El proyecto de ley “que declara emergencia nacional por feminicidios” será analizado en una audiencia pública organizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Este martes, la comisión asesora inició el estudio de esta iniciativa, donde también participaron autoridades del Ministerio de la Mujer.
Tras este estudio en comisión, la diputada Roya Torres, presidenta de la Comisión de DDHH, anunció que se realizará una audiencia pública para discutir sobre el proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
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“Hemos resuelto convocar a una audiencia pública con participación de todas las instituciones involucradas en la prevención y atención a las víctimas de violencia, a fin de ajustar la ley de emergencia nacional. También realizaremos otras reuniones en las que procederemos a la revisión del proyecto, de tal manera a aprobar una normativa viable”, adelantó la legisladora.
Este proyecto de ley busca establecer acciones concretas de prevención, mediante un trabajo coordinado con todas las instituciones estatales; promover la difusión de campañas de difusión sobre mecanismos de atención a las mujeres en situación de violencia en todas sus formas; y campañas de prevención permanente en los medios de comunicación del Estado.
Asimismo, la normativa busca poner en funcionamiento nuevos refugios o dispositivos de asistencia y albergue, como instancias transitorias para las mujeres, con hijos e hijas si los hubiere, en situación de violencia, entre otros puntos.
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Diputados otorgan dictamen favorable para acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Singapur
Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, dieron dictamen favorable al proyecto de ley “Que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Singapur”, que ya cuenta con media sanción del Senado.
Esta mesa asesora, presidida por el diputado colorado Juan Manuel Añazco, analizó en la fecha el acuerdo de libre comercio que fue suscrito en Río de Janeiro, el 7 de diciembre de 2023, que busca eliminar aranceles y reducir barreras no arancelarias para facilitar el comercio entre ambas partes.
Esta reunión se realizó en forma conjunta con la participación de los diputados miembros de la Comisión de Asuntos Económicos, cuya presidencia corresponde al legislador colorado Carlos Núñez. Al momento de su estudio, la comisión estuvo encabezada por el diputado César Cerini.
El documento destaca que este acuerdo comercial es el primero del Mercosur con un país del sudeste asiático y abarca temas como el comercio de bienes y servicios, inversión, compras públicas, propiedad intelectual, entre otros.
La exposición de motivos destaca que el acuerdo se estructura en tres pilares principales: comercio, diálogo político y cooperación. Representa un paso estratégico en la política de integración internacional del Mercado Común del Sur (Mercosur), de acuerdo a las fundamentaciones.
“El objetivo es la creación de una zona de libre comercio conforme a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC), abarcando no solo bienes y servicios, sino también inversiones, comercio electrónico, propiedad intelectual, contratación pública y más”, señala el proyecto de ley.
Uno de los principales logros del tratado sería la apertura inmediata del mercado de Singapur para los productos del Mercosur, mediante la eliminación total de aranceles de importación desde la entrada en vigor del acuerdo, según se explicó.
Comercio transparente
La propuesta legislativa señala que este acuerdo introduce un sistema híbrido de certificación de origen - auto certificación o certificado tradicional -, brindando mayor flexibilidad y trazabilidad.
Señala que incorpora disposiciones avanzadas en comercio de servicios y comercio electrónico, posicionándose como el acuerdo más moderno firmado por el Mercosur en materia digital.
En contratación pública, destaca que se garantizan reglas de transparencia y no discriminación, con márgenes de excepción para preservar sectores estratégicos nacionales.
En cuanto a defensa comercial, señalan que se mantienen mecanismos antidumping y salvaguardias para proteger industrias sensibles.
Impacto directo en la economía paraguaya
En la exposición de motivos igualmente, señalan que el acuerdo promete impactos positivos para varios sectores productivos de Paraguay. La agroindustria, con productos como carne bovina, soja, aceites vegetales y leche en polvo, sería una de las principales beneficiarias del acceso preferencial al exigente mercado del país asiático.
“La industria de bebidas y biocombustibles, especialmente el alcohol etílico, también encuentra una nueva ventana de exportación. La importación de maquinaria y tecnología desde Singapur se facilitará, lo que podría aumentar la competitividad industrial local", precisa el documento.
Asimismo, señala que en el sector de servicios, se prevé una mejora en la participación paraguaya en áreas como logística, almacenamiento, servicios empresariales y financieros.
Destacan que Singapur es el cuarto centro financiero del mundo, mantiene una extensa red de acuerdos comerciales que incluye Estados Unidos, Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur, etc.
