Gladys Fernández, encargada de Control de Gastos del Estado de la Contraloría General de la República, dijo que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no remitió todas las documentaciones solicitadas para verificar los gastos de los fondos sociales, específicamente las que corresponden a pagos a proveedores, crucial para una auditoría.

Tras la reunión de la mesa directiva del Senado, en la que fue convocado el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, y el contralor general Camilo Benítez, este último se refirió acerca de la “inmensa” cantidad de documentos que fueron remitidos por la EBY. Aclaró que muchos de estos no tienen que ver con el pedido realizado. “Yo particularmente creo que no enviaron todo lo solicitado”, dijo Benítez.

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Órdenes de pago sin justificativo

Por su parte, Fernández indicó que hasta el día de hoy la información entregada es parcial. “Es parcial y esto no nos da elementos suficientes como para sustentar una opinión técnica”, dijo y al ser consultada acerca de cuáles documentos faltarían, indicó: ”Los pagos hechos con estos fondos de gastos sociales”. Señaló que tiene los pagos comprometidos, pero ningún sustento de esos estos.

“Nosotros hemos pedido cuánto se previó para ejecutar y no tenemos cómo constatar y comparar esto, ya que la información no la hemos recibido aún. Si bien enviaron fotocopias de las órdenes de pago y otras documentaciones, no son suficientes para que podamos expedirnos y emitir una conclusión”, expresó la encargada de Control de Gastos de la Contraloría.

El contralor, consultado sobre si existe una intencionalidad de parte del director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, afirmó que no puede asegurar esto. Indicó que el mandato del Senado es una auditoría de los 10 últimos años. Sin embargo, la Contraloría tiene como mecanismo auditar desde lo más reciente a lo más antiguo. Hasta el momento, las órdenes de pago del 2019 no cuentan con documento mínimo, indicó.

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