El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, encabezó la presentación oficial de los precandidatos a intendentes del movimiento Honor Colorado para los 16 distritos del departamento de Ñeembucú rumbo a las elecciones internas del próximo 7 de junio.

A través de sus redes sociales oficiales, Alliana afirmó que “desde mi querida ciudad de Pilar, acompañé la presentación oficial de las candidaturas a intendentes municipales por la Lista 2, impulsadas por el comando central del movimiento Honor Colorado. Estamos trabajando unidos, con compromiso y convicción, para continuar con el desarrollo y el progreso del gran departamento de Ñeembucú“.

El acto también contó con la presencia del gobernador Víctor Hugo Fornerón, el director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Federico Benítez Cuevas, y la diputada Fabiana Souto.

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La precandidatura a la intendencia de Pilar es asumida por Emanuel Cuevas Maciel; en Villalbín, por Milcíades Caballero, que apunta a su reelección; y en Desmochados, por Adriano Ydoyaga Benítez, quien también buscará ocupar de vuelta la jefatura comunal.

En la ciudad de Alberdi se tienen dos aspirantes: Nicolás Sotelo Benegas, quien también aspira a su reelección, y Federico “Canica” Centurión. Lo mismo pasa en Villafranca, donde disputarán la representación oficialista el actual intendente Rodrigo Leguizamón y Nemesio Acosta.

Mientras que en San Juan de Ñeembucú la precandidatura es asumida por el actual intendente Aldo Sixto Armoa Fretes. La precandidatura en la ciudad de Laureles está a cargo del exintendente Agustín “Piti” Cuevas y en la zona de Mayor Martínez, por Hernán Arrúa.

El precandidato oficialista para Guazucuá es Alexander Bottino; en Tacuaras, Raúl Rolón; en Humaitá, Roberto Saucedo y Héctor Cáceres; en Paso de Patria, Sebastián Fernández Franco; en Villa Oliva, Agustín Alviso y en Cerrito, Hugo Ayala.

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Los dirigentes de la oposición parecen hoy más concentrados en generar temas para las portadas de sus medios afines que en presentar iniciativas que contri­buyan al desarrollo del país. La agenda política se reduce, con demasiada frecuencia, a la búsqueda de impacto mediático antes que a la construcción de propuestas productivas que respondan a los desa­fíos nacionales.

Esa dinámica revela una preocupante falta de visión de futuro. En muchos de sus discursos ape­nas se insinúan ideas o planteamientos que pue­dan traducirse en soluciones concretas para las necesidades de la ciudadanía. Más que un debate sobre políticas públicas o estrategias de desarro­llo, predomina una lógica de confrontación que poco aporta al progreso del país. Y en este sentido, todo morbo llama la atención de estos dirigentes, menos sugerir alternativas que ayuden a solventar las reformas que necesita el país, ajustándose a la coyuntura actual que vive la República. Un ejemplo de esto tiene que ver con el caso del senador Javier Vera, conocido popularmente como Chaqueñito, cuya adjudicación de un departamento tipo, no “lujoso” como atacan algunos perifoneros, parece adquirir importancia de asunto de Estado y de máxima prioridad.

A diferencia de tiempos antaños, la oposición actual está embarcada en una suerte de vedetismo, asumiendo un rol puramente mediático, siguiendo el guion que marcan algunos grupos empresaria­les. Penosamente, y no porque no lo adviertan, son funcionales como voceros de la agenda de ciertos medios que persiguen sus propios intereses y no precisamente los del país.

Algunos diputados y senadores de la actual legis­latura han degradado notablemente la investidura haciendo el ridículo con frecuentes demostracio­nes desvergonzadas ante nosotros los contribuyen­tes, que pagamos sus sueldos. Despegados de la rea­lidad que viven muchos paraguayos la dirigencia de los partidos y movimientos de oposición tienen cero protagonismo en los grandes temas y deba­tes. Por citar algunos, Rafael Filizzola, Mauricio Espínola, Raúl Benítez son legisladores que hoy se encuentran en el arco contrario al oficialismo, pero se asemejan más a agentes de un grupo de medios, que congresistas asignados a legislar.

Han perdido la oportunidad de aportar alterna­tivas o nuevas vías con propuestas e iniciativas concretas en leyes tan relevantes como la que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, Hambre Cero, el control del espacio aéreo, entre otros. En todas ellas, la oposición ha seguido el libreto que han marcado los grupos empresariales y ni siquiera fueron capaces de ofrecer una alterna­tiva, al menos para que enriquezcan la discusión.

Ahora, en el candente y delicado asunto de la Ley de la Caja de Jubilaciones solo se han de dedicado a patear el tema para adelante a sabiendas que eso constituye un enorme perjuicio al país teniendo en cuenta los miles de millones que cuesta sostener el sistema actual de prestaciones.