La exposición de motivos señala que este acuerdo permitirá a nuestro bloque regional, en especial, Paraguay, insertarse activamente en cadenas regionales y globales de valor, abriendo nuevas rutas de comercio y cooperación.
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Ministra de Obras asegura que reforma de transporte no prevé aumento de pasajes
La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, acudió este lunes a la Cámara de Senadores con el fin de aclarar las consultas planteadas por los líderes y vicelíderes de las diferentes bancadas en torno al proyecto del Poder Ejecutivo que plantea la reforma del transporte público metropolitano.
Tras el encuentro, la funcionaria de Estado aseguró a los ciudadanos que la reforma no plantea el aumento del precio del pasaje. “Nuestro sistema hoy no contempla aumento del pasaje, se mantiene plenamente. Este proyecto de ley también establece lo que se llama una integración tarifaria, es decir que se puedan hacer transbordo sin que los ciudadanos tengan que pagar nuevamente un pasaje”, dijo a los medios de comunicación.
La funcionaria de Estado detalló que la propuesta propone una alianza público-privada para la provisión y operación de buses. “Las experiencias nos indica que los sistemas de transporte son grandes alianzas públicos-privadas, donde el Estado tiene el rol de imponer las condiciones bajo las cuales tiene que operar el sistema”, indicó.
Señaló que el nuevo modelo para la provisión y operación de buses se encuentra integrado por dos elementos: la provisión de la flota mediante un sistema de “leasing operativo” y la operación pagada por kilómetros recorridos y pasajeros transportados. La provisión de flota así como los itinerarios serán a través de licitación pública.
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Centurión agregó que “nosotros venimos a cambiar las reglas, queremos que aquellos empresarios que tengan la voluntad de ser parte del nuevo sistema del transporte público tengan la oportunidad de ofrecer sus servicios. Las empresas que no quieran ser parte de la reforma, sus itinerarios concedidos terminarán y ya no habrá renovación para ellos“.
Señaló también que el Estado invertirá un total de USD 300 millones para la compra de 1.000 buses. Asimismo Centurión acotó: “Todos los fondos que recauda el sistema a través de los pasajes irán en un fondo fiduciario; estará perfectamente establecida la tarifa técnica, el pago por kilómetros que se le pagará al operador de la flota y por otra parte el pago de la cuota por la provisión de la flota”.
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Proyecto busca endurecer penas por los delitos de corrupción
La Cámara de Diputados analizará en su sesión ordinaria del martes el proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, para establecer castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
La iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.
Sostienen que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El proyecto, que se encuentra en su primer trámite y plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.
Además, incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración
Entre las principales modificaciones están la de: Lesión de confianza (Art. 192), cuya pena actual es hasta 5 años o multa, y se propone subir a 25 años para funcionarios públicos en los casos graves. En lo que refiera asociación criminal (Art. 239), contempla solo hasta 5 años y sugieren elevar de 10 a 15 años para funcionarios públicos. Con relación al cohecho pasivo (Art. 300), actualmente se castiga con hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces y se recomienda de 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces, entre otras modificaciones.
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Diputados evaluará penas más severas para funcionarios públicos por corrupción
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar en su sesión ordinaria de este martes un proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
La exposición de motivos argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.
Asimismo, señala que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.
El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración. La iniciativa busca reforzar “la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas”, según expresó el diputado en su fundamentación.
Principales modificaciones
Lesión de confianza (Art. 192)
Pena actual: Hasta 5 años o multa
Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).
Exacción (Art. 312)
Pena actual: 10 años o con multa
Pena propuesta: 10 a 20 años
El artículo 2 del proyecto de ley presentado también establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:
Asociación criminal (Art. 239)
Pena actual: Hasta 5 años
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Quebrantamiento del depósito (Art. 298)
Pena actual: Hasta 2 años o multa
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Cohecho pasivo (Art. 300)
Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces
Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces
Cohecho pasivo agravado (Art. 301)
Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces
Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces
Prevaricato (Art. 305)
Pena actual: 2 a 5 años
Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)
En el artículo 3 del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la ley n.º 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:
Enriquecimiento ilícito (Art. 3)
Pena actual: 1 a 10 años
Pena propuesta: 10 a 15 años
Tráfico de influencias (Art. 7)
Pena actual: hasta 3 años
Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).
Administración en provecho propio (Art. 8)
Pena actual: hasta 10 años
Pena propuesta: 15 a 25 años.