El caso del derrumbe del Colegio Nacional de Lambaré, ocurrido en el 2015 y en el que se acusa al exintendente de la ciudad Roberto Cárdenas (2006-2015), se encuentra en pleno juicio oral, pero en su entorno existe un llamativo silencio. Cárdenas, integrante del equipo del actual intendente de Lambaré, Guido González, es el principal acusado en la causa. Mientras, sus parientes buscan votos para ser concejales de la ciudad.
La Fiscalía había acusado al exintendente y otras 5 personas por el derrumbe del Colegio Nacional de Lambaré. El incidente habría sido producto de una presunta mala utilización de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). La Fiscalía se ratificó en los términos de la acusación por el perjuicio patrimonial de unos G. 266.730.000. La vida de varios menores estuvo en juego.
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Estudiantes quedaron inconscientes
El lamentable hecho ocurrió en el 2015 en el Colegio Nacional de Lambaré, cuando al menos 23 personas resultaron heridas tras el derrumbe. Igualmente, pasado el hecho aún circulan un par de videos en internet en los que se distinguen a varios estudiantes inconscientes en el patio de la institución educativa cuando eran asistidos por sus propios compañeros.
El derrumbe afectó a los alumnos del 9° grado, 2ª sección, turno tarde del Colegio Nacional de Lambaré. Una parte del estudiantado fue derivado al Hospital de Lambaré y el otro al Centro de Emergencias Médicas. Roberto Cárdenas, exintendente, es enjuiciado por presunta malversación de los fondos en la construcción del aula de este colegio lambareño.
Campantes candidatos
Roberto Cárdenas y su parentela forman parte del movimiento Compromiso Republicano, que postula la reelección de Guido González a la comuna. El núcleo político del cuestionado intendente enfrenta el juicio oral y público con sumo sigilo, de manera de no empañar la campaña de González. Cárdenas enfrenta a la Justicia por malversación de fondos municipales.
En la lista de concejales del movimiento que busca el rekutu del intendente se encuentran dos precandidatos a concejales, que de acuerdo con las fuentes serían de la familia de Cárdenas. Roberto Mauricio Cárdenas Fleitas y Jorge Jerónimo Cárdenas Martínez son los candidatos que estarían disputando el espacio político de la mano de exintendente, quien enfrenta el juicio oral y público, acusado de malversar los fondos destinados para edificar el colegio, cuya aula terminó derrumbada.
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Imputan al exintendente de Villa Hayes Esteban Ríos y a su hijo por administración en provecho propio
El fiscal Jorge Arce presentó una imputación contra el exintendente de Villa Hayes por la Alianza, Esteban Ríos Ayala, y su hijo, Esteban Ríos Isasi, por el delito de administración en provecho propio.
Ahora, un juez deberá admitir el acta de imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si los procesados serán privados de su libertad o beneficiados con medidas alternativas a la prisión.
El representante del Ministerio Público solicitó al juzgado medidas alternativas como la prohibición de salida del país, la comparecencia mensual ante el juzgado para la firma del acta judicial y la prestación de una caución personal o real, entre otras que el magistrado considere pertinentes.
De acuerdo al acta de imputación, en fecha 26 de noviembre de 2020, el intendente municipal, Esteban Ríos Ayala, expidió un certificado de ocupación del inmueble a su hijo Esteban David Ríos Isasi en carácter de poseedor del inmueble ubicado en la Manzana n.° XIV, Lote n.° 08 del Barrio San Jorge, Remansito, Villa Hayes, para la regularización del inmueble y para realizar el trámite de arrendamiento. En dicho certificado se menciona además que una vez vencido el plazo de 30 días se deberá reiniciar nuevamente la solicitud del presente certificado con el pago del canon correspondiente. Al respecto, no se cuentan con datos acerca de un nuevo pedido del certificado una vez vencido este.