Ni un político opositor apareció con alguna pro­puesta sensata. Mucho menos un candidato de sus respectivos partidos ha siquiera intentado acer­carse al diálogo ya iniciado hace algunos meses desde el gobierno central. Todos escondidos en sus guaridas, en algunos casos instigando a la violen­cia y motivando el desorden, aplicando una ausen­cia que resulta perversa para las necesidades que afronta la República.

Obstaculizar y truncar los proyectos se han vuelto una especialidad para la oposición. La visibilidad que tienen es por la cantidad de palos que ponen a las iniciativas del Gobierno. No importa el daño sino crear adeptos disconformes con los planes del Ejecutivo.

Destinan el tiempo en buscar tachas al trabajo del Gobierno. y a sus instituciones. Han llegado al colmo de meterse en cuestiones particulares y son adictos al morbo, por eso ahora están buscando algún cabo suelto en el caso Chaqueñito. Pese a que este proceso se hizo dentro de lo que caben las normas y disposicio­nes que rigen sobre la concesión de viviendas o depar­tamentos económicos, los opositores anteponen esta discusión en lugar de ocuparse de asuntos realmente esenciales como las jubilaciones del sector público.

El país no se merece este nivel de degradación tanto en el plano político como en el Legislativo; en esta situación perdemos todos los paraguayos ya que una oposición sensata, razonable y cohe­rente es positiva para el equilibrio del debate y del control de la instituciones. La necedad en la que se encuentran hoy no les permite sentir la realidad de la gente, reflexionar y menos proponer solucio­nes a los problemas de la gente. Además, representa un dificultad adicional, ya que al no erigirse en una verdadera oposición, con propósitos, con un norte que oriente la gestión, solo dilapidan sus propias chances de constituirse en verdadera alternancia.

Este defecto lastimosamente solo tiene remedio en cada elección, es la gente la única que puede recu­perar el nivel de la política con la herramienta más eficiente: el voto.

Los sectores de la oposición parecen exhibir serias limitaciones para responder a los grandes desa­fíos que hoy enfrenta el Estado. En última instan­cia, será el electorado quien valore esta situación y exprese su veredicto en las próximas elecciones. Mientras tanto, la vida política sigue marcada por la presencia de grupos cerrados y guiados más por intereses particulares que por una visión de país, concentrados en preservar posiciones de poder antes que en construir soluciones para el futuro.

Desde la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Sindicato Nacional (OTEP-SN) indicaron que este jueves se analizará si recurrirán a un nuevo paro total de actividades cuando Diputados traté las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de reforma de la caja fiscal.

Aún no se estableció una fecha de estudio en la Cámara Baja, no obstante, se convocará a una audiencia pública el lunes 16 de marzo. “Esta es una mejor versión que el proyecto aprobado en Diputados, uno de los puntos reivindicados fue el aporte estatal. Vamos a estar expectantes”, dijo el secretario regional OTEP-SN, Héctor Ortiz, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Los docentes vuelven este jueves de manera formal a las aulas luego de dos días de intensas manifestaciones en Asunción y otros puntos del país que sirvieron como medida de fuerza para lograr que el Senado aumente el aporte estatal y flexibilice la edad mínima para acceder a la jubilación, entre otros puntos.

“Hoy los compañeros ya retoman sus tareas educativas en las diferentes instituciones. Vamos a defender lo que se aprobó el día de ayer y hoy se definirá dentro de la intersindical qué haremos”, añadió. Desde el gremio docente manejan la información de que la propuesta será tratada el martes 17 de marzo.

Entre las principales modificaciones planteadas de consenso se encuentra el aumento obrero que pasó del 16 %, como se encuentra en la ley actual, al 19 % para los sectores deficitarios, que incluyen a docentes, policías, militares y magistrados, mientras que para sectores superavitarios se mantendrá el 16 %.

Además, establece un aporte estatal del 10 %, el cual será de implementación inmediata, que a diferencia de lo planteado en la media sanción de Diputados, establecía un aporte estatal escalonado entre el 1 % al 5 % como máximo. En tanto, que con la ley vigente ni si quiera está contemplado el aporte estatal.

En lo que respecta a la edad para acceder a la jubilación ordinaria, la versión sancionada por el Senado establece que para el Magisterio Nacional, que son docentes universitarios, magistrados judiciales, el trabajador deberá contar con al menos 25 años de aporte y 53 años de edad cumplidos para acceder a una tasa de sustitución del 78 %.

Este porcentaje podrá incrementarse de forma gradual hasta alcanzar el 90 %, en la medida en que el trabajador continúe prestando servicios. Mientras que el aportante podrá acceder a una jubilación extraordinaria conforme a lo dispuesto, en caso de enfermedad o incapacidad. En estos casos el trabajador podrá acceder al beneficio con un mínimo de 10 años de aporte y con una tasa de sustitución del 40 %.

En el caso de las fuerzas públicas (policías y militares) se aprobó la edad mínima de 55 años para la jubilación ordinaria, frente a los 57 años que había aprobado la Cámara de Diputados. También se flexibilizó la tasa de sustitución de haberes del 75 % al 90 % con la modificación planteada por el Senado.

