Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccio­namiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.

Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Adminis­tración perdonó estas obligacio­nes a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a perci­bir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilida­des de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que apro­vechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional veri­ficó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posterior­mente la suma de G. 1.891 millo­nes, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, pri­vando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestacio­nes médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.

Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el com­promiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exone­ración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que ver­saban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con nin­gún punto del acuerdo homolo­gado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno ante­rior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millo­nes a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo ante­rior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recur­sos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los dere­chos de los asegurados con rega­lías que constituyen un saqueo a la previsional.

Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial uti­lizada como revancha mediá­tica del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurí­dico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el pro­pio Consorcio realizó propues­tas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fue­ron rechazadas por no ser con­venientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asu­mir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma pro­puesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abo­nado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y con­siderando todo el regateo a la previsional para esquivar deu­das históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?

Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecuta­dos conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca cam­paña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Bení­tez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.

Paraguay es sede de la quinta Asamblea General de la Iniciativa de Cooperación en Agricultura entre Corea y América Latina (KoLFACI), un encuentro internacional que reúne a investigadores, técnicos y autoridades del sector agrícola de varios países.

La reunión se realiza en Asunción y congrega a representantes de 15 países de América Latina junto con Corea del Sur, con el objetivo de fortalecer la cooperación científica y el intercambio de conocimientos en el sector agropecuario. El evento será hoy y mañana 10 de marzo de 2026 en el Hotel Hilton Garden Inn de Asunción.

El 4º presidente de KoLFACI y presidente del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), Ing. Agr. Edgar Esteche, instauró la declaración oficial de apertura de la 5ª Asamblea General, agradeciendo la presencia de los representantes de las distintas instituciones. Destacó que esta iniciativa de cooperación para la agricultura en América Latina y el Caribe ha trabajado en conjunto con los Ministerios de Agricultura y institutos de investigación de los diversos países, creando oportunidades para compartir experiencias, conocimientos y promover la transferencia tecnológica.

La iniciativa KoLFACI funciona como una red de colaboración que busca desarrollar nuevas tecnologías para mejorar la producción agrícola y promover prácticas más sostenibles en el campo. A través de este espacio, los países participantes comparten experiencias, avances científicos y proyectos que buscan aumentar la productividad de los cultivos y mejorar la seguridad alimentaria.

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Durante la asamblea se presentan los resultados de distintos proyectos que ya están en marcha dentro de la iniciativa y se definen nuevas áreas de trabajo para los próximos años. Entre los temas que se analizan se encuentran:

• el mejoramiento de cultivos
• el manejo sostenible de los recursos naturales
• y el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas para el sector agrícola.

El encuentro es organizado por el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) con apoyo de organismos internacionales vinculados al desarrollo agrícola. Paraguay cumple actualmente un papel relevante dentro de esta iniciativa, ya que el presidente del IPTA ocupa la copresidencia del programa, lo que posiciona al país como un actor importante en la cooperación agrícola entre Corea y América Latina.

Desde el IPTA indican que este tipo de reuniones es clave para un país como Paraguay, cuya economía depende en gran medida del sector agropecuario. El intercambio de conocimientos y la cooperación internacional permiten acceder a nuevas tecnologías, mejorar la productividad del campo y fortalecer la competitividad del agro paraguayo en los mercados internacionales.

Además, el hecho de que Paraguay sea sede del encuentro refuerza su papel dentro de las redes internacionales de investigación agrícola.

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Jorge Ganoza Roncal, copresidente de la quinta Asamblea General, resaltó los objetivos de esta cooperación y el trabajo de los diversos proyectos orientados a enfrentar desafíos para mejorar la calidad del suelo, la productividad y la calidad genética, en el marco de sistemas agrícolas modernos para América Latina.

Estas investigaciones están orientadas al fortalecimiento de la agricultura en América Latina y comparten el objetivo de impulsar la innovación, la sostenibilidad y mejores resultados para pequeños y medianos productores.

Los proyectos se desarrollan en conjunto con diversos países de la región como Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, entre otros.

