El presidente de la República, Santiago Peña, fue abordado por los medios de prensa y consultado sobre los procesos de intervención en los Municipios de Ciudad del Este y Asunción. Peña respondió sobre el discurso de la oposición, la supuesta persecución política hacia el exintendente esteño Miguel Prieto y dijo la decisión final asumida por los legisladores forma parte de un proceso que está contemplado en la Constitución Nacional.

“En el año 2018 la oposición impulsó una destitución de una intendenta que fue electa. En ese momento ellos nunca argumentaron ningún tipo de persecución, decían que se ha hecho justicia. Este es un mecanismo que está reglado, está en la Constitución”, refirió el presidente.

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Así también, aseguró que se cumplieron con todos los procedimientos establecidos, y la Cámara de Diputados, por mayoría, decidió la destitución de Prieto de la administración municipal. “Se hicieron las investigaciones, están las denuncias y finalmente se presentaron los informes y los diputados decidieron la destitución”, expresó.

Respondió también sobre el discurso de acallar las voces disidentes, con la destitución de Prieto, y aseguró que, “tienen todo el derecho de hablar todo lo que quieran”. El sector de la oposición trata de instalar un discurso de persecución, mientras que los informes revelaron serias irregularidades en la administración de Prieto, algunos de ellos presentados ya ante el Ministerio Público.

Por otra parte, sobre la situación del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez y el supuesto blindaje del sector político oficialista, indicó que es una decisión que tomarán los diputados y no existe una bajada de línea del movimiento Honor Colorado. “Es una discusión en Diputados”, sentenció.

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El diputado Rodrigo Gamarra, quien encabeza la comisión especial de intervención de la Municipalidad de Asunción, manifestó que el posicionamiento del movimiento Honor Colorado se ceñirá a lo que refleje el informe final elaborado por el economista Carlos Pereira sobre la gestión del intendente Óscar Rodríguez, que se presentará este viernes.

“Creo que debería ser lo más correcto. La persona que hizo el trabajo técnico, que debe estar sustentando en documentos, son los ojos y oídos en este proceso. Nuestra Cámara se caracteriza por la coherencia. Lo más prudente es esperar el informe”, sostuvo Gamarra, este jueves, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, el legislador manifestó “no sabemos aún qué contiene y en qué está sustentado el proceso de intervención. Rodríguez sostiene que no hay motivos y que toda su administración está documentada y en regla, que no existen causales suficientes para sacarlo o para que renuncie”.

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Gamarra señaló que su recomendación personal a Rodríguez sería que presente su renuncia al cargo en caso de constatarse graves irregularidades en su administración. El proceso de fiscalización se inició el pasado 24 junio sobre seis observaciones señaladas por la Contraloría General de la República (CGR), que derivaron en la intervención.

“Yo soy del mismo equipo que el intendente, es mi amigo, lo conozco y, con todo esto, ante el pedido de intervención nosotros actuamos desde la comisión de manera totalmente imparcial, a puertas abiertas. Si es que hay causales que ameriten llegar a una causa extrema, yo le recomendaría renunciar, pero esta es una posición personal, no del movimiento”, dijo el parlamentario.

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El diputado Hugo Meza se refirió a los casos de intervención desarrollados en Ciudad del Este y Asunción. Respecto al caso de la capital, indicó que será juzgado con la misma vara que la comuna esteña y aseguró que la decisión que vayan a tomar será de acuerdo a las conclusiones y los documentos.

“Procederemos exactamente como hemos procedido con el tema de Ciudad del Este, que no es con una celeridad, sino que estuvo dentro de los plazos establecidos y donde fueron escuchadas todas las partes para tomar una determinación al respecto”, expresó en conversación con varios medios de comunicación.

El legislador mencionó que la destitución a Miguel Prieto es una señal que dio la Cámara a todas las municipalidades del país, de que cuando hay fallas, malversaciones, robo comprobado y documentado no les va a temblar la mano para tomar la decisión que deban tomar y defendió la decisión que tomó el pleno con respecto a Ciudad del Este.

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“Estamos convencidos de que la decisión de destituir al intendente de Ciudad del Este fue lo que correspondía para enviar una señal de transparencia, que es lo que necesitan todos los administradores de la República. Necesitamos una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos”, enfatizó.

Asimismo, indicó que los parlamentarios están a la espera de que el interventor, Carlos Pereira, remita la conclusión final. Indicó que el próximo sábado 23 de agosto se cumplen los 60 días habilitados por resolución para el proceso y estarán pendientes en caso de que se solicite una prórroga por 30 días más.

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Por otro lado, el diputado adelantó algunos puntos que serán tratados en la próxima sesión ordinaria de la Cámara Baja y precisó que el orden del día cuenta con 14 ítems. Entre ellos se encuentra la conformación de la Comisión Bicameral de Presupuesto.

“También la conformación de una Comisión Especial para estudiar el último informe de la Contraloría. Ojalá esta vez podamos tomar una determinación, tanto en la versión Senado como en Diputados en lo que se refiere a protección de datos personales, un tema de mucho interés es la protección a niños y adolescentes ante el criadazgo, creo que son los temas más importantes del próximo martes", detalló.

El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, lamentó la férrea defensa que sigue ejerciendo la oposición al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El líder del movimiento Yo Creo fue apartado ayer del cargo mediante una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, tras graves irregularidades confirmadas por una intervención.

“Los opositores que quieren ser gobierno defendieron hechos de corrupción que fueron verificados, constatados; en vez de llevar en alto la bandera de la transparencia. La ciudadanía con todo esto sacará sus conclusiones. Con esto se ve la incoherencia de estas personas“, sostuvo Núñez en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.

Entre los principales hechos de corrupción que motivaron la destitución de Prieto figuran el uso de comisiones vecinales para saquear el dinero de la comuna, las cuales, según el interventor Ramón Ramírez, eran “simples fachadas”. Otro de los puntos guarda relación sobre el uso de los recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones, que demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.

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Asimismo, el senador comentó que “un total de 50 denuncias tiene Miguel Prieto. Ojalá la Fiscalía General de Estado y el Poder Judicial no se presten a las chicanas. En su gestión hubo robos asquerosos con protección de un gran sector mediático“.

“La caída de Prieto ya era algo anunciado, él cometió varios tipos de corrupción, esto iba a llegar más temprano que tarde. Yo celebró porque no debemos olvidar que fue un intendente corrupto que robó durante la pandemia mediante la compra de víveres”, repudió Núñez.

En el informe final de la intervención, a cargo del economista Ramón Ramírez, se refiere que G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.

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Entre las irregularidades detectadas durante la gestión de Prieto se encuentra una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.

Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. Ramírez también presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no registraron entrada a Tesorería.