El contralor general de la República, Camilo Benítez, acudió este martes ante el Senado con la finalidad de profundizar sobre el informe emitido por su institución en torno a la ejecución del programa Hambre Cero en las escuelas. Durante la ocasión requirió al Congreso Nacional mayor presupuesto para garantizar los procesos de fiscalización.

“Que alguien te esté permanentemente vigilando hace que uno tenga la obligación mayor de comportarse de manera más decorosa. Nosotros estamos destinando mucho dinero en viáticos para hacer estos recorridos en el interior del país. Le ruego que nos siga apoyando desde el Congreso con la aprobación de recursos, la idea que tengo yo es que las fiscalizaciones se hagan todo el día del año escolar in situ de manera sorpresiva y aleatoria, solo que nuestro presupuesto ejecutado nos alcanza para unos meses más, después probablemente vamos a tener que solicitar una ampliación”, indicó.

El titular de la Contraloría fue convocado ante la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara Alta, tras exponer la existencia de algunas irregularidades en un informe de monitoreo al programa Hambre Cero. El documento fue elaborado luego de realizar una fiscalización a un total de 350 escuelas.

“Este es el primer corte del año que realizamos, hemos encontrado aspectos tanto positivos y negativos. Entre los puntos positivos, vemos una mayor asistencia escolar, una satisfacción generalizada de la sociedad en cuanto a la política de distribución de la alimentación escolar, vemos mucho contento en toda la región especialmente en el interior del país”, dijo.

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En cuanto a las observaciones negativas, Benítez detalló que el punto central sigue siendo la falta de infraestructuras. “Existe una enorme falta de infraestructura, la mayoría de las escuelas no tienen comedores, vemos falta de utensilios, platos y cubiertos, esto se tiene que corregir inmediatamente”, puntualizó.

Benítez agregó que otra deficiencia es el faltante de alimentos, esto debido a la desactualización del Registro Único del Estudiante (RUE). Igualmente requirió el correcto funcionamiento del Sistema Integrado de Alimentación Escolar.

“Si es que esto funciona nos ayudará mucho a nosotros porque obliga a los directores de todos los colegios a que carguen la información completa día a día sobre la cantidad de niños que consumieron los alimentos y la calidad del servicio, pero esto no está funcionando”, comentó.

Señaló también otro aspecto negativo se centra en la existencia de empresas que no proporcionan a tiempo sus insumos para la preparación del almuerzo escolar. “Esto amerita una sanción, no queremos que esto se normalice”, sentenció.

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El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) informó que este lunes se llevó acabo la reunión inicial de la auditoría realizada por el Servicio Nacional de Inspección de Carnes (NMIS, por sus siglas en inglés) en el marco del proceso de apertura de mercado para la exportación de productos cárnicos de las especies bovina, porcina y aviar a la República de Filipinas.

El equipo de auditores se encuentra compuesto por el jefe de la delegación, Roie Lee Nanding Cataluña, además de Rudio Gabaldon Abulencia, Florence Veluz Villaflores y Michael Arellano Monterey. La reunión contó con la presencia del presidente del Senacsa, José Carlos Martin, el cónsul general honorario de Filipinas, Carlos Ruffinelli, la viceministra de Relaciones Económicas e Integración, Patricia Frutos, y directores generales.

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El presidente del Consejo de Gobernadores, César Luis Sosa, afirmó que ya han tomado los recaudos necesarios respecto a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, la cual plasmó sus observaciones sobre la aplicación de Hambre Cero en las distintas observaciones. El jefe departamental aseguró que no se tolerarán las irregularidades.

“Se han tomado las medidas necesarias, se han hecho los descargos correspondientes y ya se ha notificado a las diferentes empresas para que tomen los recaudos necesarios, vamos a ser implacables con esto, no vamos a permitir que haya irregularidades y cada gobernador está cuidando eso en su departamento ”, expresó.

En contacto con La Nación/Nación Media, Sosa manifestó que analizaron el documento remitido por el órgano contralor y pese a que este contó con ciertas observaciones, estas no representaron un problema grave dentro del programa, sino más bien ciertos ajustes a tener en cuenta y que está dentro del margen de error previsto en un programa tan grande como este, cuya aplicación es reciente.

