El Gobierno, encabezado por el presidente de la República, Pedro Alliana, emitió un comunicado sobre el procedimiento fiscal policial realizado en Mburuvicha Róga en el marco de las investigaciones en la causa que investiga al expresidente Santiago Peña, relacionado con la resolución de Ueno Bank.

“Garantiza plena colaboración con la justicia y respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial en el marco del allanamiento a Mburuvicha Róga”, señala el comunicado emitido desde la presidencia de la República tras darse a conocer el allanamiento realizado en la casa presidencial.

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Así también, el mandatario asegura que no habrá impunidad ni privilegios para los responsables de esta situación financiera generada por un banco. “Cero impunidad y cero privilegios: nadie está por encima de la ley. El Ejecutivo seguirá trabajando para que se esclarezcan los hechos y para que los ahorristas de Ueno Bank sigan cobrando”, afirma el comunicado.

El procedimiento fiscal se da en torno a la investigación abierta contra Santiago Peña, a quien se le atribuye la presunta comisión de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor. La comitiva encabezada por las fiscales Silvia González y Laura Giacummu, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, busca documentaciones y circuito cerrado de la casa presidencial.

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El presidente de la República, Pedro Alliana, anunció la suspensión de los cortes por falta de pago a la Administración Nacional de Electricidad (Ande). Esto se debe a lo ocurrido con la resolución de Ueno Bank y su impacto en la economía de las familias paraguayas.

“No vamos a dejar sin luz a las familias paraguayas por falta de pago. Le pedí al presidente de la Ande, Félix Sosa, tomar medidas para aliviar el bolsillo de la gente, especialmente de las familias afectadas por la situación de Ueno Bank”, dio a conocer el mandatario a través de redes sociales.

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“Desde hoy y hasta el 31 de diciembre, se suspenden los cortes de luz por falta de pago para los usuarios de baja y media tensión incluidos en esta medida. Además, las familias podrán pagar sus deudas hasta en 24 cuotas, sin intereses ni multas por atraso. La primera cuota podrán pagarla con su próxima factura”, amplió sobre las directivas brindadas a la empresa estatal.

Otro punto muy importante que fue ratificado por Alliana corresponde a que la tarifa de la Ande no será reajustada. “Y algo muy importante. La Ande no aumentará el precio de la luz durante al menos un año”, citó. “En estos momentos difíciles, quiero que sepan que estoy de su lado”, remarcó el jefe del Ejecutivo como mensaje final.

En una de las primeras medidas ordenadas por el principal administrador del Estado, dio directivas al Director Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, para no aplicar multas por atrasos en el caso de los afectados por el cierre de Ueno Bank.

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El presidente de la Unión Industrial del Paraguay (UIP), Enrique Duarte, se refirió al comunicado emitido por gremios empresariales, en el cual exigen al presidente de la República, Pedro Alliana, para tomar medidas urgentes para dar soluciones a la situación financiera generada con la resolución de Ueno Bank. El empresario indicó que existen altas expectativas para dar respuestas por parte del Ejecutivo, y que ya no existe margen de error.

“Nosotros realmente tenemos altas expectativas porque la situación amerita un tratamiento urgente, tratar esta situación no como una cuestión normal; acá estamos en una situación realmente de crisis, y Paraguay hoy, con toda la situación creada, con todo lo que se generó en el mercado, ya no tiene margen de error”, refirió al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Duarte detalló que se reunieron con parte del gabinete del presidente Alliana, que expusieron un interés para buscar una salida a esta situación. “Ahí nosotros y en función de conversaciones que hemos tenido con el ministro de Economía, con el ministro de Obras Públicas, nosotros entendemos que hay un interés respecto a buscar corregir el rumbo, buscar la forma de poder salir de esta situación”, mencionó.

Sin embargo, Duarte señaló que una de las acciones inmediatas es sincerar de una vez por todas los gastos públicos y la estructura del Estado. “Hay que ser realistas y el primer paso, la solución más simple es que vamos a alzar impuestos; la cosa no tiene que ir por ahí, la cuestión tiene que venir y una vez por todas con sincerar el gasto público, buscar la eficiencia de la estructura y la burocracia estatal, para tratar temas tan sensibles como es el tema de la caja fiscal, que otra vez va a impactar este año y el año que viene de forma considerable sobre el presupuesto”, apuntó.