Asimismo, el escrito fiscal indica que en fecha 25 de octubre de 2021 , un mes después de la firma del contrato de arrendamiento, Esteban David Ríos Isasi promovió ante la Intendencia de la Municipalidad de Villa Hayes el procedimiento administrativo tendiente a obtener la compra a título definitivo de propiedad de la fracción de terreno municipal que supuestamente venía ocupando, individualizada como Manzana XIV, Solar N.º 8, ubicada sobre las calles Taruma casi Jorge Sosa, lugar denominado San Jorge– Remansito, Distrito de Villa Hayes.
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Condenan a 8 años de prisión a Hernán Rivas por producción y uso de documentos falsos
Luego de deliberar por más de tres horas, el Tribunal de Sentencia emitió su veredicto en el caso del exsenador Hernán Rivas, estableciendo una condena de 8 años de prisión. La Fiscalía había solicitado una condena de 12 años de cárcel, porque concluyó que su título de abogado es falso.
En la lectura de la sentencia, la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga, argumentó que las evidencias expuestas por la Fiscalía demostraron que Rivas carecía de un historial académico de correspondencia y una condición profesional inexistente, según pudieron comprobar en el juicio oral.
Las juezas María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo votaron por 8 años de cárcel y el juez Juan Carlos Zárate votó en disidencia considerando que la pena en este caso debía ser de 14 años. En tanto se mantienen las medidas correspondientes a la libertad hasta tanto quede firme y ejecutoriada la condena.
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Los integrantes del tribunal de sentencia llegaron a la conclusión de que Hernán David Rivas es el responsable de los hechos punibles de producción y uso de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad agravada.
Asimismo, sostuvo que durante el juicio oral quedó probado que no existe documentación académica que respalde el certificado de estudios y el título presentados por Rivas para acreditar su condición de abogado y obtener su matrícula ante la Corte Suprema de Justicia.
“Estamos ante lo que podemos denominar un alumno fantasma, una persona cuyo supuesto paso por la carrera de Derecho no dejó ni un solo rastro académico, administrativo o contable”, explicó la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga.
Del mismo modo, los magistrados concluyeron, “más allá de toda duda razonable”, que Rivas no realizó ni aprobó el trabajo final requerido para obtener el título de abogado. Respecto a los testigos que afirmaron haberlo visto cursar la carrera en Ciudad del Este, señalaron que sus declaraciones fueron contradictorias.
“Una carrera universitaria no se hace en un papel, se cursa en un lugar durante años”, sostuvo García de Zúñiga, al referirse a la falta de elementos que acrediten que Rivas haya cursado efectivamente la carrera.
Para calificar los hechos como especialmente graves, el Tribunal remarcó que las consecuencias de la falsedad trascendieron la utilización de una condición de abogado que no le correspondía, ya que Rivas llegó a integrar un órgano constitucional encargado de juzgar a magistrados, fiscales y defensores públicos.
En sus alegatos finales, el Ministerio Público decidió avanzar con un proceso de investigación a siete personas que se presentaron como testigos de la defensa, incluidos la universidad que emitió el documento falso, por presuntas declaraciones falsas ante el tribunal.
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Tía Chela: presunto esquema de Prieto direccionó licitación y encubrió falta de insumos
La Fiscalía presentó sus alegatos iniciales en el juicio oral y público contra el destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en el caso “Tía Chela”, acusándolo de liderar una presunta trama para direccionar contrataciones de emergencia por la pandemia de covid-19, desde mediados de marzo de 2020. La causa, que proseguirá el lunes 21 de setiembre a las 8:00, analiza un supuesto perjuicio al patrimonio público de 2.130 millones de guaraníes mediante la compra simulada de kits de alimentos para familias vulnerables.
Durante la audiencia del 14 de setiembre, el Ministerio Público sostuvo que el exjefe municipal encabezó una red integrada por directores, jefes de área y colaboradores del sector privado para evitar los mecanismos de control habituales. La maniobra se habría ejecutado adjudicando contratos directos a la firma Tía Chela SRL, comercial que carecía del stock y la capacidad técnica para responder al compromiso de proveer 25.000 kits de alimentos.