Por su parte, el administrador de la Administración de Desarrollo Rural de la República de Corea (RDA), Kwangho Choi, destacó que esta asamblea se realizó por primera vez de manera presencial, señalando que actualmente existen 16 investigaciones conjuntas desarrolladas en 14 países miembros, abarcando áreas como desarrollo de semillas, tecnologías de cultivo apropiadas, manejo postcosecha, agricultura climáticamente inteligente y aplicación de tecnologías digitales.

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Educadores de varios puntos del país comenzaron a llegar hasta la ciudad de Asunción con el fin de iniciar las movilizaciones en torno al tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal, previsto para este miércoles en el Senado, y que esta mañana tendrá dictamen de la Comisión de Hacienda a partir de una reunión con el ministro Carlos Fernández Valdovinos de Economía.

El sitio de partida es la Plaza de la Democracia para marchar hacia el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y luego hasta el punto de concentración, que será la Plaza de Armas, localizada frente al Congreso Nacional con la finalidad de seguir de cerca el dictamen que emitirá la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado en torno a la propuesta ejecutiva cuyo tratamiento en el plenario se encuentra previsto para mañana miércoles 11 de marzo.

“En el Senado, la versión de Hacienda tiene mucha fuerza y creo que hemos tenido reuniones muy importantes con los diferentes sectores, llegamos a acuerdos interesantes con el sector docente”, comentó el senador Silvio Ovelar, quien preside la Comisión de Hacienda y Presupuesto, a los medios de prensa.

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El parlamentario acotó: “Estamos en un orden del 90 a 95 % de acuerdo y lo mismo se da con representantes de las fuerzas públicas, con quienes estamos discutiendo la edad de jubilación“.

Desde tempranas horas de este martes, la Policía Nacional desplegó un contingente de uniformados para el resguardo de la seguridad en dichos puntos de movilización, así como en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la presidencia de la República y la vicepresidencia.

El operativo policial se extenderá hasta el jueves 12 de marzo. Durante los días de movilizaciones, los buses que transporten a los manifestantes hasta Asunción, permanecerán estacionados en la Costanera Norte.

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El presidente de la Asociación de Suboficiales Retirados, Carlos Silvero, indicó que se sumarán este miércoles 111 de marzo a la movilización de los docentes en Asunción, en el marco del tratamiento de la reforma de la caja fiscal en la Cámara de Senadores, para custodiar los derechos adquiridos del sector.

“El 99 % de los líderes de las fuerzas públicas, militares y policías decidimos acompañar la manifestación pacífica, el día de mañana, en Asunción y también en otros puntos del país. Vamos a marcar presencia. Nos plantamos en el hecho de mantener nuestros derechos adquiridos”, refirió el representante gremial, este martes, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El pasado 25 de febrero, las fuerzas públicas presentaron a la mesa técnica del Senado, impulsada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto a cargo de Silvio Ovelar, cuatro peticiones específicas para su estudio. En la contrapropuesta peticionaron modificar la edad mínima, la tasa de sustitución, entre otros puntos que fueron aprobados por Díputados.

Los uniformados solicitan a los senadores la incorporación de una cláusula de protección que establezca un período de 10 años para el personal de la Policía Nacional y de 15 años para las Fuerzas Armadas, como base para el reconocimiento de los derechos adquiridos por el personal activo.

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En la contrapropuesta también plantearon que no sean derogados los artículos de la Ley 7280/2024, referente a la reforma de la Policía Nacional, con el objetivo de proteger los beneficios para pensionados y herederos en casos de fallecimiento en actos de servicio, enfrentamientos, incapacidad o accidentes derivados del cumplimiento del deber.

Requieren revertir la versión aprobada por Diputados, que limita a 3 años el beneficio para las pensionadas. Asimismo, propusieron ajustes técnicos en lo relativo a la devolución de aportes con la finalidad de garantizar un sistema más equitativo.

La propuesta consensuada con las organizaciones de la Policía Nacional, los círculos y clubes de las Fuerzas Armadas y suboficiales fija la jubilación en el 100 % para el personal activo que cumpla con 35 años de servicio y 55 años de edad. Para la jubilación extraordinaria plantean que sea a partir de 20 años de aporte, con el 50 % de la jubilación. Aclararon que no se oponen al incremento de los porcentajes de aporte, siempre que se preserve la integridad de los beneficios establecidos.

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