El director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, dentro de su incoherencia se muestra a favor de la transparencia del gobierno. La Secretaría Técnica de Planificación desarrolló una plataforma online para transparentar inversión estatal.
“El Gobierno Nacional apunta a un estado más transparente e inclusivo, promoviendo la participación de la ciudadanía a través del acceso a la información pública”, expresó el director de la EBY sobre la nueva herramienta.
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Pero la reacción de sus seguidores no se hizo esperar para criticar su resistencia a la transparencia de los fondos sociales cuando el Senado aprobó una auditoría de parte de la Contraloría General. Los ciudadanos exigían que se puedan dar a conocer los ingresos del Estado, así como los fondos sociales que son utilizados para costear favores políticos.
Mientras que en el Senado una historia de derroches estatales se da a conocer en forma de parodia por parte del senador Blas Llano. Durante la sesión ordinaria pasada de la Cámara de Senadores expuso a sus colegas la segunda parte del filme “El virrey”, refiriéndose a Duarte Frutos en la EBY.
La riña entre ambos políticos de peso se dio por la recomendación de funcionarios a la entidad que se da por parte del actual director, pero según el exmandatario el dirigente liberal también estaría implicado en este tipo de costumbres políticas.
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Tribunal revoca fallo que emplazaba a la EBY a activar estaciones de bombeo
El Tribunal de Apelación revocó el fallo de primera instancia que obligaba a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a poner en funcionamiento las estaciones de bombeo de Encarnación en un plazo de 45 días, informó este domingo la hidroeléctrica a través de un posteo en redes sociales.
A través del Acuerdo y Sentencia n.º 47, del 11 de setiembre de 2026, se resolvió que la binacional no actúa como órgano de control en la materia y dispuso que las costas procesales de ambas instancias sean impuestas en el orden causado.
La medida establece que la EBY debe responder únicamente por las estaciones que continúan bajo su responsabilidad, dejando sin efecto el emplazamiento judicial que imponía un plazo para la puesta en funcionamiento de todo el sistema.
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“Yacyretá ya viene trabajando desde hace tiempo en la puesta a punto de las estaciones y continuará con las intervenciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento”, precisó.
La entidad aclaró que no es un organismo de control municipal. “Parte de los inconvenientes que afectan al sistema se produce por conexiones irregulares y por el ingreso de residuos y otros elementos a la red, situaciones cuya fiscalización corresponde a las autoridades competentes y no a Yacyretá”, detalló.
Afirmó que una vez concluidos los trabajos necesarios, la entidad avanzará con la transferencia de las estaciones a la Essap, responsable de la prestación del servicio de alcantarillado sanitario.
“Con esta decisión, el Tribunal corrigió el alcance del fallo anterior y delimitó con mayor claridad hasta dónde llega la responsabilidad de Yacyretá sobre el sistema de bombeo de Encarnación”, resaltó.
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Senado pide frenar licitaciones del IPS por casi G. 190.000 millones
Por mayoría, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de declaración que insta al Instituto de Previsión Social (IPS) a cancelar dos millonarias licitaciones para servicios de limpieza e higienización, cuyos montos globales rondan los G. 190.000 millones.
La propuesta legislativa fue promovida por el senador Dionisio Amarilla, vicepresidente de la Cámara Alta, quien logró el acompañamiento de sus colegas para la aprobación.
El parlamentario explicó que impulsó el pedido ante los cuestionamientos surgidos en torno a las condiciones de los procesos de contratación y la necesidad de garantizar una mayor transparencia y competencia en el uso de los recursos del IPS.
El senador liberal explicó que se trata de las licitaciones N.º 27/2026 y N.º 28/2026, destinadas a la contratación de servicios de limpieza e higienización para dependencias del IPS en el Área Central y el interior del país. En conjunto, ambas convocatorias representan aproximadamente G. 189.230 millones.
Garantizar la libre participación
Amarilla sostuvo que, ante las dudas y cuestionamientos existentes, corresponde detener los procesos antes de avanzar hacia una eventual adjudicación y revisar las condiciones establecidas en los pliegos.
“Considero que es necesario garantizar la libre participación de oferentes y evitar cualquier situación que pueda generar sospechas de privilegio o favorecimiento en una contratación de semejante magnitud”, expresó.
Con la aprobación de la declaración, el Senado respalda el planteamiento de Amarilla y pide al IPS cancelar los actuales procesos y realizar una revisión integral antes de convocar nuevamente a una licitación, bajo criterios que aseguren transparencia, igualdad de oportunidades y competencia efectiva.
Para Amarilla, la prioridad debe ser resguardar los recursos del IPS y evitar que una contratación cercana a los G. 190.000 millones avance mientras persisten cuestionamientos que requieren ser esclarecidos.
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Policía Nacional proyecta superar los 42.000 efectivos para diciembre y refuerza controles internos
El Ministerio del Interior difundió este viernes información oficial y datos actualizados sobre la situación de la Policía Nacional, con el objetivo de brindar mayor claridad y transparencia sobre la composición, formación, distribución y fortalecimiento de la fuerza policial.
“Se presentan las principales cifras relacionadas con la cantidad de efectivos actuales y proyectados, los procesos de formación y capacitación, la distribución del personal, los exámenes de integridad, los ascensos, así como las investigaciones, sumarios y bajas registradas en los últimos años”, señala el informe.
