El Poder Ejecutivo aceptó la sugerencia de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) y decretó el reajuste del 4,4% del salario mínimo vigente, que será aumentado en G. 93.485 desde el próximo mes.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto N° 5561. De esta manera, el sueldo mensual mínimo que deberá percibir el trabajador desde el 1 de julio es de G. 2.286.324. “Se dispone el reajuste en 4,4% de los sueldos y los jornales del sector privado”, dicta parte del decreto.
De esta forma, el jornal mínimo quedará en G. 87.936. Desde la Dirección de Trabajo informaron que unas 250.000 personas se verán directamente impactadas por el reajuste salarial.
Cabe destacar que desde las centrales obreras rechazan dicho ajuste considerando que no se ciñe a la realidad de la clase trabajadora y exigen que el aumento sea mayor. “Nosotros expresamos que al menos el reajuste debe ser de un 25%, para satisfacer las necesidades básicas del trabajador y encauzar el poder adquisitivo de los mismos”, manifestaron.
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En ese contexto, aseguran que el 4,4% es insuficiente y precisaron que la intención de las centrales de trabajadores es que el aumento sea en torno a los G. 500.000. Sostienen que el poder adquisitivo del trabajador tiene un desfase del 30% aproximadamente, tomando el índice del propio Banco Central del Paraguay (BCP).
El BCP había informado a la Conasam que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde junio del 2020 hasta mayo del 2021 fue de 3,7%, y que teniendo en cuenta el no reajuste del salario en el 2020, por motivos de la pandemia, la variación desde junio del 2019 hasta mayo del 2021 es del 4,4%.
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Senado aborda situación laboral de trabajadores de prensa y reajuste del 5 % del salario mínimo
A petición del vicepresidente segundo de la Cámara Alta, senador Dionisio Amarilla, los miembros de la mesa directiva recibieron este lunes a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, con el objeto de interiorizarse sobre la situación de los trabajadores de prensa y, en general, respecto al cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece un incremento del 5 % del salario mínimo legal desde el 1 de julio del corriente año.
La reunión estuvo encabezada por el su titular, el senador Basilio Núñez, quien junto con los líderes y vicelíderes de bancadas recibieron el informe de la secretaria de Estado, sobre la situación laboral de los trabajadores de prensa.
Al respecto, el senador Amarilla había solicitado información sobre las diligencias realizadas ante el Ministerio de Trabajo respecto a eventuales denuncias formales presentadas por trabajadores de medios de comunicación, la existencia de contratos colectivos invocados por las empresas y si esta situación afecta exclusivamente a los medios de prensa o constituye una práctica extendida en otros sectores.
Asimismo, el presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, enfatizó la necesidad de conocer con exactitud si el incremento del 5% del salario mínimo legal vigente se aplica a todos los trabajadores y, específicamente, a los trabajadores de prensa.
Mesa tripartita
En ese sentido, la ministra Mónica Recalde explicó que tomaron conocimiento de las denuncias a través de las publicaciones realizadas por diferentes gremios de periodistas. Señaló que se solicitó la conformación de una mesa tripartita con representantes de los distintos medios de comunicación, a fin de analizar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.
La ministra remarcó que el contrato colectivo del gremio de prensa data de 1997 y se encuentra actualmente vigente, pero no ha vuelto a ser negociado, pese a que en diferentes ocasiones se intentó avanzar en su actualización. Agregó que otro de los pedidos específicos del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) consiste en contar con una interpretación o dictamen sobre los alcances jurídicos del artículo 29, en relación con los ajustes salariales.
“Lo que tenemos como Estado es regular el salario mínimo legal. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo, estableció que el salario mínimo no puede ser reajustado para todos, sino que solo debe ser reajustado el piso mínimo legal; los reajustes superiores al salario mínimo tienen que darse por contrato colectivo o por contratos individuales de trabajo”, señaló la ministra.
Por su parte, el senador Dionisio Amarilla refirió que presentó un proyecto de Declaración que insta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a realizar los controles correspondientes para verificar el cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece el incremento del salario mínimo legal y de las condiciones estipuladas en los contratos colectivos de trabajo.
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El piso congelado del IRP reduce el efecto real de los aumentos salariales
Mientras el salario mínimo volvió a incrementarse un 5 % para compensar parcialmente la inflación, el umbral de ingresos para tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) continúa fijado en G. 80 millones anuales desde 2020. La falta de actualización del mínimo imponible provoca el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que incorpora cada vez a más trabajadores al régimen tributario sin que necesariamente haya mejorado su capacidad económica.
“Nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos”. La célebre frase atribuida a Benjamín Franklin mantiene plena vigencia más de dos siglos después. En Paraguay, sin embargo, la realidad tributaria incorpora un elemento adicional que afecta silenciosamente a miles de asalariados: mientras los salarios se ajustan año tras año para acompañar la inflación, el ingreso mínimo para comenzar a tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) permanece inalterable desde hace seis años.