La Fiscalía, representada por los agentes Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, sostiene su acusación sobre informes, memos, dictámenes y resoluciones municipales que detallan el proceso de licitación, con documentación remitida por la propia firma proveedora; así como dictámenes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República que señalan irregularidades en la solvencia técnica, económica y de experiencia de las empresas invitadas y adjudicadas; además del análisis de facturas y la reconstrucción de inventarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuya trazabilidad señala el millonario perjuicio patrimonial.
Según la acusación fiscal, la comuna utilizó la vía de la excepción sin argumentar motivos válidos de urgencia, omitiendo intencionalmente requisitos básicos de capacidad en los pliegos de bases. Esto permitió seleccionar a un proveedor sin antecedentes en el rubro, vulnerando los principios rectores de la contratación pública.
Los acusados por lesión de confianza y asociación criminal son Miguel Prieto Vallejos, quien desempeñó un rol central como intendente municipal y ordenador de gastos; los funcionarios municipales: Magui Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Infrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Francisco Raimundo Barruga Álvarez; junto con Fermín Ávalos Britos (de la firma Tía Chela SRL) y Emili Vanessa Florentín Páez (vinculada a la firma Vanemi SA).
Licitación manipulada
Tanto la Contraloría General de la República como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas concluyeron que la licitación ID 382177 presentó irregularidades desde su etapa de planificación. Las entidades fiscalizadoras confirmaron la falta de justificación para omitir la licitación pública y la ausencia de garantías financieras adecuadas.
Asimismo, la investigación expuso que las invitaciones para concursar se enviaron de manera dirigida a un grupo reducido de firmas interconectadas. La firma beneficiada se inscribió en el registro de proveedores el mismo día de la invitación, confirmando la falta de trayectoria técnica para cumplir con las exigencias. Los dictámenes oficiales remarcan que la municipalidad tampoco exigió notas de recepción ni verificaciones de entrega en tiempo y forma. Esta omisión facilitó el aval documental a operaciones que carecían de respaldo logístico real.
Facturación ficticia
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actualmente DNIT) aportó análisis fundamentales al reconstruir los inventarios de las empresas involucradas. El informe evidenció que los comercios declarados como subproveedores registraban saldos en cero o figuraban como contribuyentes ficticios dentro del sistema tributario.
Para justificar la posesión de las mercaderías, la red utilizó esquemas de facturación falsa y triangulaciones con empresas vinculadas, entre ellas Vanemi SA. Sin embargo, los cruces de datos demostraron que los bienes nunca ingresaron a los depósitos municipales en los volúmenes contratados.
Esta inconsistencia en la cadena de suministros ratificó que el contrato consistió en un montaje administrativo para justificar desembolsos millonarios. El perjuicio patrimonial se consumó al autorizar pagos por insumos que jamás llegaron a los sectores vulnerables.
Roles definidos
Según la acusación fiscal expuesta en el juicio, el encubrimiento de la falta de mercaderías (los kits de alimentos que debían proveerse a familias de escasos recursos) se realizó a través de un esquema coordinado de simulación documental y administrativa. Los excolaboradores de Prieto suscribieron actas dejando constancia de la recepción de 25.000 kits de alimentos, a pesar de que estos no habían ingresado físicamente a la institución.
- Miguel Prieto (intendente de CDE): se le atribuye haber impulsado la licitación por la vía de la excepción para la compra de cestas básicas; su intervención fue determinante para la aprobación del llamado, la firma del contrato y la autorización de los desembolsos. Además, se señala el vínculo de confianza con la presidenta de la principal firma subproveedora, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la intendencia.
- Maggi Fariña (coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones, UOC): responsable de elaborar el pliego de bases y condiciones con requisitos mínimos y omitir exigencias de capacidad técnica o financiera, además de cursar las invitaciones dirigidas a empresas específicas.
- Sebastián Martínez (director de Desarrollo Social): promovió el llamado, integró el comité de evaluación que recomendó la adjudicación a ‘Tía Chela SRL’ y actuó como administrador del contrato, suscribiendo además documentos de recepción de kits que no llegaron a la institución.
