• Madrid, España. AFP.

Con un palmarés deportivo “incuestionable”, la tenista estadounidense Serena Williams, retirada en 2022, ganó este miércoles pasado en España el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. “Considerada una de las mejores tenistas de la historia con un palmarés deportivo incuestionable”, Williams logró en su carrera, que comenzó al emular a su hermana mayor Venus, “73 títulos individuales, entre ellos 23 Grand Slam y 4 oros olímpicos”, destacó el fallo del jurado.

Williams, de 43 años, fue “siempre una firme defensora de la igualdad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres en el deporte y, en general, en la sociedad", continuó el fallo, dado a conocer en Oviedo, capital de la región española de Asturias. De nombre completo Serena Jameka Williams y nacida en 1981 en el estado norteamericano de Michigan, comenzó a jugar a los cinco años imitando a su hermana mayor y bajo entrenamiento de su padre, y a los catorce años ya era profesional.

Apenas tres años más tarde, en 1998, deslumbró al ganar Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos en dobles mixtos, junto a Max Mirnyi. En 1999, logró sus primeras victorias individuales, en el Open Gaz de Francia y en el Abierto de Estados Unidos, que le otorgó su primer título en uno de los cuatro torneos del Grand Slam.

Ese mismo año, Serena y Venus, que compitieron juntas en diversas oportunidades, ganaron en dobles femeninos en Roland Garros. Las hermanas cosecharían juntas otros éxitos, como las tres medallas de oro en dobles que ganaron en Sídney 2000, Pekín 2008 y Londres 2012. Asimismo, en 2017, a sus 35 años, se convirtió en la tenista de más edad en ganar un Grand Slam individual. En 2022 anunció su retirada definitiva.

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El de Deportes es el quinto de los ocho galardones de esta edición de los premios, considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, que anualmente, y a ritmo de uno por semana, otorga la Fundación Princesa de Asturias.

El año pasado, el reconocimiento en este apartado fue para la española Carolina Marín, primera jugadora no asiática en ser campeona olímpica de bádminton.

En ediciones anteriores, han sido distinguidos con el galardón el tenista Rafael Nadal, los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernández, la selección de fútbol de Brasil, el atleta Carl Lewis y el Equipo Olímpico de Refugiados.

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Este año ya se fallaron el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, que recayó en el filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, y el de las Letras, concedido al español Eduardo Mendoza.

También se anunció el de Ciencias Sociales, que fue para el sociólogo estadounidense Douglas Massey, y el de las Artes, para la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide.

Estos premios, instituidos en 1981, están dotados con 50.000 euros (unos 56.600 dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró. Los galardones, que toman su nombre del título de la heredera al trono de la Corona española, la princesa Leonor, son entregados por ella y los reyes Felipe VI y Letizia en octubre en una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias.

La Cámara de Diputados designó a los representantes que integrarán las Comisiones Especiales que estudiarán el pedido de intervención de la Contraloría a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este. Según explicó el diputado Rodrigo Gamarra, ya se dieron las primeras conversaciones entre pares para definir la primera reunión.

“Estuve conversando con algunos de los colegas designados y estamos pensando que el miércoles sea la primera reunión y ahí poder bajar todos los delineamientos de trabajo”, indicó el legislador en conversación con “Tarde de perros”, programa emitido por Universo 970 AM/Nación Media, donde también mencionó que el objetivo es que puedan expedirse dentro de los 15 días previstos.

Gamarra, integra la Comisión que analizará los elementos señalados por el ente contralor respecto a la Municipalidad de Asunción. También la integran los diputados Cristina Villalba, Néstor Castellano, Carlos Núñez Salinas, Bettina Aguilera. Además de Jorge Ávalos Mariño (PLRA), y sus colegas del tercer espacio Johana Ortega, Lady Galeano y Rocío Vallejo.

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“Vamos a analizar cuáles son los puntos de cuestionamiento y con base a eso, poder pedir las aclaraciones pertinentes a ambos sectores, tanto a la Municipalidad de Asunción en nuestro caso, como a la Contraloría, vamos a citar a todos los actores, todo el que solicite ser escuchado, será escuchado, que arrimen las pruebas, documentos, todo lo que se considere pertinente para poder llegar a una conclusión que goce de una solidez”, expresó.

