La directora del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), Jabibi Noguera, se refirió al reciente informe de la Contraloría General de la República que detecta millonarias irregularidades en la gestión de la institución. La funcionaria aclaró que asumió el cargo el 30 de julio de 2024, apenas 24 horas antes de la llegada del equipo auditor.

“El trabajo es mucho y estamos tratando de hacer, lo que la contraloría dice para nosotros es mostrarnos el problema, es decir, tenemos el problema ahora cómo solucionamos, es una oportunidad, es una crisis que al final ayudará para bien“, dijo en conversación con “Arriba Hoy”, emitido por Universo 970 AM-GEN/Nación Media.

El informe del órgano contralor señala pérdidas superiores a G. 58.000 millones debido, principalmente, a compras inadecuadas de medicamentos. “Llegué un día antes de que se instalara la Contraloría. Desde entonces, fuimos proveyendo toda la documentación requerida”, expresó.

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A esto añadió, “no puedo hablar de lo que ocurrió en las administraciones anteriores porque no me compete. Yo puedo hablar desde mi gestión: qué estamos haciendo y cómo estamos trabajando”, afirmó Noguera.

La actual administración asegura haber comenzado un proceso de fortalecimiento interno, enfocado en tres ejes críticos: infraestructura, recursos humanos y provisión de medicamentos. “En las primeras entrevistas que di ya hablé de las debilidades del INCAN: falta de mantenimiento edilicio, falta de personal y la necesidad de asegurar una provisión continua de medicamentos”, recordó.

Entre las acciones emprendidas, Noguera destacó la contratación de médicos, enfermeros y personal de apoyo, así como el inicio de un plan de reestructuración edilicia. “Ya comenzó la readecuación de la planta alta del área de internados. En una segunda etapa se abordarán los quirófanos y otras áreas. Además, está próxima la construcción de un nuevo pabellón con consultorios, farmacia, admisión y un parque sanitario”, detalló.

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La directora aseguró que los esfuerzos apuntan a mejorar la calidad del servicio para los pacientes oncológicos, quienes constituyen una población especialmente vulnerable. El informe del ente contralor hace mención de compra de medicamentos vencidos, entre otras irregularidades que tendrían origen en el periodo de gobierno anterior, dado que la auditoría abarca el 2023 y 2024.

El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República (CGR), Armindo Torres, rechazó que la institución esté siendo utilizada como un garrote político contra el exmandatario Mario Abdo Benítez. Mediante un examen de correspondencia realizados a las empresas del rubro asfalto Aldia S. A. y Createc S. A., vinculadas al expresidente, el órgano extrapoder halló puntos llamativos como reservas sin respaldo documentales y deudas dudosas.

“Se dice que a la Contraloría se le utiliza como garrote político para perseguir a las personas, pero esto ni siquiera fue una denuncia, es un reporte, un informe técnico que pusimos a conocimiento del Ministerio Público para que se pueda profundizar”, indicó Torres en una entrevista con el programa “Cara o cruz” emitido por Unicanal.

El gobernador de Guairá y presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, realzó el impacto de Hambre Cero en las Escuelas como uno de los programas sociales más grandes que está se está llevando adelante, al hacer una evaluación de los dos años de gestión del Gobierno nacional y de los gobiernos departamentales.

“Estamos cumpliendo un año del programa Hambre Cero, dos años de gestión. Realmente tuvimos una gran responsabilidad, el presidente nos encomendó una gran responsabilidad de llevar adelante con el Ministerio de Desarrollo Social, el compromiso de Hambre Cero, el mayor plan social de la historia del país”, sostuvo Sosa, este lunes en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Nueve personas fueron asistidas luego del siniestro en el parque industrial de la empresa Nuestra Señora de Asunción en la compañía Maka´i de la ciudad de Luque. Del total, dos requirieron internación, pero se encuentran estables.

El director de Redes y Servicios del Ministerio de Salud, Gustavo Ortiz, confirmó que, de las nueve personas atendidas por el incendio en Luque, seis son del cuerpo de bomberos voluntarios. Dos víctimas fueron derivadas al hospital de Luque por signos de intoxicación por humo y por quemaduras leves, explicó el director en conversación con canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

Autoridades trabajan en localizar a un hombre de 77 años de nacionalidad argentina que habría ingresado al Parque Nacional Cerro León junto con un amigo y se habrían perdido.

El hombre desaparecido es Wenceslao Benoit, de quien no se tiene ninguna información ni se ha logrado un contacto desde el pasado 31 de julio. Según la denuncia, habría ido hasta el Parque Nacional actuando de guía, ya que se encontraba en compañía de un ciudadano belga; aparentemente, ambos hombres se separaron y se perdieron.

En cuidados intensivos del Hospital San Jorge se encuentra el diputado Derlis Rodríguez, quien sufrió una insuficiencia pulmonar aguda. El doctor César Delmás, director del Instituto Nacional de Cardiología, informó que el legislador llegó a las 3 de la madrugada del domingo, derivado del hospital de Coronel Oviedo, con sospecha de haber sufrido un infarto, algo que ya quedó descartado.

