El agente fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, indicó que el Ministerio Público realizó nuevas acciones dentro de la investigación sobre las supuestas cuentas bancarias ocultas que tendrían por beneficiarios finales al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su esposa Silvana López Moreira, y que no se limita solo al requerimiento de informaciones al gobierno de la islas Seychelles.

Doldán dijo que, en el marco de la causa que investiga al líder del movimiento Colorado Añetete por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el órgano extrapoder también requerirá informaciones a otros cuatro o cinco países con el fin de determinar la ruta de la millonaria suma de USD 21 millones, que fueron ocultos en cuentas bancarias del país localizado en África.

“Estamos trabajando en la redacción de otros varios exhortos para otros países sobre el mismo caso. Hasta ahora identificamos entre 4 a 5 países, pero por cuestiones de investigación no quiero hablar sobre los países”, indicó Doldán, este lunes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, el agente fiscal recordó que, en agosto pasado, el Ministerio Público remitió a la Oficina del Fiscal General de la República de Seychelles pedidos de cooperación en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

“Todavía no hay respuestas. Nosotros habíamos remitido el exhorto a la autoridad central que debe recibirlo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención de Mérida, pero las autoridades de la Fiscalía nos pidieron que, a la par de eso, hagamos el trámite por vía diplomática, entonces yo inmediatamente volví a enviarlo. Hay dos remisiones de exhortos por la vía de la autoridad central que es la legal y vía Cancillería que es la diplomática que es la que Seychelles nos pidió “, afirmó.

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La apertura de una investigación judicial contra Abdo Benítez surgió luego de una publicación realizada por la prensa argentina, en el portal Periodismo y Punto, el pasado 20 de julio, mediante datos obtenidos por una filtración de fuente confidencial.

La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera de dos cuentas se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44.Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.

Señala que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira. Mientras quela segunda cuenta tiene el número 29478391, y fue abierta en setiembre del 2023a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado.

De acuerdo al informe confidencial, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02. Figuran también como beneficiarios finales Abdo Benítez y Lopéz Moreira. Señala que entre los meses de noviembre de 2024 y mayo de 2025, la firma Star Capital recibió cuatro transferencias —desde Capital Holdings Ltd., Logistic Accounting & Consultancy Ltd., Sports Marketing Plus Ltd. y Winward Brokerage LLC— por montos que van de USD 850.000 a USD 1,7 millones.

Mientras que Exchange Contracts recibió también cinco transferencias de empresas similares, cuyos montos van desde USD 600.000 hasta USD 950.000. El medio argentino agrega que estos registros, que figuran dentro del informe confidencial, reflejan el “clásico el patrón de blanqueo de dinero”.

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“Yo no admito esto y no podemos aparentar demencia”, sostuvo el senador Silvio “Beto” Ovelar tras repudiar los audios filtrados de una conversación presuntamente entre los senadores Norma Aquino y Javier “Chaqueñito” Vera, donde señalan una mala utilización de una donación económica proveída por Taiwán.

“Esto es gravísimo, en el pasado no teníamos estos escándalos. Se tienen que rectificar como mínimo, daña enormemente no solo la imagen del Congreso Nacional. Hay que colocarse en mi lugar, yo soy el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Legislativo, el que se encargará de analizar G. 16.5 billones y unos irresponsables te meten en un negociado del que ni siquiera tengo conocimiento", dijo a la 1080 AM.

En los audios atribuidos a ambos parlamentarios se menciona una supuesta sobrefacturación en la compra de ascensores para el Congreso Nacional y un reparto de dicha donación equivalente a USD 8 millones. En el citado audio, la senadora Aquino presuntamente decía a Vera que la donación de Taiwán iba a ser repartida entre los senadores Basilio “Bachi” Núñez, Lizarella Valiente, Juan Carlos “Nano” Galaverna, Silvio “Beto” Ovelar y Natalicio Chase.

“No admito de ninguna manera que me atribuya un hecho irregular, estoy muy molesto. Ser senadores implica ser serios, no boca suelta y opinar alegremente y de comprobarse los hechos da para una pérdida de investidura“, manifestó Ovelar.

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Las afirmaciones de Ovelar fueron respaldadas por su colega Valiente, quien mencionó que “es grave. Ella (Norma Aquino), se tiene que hacer cargo de sus dichos. Probablemente el lunes tengamos una reunión de bancada y ahí deberá rendir cuentas. Yo me puedo hacer cargo de mis dichos y de mi conducta, no del dicho de otra persona“, dijo a los medios de comunicación.

