El gobernador explicó que la documentación ya está disponible en el portal de la Contraloría, incluso mucho antes del plazo del 30 de junio. Foto: Archivo/Nadia Monges.
La Gobernación de Central cumplió en tiempo y forma con rendición de cuentas, aseguró Hugo Javier
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El gobernador del departamento de Central, Hugo Javier González, aseguró que su administración cumplió en tiempo y forma con la rendición de cuentas a la Contraloría General de la República (CGR), sobre los fondos otorgados a los gobernadores en el marco de la Ley de Emergencia.
En este sentido, el gobernador de Central refirió que el plazo límite para la entrega de los informes es hasta el 30 de junio, y la rendición de cuentas de su administración de estos fondos, que corresponde a US$ 1 millón, ya fue entregado la semana pasada y ya se encuentra en la página oficial de la CGR. Cada uno de los 17 departamentos del país recibió el mismo monto.
“La gobernación no se halla en falta con el cumplimiento de la rendición de cuentas, con relación a los fondos especiales. A la fecha, está en el portal de la institución de control, ya se presentó, están todos los documentos respaldan los gastos en el portal de la Contraloría”, sostuvo González.
Rendición de cuenta de la Gobernación de Central a la CGR. Foto: Gentileza.
En este sentido, explicó que la Gobernación recibió los fondos, estipulado en la Ley especial, el 29 de diciembre del 2020, los mismos fueron desembolsados en febrero del 2021 y se distribuyó en un 60% para obras, 20% para insumos médicos y, finalmente, 20% para gastos corrientes, de acuerdo a lo estipulado por el fondo especial de la Ley de Emergencia.
“Es importante destacar que el acto administrativo que marca el inicio de cómputo para la rendición es la fecha de desembolso, para la ejecución del programa, que fue febrero”, refirió el gonernador.
Agregó que, de acuerdo a la resolución 134 de la Contraloría, establece el calendario por el cual se deberá rendir cuentas, iniciando en febrero, abril, y la fecha límite es el 30 de junio, que todavía ni venció. “Agradecemos el control de la Contraloría, nos ayuda a trasparentar, todo está documentado y está presentado en tiempo y forma de la contraloría”, mencionó.
Mientras tanto, lamentó que se hayan realizado las publicaciones en contra de su administración, teniendo en cuenta que, por un lado, aún no feneció el plazo para la entrega de los informes y, por otro, que ya se cumplió con la entrega de la rendición de cuenta. “Hay una especie de saña en particular, no sé si es persecución, pero es mi foto la que se publica, es el nombre de la Gobernación, encima con datos infundados”, puntualizó.
Transparencia en rendición de cuentas de titular del MUVH
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La Contraloría General de la República (CGR) no encontró irregularidades en la rendición de Baruja.
El director Administrativo del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Carlos Yegros, aclaró sobre la rendición de cuenta presentada por el ministro Juan Carlos Baruja de su viaje a España, realizado a mediados de abril pasado para presentar el programa Che Róga Porã a la comunidad paraguaya en tres localidades. “El ministro recibe un monto total de 45.390.010 guaraníes de viático, que es lo que establece el viático y lo que se paga habitualmente para todos los ministros del Poder Ejecutivo, no hay ninguna excepción con respecto al ministro Baruja, y de ese momento el ministro devuelve un total de 22.806.041 guaraníes, poco más del 50 % del viático recibido él devuelve”, detalló el director administrativo.
La Contraloría General de la República (CGR) no encontró irregularidades en la rendición de Baruja, puntualizó Yegros: “Es importante aclarar que esta rendición y esta devolución se da antes de finalizar marzo. El 31 de marzo esto ya fue rendido a la Contraloría General de la República, conforme a la norma legal existente. Es la Contraloría General de la República la que debe objetar o no esta rendición de cuenta, hasta la fecha, la Contraloría no objetó absolutamente nada”, apuntó.
También aclaró sobre las facturas objetadas por ciertos medios de comunicación con relación a las personas que hicieron parte del viaje: “Esas facturas nosotros hemos dividido en dos, se pagó la mitad de la habitación y la mitad se devolvió”.
Contraloría no objetó la rendición de cuenta de Baruja, afirman desde el MUVH
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El director Administrativo del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Carlos Yegros, aclaró sobre la rendición de cuenta presentada por el ministro Juan Carlos Baruja de su viaje a España, realizado a mediados de abril pasado para presentar el programa Che Róga Porã a la comunidad paraguaya en tres localidades.
