La Cámara de Diputados eligió a nuevos representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y del Consejo de la Magistratura. Por 57 votos a favor, los diputados David Rivas y Rodrigo Blanco fueron electos como nuevos miembros, y el diputado Roberto González para el Consejo de la Magistratura con 52 votos.
El diputado Pedro Alliana, presidente de la Cámara de Diputados tomó el juramento de los diputados designados.
La representación de los titulares al JEM se dio por moción del diputado Raúl Latorre. Mientras que para el cargo de sustituto fue designado con 52 votos, 7 en blanco y 21 ausentes el diputado Juan Acosta por moción del diputado Justo Zacarías.
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Por su parte, el diputado liberal Sergio Rojas propuso a la diputada Celeste Amarilla y el diputado Juan Manuel Acevedo para completar las 3 vacancias establecidas para el JEM.
Pero el diputado Basilio Núñez propuso que sea la próxima semana se estudie a los suplentes, moción que prosperó por los cuales se postergó la elección de los demás sustitutos.
También, el diputado Roberto González fue propuesto para continuar como representante ante el Consejo de la Magistratura por “su buen desempeño que le llevó a ocupar la presidencia en los últimos periodos”, sostuvo el diputado Zacarías que solicitó su designación.
También se propuso a la diputada Rocío Vallejo por el sector de la oposición. Pero la votación arrojó 52 votos por la designación de González para continuar en el cargo.
La elección se dio luego de que se estableció un cuarto intermedio para convocar una sesión extraordinaria a los efectos de realizar la elección para los miembros ante el JEM y el Consejo de la Magistratura. Desde el sector de la oposición se opusieron a dicha elección, la consideran inconstitucional, por lo cual se retiraron de la sesión por no acompañar la decisión del pleno.
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Diputados presentan propuesta para marco legal sobre ciberseguridad en Paraguay
Legisladores de diferentes bancadas de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley que busca establecer el primer marco normativo integral de ciberseguridad en Paraguay, respondiendo a las crecientes amenazas digitales que enfrenta el país en un contexto de mayor digitalización.
La iniciativa, denominada “Ley de Ciberseguridad de la República del Paraguay”, tiene como objetivo central proteger las infraestructuras críticas, la información y los sistemas digitales, así como garantizar los derechos de las personas frente a amenazas y delitos cibernéticos.
De acuerdo a la exposición de motivos, los proyectistas fundamentan la necesidad de fortalecer la soberanía digital del país. “Paraguay no es ajeno a esta realidad y ha enfrentado crecientes amenazas cibernéticas que ponen en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos sensibles tanto en el sector público como en el privado”, señala la exposición de motivos.
Asimismo, plantean que el Estado paraguayo ejercerá soberanía sobre el dominio paraguayo en el ciberespacio, incluyendo capacidades para enfrentar amenazas híbridas, medidas de prevención y mitigación, y el fortalecimiento de la resiliencia social. También contempla el ordenamiento de las redes sociales y la regulación de la Inteligencia Artificial.
Instituciones de Ciberseguridad
De acuerdo a la información, señalan que una de las principales innovaciones del proyecto es la creación del Viceministerio de Ciberseguridad dentro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), que tendrá a su cargo la elaboración y actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (E-Ciber Paraguay).
Asimismo, se propone la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad (CONCIBER), un organismo multisectorial integrado por representantes de los tres poderes del Estado, fuerzas de seguridad, empresas de telecomunicaciones, universidades y gremios empresariales. Los miembros del consejo durarían cinco años en sus funciones, según la iniciativa.
El proyecto establece obligaciones específicas para operadores de infraestructuras críticas, quienes deberán implementar protocolos de seguridad y notificar cualquier incidente cibernético en un plazo máximo de 24 horas.
El documento también contempla la homologación obligatoria de equipos y software de ciberseguridad importados al país. En cuanto al financiamiento, se destinaría al menos el 20 % del Fondo Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (FONTIC), además de aranceles por homologaciones y otros recursos del Presupuesto General de la Nación.
