El representante legal del exsenador Dionisio Amarilla, Luis Lezcano Claude, adelantó que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) analizará la próxima semana la acción de inconstitucionalidad presentada sobre la pérdida de investidura por el exparlamentario.
El profesional legal señaló en este sentido que espera que la Sala Constitucional se expida a favor y se haga lugar a la acción, argumentando que las cámaras del Congreso no tienen atribución para expulsar a un miembro del colegiado.
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“Existe la posibilidad de que se resuelva esta cuestión. Se planteó la acción de inconstitucionalidad respecto a la resolución de la Cámara de Senadores por la cual se separaba del cargo al senador Dionisio Amarilla y se plantea sobre la base de que esa no es atribución de las cámaras del Congreso”, argumentó el abogado Lezcano Claude .
El abogado explicó las argumentaciones presentadas en la acción de inconstitucionalidad y, en este sentido, mencionó que es la Justicia Electoral la instancia que debe determinar si se dan o no condiciones para despojar de la investidura a un legislador.
“No corresponde a ninguna de las cámaras el decidir esto de la pérdida de la investidura, sino que eso es competencia de la Justicia Electoral, se tiene que realizar un procedimiento breve ante la Justicia Electoral y la Justicia Electoral es la que tiene que decidir si están reunidos los requisitos para la pérdida de investidura”, puntualizó.
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Comitiva parlamentaria verificó situación de un loteamiento en Juan E. O´Leary
Una comitiva legislativa liderada por el senador Derlis Maidana se trasladó hasta el distrito de Juan E. O´Leary, departamento de Alto Paraná, para verificar la situación de pobladores de un loteamiento.
La visita se realizó considerando que en la Comisión de Legislación presidida por Maidana obra un proyecto de ley que plantea la derogación de la Ley Nº 6852 “Que modifica y amplía el artículo 2º de la Ley Nº 823/96, que declara de utilidad social y expropia a favor del Instituto de Bienestar Rural (IBR) un inmueble de 1.000 hectáreas para ser loteado a los campesinos sin tierra del distrito de Juan E. O’Leary2.
Durante la jornada, el parlamentario mantuvo encuentros con habitantes y autoridades locales.
Según los proyectistas, se busca evitar que la indemnización sea calculada conforme al valor actual de mercado, debido a que esto podría afectar a los aproximadamente 300 ocupantes que ya pagaron sus lotes al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
La exposición de motivos señala, además, que diez ocupantes ya cuentan con sus títulos de propiedad y que los adjudicatarios realizaron sus pagos conforme al precio de G. 700.000 por hectárea, establecido mediante la Resolución Nº 207/99 del Indert.
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Propuesta para facilitar la titulación de tierras gana respaldo del sector campesino
Representantes de la Federación Nacional Campesina, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinales apoyaron la propuesta del Ejecutivo para eliminar el pago previo del 3 % y ampliar los plazos de pago de los lotes.
El proyecto del Ejecutivo plantea flexibilizar las condiciones para acceder a la titulación, eliminando la barrera económica que implica el pago inicial del 3 % y estableciendo un régimen de pago diferido. La iniciativa recibió respaldo de representantes campesinos durante una audiencia pública que se llevó a cabo este viernes en el Congreso Nacional.
El titular de la Cámara de Senadores, y presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocó una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones del Estatuto Agrario y la normativa del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con el objetivo de facilitar el acceso a la titulación de tierras para las familias campesinas. El debate estuvo acompañado del presidente del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz.
Promover su próximo tratamiento
Durante las deliberaciones los representantes del sector campesino, autoridades y legisladores, señalaron que están a favor de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. El objetivo del diálogo fue recoger las inquietudes y promover el tratamiento del proyecto de ley el próximo 16 de septiembre.
El titular del Indert presentó el proyecto con los puntos específicos que se plantea modificar. Brindó una amplia explicación a los participantes sobre la propuesta del gobierno. Explicó que el proyecto plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para acceder al título de propiedad y establecer un régimen de pago diferido.
Señaló que de aprobarse, los beneficiarios podrían recibir primero la titulación y posteriormente abonar el valor de la tierra mediante cuotas anuales, con el inicio de los pagos 12 meses después de la entrega del título. El plazo previsto sería de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.
La audiencia se realizó en la sala de sesiones del Congreso Nacional y contó con la presencia de los senadores Natalicio Chase, Líder Amarilla, Óscar Salomón, Enrique Salyn Buzarquis, Arnaldo Samaniego, Patrick Kemper e Ignacio Iramain. El proyecto de modificación contó con un fuerte respaldo de los representantes campesinos, así como también de los parlamentarios.
Apoyo del sector campesino
Al inicio del encuentro, el presidente del Senadores, Basilio Núñez, destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores involucrados, a fin de que el proyecto responda a las necesidades del campesinado. “Necesitamos conocer sus opiniones para establecer una respuesta que se traduzca en este proyecto de ley, que verdaderamente beneficie principalmente al campesinado”, expresó.
Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, confirmó el apoyo de la FNC a la eliminación de las barreras económicas que impiden al campesinado acceder al título de propiedad.
En ese sentido, dijo que están de acuerdo en eliminar el pago previo del 3 % y la ampliación de plazos. De igual forma, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria, así como las comisiones vecinales de diferentes departamentos, brindaron su apoyo a la iniciativa de cambios en el Estatuto Agrario.
Pulciano Sánchez sostuvo que la iniciativa representa a un sector importante del país que merece ser escuchado y que las decisiones adoptadas deben contemplar las necesidades reales de las familias campesinas.
El monseñor Mario Melanio Medina, representante de la Delegación del Comité de Iglesias, resaltó la importancia de abordar el problema de fondo y encontrar una respuesta que favorezca efectivamente a las familias campesinas.
