Las autoridades nacionales están decididas a disminuir la informa­lidad laboral y a hacer que mayor cantidad de trabajadores puedan verse amparados por las normas labora­les, como corresponde. Por eso el Insti­tuto de Previsión Social (IPS) y el Ministe­rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) han dispuesto un nuevo sistema de inscripción de oficio de trabajadores que facilitará su inclusión en el sistema legal y disminuirá la gran cantidad de trabajado­res que están en la clandestinidad.

El Consejo del IPS ha emitido una resolu­ción que tendrá vigencia desde el 1 de abril venidero para que los trabajadores que no están registrados en el sistema legal sean incorporados en el seguro social de la ins­titución luego de las inspecciones que se hagan en las empresas y se encuentren en condición irregular.

Habitualmente las dependencias del orga­nismo realizan inspecciones en las empre­sas y lo novedoso es que, a partir del mes venidero, podrán inscribir de manera automática a los trabajadores que no están incluidos en el sistema legal si los encuen­tra en condiciones irregulares. En conse­cuencia, las fiscalizaciones que se reali­cen ya no serán solo trámites burocráticos sino que se traducirán en acciones severas para el cumplimiento efectivo de la ley con la incorporación de los trabajadores al sis­tema de seguridad social.

En la fiscalización de la empresa la inscrip­ción del trabajador se hará de oficio, sin trá­mite del empleador, cuando se constate que el empleado no está inscripto legalmente según las normas vigentes.

La inscripción incluirá el registro en el sis­tema de seguridad social, en la que se deter­minarán los aportes que deben realizarse y se generarán las planillas complementa­rias. A partir de la inscripción, se hará el cálculo de los aportes que se omitieron, se emitirán las planillas que correspondan y se podrán aplicar las multas y recargos según cada caso.

De acuerdo con las explicaciones de la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, con el nuevo sistema se podrá lograr que una inspección laboral tenga consecuencias concretas en la incorporación de trabaja­dores al sistema de seguridad social. Esto responde a una línea de trabajo que se está impulsando desde el inicio de la actual ges­tión estatal, que está orientada a cerrar las brechas de informalidad y fortalecer la presencia del Estado en la protección de los trabajadores mediante el respeto de sus derechos.

La disposición que regirá próximamente establece que cuando en una fiscalización se pueda comprobar la existencia de traba­jadores no registrados y en situación anor­mal, el IPS podrá iniciar el proceso admi­nistrativo para inscribirlos según la ley. En la inscripción se determinará el importe de los aportes y la emisión de planillas com­plementarias. Esto, aunque el empleador no haya realizado previamente los trámites de rigor. Lo que quiere decir que se le obligará a dar cumplimiento de la ley que dispone la inscripción de los trabajadores en relación de dependencia.

Con el sistema que se pondrá en vigencia la formalización del empleo no se limitará a registrar una relación laboral, sino que se garantizará el cumplimiento de derechos fundamentales, como el acceso a la salud, la protección social una jubilación para el futuro. Mediante el nuevo sistema de for­malización el Paraguay podrá dejar de lado la vergonzosa situación de un país en que la mayoría de los trabajadores no es atendida según las leyes.

Un estudio realizado en el 2024 por el Cen­tro de Estudios Económicos (CEE) indi­caba que el 75 % de la población económi­camente activa no estaba asegurada al IPS, cifra que ha mejorado en los últimos años con la mayor incorporación de trabajadores al sistema de seguridad. Pero en la actuali­dad es todavía muy importante el porcen­taje de gente de trabajo que está marginada del cumplimiento de las leyes. Por ello las acciones que están realizando el IPS y el Ministerio de Trabajo marcarán el inicio de una nueva historia para la mayoría de las personas que laboran.

La medida dará un fuerte respaldo a gran parte de los más débiles de la sociedad que prestan importantes servicios en la activi­dad económica y no están protegidos por la aplicación efectiva de las normas legales. No se puede aceptar que en pleno siglo XXI sigan rigiendo las irregularidades y malos tratos de antaño, cuando el obrero era casi un esclavo. El trabajador debe ser tratado con toda dignidad, como corresponde a una sociedad civilizada.

Desde el Poder Legislativo apuntan a abrir el diálogo para buscar posibles alternativas ante la deuda del Gobierno con empresas proveedoras del Estado, como son las firmas constructoras y las farmacéuticas, planteándose una ampliación en el Presupuesto General de la Nación (PGN). Se estima que la deuda acumulada superaría los USD 1.000 millones.

La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, indicó a La Nación/Nación Media que lo primero que se debe conocer es cuánto es el monto real de estas deudas. “Nosotros tenemos que sentarnos primero a hablar con las respectivas ministras de carteras, ver realmente la deuda que existe, porque nosotros estamos entrando ahora en abril, mayo, y ya se pueden presentar las ampliaciones presupuestarias”, manifestó.

