El director de Procesos Elec­torales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, advir­tió que la nueva interrup­ción en la licitación para la provisión de las máquinas de votación podría compro­meter seriamente los pre­parativos para futuras elec­ciones. “Si no tenemos las máquinas este año, la cues­tión se nos complica enorme­mente”, expresó, señalando la urgencia de una resolución para destrabar el proceso lici­tatorio.

El TSJE prevé iniciar la capacitación del personal en diciembre, aunque manifes­taron que podría postergarse incluso hasta enero o febrero; sin embargo, Ljubetic explicó que de acuerdo a lo previsto con el Ministerio de Econo­mía y Finanzas (MEF), se garantiza el financiamiento del proceso por cuatro años y establece que el primer des­embolso solo se hará tras la entrega efectiva de las máqui­nas.

“Si no recibimos las máqui­nas, entonces no va a haber pago, y tenemos que rene­gociar con el MEF, todo un proceso que nos costó meses cerrar”, enfatizó en una entrevista a Unicanal. La actual situación se ve obsta­culizada por una medida cau­telar otorgada por el Tribunal de Cuentas, a pedido de una empresa, que impide avanzar a la etapa técnica del proceso de evaluación.

En un comunicado de prensa, la Justicia Electoral respondió a la solicitud de suspensión de proceso de licitación para la adquisición de las máquinas de votación electrónica, que fue formulada por algunos senado­res. La máxima autoridad elec­toral afirmó que no interrum­pirá este proceso y rechaza toda intensión de pretender insta­lar dudas sobre la seguridad de este proceso.

“El proceso de licitación pública internacional se viene desarro­llando con absoluta transparen­cia, conforme a la Constitución Nacional, las leyes vigentes y los más altos estándares técnicos y administrativos que rigen la contratación pública”, señala en primer término este comu­nicado. Asimismo, la Justicia Electoral garantizó que este proceso licitatorio, “fue some­tido a todas las instancias de control y supervisión que la nor­mativa establece, garantizando el acceso público a las bases, condiciones y procedimientos en resguardo de la igualdad, la competencia leal y el interés público”.

Seguidamente, se expresa el rotundo rechazo a las inten­siones de instalar dudas sobre esta licitación que se encuentra en pleno proceso. “Se rechaza cualquier insinuación que pre­tenda instalar dudas sobre la seguridad del proceso licita­torio. Las bases y condiciones contemplan requisitos técni­cos que aseguran la adquisición de soluciones tecnológicas veri­ficables, auditables y funciona­les, tal como lo establece la nor­mativa nacional y las mejores prácticas internacionales”, menciona el comunicado.

Finalmente, la institución elec­toral afirma que no interrum­pirá el proceso de licitación.

En un comunicado de prensa, la Justicia Electoral (JE) respondió a la solicitud de suspensión del proceso de licitación para la adquisición de las máquinas de votación electrónica, que fue formulada por algunos senadores. La máxima autoridad electoral afirmó que no interrumpirá la licitación y rechaza toda intensión de pretender instalar dudas sobre su seguridad.

“El proceso de licitación pública internacional se viene desarrollando con absoluta transparencia, conforme a la Constitución Nacional, las leyes vigentes y los más altos estándares técnicos y administrativos que rigen la contratación pública”, señala en primer término este comunicado.

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Así mismo, la JE garantizó que esta licitatación, “fue sometida a todas las instancias de control y supervisión que la normativa establece, garantizando el acceso público a las bases, condiciones y procedimientos en resguardo de la igualdad, la competencia leal y el interés público”.

Seguidamente, se expresa el rotundo rechazo a las intensiones de instalar dudas sobre esta licitación que se encuentra en pleno desarrollo. “Se rechaza cualquier insinuación que pretenda instalar dudas sobre la seguridad del proceso licitatorio. Las bases y condiciones contemplan requisitos técnicos que aseguran la adquisición de soluciones tecnológicas verificables, auditables y funcionales, tal como lo establece la normativa nacional y las mejores prácticas internacionales”, menciona el comunicado.

Finalmente, la institución electoral afirma que no interrumpirá el proceso de licitación. “La Justicia Electoral ratifica que la organización y ejecución de procesos electorales con voto electrónico y listas desbloqueadas constituyen una obligación legal. En tal sentido, informa que la licitación en curso continuará su desarrollo conforme a lo previsto en la ley, garantizando en todo momento la transparencia y el respeto a la soberanía popular”, afirma el comunicado.

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• Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

Actualmente, el Congreso es escenario de discusión del proyecto “De protección de datos personales en Paraguay”, que busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales en relación al uso y tratamiento de la información personal. A pesar de que la intención de la propuesta es valorada, expertos en la materia consideran necesario que Paraguay posea un modelo regulatorio propio.

