Por iniciativa de la Comisión de Obras Públicas del Senado, este miércoles se realizó una reunión técnica con especialistas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), donde se evaluó el proyecto que modifica la Ley de la Reserva Ñu Guazú.

Durante la exposición de motivos de la propuesta, se explicó que la iniciativa guarda relación con el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el MOPC y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), para la cesión de una superficie del Área Silvestre Protegida Ñu Guazú, destinada a la ampliación de la ruta Tape Tujá.

Según lo expuesto, el convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones para la cesión, a título oneroso, de una porción del inmueble correspondiente a la Reserva de Recursos Manejados Ñu Guazú, a fin de posibilitar la ejecución de obras de infraestructura vial.

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Sobre el punto, el director de la comisión asesora, ingeniero José Duré, indicó que la iniciativa tiene como finalidad permitir la ejecución de obras vinculadas al Corredor Vial en la zona de Tape Tujá. Explicó que los senadores integrantes del ente asesor solicitaron información complementaria para profundizar el análisis técnico de diversos aspectos del proyecto.

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El diputado Miguel Del Puerto valoró la oficialización hecha por el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz sobre la regularización de las tierras en colonias del departamento de Caaguazú, que beneficiará a más de 20.000 familias.

“Estamos hablando de una medida que puede transformar la vida de miles de familias caaguaceñas. Tener un título de propiedad significa contar con seguridad jurídica sobre la tierra que ocupan, pero también abre oportunidades para acceder a créditos, invertir y proyectar un mejor futuro para sus hijos”, expresó.

El líder de la bancada oficialista en la Cámara Baja resaltó la labor del titular del Indert que lleva adelante la articulación institucional con el Registro Unificado Nacional (RUN) para avanzar en un proceso de regularización que responde a una demanda histórica de numerosos pobladores del departamento.

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“Quiero reconocer el esfuerzo que se viene realizando desde el Indert para avanzar en soluciones concretas. La regularización de tierras es una herramienta de desarrollo que brinda tranquilidad y fortalece la dignidad de las familias”, manifestó.

El parlamentario ratificó su compromiso de acompañar todas las iniciativas que promuevan el bienestar de la población y contribuyan al desarrollo del quinto departamento.

“Cada acción que genere más oportunidades, arraigo y calidad de vida para nuestra gente contará con nuestro respaldo”, significó.

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El pleno de la Cámara de Senadores aceptó el rechazo de la Cámara de Diputados en modificar la administración del programa de alimentación escolar Hambre Cero en las Escuelas, y dejar la administración de la misma a los gobernadores.

Desde el Senado, la propuesta fue retirar el manejo de Hambre Cero de dos gobernaciones, Concepción y Alto Paraná, lo que fue rechazado por Diputados, ahora con la aceptación de la versión de la Cámara Baja el proyecto va al archivo.

El presidente de la Comisión de Hacienda, y proyectista, senador Silvio Ovelar, argumentó que con el tratamiento de la iniciativa en Diputados, se midió la temperatura sobre la administración de los gobernadores, y finalmente se rechazó este proyecto en esa instancia.

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“Cuando nosotros decidimos acá destinar los fondos de la gobernaciones de Concepción y Alto Paraná, nosotros decíamos claramente que Diputados tendría el tiempo necesario para que tenga ya un dictamen de la Contraloría para que se pronunciaran. Hoy nos podemos ratificar en nuestra decisión, pero ya sabemos cuál va ser el resultado”, expuso ante la sesión extraordinaria de este martes.

Así también, señaló que esta decisión fue un acuerdo entre colegas, para que la administración del programa de alimentación escolar siga en ambas gobernaciones. “No cambié para nada mi parecer respecto a la gestión de varias administraciones, pero tampoco quiero caer en el error de generalizar y de decir que todos están haciendo mal porque eso no es cierto”, explicó.

Por su parte, el líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, expuso ante el pleno que la propuesta fue bastante analizada y que finalmente cumplió con un objetivo, verificar la administración.

“Después de un análisis suficientemente aclarado por parte de los gobernadores, creo que lo que buscó la medida en aquel momento, ante la generación de dudas particulares ya ha generado el proceso de verificación que está llevando adelante la Contraloría general de la República”, señaló.

El legislador también sostuvo que “en conversación también con el Poder Ejecutivo, la propuesta de aceptar la versión que viene de diputados y seguir manejando el programa Hambre Cero de la misma forma”.

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El presidente del Congreso, Basilio Núñez, anunció que será postergado el tratamiento del proyecto de ley que apunta a establecer un nuevo cálculo para el salario mínimo, que está previsto en el orden del día del Senado para la sesión extraordinaria de este martes. Se buscará un consenso sobre la normativa “que modifica varios artículos de la Ley 213/93 Código del Trabajo sobre el salario mínimo y reestructura la Comisión Nacional del Salario Mínimo (Conasam)”, explicó a los medios de prensa.

“Hay un pedido de los afectados que se postergue. No tiene dictamen. Esto ya se ha decidido entre diferentes bancadas, el presidente de la comisión, Derlis Maidana, anunció que por pedido de ellos se va postergar”, expresó el legislador.

Núñez indicó que esta iniciativa se tratará en el Senado una vez que se llegue a un consenso entre todos los actores. “Cuando haya consenso entre todos los legisladores y los trabajadores. Yo dejo que la comisión trabaje, no quiero coaccionar”, apuntó.

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El documento legislativo fue analizado ayer lunes por las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador Derlis Maidana; y de Industria y Comercio, encabezada por el senador Luis Pettengill, en una reunión conjunta para el estudio del proyecto. Sin embargo, no se llegó a un consenso y ambas comisiones no emitieron el dictamen correspondiente.

Esta iniciativa propone “establecer una metodología multivariable que incluya, además del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicadores de productividad, salario real y un nuevo índice de la canasta básica del trabajador, así como promover mayor transparencia, pluralidad y periodicidad en la fijación salarial”, que busca incorporar una visión más amplia y social del salario mínimo. Así también, se busca fortalecer el rol de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasam).

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