El director de Financiamiento de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, indicó que la medida cautelar presentada por una empresa en el marco del proceso de licitación de las máquinas de votación, ya estaría siendo definida la próxima semana.

Una empresa había presentado la medida cautelar ante el Tribunal de Cuentas, que la hizo lugar; esta fue rechazada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por lo que el proceso se encuentra en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Creemos nosotros que, si esta cuestión se soluciona en el transcurso de la próxima semana, y estamos confiados que va ser así, porque actualmente esta medida cautelar está en estudio de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tenemos conocimiento que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas contestó inmediatamente el traslado que se corrió con respecto a la medida cautelar”, indicó en entrevista al programa Cara o Cruz.

Podes leer: El Partido Colorado tiene condiciones de llegar nuevamente al poder en el 2028, afirma Núñez

Detalló que también ya se corrió traslado a la parte actora, y esta contestación ya se estaría dando la próxima semana para responder. “A partir de ahí creemos nosotros en la celeridad que van a imprimir los miembros de la Corte que integran esta Sala Penal”, refirió el alto funcionario electoral.

Por otra parte, mencionó que, a raíz de esto, el proceso licitatorio se encuentra parado. “Fuimos superando y salvando cada una de las etapas, cada una de las observaciones y creímos nosotros que ya estábamos encaminados como para la apertura de sobres, de la recepción de sobres que tuvimos y después de esto teníamos que pasar ya a la verificación técnica de las máquinas de votación y posterior recomendación del Comité de Evaluación al máximo órgano electoral”, manifestó.

Actualmente, el proceso está parado en la etapa de evaluación cualitativa de los documentos presentados por las empresas, una vez que se destrabe en la Sala Penal se debe pasar a la revisión técnica, donde cada empresa presentó cinco muestras de las máquinas que pretenden ofrecer.

“Nosotros tenemos que hacer pruebas de funcionalidad, es decir, pruebas de votación, si la batería resiste, tenemos que ver todo lo relacionado al secreto del voto, de que el voto no pueda ser tasable, que es algo muy importante y a todos los requisitos de la Constitución Nacional y las leyes”, sentenció.

Leé también: Celeridad de leyes, diálogo con Peña y reestructuración, resalta Núñez de año legislativo

El director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, estima que todavía se tiene un ajustado plazo para cumplir con el calendario previsto para la adquisición de las máquinas de votación, proceso que en este momento está paralizado por una medida cautelar presentada por una empresa que no está en competencia. Caso contrario, la demora para este año obligaría a renegociar el presupuesto no ejecutado para este compra.

“Teniendo en cuenta lo último que sabemos, que es la suspensión decretada por una medida cautelar, con respecto a los plazos estamos justos, pero creo que vamos a llegar”, dijo el funcionario, este miércoles, en entrevista para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El proceso está trabado por una medida cautelar decretada por el Tribunal de Cuentas, segunda sala, a pedido de una empresa que protestó por un requisito de antigüedad en la provisión del servicio ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Sin embargo, la firma estuvo ausente del trámite convocado por la Justicia Electoral.

El funcionario electoral, explicó que la Sala Penal es el órgano o la instancia competente para entender el grado de apelación, que es en el momento, ya que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) apeló la medida cautelar resuelta u ordenada por el Tribunal de Cuentas, entonces esto sube a la Sala Penal y es esta instancia la que debe resolver. Este incidente, debe ser resuelto en la brevedad, de acuerdo al director electoral.

Te puede interesar: Cuestionan caos administrativo dejado por Prieto para incidentar intervención en CDE

“Para nosotros tiene que ser lo antes posible, ahora mismo estamos trabados en la verificación documental, pasado esto tenemos que trabajar en la verificación técnica de las muestras que presentaron. Cada empresa presentó cinco máquinas y tenemos que hacer las pruebas técnicas de esas máquinas, eso nos va a llevar una semana, una semana y media”, indicó Ruiz Díaz.

Posteriormente, el informe elaborado tras esta etapa, debe ser remitido al Comité de Evaluación, que volverá a evaluar y establecer qué empresas pasan a la segunda etapa, que es la apertura del sobre económico, y “eso lleva otra vez su tiempo”. Luego queda la etapa de la adjudicación de la empresa seleccionada para proveer las máquinas.

“Tenemos la etapa de adjudicación, donde se pueden presentar otra vez protestas, tenemos la firma de contrato y, a partir de ahí, se da la orden para la producción de máquinas de votación. Entonces, para nosotros también estos plazos que estamos perdiendo son los que nos van a faltar al final. Si recibimos las máquinas en el país, para noviembre o diciembre, estamos bien”, sentenció.