El parlamentario colorado indicó que en esta etapa del pedido de intervención, corresponde a un estadío político-técnico, dado que nace de un pedido realizado por la Contraloría con base a estudios realizados por la institución. El objetivo será desmitificar la idea de que en esta instancia se actuará con “los ojos cerrados” o que están conformadas para perseguir a alguien, enfatizó.

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• Ushuaia, Argentina. AFP.

Una ráfaga de viento subantártico sacude a la operaria Claudia Tigüel mientras acampa afuera de una fábrica en el extremo sur de Argentina. Allí, miles luchan por mantener la producción de celulares, amenazada por una medida del presidente Javier Milei. “Las fábricas son mi vida”, asegura.

En Tierra del Fuego, una provincia insular a 1.000 km de la Antártida, las industrias instaladas al amparo de exenciones fiscales son en su mayoría del rubro electrónico. Pero un decreto de Milei, un economista ultraliberal que aboga por el libre mercado, determinó el pasado martes una eliminación gradual de los aranceles a la importación de teléfonos para fomentar precios más competitivos.

En respuesta, los trabajadores de las fábricas de Tierra del Fuego donde se producen celulares, que emplean a unas 8.500 personas, llamaron a una huelga general y a una manifestación el miércoles.

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La protesta reunió a miles en Ushuaia, la ventosa capital provincial apodada “la ciudad del fin del mundo”. Bordeó el canal Beagle hasta el centro, bajo una temperatura de -4°C.

“Estamos luchando por nuestras fuentes de trabajo, somos muchas familias que dependemos de esta actividad”, dijo a la AFP Paula Mayor, operaria de NewSan, uno de los principales fabricantes de electrodomésticos y celulares del país.

Desde la semana pasada, cuando se anunció la medida que tomaría el gobierno, unos veinte trabajadores se instalaron en una carpa frente a una planta de NewSan, calefaccionados por tres tachos con fuego.

Entre ellos Tigüel, de 48 años. “La mitad de mi vida está aquí. Tratar de no dramatizar lo que nos pasa es imposible”, dice a la AFP.

En esta región, una ley de 1972 exime de impuestos a habitantes y empresas. La medida fue adoptada para fomentar el poblamiento de una zona de gran relevancia geopolítica, que pasó de 13.000 habitantes en la época a 190.000 ahora.

“Las fábricas son parte de la identidad de este lugar. Muchísimos vinieron a trabajar aquí de todas partes del país. Y gracias a ello se pobló el lugar”, relata Tigüel.

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Los aranceles a la importación de celulares bajarán del 16 al 8 % en una primera etapa y del 8 al 0 % desde enero de 2026.

Esto “pone en riesgo el futuro de la provincia y de miles de familias fueguinas”, dijo en la red X el gobernador Gustavo Melella.

Luis Galli, CEO del grupo Newsan, advirtió que las consecuencias “serán altas”.

El economista Juan Pablo de Luca estima que se comprometerán de “3.500 a 4.000 puestos de trabajo”.

“La industria promocionada explica cerca del 35 % de la economía fueguina, incluyendo uno de cada cuatro empleos privados. Solo en salarios implica 10 millones de dólares mensuales”, dice a la AFP.

Las principales críticas al sistema de producción local radican en su costo fiscal por la exoneración de impuestos.

Según el centro de investigación Fundar, el Estado deja de recaudar “1.070 millones de dólares” anuales por el régimen industrial de esta región, un 0,22 % del PIB.

El instituto provincial de estadísticas informa que en 2024 se fabricaron más de 10 millones de celulares Samsung, Motorola, TCL, ZTE y Alcatel, entre otros, que abastecen el 96 % del mercado nacional.

Pero el jefe de gabinete del gobierno argentino, Guillermo Francos, cuestiona que las fábricas de Tierra del Fuego solo “arman productos que vienen desarmados desde el exterior”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostiene que “en Argentina, un celular con tecnología 5G cuesta el doble que en Brasil o Estados Unidos”, y que los precios pueden bajar hasta un 30 % con la importación, además de “reducirse el contrabando y el robo de celulares”.

Frente a la planta fabril de Ushuaia, los compañeros de Claudia se ponen de pie para atajar la carpa de plástico amenazada por las ráfagas de viento.

“La fábrica es mi vida. Yo me crié acá. Al trabajar tanto tiempo en un lugar los compañeros empiezan a convertirse en familia”, afirma la operaria.

Raúl Caucota, que trabaja hace 35 años en el mismo puesto, asiente a su lado. “En mi caso es todavía peor. Con mi edad no podría conseguir otro empleo”.