Además, la cartera estatal explica que estos datos permiten conocer, de manera clara y objetiva, las acciones que se vienen implementando para fortalecer la institución, mejorar la preparación de sus integrantes, reforzar los mecanismos de control interno y garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
“La información forma parte del compromiso institucional de poner a disposición de la ciudadanía datos concretos sobre la gestión, promoviendo la transparencia, la responsabilidad y el fortalecimiento permanente de la Policía Nacional al servicio de todos”, puntualizaron las autoridades de seguridad.
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Fuerza policial
La Policía Nacional proyecta cerrar el 2026 con 42.611 efectivos, unos 5.000 más que los que actualmente integran la fuerza, según las cifras oficiales difundidas por la institución.
El crecimiento representa un incremento significativo respecto a agosto de 2023, cuando la Policía contaba con 26.793 efectivos. Actualmente son 37.611 los integrantes de la fuerza, mientras que la proyección para diciembre contempla la incorporación de 5.000 nuevos egresados.
Con la cifra proyectada, Paraguay se acercaría al promedio mínimo de referencia de tres policías por cada 1.000 habitantes. Actualmente, la relación es de aproximadamente 2,8 policías por cada 1.000 habitantes.
De los efectivos actuales, 28.916 están destinados a tareas de prevención, seguridad y otras dependencias, mientras que 3.300 cumplen funciones de investigación criminal. Otros 5.395 integran unidades como la FOPE, GEO, agrupaciones de seguridad y otras áreas especializadas.
La institución advierte además que aproximadamente 800 policías se jubilan cada año, lo que constituye un factor a considerar en la planificación de la dotación.
Más formación
El aumento de efectivos está acompañado de cambios en los procesos de formación. Los egresados de 2024 y 2025 fueron seleccionados entre más de 18.000 aspirantes, mediante exámenes realizados por la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
La formación de suboficiales se concentra en un año académico, con 1.610 horas de formación y 500 horas de pasantía profesional. En el caso de los oficiales, la preparación contempla cuatro años de formación y más de 3.200 horas cátedra, por encima de las 2.700 horas exigidas por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). Además, se prevé el ingreso de aproximadamente 150 oficiales por año.
Otro de los ejes señalados por la Policía es el fortalecimiento de los mecanismos de control de integridad. Durante los últimos tres años de gestión se prevé realizar aproximadamente 450 exámenes de integridad, que incluyen pruebas de polígrafo para integrantes de distintas promociones y niveles jerárquicos.
La aprobación del polígrafo constituye un requisito para acceder a un ascenso. Los resultados son remitidos al Tribunal de Calificaciones, encargado de seleccionar a los candidatos para las vacancias disponibles.
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Policías investigados
Uno de los datos más relevantes del informe corresponde a los mecanismos de depuración interna. Entre 2023 y 2026 se registran 2.110 policías investigados por Asuntos Internos y 947 sumariados por indicios serios.
De acuerdo con el documento, el 5% de los sumariados corresponde a casos de corrupción. En el mismo período se registraron 189 bajas por corrupción u otros motivos, mientras que en los cinco años anteriores se habían registrado 109 bajas.
Experiencia en territorio
La estrategia para los nuevos integrantes también contempla una mayor permanencia en territorio. Los nuevos suboficiales deberán cumplir dos años de pasantía mínima en comisarías de Asunción y Central, realizando patrullaje urbano y formación continua.
La medida busca fortalecer la experiencia práctica, mejorar la prevención y la seguridad, promover la especialización y reforzar el vínculo entre la Policía y las comunidades.
Con estas medidas, la Policía plantea una estrategia basada en tres ejes: más efectivos, mayor formación y más controles internos, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la institución y mejorar su servicio a la ciudadanía.
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Informe de la CGR será clave para indagar casos de corrupción en IPS, afirma Chase
El líder de la bancada del movimiento Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, dijo que el informe y dictamen sobre las finanzas públicas realizado por la Contraloría General de la República (CGR) y entregado el pasado lunes al Congreso Nacional, será la base para iniciar las investigaciones sobre los presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS).
“El informe de la Contraloría será uno de los puntos a ser estudiados y será la base hacia donde se dirigirá las investigaciones. Se investigarán todas las denuncias que sean presentadas a lo largo del funcionamiento de la comisión especial de investigación”, comentó el legislador, este jueves, a los medios de comunicación.
En el documento se expone que el IPS es la institución más desordenada del Estado paraguayo debido a la gran cantidad de irregularidades. Entre los casos detectados por la Contraloría, que luego deberán ser remitidos al Ministerio Público, figuran, por ejemplo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue advertida.
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También figura la utilización de cuentas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). “El lunes se concretará la primera reunión de la comisión especial de investigación y ahí elegiremos a las autoridades”, refirió Chase.
La comisión especial se encuentra integrada por Chase, Antonio Barrios, Lizarella Valiente, Lilian Samaniego, Dionisio Amarilla y Esperanza Martínez, y también se enfocará en indagar sobre las denuncias de casos de corrupción dentro del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).
“Primero convocaremos a la Contraloría, que es la institución que presentó el informe y después seguro iremos invitando a los diferentes actores, tanto proveedores como las autoridades del IPS. El vicio en el IPS proviene de larga data, seguro será incluido el total de los estudios de auditoría y seguro iremos hasta el origen del problema. Nosotros tendremos la potestad de investigar, pero el que juzgará es la Fiscalía y el Poder Judicial. Si el reporte es concluyente lo remitiremos a la Fiscalía”, describió Chase.