Valiente acotó: “Es demasiado fácil pretender desligarse así. Estoy muy molesta, es lamentable. Sí el audio es de Aquino, podría evaluar una acción judicial".

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El abogado Álvaro Cáceres manifestó que la acusación del Ministerio Público contra su cliente, el senador Hernán Rivas, carece de fundamentos jurídicos. El legislador es investigado por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por el uso de documentos públicos de contenido falso.

“La acusación del Ministerio Público carece en absoluto de fundamentos jurídicos y atenta contra principios básicos del derecho penal. El Ministerio Público dice que no puede demostrar que el título es verdadero, entonces tiene que ser falso, esto es algo que cuestionamos. Debería ser lo contrario, el Ministerio Público tendría que demostrar que el título de Rivas no es verdadero”, dijo este martes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, Cáceres afirmó que “la acusación se basa en principios o cuestiones que atentan contra las formalidades del derecho penal y procesal penal, sino también en premisas que nunca fueron ni demostradas ni denunciadas por ninguna de las partes. El Ministerio Público para llegar a su conclusión se basa en una serie de cuestiones que nunca fueron mencionadas por el senador, ni procesalmente ni fuera del proceso, por ejemplo, que él curso la carrera de derecho en Luque, pero esto nunca se manifestó, siempre se explicó que cursó la carrera en Ciudad del Este. La tesina, sí la defendió e hizo en la ciudad de Luque”.

El pasado 2 de setiembre, las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron acusación contra el legislador y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público. El escrito fue presentado ante el magistrado de Garantías, Miguel Palacios, y se refiere a la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

“A nuestro criterio, la postura mantenida por el Ministerio Público es insostenible y esta causa tarde o temprano, ya sea en preliminar, en juicio oral o en el grado de apelación, debería derivar necesariamente en un sobreseimiento definitivo“, refirió el representante legal de Rivas.

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De acuerdo a las investigaciones, el legislador habría utilizado un certificado de estudio y un título que no corresponde con la realidad, al no haber cursado la carrera de derecho que le permitió jurar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como abogado y obtener la emisión de su matrícula profesional.

La acusación fiscal también alega que posteriormente Rivas habría presentado copia autenticada de dicha matrícula ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para acreditar su condición de abogado, pese a que no habría cursado la carrera universitaria. Agrega que el presunto título universitario falso fue expedido por la Universidad Sudamericana.

“Rivas hizo la carrera de derecho desde el 2010 hasta el 2016, en la universidad Sudamericana con sede en Ciudad del Este. Hay compañeros, profesores y decanos, que así lo atestiguaron", puntualizó el abogado Álvaro Cáceres a Nación Media.

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El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, plantea que los cambios sugeridos al proyecto de reforma del transporte público en el área metropolitana puedan ser planteados por los diferentes sectores hasta el viernes, debido a que el proyecto cuenta con tratamiento de código.

Asimismo, Núñez agregó que la bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara de Senadores, no tiene inconvenientes de acompañar la postergación del estudio de la propuesta ejecutiva por el plazo de 8 días.

“Este es un proyecto fundamental, cuenta con más de 122 artículos, si existe un desacuerdo sobre algunos de ellos se podrán remitir las modificaciones. Mediante los legisladores cada sector puede presentar los cambios que sugieran. Vamos a hablar con los colegas para habilitar que hasta el viernes se puedan presentar, nosotros estamos abiertos”, dijo Núñez en una conferencia de prensa.

El tratamiento de código implica que las modificaciones deberán plantearse por escrito antes de su tratamiento en plenaria. Los parlamentarios podrán presentar enmiendas por escrito dentro del plazo que el presidente del Senado determine en cada caso. Las comisiones a las que se remitan el proyecto tomarán cuenta de las enmiendas en sus fundamentos y acompañarán las mismas con sus dictámenes.

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En el estudio en particular por el plenario del Senado se votarán sin discusión los artículos no objetados y solo podrán ser discutidos los artículos para lo que se haya observado el procedimiento indicado precedentemente y aquellos aconsejados por la comisión dictaminante.

Por otra parte, Núñez se refirió sobre la propuesta de modificar el reglamento interno de la Cámara Alta, con el objetivo extender el mandato de la actual mesa directiva hasta el 2028. El planteamiento es analizado este miércoles en la plenaria.

Núñez, quien ejerce la presidencia del Senado indicó que la propuesta impulsada desde la bancada del movimiento Honor Colorado, surge con el fin de otorgar al Senado estabilidad y evitar la repartija de cargos en cada elección.

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