La Cámara baja del Congreso argentino rechazó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a una ley que aumentaba fondos para personas con discapacidad, y ahora el Senado deberá definir si el bloqueo del mandatario sigue en pie.

Aprobada por el Congreso en julio, la ley declaraba la emergencia en la atención a personas con discapacidad para regularizar pagos atrasados de las prestaciones de salud y garantizarlos hasta diciembre de 2027.

Restablecía además el cupo laboral en el Estado para personas discapacitadas, eliminado por la administración de Milei.

El rechazo al veto alcanzó los dos tercios necesarios: 172 diputados votaron su anulación, 73 en contra y 2 se abstuvieron.

Mientras el Senado no rechace también el veto del presidente ultraliberal, este seguirá vigente.

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Milei, que asumió en diciembre de 2023, sostiene que la Ley de Emergencia en Discapacidad atenta contra el superávit en las cuentas públicas que su gobierno, a fuerza de ajuste fiscal, consiguió en 2024 por primera vez desde 2010.

Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley tenía un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PIB. Se espera que este miércoles la Cámara baja trate además el veto de Milei a un aumento de las jubilaciones, aprobado también en julio.

La ley vetada contemplaba un aumento de 7,2 % más un bono de unos 100 dólares para los que reciben la pensión mínima. La pensión y el bono actualmente suman unos 260 dólares mensuales, un tercio de la canasta básica del adulto mayor.

• Fuente: AFP

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La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc), Claudia Centurión, acudió este martes ante el Senado con la finalidad de solicitar el rechazo del proyecto que establece el procedimiento jurídico marco para la exoneración del pago de tasa de peajes del país.

La funcionaria de Estado comentó que el pago de peaje es importante para su institución porque permite generar recursos para la construcción de nuevas rutas y para los mantenimientos. La propuesta ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

“Nuestra posición siempre es pensando en los fondos que dispone el Ministerio de Obras Públicas para no solo construir, sino mantener las rutas. Parte importante de esa estructura de costos tiene relación con la recaudación de peajes”, indicó a los medios de comunicación.

Asimismo, Centurión manifestó que “sin embargo la buena noticia es que desde el ministerio se trabaja en la modernización de los peajes, en tecnologías para todo el país, y esto va a poder permitir en el corto y mediano plazo se cuenta con mucha mayor información y los datos reales de los usuarios frecuentes. Ahora también el registro de patente generará mucha información adicional para generar con datos reales mejoras, beneficios, incentivos para aquellos usuarios frecuentes del peaje".

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La objeción de Centurión a la iniciativa cuenta con el respaldo de las comisiones de Hacienda y de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos, bajo el argumento de que no existe una fuente económica que reemplace el ingreso obtenido mediante la aplicación de peajes. El proyecto impulsado por el diputado Hugo Meza, en su artículo 3, contempla exonerar el pago del 100 % para los ciudadanos habitantes de los distritos donde están ubicados los puestos.

Mientras que, en su artículo 4, estipula la exoneración del 50 % del pago a los habitantes de los distritos de los departamentos donde están ubicados los puestos de peaje. En ambos casos el beneficio solo podrá ser usado dos veces diarias por cada vehículo, es decir, ida y vuelta, y solo en sus respectivos puestos de peajes.

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El presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, resaltó que al alcanzar los dos años de mandato este 15 de agosto, el gobierno de Santiago Peña está alcanzando la entrega de 10.140 títulos de propiedad de sus tierras. Destacó que en este gobierno se está logrando una verdadera revolución agrícola.

En conversación con La Nación/Nación Media, señaló que, haciendo un comparativo del mismo periodo de los dos primeros años del gobierno anterior, hay una diferencia de 565 % entre la cantidad entregada por el actual gobierno y el anterior, que solo llegó a entregar 1.525 títulos.

“Esto refleja un poco la voluntad del presidente de la República de llevar adelante una verdadera revolución agrícola, apoyando a los pequeños agricultores. Porque no solamente trabajamos en el equipo del Indert; estamos bajo el sistema productivo, el sistema del Ministerio de Agricultura y Ganadería”, comentó.

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Explicó que no solo se trata de entregar títulos a los campesinos; la entrega de los documentos es solo la primera etapa de lo que es la política de gobierno del presidente Peña.

Indicó que la política de revolución agraria, de la cual forma parte el sistema del MAG, tiene previsto además la asistencia y apoyo a los pequeños productores, para que puedan tener mayor inversión y mayores niveles de rendimiento y productividad.