La propuesta incluye la incorporación obligatoria de contenidos de ciberseguridad en los programas educativos de nivel primario, secundario y universitario, tanto en instituciones públicas como privadas. Además, establece capacitación anual obligatoria para funcionarios públicos y empleados de sectores estratégicos.
El proyecto contempla, igualmente, la adhesión del Paraguay al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia y otros tratados internacionales pertinentes, promoviendo la cooperación con organismos internacionales y países aliados en materia de ciberseguridad.
Finalmente, los proyectistas consideran que esta iniciativa representa “un paso fundamental para la soberanía digital de Paraguay”, asegurando la protección de la información y la continuidad de los servicios esenciales en un entorno cada vez más interconectado.
Cabe señalar que el proyecto fue presentado por los diputados colorados Rodrigo Blanco, Edgar Chávez, Miguel Ángel Del Puerto, Yamil Esgaib, Mauricio Espínola, Luis González Vaesken, Pedro Ortiz, German Solinger. Igualmente, se sumaron, los liberales, Antonio Buzarquis, Arnaldo Valdez, Jorge Ávalos Mariño y la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo.
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Plantear dictar emergencia educativa y social ante violencia en las relaciones adolescentes
Diputados de diferentes signos políticos plantean que, más allá de acciones punitivas, se deben buscar alternativas que sean preventivas, educativas y restaurativas ante episodios de violencia en vínculos afectivos entre adolescentes y jóvenes.
Por ello se presentó el proyecto de ley “que establece emergencia educativa y social ante la violencia en las relaciones adolescentes; y establece mecanismos urgentes de prevención a través de talleres educativos y campañas formativas con enfoque de igualdad y salud mental”.
La iniciativa que fue enviada a consideración de las comisiones asesoras, que, de acuerdo a la exposición de motivos, la idea es declarar una emergencia educativa y social, en todo el territorio nacional, ante el incremento de casos de violencia en las relaciones afectivas entre adolescentes y jóvenes, sería por el término de doce meses.
La iniciativa pretende que todas las instituciones educativas, públicas y privadas, de nivel inicial, escolar básica y educación media, implementen talleres y espacios educativos obligatorios, con una frecuencia mínima de una hora semanal.
Menciona que tiene como objetivo la identificación temprana de señales de violencia; la promoción de relaciones afectivas sanas; el fortalecimiento de la autoestima; y la deconstrucción de prácticas machistas y conductas de control, según dice el documento.
La normativa establece que la dirección institucional, en coordinación con los equipos técnicos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sea responsable de garantizar la realización efectiva de estos talleres, y de mantener registros actualizados sobre los temas desarrollados, la participación estudiantil y las necesidades detectadas.
Entorno familiar
“La violencia en relaciones tempranas, a menudo invisibilizada por el entorno familiar y social, se presenta cada vez con mayor intensidad y frecuencia, con patrones que replican el machismo, el control, la posesividad, la dependencia emocional y la normalización del maltrato físico, psicológico o sexual", explica parte del documento.
Asimismo, señala que esta problemática se ve amplificada por la influencia de las redes sociales, la falta de educación afectiva y la ausencia de referentes institucionales preparados para identificar y acompañar situaciones de riesgo.
Argumenta que, en la actualidad, niñas y adolescentes son víctimas de múltiples formas de violencia; celos obsesivos disfrazados de afecto; aislamiento de su círculo de apoyo; vigilancia digital; amenazas; chantajes emocionales; y abusos que van progresivamente hasta llegar a desenlaces fatales, lamentablemente.
Sostiene que esos hechos no solo afectan la integridad física de las víctimas, sino que deterioran gravemente la salud mental; la autoestima; el rendimiento académico; y el futuro desarrollo personal de los jóvenes.
Abordaje preventivo
Los legisladores lamentan que si bien existen marcos normativos como la Ley “De Protección Integral a las Mujeres”; el “Código de la Niñez y la Adolescencia”; y la propia Carta Magna, que en su artículo 48 garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, “no haya sido suficiente”.