“Celebro que el tema sea objeto de análisis en nuestro país, pues la sociedad y el mercado así lo requieren, considero que Paraguay se encuentra en un momento crucial, aunque el punto de partida de este tema tuvo una importante omisión, el debate sobre el modelo regulatorio que nuestro país necesita”, afirmó Stephan Vysokolán, abogado y experto con Certificación Internacional en Protección de Datos.

El proyecto de ley fue aprobado el pasado 27 de mayo en la Cámara de Diputados y remitido al Senado para su tratamiento. "La protección de datos como derecho fundamental o como derecho individual del consumidor, este debió ser el punto de partida en el análisis de esta iniciativa“, señaló como uno de los principales cuestionamientos.

Vysokolán agregó que otro punto cuestionable es que un 70 % del documento aprobado por los Diputados es copia fiel del reglamento general de protección de datos de la Unión Europea, razón por la cual será de difícil aplicación y cumplimiento en Paraguay.

“Si bien es importante hacer notar que el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea contiene principios y estándares de cumplimiento y protección muy elevados -extremo que lo convierte a nivel nacional en el instrumento normativo más importante en esta materia-, no podemos ignorar las diferencias entre la sociedad europea y la paraguaya; por ende, una copia textual podría resultar ineficaz e incluso perjudicial para nuestro país“, advirtió.

Sobre el cuestionamiento a la falta de debate sobre el modelo regulatorio que el Paraguay necesita, el experto dijo que “actualmente la normativa europea reconoce tal protección como un derecho fundamental y lo regula en consecuencia bajo esa premisa o circunstancia específica. Por su parte, el modelo regulatorio de Estados Unidos, China y otros países considera a la Protección de Datos como un derecho individual del consumidor“.

Vysokolán acotó a su crítica que “en la Cámara de Diputados en principio debió debatirse este tema, determinar previamente si en Paraguay este derecho sería fundamental o un derecho del consumidor, y a partir de ello, optar por el modelo regulatorio que sería considerado la base de nuestra legislación, sea un modelo centralizado, híbrido o cectorial".

El abogado insistió en que se debió dar participación en la discusión del proyecto de ley a autoridades nacionales y representantes del sector privado. “El Estado paraguayo, de acuerdo a sus políticas públicas en materia de captación de inversiones, debe establecer el norte a seguir y tal cuestión debió ser comunicada al Congreso", remarcó.

Agregó que, a partir de ello, si nuestro país tiene intenciones a largo plazo de establecer mayores lazos comerciales con Europa, es probable que sea más conveniente tener en cuenta varios aspectos del reglamento general de la Unión Europea; pero si por el contrario, las políticas públicas en materia de inversiones nos focalizan en acuerdos con Estados Unidos, China, Brasil, entre otros, “lo recomendable sería adaptar nuestra legislación a la tendencia de tales países en materia de protección de datos”, enfatizó.

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Vysokolán refirió que la regulación europea en materia de protección de datos es altamente restrictiva y contiene estándares de cumplimiento elevados en cuestiones relacionadas con la innovación y la tecnología.

“Importar ciertos aspectos de tal regulación podría afectar a las importantes inversiones que empresas paraguayas están realizando, como así también inversiones extranjeras que pretenden desembarcar en nuestro país en el rubro de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las Fintech, entre otros modelos de negocios“, puntualizó.

Añadió que una regulación altamente restrictiva en materia de protección de datos, tal como se plantea en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, “podría ahuyentar capital extranjero, viéndose afectada de esa manera nuestra economía nacional. Otra cuestión a tenerse en cuenta son los altos costos que implica tener una regulación rigurosa y restrictiva en materia de protección de datos, especialmente para las entidades financieras, de crédito y las pymes“.

El experto manifestó que considerado las políticas públicas actualmente trazadas por el gobierno de Santiago Peña, en materia de captar inversiones, “la opción más viable sería establecer un modelo regulatorio híbrido, de esa forma, nuestra regulación tendría mayor versatilidad y eso facilitaría la labor del gobierno como del empresariado paraguayo en su afán de captar inversión extranjera, pues, la existencia de barreras altamente restrictivas en materia de protección de datos podría ahuyentar a potenciales inversores de regiones especificas del continente".

Finalmente, Vysokolán considera que contar con una Ley General de Protección de Datos Personales será una oportunidad para fortalecer la confianza de los ciudadanos con respecto al tratamiento de sus datos, que a su vez es un aspecto clave en la atracción de inversión extranjera.

“Esto también tiene directa relación con el acceso a la innovación que todo país tercermundista requiere. Pero para lograr lo expuesto, debemos evitar la trampa de la copia fácil y optar por un modelo regulatorio que adecue a nuestro país“, concluyó.

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