Agregó que esta política productiva también incluye al Crédito Agrícola de Habilitación y al Banco Nacional de Fomento, que permite habilitar un sistema de banca social para la producción, lo que significa la inclusión financiera, permitiendo acceder a los beneficios que tiene el BNF en materia de banca social.“Un enfoque inclusivo que les puede permitir financiar a bajos costos sus emprendimientos productivos, pudiendo participar de las ofertas, en el contexto más grande que es el programa de Hambre Cero en las Escuelas. Entonces, en el lado productivo tenemos títulos, acceso al crédito, asistencia técnica, apoyo con implementos agrícolas, tractores, permitiendo aumentar su capacidad de producción”, comentó.

El titular del Indert resaltó que, más allá de los aspectos cualitativos, el gobierno de Santiago Peña está logrando toda una revolución con la entrega masiva de títulos de propiedad, rompiendo récords históricos en el Paraguay.

Resaltó que, más allá de la cantidad de títulos entregados, que a la fecha llega a 10.140 beneficiarios, cifra nunca antes alcanzada, está igualmente trabajando en aquellas comunidades emblemáticas que han peleado por muchos años por la titulación de sus tierras, incluso con graves conflictos sociales y enfrentamientos que derivaron en pérdida de vidas humanas.

Al respecto, Ruíz Díaz recordó tres casos emblemáticos; como el caso de la colonia “Andrés Barbero” o “Barbero Cué”, una comunidad de 2.400 familias que lleva 74 años peleando por titular sus tierras y ahora están en un proceso avanzado más de 450 títulos que comienzan a ser entregados y que se irá dando por etapas.

“Más allá de la cantidad estamos ante un caso, donde fue zona de conflicto que ahora se va a convertir, en una zona de prosperidad. En la colonia Andrés Barbero, hubo muertos, enfrentamientos; pero ahora se va a producir, se va a auto realizar el orden, vamos a decir, a partir de la titulación viene el ordenamiento territorial y es un caso impactante para el país”, resaltó.

El segundo caso emblemático es “Marina Cué”, que hoy es conocido como “San Oscar Romero”, del distrito de Curuguaty; que también es otra comunidad emblemática de largo años de lucha por sus tierras que datan de la década de 1970. Aquí son 210 familias que ya comenzaron a recibir sus títulos de propiedad.

“Una colonia que también pasó por permanente conflicto, donde los campesinos se enfrentaron a las fuerzas del orden público; registrándose la muerte de 11 campesinos y 6 policía. Esto también costó la continuidad de un gobierno, porque derivó en juicio político a un jefe de Estado, causando una interrupción del proceso político en el Paraguay, en la era democrática”, recordó.

El tercer caso emblemático que señaló tiene que ver con la comunidad de Arroyito, específicamente la colonia Virgen del Camino, donde ya están alcanzando aproximadamente unos 2.000 títulos de propiedad.

Señaló que también fue una zona de constante conflicto, recordó que los primeros meses que tuvo que llegar a estas comunidades mencionadas lo tuvo que hacer con acompañamiento policial, ya que fue muy difícil al principio por la alta desconfianza que tenían hacia la institución. Resaltó que todo eso hoy cambió, y se puede ver la alegría en los rostros de la gente que incluso ya los invita a compartir sus mesas.

Asimismo, resaltó que solo de muestra recordó estos tres casos emblemáticos, pero existen muchas otras colonias del Indert que llevan largos años de espera en todo el país. Así también los asentamientos rurales del departamento Central, donde nunca antes se había titulado.

“Todas estas comunidades, al final, son familias que a partir de ahora van a pagar sus impuestos, van a contribuir con el crecimiento, el engrandecimiento del distrito, e integran al desarrollo económico y social de sus respectivas comunidades. Anteriormente estaban en zonas marginales, hoy son zonas tituladas, que les permite sentirse seguros en su hogar”, acotó.

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La Comisión Especial para el Monitoreo y Control de las Máquinas de Votación pre­sentó ayer sus conclusiones y recomendaciones tras eva­luar el sistema que el Tribu­nal Superior de Justicia Elec­toral (TSJE) prevé adquirir para futuros comicios. El presidente de la comisión, el senador Arnaldo Sama­niego, informó que el análi­sis incluyó aspectos técnicos, operativos y de seguridad, así como las implicancias finan­cieras de la operación.

“En cumplimiento de nues­tras funciones, evaluamos integralmente las dimensio­nes técnicas y operativas del sistema de votación electró­nica, con el objetivo de veri­ficar su idoneidad para su implementación en los futu­ros procesos electorales”, declaró Samaniego.

El TSJE estima una inver­sión de USD 92 millones para la compra de los equi­pos, monto que incluiría el control total del hardware y software, disponibilidad permanente para audito­rías y mayor soberanía tec­nológica. En tanto, si se recu­rriera al arrendamiento, como en años anteriores, se tendría un menor costo ini­cial y actualización garan­tizada, aunque conlleva dependencia del proveedor y restricciones de acceso fuera del periodo contractual.