“El ministro recibe un monto total de 45.390.010 guaraníes de viático, que es lo que establece el viático y lo que se paga habitualmente para todos los ministros del Poder Ejecutivo, no hay ninguna excepción con respecto al ministro Baruja, y de ese momento el ministro devuelve un total de 22.806.041 guaraníes, poco más del 50 % del viático recibido él devuelve”, detalló el director administrativo.
La Contraloría General de la República (CGR) no encontró irregularidades en la rendición de Baruja, puntualizó Yegros: “Es importante aclarar que esta rendición y esta devolución se da antes de finalizar marzo. El 31 de marzo esto ya fue rendido a la Contraloría General de la República, conforme a la norma legal existente. Es la Contraloría General de la República la que debe objetar o no esta rendición de cuenta, hasta la fecha, la Contraloría no objetó absolutamente nada”, apuntó.
También aclaró sobre las facturas objetadas por ciertos medios de comunicación con relación a las personas que hicieron parte del viaje: “Esas facturas nosotros hemos dividido en dos, se pagó la mitad de la habitación y la mitad se devolvió”.
Detalló que el hotel español cobró por el cuarto y no por la persona, “el precio no varía”, refirió. “Por una cuestión de prudencia y para evitar cualquier tipo de discusiones al respecto, hemos rendido la mitad y la otra mitad se ha devuelto, el costo de la mitad de la habitación”, concluyó.
La pesada herencia de Abdo Benítez: deudas, corrupción y falta de transparencia
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El expresidente Mario Abdo Benítez criticó al Estado por las deudas con los proveedores, pero “olvidó” que gran parte de la deuda con las vialeras y farmacéuticas corresponden a su administración. Así, volvió a poner en el centro del debate su gestión y la pesada herencia que dejó para las finanzas del Estado y la credibilidad institucional.
Abdo Benítez contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.
Durante la pandemia, Paraguay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Sin embargo, se destaparon diversas irregularidades en la ejecución de esos fondos.
Mientras los hospitales denunciaban carencias básicas, se denunciaban compras fallidas de insumos médicos, irregularidades en procesos licitatorios y sobrecostos, con casos conocidos como insumos chinos, agua tónica y tapabocas de oro.
La serie de falencias durante la pandemia del covid-19 consta en un informe de la Contraloría General de la República, específicamente en la Memoria Anual 2021.
Caso agua tónica. La Contraloría confirmó irregularidades en las adquisiciones de Petropar durante la administración de Patricia Samudio, cercana al expresidente Mario Abdo Benítez. Foto: Archivo
En paralelo, Abdo Benítez impulsó la obra pública, particularmente el rubro vial. El expresidente siempre se jacta de los 4.000 kilómetros de asfalto que hizo, pero olvida mencionar queempresas vinculadas a su entorno, Aldia SA y Createc SA.E, tuvieron una acumulación de ganancias de USD 45 millones entre el 2018 y el 2023. Esto, sin que se vea reflejado en su manifestación patrimonial ante Contraloría
Informes publicados señalan una fuerte concentración de contratos y posibles direccionamientos y abren interrogantes sobre conflictos de interés y uso de la función pública para beneficio privado.
El frente fiscal es, quizás, el punto más difícil de defender. Al cierre de su administración quedó al descubierto una deuda no reconocida de aproximadamente USD 600 millones con proveedores del Estado, incluyendo farmacéuticas y constructoras. Este pasivo, que no había sido plenamente transparentado, condicionó de inmediato al gobierno siguiente y obligó a reordenar pagos urgentes en sectores sensibles como la salud.
Las ganancias no se ven reflejadas en su manifestación patrimonial ante la Contraloría. Foto: LN Investiga
A esto se suma una deuda de G. 22.000 millones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), específicamente dentro del programa Fonavis, según denunció la administración posterior en agosto de 2023. Además, se reportaron deudas adicionales con la Ande y Essap por aproximadamente G. 25.000 millones.
También el fuerte incremento de la deuda pública, que alcanzó los USD 15.565 millones hacia agosto de 2023, representando cerca del 35 % del PIB. Si bien parte de este endeudamiento se justificó en el contexto de la pandemia, el cuestionamiento central radica en la calidad del gasto y en la falta de resultados proporcionales a los recursos comprometidos.
Otros cuestionamientos a la administración Abdo Benítez son el auge narco tras la liberación de los puertos, la destrucción del Metrobús, su proceso en Seychelles, la mansión que construyó en pandemia.
Es por ello que hoy, cuando el expresidente opina sobre la situación del país, los datos de su gestión reaparecen como un recordatorio incómodo: antes que un problema del presente, muchas de las dificultades actuales tienen origen en su gobierno. Esta es la pesada herencia de Mario Abdo Benítez.