En la misma línea, Alejandro Colmán, beneficiario de San Pedro y representante de la Comisión de Fomento y Desarrollo Yvype, sostuvo que la regularización de las tierras constituye una responsabilidad del Estado y remarcó la importancia de garantizar soluciones que permitan a las familias campesinas consolidar su propiedad y mejorar sus condiciones de vida.
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Ministros disertaron sobre la independencia judicial y comunicación institucional
El ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, César Diesel Junghanns y la ministra María Carolina Llanes disertaron en una jornada académica organizada por la Asociación de Magistrados del Alto Paraná (ASOMAP), en Ciudad del Este.
Las exposiciones abordaron la independencia judicial como garantía para el ejercicio de la función jurisdiccional y los desafíos para avanzar gradualmente hacia una comunicación institucional más coordinada y comprensible, orientada a facilitar a la ciudadanía el acceso a información confiable y oportuna sobre la labor del Poder Judicial.
La actividad se desarrolló en el Salón Auditorio del Palacio de Justicia de Ciudad del Este y congregó a la magistratura, representantes de asociaciones y gremios, profesionales del derecho, funcionariado judicial e invitados especiales.
El ministro César Diesel desarrolló la conferencia “El valor de la independencia judicial”, en la que destacó que la independencia constituye un elemento indispensable para la vigencia del Estado de derecho y el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. Durante su exposición se refirió al papel constitucional del Poder Judicial y al control de constitucionalidad dentro del sistema de separación, equilibrio y recíproco control entre los poderes del Estado.
Asimismo, sostuvo que la legitimidad de las decisiones judiciales se sustenta en el conocimiento de los hechos, la aplicación del derecho correspondiente y la debida fundamentación de los fallos, con respeto a las garantías del debido proceso. Diesel abordó además las garantías constitucionales destinadas a preservar la independencia institucional y funcional de la magistratura y destacó su importancia para que jueces y tribunales puedan ejercer sus funciones con apego a la Constitución y las leyes.
Finalmente, remarcó que la independencia judicial también requiere fortalecer la calidad de la administración de justicia, mediante decisiones debidamente fundamentadas, adoptadas sin demoras innecesarias y con el tiempo necesario para garantizar el debido proceso.
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Por su parte, la ministra, María Carolina Llanes Ocampos, presentó el tema “Implementación de la Política Comunicacional” y expuso aspectos vinculados al desarrollo operativo de la Política de Comunicación del Poder Judicial, aprobada mediante Resolución N.º 9990/2023 de la Corte Suprema de Justicia.
Durante su presentación destacó la importancia de facilitar a la ciudadanía el acceso a contenidos institucionales confiables y comprensibles. En ese contexto, explicó que el desarrollo operativo de la Política de Comunicación se concibe como un proceso gradual de fortalecimiento institucional, orientado a consolidar criterios, procesos e instrumentos que contribuyan a una comunicación más coordinada y acorde con las particularidades del Poder Judicial.
Otro de los ejes abordados fue la necesidad de promover una justicia comprensible mediante información clara y un lenguaje accesible que permita a la ciudadanía conocer las funciones y competencias del Poder Judicial, comprender sus procedimientos, identificar los servicios disponibles y consultar información institucional.
La ministra se refirió además a la participación de las distintas circunscripciones judiciales en la identificación de necesidades, experiencias y buenas prácticas, con miras a construir herramientas adaptadas a las diferentes realidades territoriales.
Señaló que, cuando corresponda evaluar una actuación comunicacional, deberán considerarse los derechos involucrados, las competencias institucionales, el interés público, la proporcionalidad y las características de cada situación. En ese sentido, explicó que la comunicación estratégica requiere contar con criterios y herramientas que permitan determinar cuándo corresponde comunicar y de qué manera hacerlo, preservando las competencias y responsabilidades institucionales.
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Confirman pena de 28 años de cárcel para condenado por homicidio de exfiscal
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ratificó la condena de 28 años de cárcel para Óscar Ariel Caballero Sahlmann, condenado por la muerte del exfiscal y exviceministro de Seguridad Interna, Javier Ibarra, ocurrido en noviembre del 2023 en San Lorenzo, departamento Central. Caballero fue sentenciado en abril del 2025 por homicidio doloso y hurto especialmente grave.
Con el voto en mayoría de los ministros Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia, la máxima instancia judicial no admitió el recurso de casación planteado por la defensa del condenado. Ambos altos magistrados señalaron que el escrito carece de fundamentación suficiente que habilite a la Sala Penal para estudiar la procedencia del recurso interpuesto.
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Asimismo, señalan que “los impugnantes se limitan a formular afirmaciones de carácter genérico, sin individualizar cuáles son las pruebas que, a su criterio, fueron omitidas o incorrectamente apreciadas por el Tribunal, ni explicar de qué manera la supuesta errónea valoración probatoria habría incidido en el sentido del fallo. En consecuencia, la crítica recursiva carece del desarrollo argumentativo mínimo necesario para demostrar la existencia del vicio denunciado”, indica la resolución judicial de la Corte.
Condena
El tribunal de sentencia integrado por Gloria Garay, Leticia Frachi y Ana Carolina Silveira, condenó a 28 años de cárcel a Óscar Ariel Caballero Sahlmann luego de ser encontrado culpable por el homicidio del exfiscal Javier Ibarra. La determinación se dio a conocer luego del juicio oral y público. El fiscal del caso fue Julio Ortiz, quien pudo demostrar la responsabilidad del acusado en el grave hecho registrado donde resulto víctima fatal el exrepresentante del Ministerio Público.
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