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Los principales cambios fueron los acordados con gremios: edad mínima 53 años, aporte estatal (10 %) y del cotizante (19 %) y tasa de retorno del 78 %.

Tras un largo debate, el plenario de la Cámara de Senado­res aprobó ayer con modifi­caciones el proyecto de ley que plantea la reforma de la Caja Fiscal. El documento ya contaba con media sanción de Diputados y vuelve ahora a Diputados para su conside­ración, acompañamiento de las propuestas de modifica­ciones o la ratificación de la sanción inicial.

Entre los principales aspec­tos que contempla la pro­puesta de la reforma es que establece una edad mínima de 53 años en el caso de los docentes y 55 años en el caso de las fuerzas públicas (poli­cías y militares).El senador Silvio Ovelar recordó que la propuesta fue debatida previamente con distintos gremios afectados. Señaló que el proyecto tiene como objetivo introducir refor­mas orientadas a fortalecer la sostenibilidad financiera y la equidad intergeneracio­nal del sistema.

Esta reforma planteada desde el Gobierno, lo que busca es reducir el millona­rio déficit en la caja jubila­toria, que pone en riesgo la jubilación del sector público. De acuerdo a los datos, los cambios introducidos en el Senado posibilitarán redu­cir esa sangría al 40%.

Las modificaciones que fue­ron aprobadas en mayoría por el plenario del Senado fueron las planteadas en el dictamen de la Comisión de Hacienda en conjunto con la Comisión de Cuentas y Control, con­forme a lo que se había acor­dado con los diversos secto­res y el Ejecutivo.

Tras 48 horas de paro, los docentes levantaron la medida de fuerza que ini­cialmente se mantenía en suspenso para hoy jueves, luego de confirmarse que la Cámara de Diputados no tratará en sesión extra el proyecto de reforma de la Caja Fiscal. La deci­sión fue dada a La Nación/Nación Media por el secre­tario general de la Organi­zación de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), Gabriel Espínola, quien explicó que la suspen­sión responde a que el tema previsional no será abor­dado por la Cámara Baja esta semana, lo que reduce la tensión generada en el sector educativo durante las últimas jornadas.

El presidente del Congreso Nacional, senador Basilio “Bachi” Núñez, defendió la necesidad de iniciar la reforma de la caja fiscal y advirtió que el sistema previsional paraguayo enfrenta un riesgo serio si no se adoptan medidas estructurales. Dijo que el debate no debe limitarse únicamente a un sector de jubilados, sino que debe analizarse en el marco de todo el sistema.

Recordó que la caja fiscal abarca a una parte reducida de la población. “Estamos hablando de una parte del 15 % de la pobla­ción que está en la situación de jubilados. 80.000 jubilados y pensionados por la caja fiscal. Redondeo: más de 70.000 jubila­dos y un promedio de 10.000 pensionados”, señaló.

Planteó que el Congreso debe avanzar hacia un análisis más amplio del sistema previsional paraguayo, incluso con la crea­ción de una instancia parlamentaria específica. “Celebro la pro­puesta de una colega de que ¿por qué no una comisión bica­meral? Y empecemos a analizar en este Congreso el sistema previsional de la República del Paraguay”, expresó.

Si bien los ajustes incorporados en la nueva versión aprobada en el Senado moderan parte del impacto previsto con el proyecto de reforma, tanto en el proyecto original como en el proyecto con media sanción por Diputados, la propuesta continúa represen­tando un avance hacia la sostenibilidad del sistema. Al respecto, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, indicó que, mientras la versión inicial proyectaba una reducción del défi­cit superior al 60 %, la versión ajustada permitiría disminuir el déficit de la Caja Fiscal en un rango estimado entre 40 % y 50 % en el tiempo. Igualmente, explicó que, con los ajustes introduci­dos en esta nueva versión, el horizonte para una futura revisión del sistema se acorta con respecto a lo previsto por el Poder Eje­cutivo, lo que refleja el equilibrio alcanzado entre sostenibilidad fiscal y los planteamientos realizados por los distintos sectores, durante el proceso de diálogo.

El ministro Carlos Fernández Valdovinos recordó que expectativa inicial era introducir otra reforma en una década; el tiempo se acortó.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, señaló que el pro­yecto probablemente reque­rirá una nueva revisión en un plazo menor al inicialmente previsto. Explicó que, aun­que el objetivo original era que los ajustes permitieran sostener el sistema por más de una década, el escenario actual obliga a replantear el debate en un periodo menor.

“Creo que vamos a tener que revisar nuevamente 7 años después”, afirmó el titular del MEF, al referirse al impacto de los cambios introducidos al proyecto. El ministro recono­ció que el Ejecutivo aspiraba a lograr una reducción mayor del déficit del sistema previ­sional estatal.