mayor capacidad de respuesta en tiempo y forma”, acotó.

Finalmente, agradeció el apoyo y la confianza del Ejecutivo y de todo el gabinete, de los funcionarios y compañeros de trabajo: “Espero que todo estos cambios sean sustentable en el tiempo. Me gustaría dejar una institución policial profesional, eficiente e íntegra con resultados medibles. Bien equipada, organizada y motivada que sea la garantía de nuestra democracia”.

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El gobierno de Santiago Peña transcurrió por más de la mitad de su periodo, dejando en el camino puntos destacados y logros; sin embargo, quedan otros dos años en los cuales debe capitalizar lo sembrado a lo largo del tiempo, de manera a acrecentar su legado, sobre todo con la oportunidad de instaurar reformas estructurales.

“Los tres primeros años fueron de estabilización; los próximos dos tienen que ser de traducción: convertir credibilidad y financiamiento barato en servicios y productividad”, expresó Daniel Correa, economista y director de DCR Consultora, en diálogo con La Nación/Nación Media.

El profesional ordenó las prioridades que deben ser abordadas en cuatro frentes, principalmente. El primero hace referencia a la cuestión fiscal, específicamente la Caja Fiscal, sobre la cual indicó que, además de la reforma del presente ejercicio, se deben aplicar otros cambios complementarios. También citó la deuda con proveedores y la necesidad de establecer un cronograma de pagos y, adicionalmente, “depurar el gasto tributario y ensanchar la base del IRP, no subir tasas”.

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Posteriormente, habló del desarrollo social y de “pasar de contener a emancipar”. Sobre el punto amplió su visión explicando que “todavía hay unas 146.000 personas con menos de G. 13.000 diarios para alimentarse. Faltan un pilar previsional no contributivo y semicontributivo para informales —hoy solo 2 de cada 10 trabajadores aporta a una jubilación—, una reforma de formalización que combine simplificación con incentivos a la contratación del primer empleo joven”.

También citó el programa Hambre Cero y dijo que solucionó la cuestión de la alimentación en las instituciones educativas, pero “falta formación técnica dual atada a la demanda industrial”.

El desarrollo de infraestructura es otro ámbito que se debe atacar y en ese sentido Correa fue claro al plantear que “las alianzas público-privadas dejan de ser una opción y son la única vía de escala”. Las prioridades citadas son el corredor Bioceánico y puente del Chaco, hidrovía y dragado, transmisión eléctrica, “el cuello de botella hoy no es generar energía sino transportarla” y transporte público metropolitano.

Finalmente, sobre los servicios básicos afirmó que es la “brecha más incómoda”, al considerar que “la reforma faltante es institucional antes que presupuestaria: ordenar la rectoría hoy fragmentada entre Essap, Senasa, juntas de saneamiento y regulador, tarifas sostenibles con subsidio focalizado, y un plan nacional de saneamiento con financiamiento multilateral largo, que es exactamente lo que el grado de inversión abarata”.

También habló acerca de dos sectores puntuales, pero no menos importantes, como salud y vivienda; sobre el primero recomendó “cerrar los atrasos con farmacéuticas” y con relación al segundo “escalar y evaluar Che Róga Porã por déficit habitacional, no por unidades entregadas”.

Repasó además cifras y hechos de gran relevancia obtenidos hasta el momento. “Paraguay hizo lo más difícil, que es sostener reglas cuando no dan rédito inmediato, y el resultado se ve: inflación de 3 %, deuda de 40 % del PIB, dos grados de inversión y 213.000 personas que salieron de la pobreza en un año”, recordó. Amplió afirmando que “el grado de inversión no es una meta, es una llave: sirve para financiarse más barato y más largo, y lo que se haga con ese financiamiento define si el país converge al desarrollo o se acomoda como economía estable de renta primaria”.

“La política que más rendimiento tendrá no es la que atraiga un dólar más de inversión, sino la que conecte al 60 % informal con el crecimiento que ya está ocurriendo”, reflexionó sobre lo referido anteriormente.

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El jefe de Estado, Santiago Peña, reveló que el exmandatario y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, condicionó la unidad colorada a que desista de sus aspiraciones presidenciales en las elecciones generales del 2023, pretendiendo que se limite a pugnar por un cargo distrital.

“El planteamiento dentro de la operación Cicatriz y luego Concordia era en capital, que yo sea candidato a intendente en Asunción, ese fue el planteamiento formal y concreto por parte del expresidente Mario Abdo, a lo cual yo me negué”, refirió el mandatario a la 780 AM.

Detalló que, finalizadas las elecciones municipales del 2021, nuevamente surgió la propuesta por parte del abdismo de construir una candidatura de consenso bajo la operación de la Concordia colorada, lanzada entre 2019 y 2020 que consistió en el aglutinamiento de los principales movimientos internos de la centenaria agrupación.

“Hubo nuevamente un planteamiento, un intento, nunca fue tan formal de tratar de construir una candidatura en común dentro de la figura de la Concordia, pero había una sola condición: cualquier candidato, menos Santiago Peña. La negociación la llevaba a cabo José Alberto Alderete”, refirió.

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Peña señaló que el intento de Abdo Benítez para sacarlo de la carrera presidencial tuvo como objetivo las pretensiones electoralistas de su entonces vicepresidente de la República y líder del movimiento Fuerza Republicana, Hugo Velázquez. “En ese entonces, Velázquez ya había lanzado, previo a las elecciones municipales, su candidatura y bajo ninguna circunstancia estaba en condiciones en ese momento de bajar su candidatura”, comentó.

Agregó que la unidad partidaria, de acuerdo al condicionamiento de Abdo Benítez, solo se podría dar “sobre la base de una candidatura de Hugo Velázquez para la presidencia y Pedro Alliana para la vicepresidencia de la República. En un momento de idas y venidas de algunos rumores, Alliana salió y dijo que él bajo ninguna circunstancia sería candidato a vicepresidente si no es por una chapa de Honor Colorado”.

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