Leé también: Plantean dejar sin efecto declaración que pedía publicar datos personales de médicos en hospitales

El concejal municipal de Ciudad del Este, Ernesto Guerín, cuestionó que el intendente Miguel Prieto, cesado de su cargo desde el lunes pasado, mandó a los funcionarios municipales de vacaciones con la evidente intención de poner trabas a la intervención de Ramón Ramírez. El sector más afectado es la Policía Municipal de Tránsito y, por ende, la ciudadanía, ya que describió el tráfico en la zona como un caos.

“Les mandó a todos de vacaciones, de una forma a propósito, vamos a decirle, le mando prácticamente a la mitad del plantel de la Policía Municipal y también a gente de varias dependencias dentro de la Municipalidad. Creo que hizo eso en forma intencional, no pensé que tenía tanta maldad porque al final la gente va a terminar pagando todo este tema, hoy el tránsito está insoportable”, describió Guerín, este miércoles, en conversación con el programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Agregó que con la falta de personal para dirigir y realizar un control en las calles, la circulación con la cantidad de vehículos en la ciudad, el tráfico se vuelve mucho más difícil. Ante esta situación se tuvo que solicitar la colaboración de la Policía Nacional para dirigir el tránsito. “La Policía Nacional está colaborando para que esto se pueda solucionar, eso es lo que estoy viendo, que la Policía Nacional está muy pendiente de lo que está pasando, por el pedido que hizo el interventor, de poder ayudar un poco”, apuntó.

Podes leer: De vacaciones, la mitad y concejales hacen el vacío

Por otra parte, Guerín se refirió a otro episodio de desaire al interventor Ramón Ramírez, por parte de la Junta Municipal. El concejal relató que el auditor se reunió primeramente con la Dirección de Tránsito y luego se trasladó a la Junta Municipal, donde el presidente del legislativo comunal, Sebastián Martínez, solo se limitó a invitarlo a participar de la sesión ordinaria que se desarrolla los martes.

“El presidente de la Junta no le abrió la oficina de la presidencia, entonces nos fuimos a la sala de sesiones a esperar y es ahí donde él (interventor), esperó 10 a 15 minutos y, como no tuvo respuestas, ni siquiera de recibirle el presidente de la Junta, se fue. Me parece una falta de respeto lo que se le hizo al interventor”, cuestionó el concejal Guerín sobre esta situación.

Te puede interesar: ANR apunta a una “concordia” en Alto Paraná

El director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, explicó que la institución requiere de la recepción de las nuevas máquinas de votación hasta diciembre para poder cumplir con su calendario de capacitaciones y auditorías. Por lo que urge que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) defina la medida cautelar impuesta al proceso de licitación por una empresa que carece de la experiencia establecida como requisito.

“Hace 15 días, el Tribunal de Cuentas hizo lugar a una medida cautelar solicitada por una empresa que había presentado una protesta contra la adenda número 3 al pliego de bases y condiciones, en donde nosotros establecimos como criterio una experiencia de 10 años para aquellas empresas que sean fabricantes de máquinas de votación”, explicó el funcionario electoral, este viernes, en entrevista a la 1020 AM.

La empresa protestó ese requisito argumentando que era excesivo, solicitando que se baje a 5 años. Esta protesta fue rechazada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), alegando que la empresa no es fabricante, sino proveedor de software, por lo que no existía agravio.

Podes leer: Diputado defiende informe de Peña en ANR: “Incomoda que hay resultados”

“La empresa presentó una reconsideración y, antes de resolver la DNCP, antes de agotar las instancias internas, ya recurrieron al Tribunal de Cuentas y les otorgó la medida cautelar que suspende el proceso de licitación. En esa etapa estamos actualmente, la DNCP apeló esta resolución con la cual se otorga la medida cautelar. La apelación atiende la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, indicó.

Ruiz Díaz sostuvo que esta situación ya se vuelve muy preocupante debido al tiempo que se está perdiendo para el calendario previsto. También compromete en la parte presupuestaria, teniendo en cuenta que la empresa adjudicada debe cumplir con la entrega de 5.000 máquinas para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realice la transferencia de los pagos.

“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es la que tiene que resolver, no manejo los plazos, pero son plazos importantes. Si estábamos preocupados, esa preocupación se agudizó, teniendo en cuenta que esta etapa, esto que nos está pasando ahora, no estaba dentro de lo presupuestado por llamar de cierta manera”, manifestó.

Leé también: “Hay que acelerar el proceso electoral y convocar a elecciones en el PLRA”, dice Amarilla