Desde el 1 de julio, el salario mínimo aumentó un 5 %, pasando de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales. Como ocurre cada año, el reajuste busca preservar parcialmente el poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida.
Sin embargo, el mínimo para quedar alcanzado por el IRP-Rentas y Prestación de Servicios Personales (IRP-RSP) continúa fijado en G. 80 millones brutos anuales, exactamente el mismo monto establecido para el ejercicio fiscal 2020.
Esta diferencia entre la evolución de los salarios y la inmovilidad del umbral genera un fenómeno ampliamente estudiado en economía pública denominado “arrastre fiscal” o bracket creep. Consiste en que la inflación y los aumentos nominales de los ingresos hacen que cada vez más personas ingresen al sistema tributario, aunque en términos reales mantengan prácticamente el mismo nivel de vida.
Zunilda Trinidad, consultora organizacional y especialista en proyectos de inversión y auditoría, explica que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no tiene atribuciones para modificar ese monto por decisión propia.
“El umbral de G. 80 millones está establecido por la Ley 6380/19. Su modificación requiere un cambio en el marco legal. A diferencia de la legislación anterior, la actual no contempla un mecanismo automático de actualización del mínimo imponible según la inflación”, señala.
En consecuencia, más que una decisión administrativa, la permanencia del umbral responde a la ausencia de una reforma legislativa que adapte el monto a la evolución de los precios.
Cada año el límite vale menos. Aunque nominalmente el mínimo imponible continúa siendo de G. 80 millones, su valor económico se redujo de manera importante desde 2020.
La inflación acumulada durante los últimos seis años disminuyó el poder adquisitivo de ese monto. Si el límite hubiera sido ajustado para mantener el mismo valor real que tenía cuando fue fijado, actualmente se ubicaría aproximadamente entre G. 105 millones y G. 108 millones, según la inflación acumulada del período.
En otras palabras, el umbral vigente conserva apenas alrededor del 76 % del poder adquisitivo que tenía originalmente.
Como consecuencia, numerosos trabajadores que únicamente recibieron incrementos destinados a compensar la inflación hoy superan el límite legal y deben inscribirse en el IRP, aun cuando su situación económica real prácticamente no haya cambiado. ¿Pierde poder adquisitivo el trabajador?
La consultora tributaria Cinthia Ayala Maciel, de Inversiones Paraguay, sostiene que el efecto debe analizarse desde dos perspectivas. En primer lugar, explica que el impacto directo del impuesto suele ser moderado.
“El IRP grava la renta neta y posee una estructura progresiva, con tasas del 8 % y del 10 %. Por ello, quien recién supera el umbral normalmente no enfrenta una carga tributaria elevada”, señala.
Sin embargo, considera que el aspecto más relevante está en los costos asociados al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
“La inscripción en el registro, la presentación de declaraciones, la conservación de documentos respaldatorios y, en muchos casos, la contratación de un contador o de servicios de teneduría de libros representan gastos que son prácticamente iguales para quien apenas supera el umbral y para quien obtiene ingresos considerablemente mayores”, explica.
Ese fenómeno provoca que los costos administrativos tengan un peso proporcionalmente mayor sobre los contribuyentes de menores ingresos dentro del propio universo alcanzado por el impuesto.
Menor ingreso disponible. El efecto del arrastre fiscal no implica necesariamente una pérdida automática del poder adquisitivo, pero sí puede reducir el ingreso disponible de los trabajadores.
Una parte de los reajustes salariales destinados a compensar la inflación termina absorbida por el pago del impuesto y por los costos administrativos derivados de cumplir con las obligaciones tributarias.
Un ejemplo permite visualizar el fenómeno. Un asalariado que en 2020 percibía G. 78 millones anuales no estaba alcanzado por el IRP. Si durante los años siguientes únicamente recibió incrementos equivalentes a la inflación, hoy podría superar los G. 100 millones anuales sin haber experimentado una mejora significativa en su capacidad económica. Sin embargo, al mantenerse congelado el mínimo imponible en G. 80 millones, pasa a integrar el universo de contribuyentes.
Especialistas en política fiscal sostienen que este mecanismo modifica gradualmente la carga tributaria sin necesidad de elevar las alícuotas ni crear nuevos impuestos. Basta con que el mínimo imponible permanezca inmóvil mientras los salarios nominales continúan creciendo.
Mientras el salario mínimo sigue ajustándose para intentar preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el piso del IRP permanece congelado desde 2020. En ese contexto, cada nuevo reajuste salarial acerca a más paraguayos al régimen tributario, ampliando la base de contribuyentes mediante el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que cobra cada vez mayor relevancia en un escenario de inflación acumulada y salarios en constante actualización.