Raúl se mudó hace décadas desde el otro extremo del país, la provincia norteña de Jujuy, buscando oportunidades para desarrollarse y formar una familia. “Primero fue un simple empleo pero ahora es parte de nuestra identidad. Un modo de vida que vamos a defender como sea necesario”, asegura.

• Buenos Aires, Argentina. AFP.

“La jueza de dios”, una magistrada del tribunal argentino encargado de definir si la muerte de Diego Maradona fue un homicidio, ratificó este martes pasado que pretende continuar al frente del juicio tras el escándalo por su participación en un audiovisual que ha puesto el proceso al borde del fracaso.

La figura de la jueza Julieta Makintach está en la picota después de que se conocieran grabaciones no autorizadas dentro del tribunal de San Isidro, 30 Km al norte de Buenos Aires, en el que se juzgan las posibles responsabilidades por la muerte de Maradona en 2020, cuando tenía 60 años. “La jueza de dios” es el apodo que la prensa local le dio a la abogada.

Siete profesionales de la salud están acusados de homicidio con dolo eventual por la muerte de Maradona el 25 de noviembre de 2020 debido a un edema pulmonar mientras estaba en una internación domiciliaria recuperándose de una cirugía neurológica. La pena en caso de ser hallados culpables va de 8 a 25 años de prisión. El escándalo pone en riesgo la validez de las 20 audiencias que llevan transcurridas y los más de 40 testimonios presentados en el juicio desde el 11 de marzo.

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Los videos se difundieron el fin de semana después de que los abogados querellantes denunciaran que Makintach iba a participar en un documental sobre el caso sin conocimiento de las partes y a pesar de que el acceso de cámaras no se permite desde la segunda audiencia.

“No hay irregularidad, delito o causal de mal desempeño. Lo que puede haber es una gran operación mediática para ocasionar que me aparte de este debate, pero yo no me voy a excusar, no hice nada irregular”, dijo la jueza este martes ante el tribunal cuando las partes solicitaron que dejara la causa.

En varias de las tomas que se filtraron a la prensa tras una serie de allanamientos, Makintach se presenta, camina frente a la cámara y declara: “No me imagino haciendo otra cosa (que ser jueza)”. La magistrada negó que esos videos fueran parte de un documental.

El fiscal Patricio Ferrari la acusó de mentirosa. “No logro salir del asombro. La doctora Makintach nuevamente volvió a mentirnos a todos en la cara”, dijo este martes ante el tribunal.

“Esto fue un reality, una sobreactuación permanente de la doctora Makintach que en todo momento ofició de actriz y no de jueza”, agregó.

El abogado querellante Mario Baudry consideró que lo sucedido “es el peor escándalo en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires en toda su historia”.

Fernando Burlando, representante legal de dos de las hijas de Maradona (Dalma y Gianinna), había adelantado que pediría la recusación de la magistrada y el juicio político contra Makintach, lo que puede inhabilitarla como jueza.

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El juicio dio un giro el 15 de mayo cuando una de las defensas pidió la recusación de Makintach por parcialidad -señalando su vehemencia al interrogar testigos- y por sospechar que había participado en la realización de un documental, algo que se rumoreaba entre las partes y la prensa desde el comienzo de las audiencias el 11 de marzo.

La jueza rechazó también esos cargos. “Nadie puede decir que yo tengo inclinación en la balanza de la justicia hacia alguna de las partes”, afirmó en su descargo.

Al pedido de recusación, que fue apelado, le siguieron dos solicitudes más en igual sentido de abogados defensores. Ambas deben resolverse este martes.

Una de las implicadas en las grabaciones sostuvo que los videos forman parte de una entrevista a la magistrada “en su rol de jueza y mujer” y negó el proyecto de un documental, en un escrito presentado ante la fiscalía al que accedió la AFP.

Adrián Tenca, doctor en derecho penal de la Universidad de Buenos Aires, dijo a la AFP que esta situación “es un escándalo absoluto porque los jueces penales o los jueces en general tienen que mantener ante todo el decoro y, segundo, ser objetivos”.

Makintach “debe ser destituida por un juicio político” y el proceso judicial “debe anularse”, opinó. La policía allanó seis domicilios el jueves tras la denuncia presentada por los abogados Burlando y Baudry. Durante el proceso, la querella cuestionó la internación en el domicilio, las condiciones del lugar y la atención brindada a Maradona. Una octava acusada será juzgada por separado.