“Sobre todo, de una vez por todas, que las instituciones funcionen, si bien la salida de esta crisis mostró un nivel de institucionalidad importante a nivel país, sin embargo, todo esto ocurrió por la fragilidad de los controles, fragilidad o complicidad de los controles; eso ya no podemos permitir”, sentenció.

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Solicitan mayor austeridad en el gasto público y medidas concretas para recuperar los recursos comprometidos por la crisis de Ueno Bank.

Los principales gre­mios empresariales y organizaciones de la sociedad civil dirigieron una carta al presidente de la Repú­blica, Pedro Alliana para exi­gir una reformulación inte­gral del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, mayor austeridad en el gasto público y medidas concretas para recuperar los recursos comprometidos por la crisis de Ueno Bank. El documento, fechado el 10 de noviembre de 2026, cuenta con la adhesión de numerosas organizaciones, entre ellas la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Federa­ción de la Producción, la Indus­tria y el Comercio (Feprinco) y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP).

En la misiva, los sectores fir­mantes advierten que la cri­sis política y financiera exige respuestas inmediatas del Gobierno para preservar el grado de inversión, recupe­rar la confianza de los mer­cados y proteger el empleo. “Paraguay no tiene más margen de error”, expre­san en el documento.

Asimismo, reclaman inves­tigar las fallas de supervi­sión y las eventuales res­ponsabilidades de quienes debían controlar las ope­raciones de la entidad ban­caria. Uno de los principa­les cuestionamientos de los gremios apunta al proyecto de PGN 2027, actualmente sometido a consideración del Congreso Nacional. Según los firmantes, la propuesta presupuestaria no contem­pla adecuadamente las con­secuencias económicas de la crisis de Ueno Bank y con­tiene previsiones que con­sideran alejadas de la reali­dad. En ese contexto, estiman que el perjuicio para las arcas públicas podría representar entre el 1,5 % y el 2 % del pro­ducto interno bruto (PIB).

También mencionan los ahorros comprometidos de casi tres millones de para­guayos, la disminución de la actividad comercial y la pér­dida de más de 5.000 puestos de trabajo, cifra que, según advierten, podría continuar aumentando. A ello suman el deterioro de las condiciones para emitir deuda soberana y el riesgo de cierre o reduc­ción de numerosas pequeñas y medianas empresas. Estas cifras corresponden a esti­maciones y afirmaciones de los gremios expresadas en la carta. “No se puede aprobar un presupuesto como si una crisis no hubiera ocurrido”, sostienen.

Los gremios proponen revi­sar integralmente el PGN 2027, utilizando proyeccio­nes realistas de ingresos y gastos, además de garantizar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la convergencia hacia un défi­cit del 1,5 % del PIB. Entre sus principales planteamientos figuran la reducción del gasto corriente improductivo, la eliminación de aumentos salariales injustificados y el recorte de gastos considera­dos superfluos.

Manifestaron su disposición de colaborar técnicamente con el Gobierno en la reformulación del presupuesto y las medidas necesarias para recuperar la confianza económica.

La carta también incluye pro­puestas para reorganizar dis­tintas áreas del Estado. Entre ellas, los gremios plantean integrar la Secretaría Nacio­nal de Turismo (Senatur) al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), mediante las modificaciones legales correspondientes. Además, solicitan fortalecer la recau­dación de peajes con partici­pación de la Dirección Nacio­nal de Ingresos Tributarios (DNIT), impulsar controles contra el contrabando y revi­sar determinados regímenes laborales del sector público. Otro de los puntos es dotar de presupuesto al Consejo de Seguridad Social, para asegu­rar el funcionamiento de la Superintendencia de Jubila­ciones y Pensiones.

Además de los reclamos, las organizaciones empresa­riales manifestaron su dis­posición de colaborar técni­camente con el Gobierno en la reformulación del presu­puesto y las medidas nece­sarias para recuperar la con­fianza económica.

Entre sus compromisos men­cionan impulsar inversiones productivas, generar empleo formal, fortalecer los estánda­res de transparencia empresa­rial y ejercer vigilancia sobre las contrataciones y el uso de los recursos públicos.

Los firmantes sostienen que la exigencia de integridad debe alcanzar tanto al sec­tor público como al privado, sin distinciones por víncu­los políticos o económicos. “Ningún cargo, vínculo polí­tico o poder económico debe proteger a los responsables”, remarcan.