Finalmente, manifiestan que se hace imprescindible un abordaje preventivo, educativo y transversal desde los primeros años de formación escolar, donde se forjan los primeros vínculos afectivos.
“La intervención debe ser temprana, constante y coordinada entre las instituciones responsables: MEC; Salud Pública; Niñez y la Adolescencia; y el Ministerio de la Mujer, para garantizar que la educación, la igualdad, el respeto mutuo, el reconocimiento de las señales de alerta y el autocuidado afectivo, se conviertan en parte esencial del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”, refiere el texto.
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JEM investigará a magistrados y fiscal que absolvieron a docente de Villarrica
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió abrir una investigación preliminar previa contra los integrantes del tribunal de sentencia que absolvieron a un docente acusado de enviar 600 mensajes de contenido sexual a una niña de 11 años en Villarrica. El fiscal del caso también será investigado por el órgano extrapoder encargado de juzgar el desempeño de magistrados, fiscales y defensores públicos.
Es así que serán investigados los magistrados: Julio César Alfonzo Vera, Víctor Ortigoza Aguirre y Juan Ruiz Díaz Gamba, integrantes del tribunal, así como el agente fiscal Rodrigo Vázquez Díaz.
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Los miembros del JEM analizaron en plenaria este jueves los antecedentes del caso que generó reacciones de indignación, tras haber tenido amplia difusión en los medios de comunicación.
La actuación de los jueces y del fiscal interviniente fue cuestionada por la madre de la víctima, quien aseguró que la menor recibió al menos 600 mensajes de contenido sexual de parte del acusado. La denuncia fue realizada en 2022 por la madre, y en abril de este año se dictó el polémico veredicto.
Según los magistrados, para condenar al maestro debían existir fotos de carácter sexual o alguna constancia de que se concretaron las citas que tenía prevista el docente con la niña, ignorando por completo las más de 300 capturas de pantalla con los mensajes del docente de 53 acosando a la alumna.
En conversación con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, la madre de la víctima aseguró que se encontraba indignada por la decisión de las autoridades y la actuación de la Fiscalía ante la grave denuncia.
“La verdad es que no esperaba que el caso termine así, desde todo punto de vista no veo bien el trabajo de ellos. Mi hija continúa en el colegio donde se dio el hecho, pero emocionalmente tuvo muchos cambios”, remarcó la madre de la niña.
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Titular del MUVH pide a Diputados aprobación de préstamo de USD 200 millones
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre y los miembros de la mesa directiva, para solicitar la aprobación de un empréstito de unos USD 200 millones para potenciar el programa Che Róga Porã 2.0, de la República de China (Taiwán). El proyecto fue incluido para su tratamiento en la sesión ordinaria del próximo martes.
“Este monto va ir directamente a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), a los efectos de fortalecer a nuestro programa, que en pocos días más va estar cumpliendo un año de inicio, en donde podemos decir que en este momento, estamos logrando un éxito muy importante, aproximadamente 1.200 créditos preaprobados tenemos en el programa Che Róga Porã, con casi 30 millones de dólares comprometidos”, explicó el ministro.
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Mencionó que este programa arrancó con un fondeo de USD 55 millones, recursos que ya se están agotando, por lo que plantea la necesidad de aumentar los fondos de Che Róga Porã, programa destinado a otorgar viviendas al sector trabajador. “Lograríamos 8.000 viviendas más, esto está destinado a toda la República del Paraguay, no hay limitación de departamentos. Este es un programa que se suma a lo que ya tenemos dentro de la institución”, explicó el ministro.
El proyecto de empréstito ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y con su tratamiento y aprobación en Diputados, el documento quedará sancionado y pasará al Poder Ejecutivo para su aprobación.
“Estamos muy contentos, tuvimos muy buena acogida, el presidente me comentó que está incluido en el primer punto del orden del día del próximo martes. Este préstamo ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y con esta media sanción, esperamos que el próximo martes esto ya quedaría aprobado y lógicamente pasa al Ejecutivo para su promulgación”, puntualizó Baruja.
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