Apuntó a un proyecto que amplíe el presupuesto del Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de ser necesario. “Para hacer las ampliaciones presupuestarias podemos ir viendo con el Ministerio de Economía cuánto tenemos la disponibilidad y para ver cuánto todavía tenemos disponible el PGN para ellos y si va faltar vemos una ampliación presupuestaria o también se puede hacer una modificación del presupuesto”, explicó.

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Villalba adelantó que la comisión asesora también convocará al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, para analizar esta situación. “Ya hemos conversado en la Comisión de Presupuesto, este martes o el otro martes está previsto la ida del ministro de Economía y vamos a abordar con él cuánto es lo que disponemos, cuánto es lo que falta y cuál sería el mecanismo para poder ver las partidas presupuestarias para ir ajustando, no en forma completa, pero sí en forma gradual”, detalló.

Por otra parte, sostuvo que, desde la Cámara de Diputados, el espíritu es de seguir apoyando la administración del presidente Santiago Peña. “El Gobierno de Paraguay sabe que tenemos la muy buena predisposición para poder ayudar. Nosotros estamos abiertos al diálogo, nosotros sí queremos reunirnos en forma institucional, tanto con los ministros de carteras como con las empresas afectadas, en este caso las vialeras y farmacéuticas”, sentenció.

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Un grupo de diputados colorados presentó un proyecto de ley que “exige a propietarios de locales gastronómicos de alta concurrencia” contar con empleados capacitados en primeros auxilios para actuar en eventuales casos de emergencia.

Los proyectistas expresan que la iniciativa tiene como objetivo establecer la obligatoriedad de que los establecimientos gastronómicos con alta afluencia de público cuenten, durante todo su horario de atención, con al menos un empleado capacitado en primeros auxilios.

Asimismo, dispone la colocación de información visible que indique cómo actuar ante situaciones de emergencia, especialmente, en casos de atragantamiento.

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La propuesta, impulsada por varios diputados, surge a partir de un hecho reciente ocurrido en la capital, donde una persona adulta mayor sufrió un episodio de atragantamiento en un local gastronómico y fue auxiliada de forma oportuna por una trabajadora del lugar, quien contaba con formación en primeros auxilios, evitando así un desenlace fatal.

“Este hecho puso de manifiesto la importancia de que los locales cuenten con personal capacitado y con información accesible para todos”, señala parte de la exposición de motivos.

El proyecto lleva la firma de los diputados Benjamín Cantero, José Adorno, Jatar Fernández y Saúl González. También respaldan la iniciativa los legisladores Santiago Benítez y María Ida Cattebeke.

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El Hospital Día del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) recibió nuevos equipamientos destinados a optimizar el confort y la atención de los pacientes, en el marco de una estrategia de fortalecimiento de los servicios médicos. La incorporación se concretó mediante un Convenio de Cooperación Interinstitucional suscripto entre el IPS y la Universidad Católica de Asunción.

La adquisición comprende un total de 30 sillones reclinables tipo sofá, con una inversión de 114.000.000 de guaraníes, adjudicados a la empresa Mateo Comercial. Estos equipos fueron diseñados con criterios de ergonomía, resistencia y durabilidad, con el objetivo de brindar mayor comodidad a los pacientes durante sus tratamientos.

Según se detalló, los sillones cuentan con estructura reforzada, resortes de acero tipo zigzag y espuma de alta densidad, además de estar revestidos en cuero vacuno 100 %. Cada unidad posee una capacidad de hasta 150 kilogramos, con dimensiones de 100 por 100 centímetros, y están disponibles en colores negro y marrón.

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Los nuevos mobiliarios serán destinados al área del Hospital Día, donde se realizan tratamientos ambulatorios, especialmente en el ámbito oncológico. En ese sentido, los sillones actualmente en uso serán reemplazados y posteriormente reacondicionados para su utilización en otras dependencias del centro asistencial.

La recepción oficial de los equipos se llevó a cabo este viernes 20 de marzo, con la presencia de autoridades de la previsional, encabezadas por el presidente del Consejo de Administración, Dr. Jorge Brítez, junto a directivos médicos y responsables de distintas áreas, entre ellos el director médico, Dr. Edgar Ortega, y la jefa del Departamento de Oncología, Dra. Verónica Kim.

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Cabe destacar que durante el año 2025, el Hospital Día del Hospital Central registró un total de 14.540 sesiones de quimioterapia, lo que evidencia la alta demanda de este servicio y la importancia de contar con infraestructura adecuada para garantizar una atención digna y de calidad.

Desde la institución señalaron que esta inversión apunta a fortalecer la experiencia del paciente, priorizando no solo la eficacia del tratamiento, sino también el bienestar durante su permanencia en el centro médico.