“Como tenía un cuadro pulmonar, entra en un cuadro de insuficiencia aguda, que es la falta de aire de forma súbita, eso lleva a un paro cardiorrespiratorio”, explicó este lunes al canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media el director.

La ciudad de Encarnación experimenta una dinámica económica y turística sin precedentes con miras al Mundial de Rally 2025, además de los vuelos directos que se tendrán a Buenos Aires.

“Estamos muy conformes con todo lo que se logró. Esto es una bendición para Itapúa y para Encarnación como epicentro del evento”, señaló Conrado Kiener, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación (Cacise).

El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República (CGR), Armindo Torres, rechazó que la institución este siendo utilizada como un garrote político contra el exmandatario Mario Abdo Benítez. Mediante un examen de correspondencia realizado a las empresas del rubro asfalto Aldia S. A. y Createc S. A., vinculadas al expresidente como accionista mayoritario, el órgano extrapoder halló puntos llamativos como reservas sin respaldo documentales y deudas dudosas.

“Se dice que a la Contraloría se le utiliza como garrote político para perseguir a las personas, pero esto ni siquiera fue una denuncia, es un reporte, un informe técnico que pusimos a conocimiento del Ministerio Público para que se pueda profundizar”, indicó Torres en una entrevista con el programa “Cara o cruz”, emitido por Unicanal.

Entre las inconsistencias detectadas se destaca que, entre 2020 y 2022, el 90 % de las ganancias equivalentes a G. 292.000 millones fue destinado íntegramente a reservas operativas, sin que exista documentación que respalde su uso para los fines establecidos. Además, en 2023 surgió una inversión de G. 40.000 millones sin origen justificado.

“Antes de tener estos datos (documentaciones), no vamos a poder concluir el examen de correspondencia. Sería importante poder profundizar. Si está todo justificado, entonces excelente”, comentó Torres.

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Otro punto que llamó la atención de la Contraloría se centra en que el 66 % de los montos declarados como reserva corresponde a deudores por ventas, cuando varios de esos presuntos deudores niegan la existencia de obligaciones con ambas firmas donde el líder del movimiento Fuerza Republicana es el principal accionista.

El examen fue realizado por pedido de Abdo Benítez en el año 2024 y, por petición de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el informe sobre las incongruencias fue remitido al Ministerio Público. Este hecho imposibilitó a la Contraloría finalizar el estudio sobre las declaraciones juradas del exmandatario.

A esta circunstancia se suma la denuncia publicada por el portal argentino PeriodismoyPunto, el pasado 20 de julio, a través de una filtración de una fuente confidencial que señala dos registros bancarios en islas Seychelles, con 21 millones de dólares que tendrían como beneficiarios a Abdo Benítez y su esposa. La investigación del periodista Luis Gasulla indica que un monto de USD 12 millones se radicó en noviembre de 2022, cuando el político paraguayo todavía era presidente de la República.

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La directora de Control Gubernamental de la Contra­loría General de la República (CGR), Gladys Fernández, explicó que a partir de ayer se puso en vigencia el nuevo plan financiero de auditoría, que prevé una auditoría finan­ciera al Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos resultados se conocerán en 2026. Este plan se aplica luego de la pre­sentación del dictamen sobre el ejercicio fiscal del 2024 por parte del contralor general Camilo Benítez ante el Con­greso Nacional.

“Está previsto, no solamente esa auditoría financiera, sino también combinada a una audi­toría que van a participar otras áreas de apoyo, como la de con­trataciones, de bienes patrimo­niales, una auditoría integral. Se va a incluir también el fondo de jubilaciones, que a partir de este mes también está pre­visto que podamos controlar”, indicó para “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“La modalidad va ser una auditoría financiera y de cum­plimiento, cuando hablamos de auditoría financiera, es una auditoría más compleja, abarca muchos aspectos, por­que en la misma definición de la auditoría financiera tiene que tener errores, sesgos y fraude, quiere decir que el auditor tiene que identificar riesgos de fraude”, agregó la directora del ente contralor.

Señaló que una auditoría financiera, es más com­pleja y llevará más tiempo, teniendo en cuenta que abarca más rubros, más áreas, se aplican más proce­dimientos, no se trata de una fiscalización puntual, inme­diata y rápida, que “tiene un procedimiento, pero que también se sustancia en evidencias mucho más fuer­tes, mucho más convincen­tes, mucho más confiable”. Mientras que la auditoría convencional es una veri­ficación del grado de cum­plimiento de las normativas legales y en vigencia.

El tiempo estimado para con­cluir esta auditoría, depende de la institución, si es que coo­pera, y, en este caso, el presi­dente, Jorge Brítez, solicitó la auditoría, “lo que es un primer gran paso”, de acuerdo a la directora de la Contralo­ría. “El presidente presentó un pedido de auditoría finan­ciera justamente a los fon­dos de IPS y, como nosotros, recién ahora, todos los audito­res estaban abocados a la cul­minación del informe princi­pal que presenta el contralor al Congreso, se estaban culmi­nando las auditorías, y quedó esta auditoría (del IPS) que comience este mes, que en una semana ya estaríamos comu­nicando”, detalló Fernández.