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Exhortan al Ejecutivo priorizar estudios de conexión vial para Cordillera, Paraguarí y Central
La Cámara de Diputados aprobó la declaración que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a impulsar de manera prioritaria los estudios de factibilidad, diseño y posterior construcción de una conexión vial estratégica interdepartamental que conecte los departamentos de Cordillera, Paraguarí y Central”, durante la sesión plenaria de esta semana.
A través del documento se insta al MOPC a impulsar de manera prioritaria los estudios de factibilidad, diseño y las gestiones técnicas, financieras, ambientales y administrativas necesarias para la posterior construcción de esta conexión vial estratégica.
El trazado contempla la vinculación de los distritos de Arroyos y Esteros, Tobatí y Caacupé, en el departamento de Cordillera; Pirayú y Yaguarón, en Paraguarí; e Itá, Guarambaré, Ypané y Villeta, en Central, con el objetivo de mejorar la conectividad territorial y contribuir a la descongestión del tránsito en el Área Metropolitana de Asunción.
La declaración también insta a la cartera de Estado a informar oportunamente sobre los avances de los estudios de factibilidad, las previsiones presupuestarias y las demás acciones orientadas a la ejecución del referido proyecto.
Solución al colapso vial
La propuesta fue presentada por varios diputados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que de acuerdo a la exposición de motivos, la iniciativa responde a la necesidad de atender el colapso vial que afecta de manera recurrente al Área Metropolitana de Asunción y a sus principales accesos.
En ese contexto, menciona que municipios como Limpio, Mariano Roque Alonso, Asunción, Luque, Fernando de la Mora, Villa Elisa y San Lorenzo “soportan a diario una saturación de tráfico, que degrada la calidad de vida de la ciudadanía y genera pérdidas millonarias en horas de trabajo y consumo ineficiente de combustible”.
Señala que uno de los factores que incide en esta situación es el tránsito de transporte de carga pesada por las zonas urbanas metropolitanas. De acuerdo con los proyectistas, alrededor de 1.000 camiones de gran porte, por semana, atraviesan el Gran Asunción para trasladar productos agrícolas, industriales y comerciales hacia los principales puertos de exportación e importación, situados en la ribera del río Paraguay.
Corredor para la producción
La propuesta plantea establecer un corredor que permita conectar de forma directa la producción proveniente del interior con el polo logístico y portuario de Villeta, evitando el ingreso del tránsito de larga distancia y de carga pesada al núcleo urbano metropolitano.
También se destaca que la futura infraestructura podría contribuir a reducir costos logísticos y tiempos de traslado, favorecer el ordenamiento territorial y vial mediante la descongestión de arterias de alto tránsito, mejorar la seguridad vial al disminuir la circulación de vehículos pesados en zonas urbanas densamente pobladas e impulsar el desarrollo socioeconómico e industrial de los municipios del interior de los departamentos de Cordillera, Paraguarí y Central.
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Bachi Núñez ratifica respaldo del Congreso a la lucha contra el crimen organizado, tras ataque en Naranjito
El presidente del Congreso Nacional y de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, lamentó el atentado perpetrado contra el puesto policial de la Colonia Naranjito, departamento de Canindeyú, que dejó tres personas fallecidas tras un ataque atribuido al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Asimismo, destacó el respaldo brindado por el Poder Legislativo a las iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad nacional.
En ese sentido, el titular del Senado resaltó el acompañamiento del Poder Legislativo al Gobierno Nacional durante estos tres años en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. “Este es un combate que debemos seguir fortaleciendo, no solamente en el estamento policial, sino también en las Fuerzas Militares.
Durante este período, más de 15.000 policías fueron formados; además, se les proveyó de chalecos antibalas, patrulleras y combustible, entre otros recursos”, manifestó. Asimismo, lamentó el fallecimiento de los suboficiales de la Policía Nacional, Atilio Martínez y Herminio Ojeda, así como del civil Josemar Escobar Piris.
Reforzar la seguridad
En ese contexto, señaló que el Gobierno impulsó diversas acciones para reforzar la seguridad de los productores del departamento de Canindeyú, donde, según indicó, se encuentra confinado el EPP. “Hay que valorar el trabajo que están realizando las instituciones”, enfatizó. Igualmente, recordó que, mediante un trabajo conjunto entre la Cámara de Senadores y la Presidencia de la República, fue presentado y aprobado el presupuesto destinado a la construcción de comisarías.
Añadió que el Poder Legislativo permanecerá atento a las conclusiones de la reunión del Consejo de Defensa Nacional (Codena), para evaluar las medidas que eventualmente puedan impulsarse desde el ámbito legislativo. “Es una alerta de que ese grupo (EPP) sigue vigente, confinado en un departamento, según informes que recibí extraoficialmente”, expresó.
Finalmente, al ser consultado sobre la convocatoria a los ministros del Interior y de Defensa Nacional, indicó que aguardarán las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo y que, posteriormente, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores analizará las acciones que correspondan.