Llamativa lentitud de Contraloría en varias investigaciones patrimoniales
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La celeridad que aplica (como debe ser) la Contraloría General de la República en la investigación de casos de corrupción y en el estudio de bienes correspondientes a algunas autoridades es simplemente extraordinaria, al punto de que en ciertas ocasiones hasta sorprende con algunas filtraciones en plena etapa preliminar de conclusiones. Sin embargo, existen auditorías que llevan años en los cajones de sus oficinas, curiosamente dilatadas y sin mayores explicaciones por parte del ente de control.
Nadie sabe responder, y desde el ente tampoco pueden explicar por qué la Contraloría General de la República (CGR) actúa con una velocidad tal en la investigación de ciertas denuncias de corrupción que atañen a la agenda de determinados medios de comunicación. Sin embargo, otras denuncias con los mismos vicios de irregularidades, pero que no son temas de tapa de un sector de la prensa, son tratadas con una reserva y lentitud particulares.
Hemos visto en los últimos meses que esos temas de agenda mediática generan la reacción inmediata de la Contraloría que, en cuestión de semanas, hicieron sacudir a algunas autoridades con la filtración de datos preliminares de estudios de correspondencia de bienes. Pero en otros casos el reloj no camina y el silencio esconde rigurosamente los avances que pudieran darse o, simplemente, existe un manifiesto desinterés por parte del ente de control.
CLAN ESTIGARRIBIA
En 2023 comenzaron a saltar una serie de datos de investigación con relación a la fortuna amasada por el exintendente de Villa Elisa, hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. El historial de Ricardo, como el de su hermano Sergio Estigarribia, actual intendente de esta ciudad, está minado de denuncias de corrupción y de un crecimiento patrimonial extraordinario en el que toda su familia experimentó un ascenso económico sin asidero, al punto de que la madre de los hermanos pasó de humilde modista de barrio a accionista en una sociedad conformada con USD 1 millón en efectivo.
Nuestro medio publicó una serie de maniobras y casos de desfalco en la municipalidad mediante contrataciones directas adjudicadas a familiares del clan Estigarribia. Concejales de la Municipalidad de Villa Elisa han presionado por una auditoría que, pese a un análisis de gastos de apenas seis meses iniciado en noviembre del 2024, al año y medio no ha reportado ningún resultado. Mientras tanto, el negocio continuó con adjudicaciones directas a operadores, excajeros de tránsito, cuñados, etc.
En noviembre de 2024, la Contraloría también inició un estudio de correspondencia de bienes a los hermanos Estigarribia. “Está en etapa de conclusión” es la reiterada respuesta que nuestro medio recibe cada vez que consulta a la Contraloría por la investigación.
CLAN PEREIRA
El caso del clan Pereira de Encarnación es aún más alevoso. El 13 de diciembre de 2022, hace tres años y tres meses, el Ministerio Público solicitó un examen de correspondencia al clan de los hermanos Javier Pereira Rieve (actual gobernador de Itapúa) y Carlos Pereira Rieve (actual diputado por Itapúa).
La investigación se requirió en el marco de una causa abierta a ambos y a su familia por supuesto enriquecimiento ilícito, posiblemente vinculado al narcotráfico, tráfico de armas, contrabando, ordeño de combustible, entre otros hechos.
Hasta ahora la CGR no emitió dictamen con relación al gobernador. Fuentes de la institución hablan de un alevoso blanqueo en el caso de Carlos Pereira Rieve, pese al meteórico ascenso económico del diputado liberal desde que ingresó a la función pública. De una silla, una mesa y una computadora que sumaban una inversión inicial de G. 50 millones en una empresa, en un tiempo récord de dos años constituía otra firma con una inyección de G. 4.150 millones. Tampoco hay respuesta de la Contraloría con relación al clan Pereira Rieve de Encarnación.
ABDO BENÍTEZ
En agosto de 2023, la Contraloría también inició un examen de correspondencia al expresidente de la República Mario Abdo Benítez. En julio de 2024 detectó que las denuncias periodísticas eran ciertas y que las empresas del exmandatario ganaron 70 veces más durante su gobierno, pero las utilidades fueron redireccionadas a fondos de reserva, lo cual hasta hoy día fue confirmado, y la conclusión quedó varada hace un año y medio.
ARNALDO GIUZZIO
La investigación patrimonial al exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio es otro caso que no convence. Después de conocerse que el secretario del gobierno de Abdo compró una propiedad que declaró por G. 1.200 millones en un año duro de la pandemia (2020), la Contraloría no halló ninguna irregularidad, pese a que las inversiones de Giuzzio superaban sus ingresos y a que las cuotas del préstamo consignado para justificar la adquisición, junto con sus gastos, eran mayores a lo que él percibía como funcionario estatal.