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“Algunas observaciones son básicas en el sentido de señalar utensilios, bachas e infraestructura, que son cuestiones que suelen pasar cuando uno empieza el trabajo, siempre un gran proyecto tiene hasta un 10% de margen de error, y esto no llegó ni a un 5%, ya todo se ha subsanado en cuanto a algunas gobernaciones que tuvieron más observaciones”, informó.

El jefe departamental refirió además que están próximos a lanzar una campaña “Todos somos contralores”, de modo a alentar a la ciudadanía en general y todos los actores estatales a denunciar casos de irregularidades dentro del programa, de modo a que cada vez sea menos falible y se pueda llegar satisfactoriamente a todos los niños y adolescentes del país, con alimentos de calidad.

“Esto ya es un patrimonio del Paraguay, esto ya no es un proyecto del presidente Santiago Peña, sino que esto se ha convertido en un patrimonio del país en el sentido que debemos salir a cuidar todos y estamos en eso. Todos los casos que se detectaron fueron atendidos y fueron notificadas las diferentes empresas y ya se han presentado los descargos en la Contraloría”, recalcó.

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El presidente de la República, Santiago Peña, recibió al contralor general de la República, Camilo Benítez, quien le presentó las propuestas que conformarán la Estrategia Nacional Anticorrupción, un documento que contiene 44 puntos y que es considerado como clave para fortalecer las instituciones del Estado y para consolidar “la cultura de la integridad” dentro del sector público.

Entre las propuestas discutidas se destaca la creación de códigos de ética con normas unificadas y mensajes consistentes sobre el comportamiento esperado de los servidores públicos. El objetivo es fomentar una cultura de integridad compartida en todos los niveles del Estado. Asimismo, se plantea incorporar de manera obligatoria contenidos sobre ética, integridad y normativa anticorrupción en los programas de inducción para nuevos funcionarios, reforzando desde el inicio su compromiso con los valores institucionales.

En esa misma línea, se propone endurecer las sanciones administrativas frente a las transgresiones éticas, asegurando la ejecución eficaz de los procedimientos internos y el registro sistemático de las sanciones aplicadas. Otra medida relevante es la creación de un marco regulatorio para el cabildeo, con criterios definidos y transparentes que prevengan influencias indebidas y contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana.

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La protección de quienes denuncian actos de corrupción constituye también un eje fundamental. Se busca garantizar un entorno seguro, libre de represalias, que incentive a romper el silencio, respaldado por mecanismos institucionales sólidos. En este contexto, se resalta además el papel clave de las Tecnologías de la Información en la lucha contra la corrupción, a través de plataformas abiertas, colaborativas y accesibles para toda la ciudadanía.

Finalmente, se subraya la importancia de establecer espacios permanentes de participación ciudadana, mediante consultas públicas y audiencias que faciliten un diálogo directo y constructivo entre la población y las autoridades. "La Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción es el resultado de una Cumbre de Poderes realizada el 20 de agosto del 2023 y se trata de una verdadera política de Estado, un documento de 86 páginas con 44 iniciativas concretas, tangibles y medibles para enfrentar la lucha contra la corrupción", resaltan desde Presidencial

El Consejo Nacional Anticorrupción tiene prevista su próxima reunión en los meses de julio o agosto de este año, conforme a lo establecido en la ley N° 7389/24. En esa ocasión, deberán presentar acciones, compromisos o medidas con aplicación a corto o mediano plazo, orientadas a incidir positivamente en los niveles de corrupción del país, dentro del marco de la Estrategia Nacional Anticorrupción.

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Este consejo está integrado por el presidente de la República, Santiago Peña; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel Junghanns; el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón y el contralor Camilo Benítez. Fue asignada la secretaría general a la ministra de la Unidad de Gestión de Proyectos de la Presidencia, Marianna Saldívar, quien coordinará junto con los delegados y demás actores involucrados la elaboración y seguimiento de estas propuestas.