- José Félix Cáceres (jefe de Desarrollo Comunitario): Integró el comité de evaluación que avaló la contratación y participó en la firma de documentos para certificar una ejecución contractual que no fue real.
- Julián Benítez Gamarra (jefe de Almacenes): figura como receptor formal de las entregas de los kits de alimentos, validando documentalmente la recepción de mercaderías que, en la realidad, no fueron provistas en su totalidad.
- Francisco Arúa (director de Administración y Finanzas) e Higinio Ramón Acuña (jefe de Adquisiciones): suscribieron órdenes de compra y gestionaron los procedimientos administrativos de pago a la empresa proveedora.
- Nelson Segovia (tesorero): Participó en el proceso de desembolso de los fondos municipales destinados a la firma adjudicada.
Por su parte, en la audiencia del 15 de setiembre, las defensas alegaron que Tía Chela SRL cumplió con el contrato de provisión de alimentos, para lo cual anuncian que durante el juicio se presentarán pruebas documentales, fotografías, videos y testimonios de la supuesta entrega de las cestas. También cuestionan que la investigación fiscal haya recurrido a informes de entes técnicos como DNCP o DNIT para analizar la trazabilidad documental.
Claves de la acusación
Injustificación de la urgencia: no se acreditó suficientemente la “urgencia impostergable” como causal válida para saltar los procesos ordinarios de contratación, determinando el uso incorrecto de la vía de excepción.
Irregularidades técnicas: el pliego de bases y condiciones omitió criterios esenciales de evaluación, como la capacidad financiera, técnica y de experiencia de los oferentes, direccionando supuestamente la licitación a la empresa Tía Chela SRL.
Operaciones ficticias: la empresa Tía Chela SRL habría simulado una cadena de compraventa para tapar la falta de stock, emitiendo facturas a través de la subproveedora Vanemi SA, que, a su vez, declaró contribuyentes ficticios en las compras.
Falta de contraprestación: la firma solo realizó una entrega mínima de los kits de alimentos, a pesar de haber recibido pagos millonarios del municipio, además con plazos incumplidos para casos de urgencia impostergable.
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São Paulo: una paraguaya falleció por el derrumbe de un edificio que dejó seis víctimas
El derrumbe de un edificio en construcción en la localidad de São Paulo, Brasil, causó la muerte de seis personas, entre ellas una paraguaya, según reportaron autoridades del vecino país.
La construcción se desplomó sobre una vivienda lindante que operaba como taller de costura, donde se encontraba la compatriota junto a otras personas de nacionalidad boliviana. La connacional fallecida fue identificada como Ana Lucía Ruiz Romero, de 38 años, oriunda de la ciudad de Belén, departamento de Concepción.
Las otras cinco víctimas eran bolivianas, entre ellas, una niña de 7 años. En su mayoría, pertenecían a un mismo núcleo familiar.
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El colapso de la edificación de 12 pisos se produjo durante la madrugada del sábado, en el barrio Penha de dicha ciudad. Según los datos, la mujer se encontraba trabajando en el taller de costura junto con ciudadanos bolivianos cuando la estructura del edificio en construcción cedió y cayó sobre el local.
Tras conocerse la tragedia, familiares y allegados realizaron las gestiones correspondientes para la repatriación del cuerpo para ser velado y darle sepultura. Los restos de Ana Lucía llegaron ayer a Paraguay.
Los equipos de rescate trabajaron durante más de 24 horas entre los escombros hasta localizar a todas las personas que habían quedado atrapadas. Dos sobrevivientes fueron rescatados con vida y trasladados a un centro asistencial.
La Policía brasileña detuvo a un socio de la constructora responsable de la obra e investiga posibles irregularidades para determinar las causas del derrumbe. En ese sentido, autoridades locales indagan presuntas omisiones y fallas en la fiscalización de la obra, la cual ya contaba con antecedentes de advertencia.
La Municipalidad de São Paulo dispuso el embargo de otras obras vinculadas a las empresas involucradas y suspendió nuevos pedidos de permisos mientras se investigan posibles irregularidades administrativas.