Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccio­namiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.

Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Adminis­tración perdonó estas obligacio­nes a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a perci­bir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilida­des de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que apro­vechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional veri­ficó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posterior­mente la suma de G. 1.891 millo­nes, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, pri­vando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestacio­nes médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.

Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el com­promiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exone­ración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que ver­saban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con nin­gún punto del acuerdo homolo­gado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno ante­rior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millo­nes a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo ante­rior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recur­sos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los dere­chos de los asegurados con rega­lías que constituyen un saqueo a la previsional.

Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial uti­lizada como revancha mediá­tica del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurí­dico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el pro­pio Consorcio realizó propues­tas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fue­ron rechazadas por no ser con­venientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asu­mir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma pro­puesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abo­nado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y con­siderando todo el regateo a la previsional para esquivar deu­das históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?

Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecuta­dos conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca cam­paña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Bení­tez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.

Un proyecto de investigación presenta aprendizajes sobre cómo las comunidades educativas respondieron a la crisis sanitaria y qué estrategias pueden fortalecer la resiliencia del sistema educativo frente a futuros riesgos.

El estudio, denominado “Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la covid-19”, analizó el funcionamiento de estos comités en 25 instituciones educativas, con el objetivo de comprender cómo se tomaron decisiones y qué mecanismos permitieron sostener la continuidad educativa en un contexto de emergencia.

Entre los principales hallazgos se destaca el papel de la coordinación interinstitucional durante la pandemia. En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) brindó acompañamiento a las instituciones a través de guías prácticas y capacitaciones orientadas a la gestión del riesgo en las escuelas.

En este proceso, los supervisores educativos cumplieron un rol fundamental como vínculo entre las autoridades educativas y las comunidades escolares.

Los resultados muestran que las decisiones tomadas durante la pandemia fueron mayoritariamente colectivas y participativas, lo que contribuyó a fortalecer la autonomía de las comunidades educativas. El proyecto propone recomendaciones estratégicas orientadas a fortalecer el sistema educativo

La Justicia Electoral está abocada a intensificar la capacitación sobre el uso de máquinas de votación para las Elecciones Municipales 2026. Para ello, el Centro de Información, Documentación y Educación Electoral (CIDEE) y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), prosiguen con las tareas de capacitación técnica sobre el uso de las máquinas de votación.

Asimismo, el Procedimiento de Divulgación está dirigido al primer grupo de funcionarios, del cual forman parte los capacitadores electorales, funcionarios de TIC, coordinadores generales, departamentales, delegados TSJE y coordinadores de locales de votación.

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Durante la jornada se abordaron temas sobre las funciones, el uso y manejo de la máquina de votación, realizando ejercicios prácticos y abriendo un espacio para evacuar todas las consultas técnicas de los participantes, del mismo modo recibieron orientaciones sobre el proceso de evaluación y dentro del mismo contexto se trataron los aspectos relacionados a los trabajos de divulgación dirigidos a la ciudadanía desde el próximo lunes 16 de marzo.

De acuerdo al calendario de Capacitación Técnica del uso de la máquina de votación, la formación continuará esta semana con los grupos compuestos por directores, magistrados, delegados TSJE y coordinadores de locales de votación. Es preciso destacar que se destinará una jornada completa para las evaluaciones orales de los asistentes.

Las Elecciones Internas Simultáneas de las organizaciones políticas se desarrollarán el domingo 7 de junio y las Elecciones Municipales el domingo 4 de octubre de 2026, los candidatos que resulten electos cumplirán el periodo de mandato 2026 – 2031.

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El Poder Legislativo enciende los motores desde esta semana, para retomar con mucha fuerza las actividades parlamentarias, en un año completamente atípico y en medio de una fuerte contienda electoral. Si bien, la clase política estará bastante ocupada con las internas partidarias del 7 de junio, primeramente y luego las Elecciones Municipales del 4 de octubre; en paralelo ya se visualiza una frondosa agenda legislativa que promete grandes debates en ambas cámaras.

Para conocer un poco las expectativas para este año, La Nación/Nación Media, conversó con los senadores Derlis Maidana, de la bancada colorada oficialista y con su colega liberal, Dionisio Amarilla, quienes coincidieron plenamente en señalar que sería “una hipocresía”, no reconocer que este año, una buena parte de la atención estará concentrada en los comicios partidarios.

“Este año será un año de elecciones en cada municipio, pero el presidente de la República, Santiago Peña, ya nos ha adelantado que tiene una agenda bien cargada en lo que él llamó el segundo tiempo de su Gobierno”, expresó el senador Maidana.

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Así mismo, el legislador Amarilla indicó que gran parte de la energía legislativa va a estar orientada a los trabajos vinculados a los desafíos electorales partidarios, teniendo en cuenta que las elecciones generales del 2028, tienen como antesala o preliminar las municipales del 2026.

“Los políticos que pretenden volver en el 2028 están armando estructuras de competición para este junio y también para octubre próximo, y eso va a ocupar un poco de tiempo”, acotó.

No obstante, ambos legisladores coincidieron en señalar que este nuevo periodo legislativo anual se inicia con un enorme desafío que demandará una fuerte atención de parte del colegiado y tiene que ver con la reforma de la Caja Fiscal, que se suma igualmente al debate de la Caja Parlamentaria.

Pero también está en agenda legislativa y ya comienza a generar las primeras opiniones de sus colegas temas como el Acuerdo Mercosur - Unión Europea, que fue firmado bajo la presidencia Pro Tempore del Paraguay, en diciembre pasado, y que a la fecha ya cuenta con el visto bueno de los parlamentos de Uruguay y la Argentina, quedando pendiente Paraguay y los otros Estados partes del Mercosur.

También el senador Amarilla señaló que está en lista de la agenda parlamentaria, el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) entre Paraguay y Estados Unidos, firmado en diciembre de 2025. “Son temas que van a generar debate, seguramente un poco de euforia, discusiones ideológicas, otras cuestiones. Es lo que creo que va a formar parte de la dinámica legislativa en este año”, expresó Amarilla.

No obstante, enfatizó que se debe de escuchar a todos los gremios que son afectados con esta reforma, pero también ellos deben de entender que la reforma es necesaria, ya que según las cifras que dio a conocer el Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo corto, el déficit fiscal afectará el pago a los jubilados del sector público.

“La gente tiene que digerir esto, no es un tema que yo le pueda imponer de la noche a la mañana en el cerebro y decirle que se hace esta reforma sí o sí, o no cobrarán sus haberes. Hay que tomarse el tiempo, permitir a la gente que converse en sus círculos y a partir de ahí generar un gran consenso para que eso posteriormente se modifique”, comentó.

En tanto, el senador Maidana indicó que lo principal ante todo, será llegar al mejor consenso que se pueda con respecto a la ley de la reforma de la Caja Fiscal. “Luego estaremos trabajando para que la microeconomía pueda mejorar y trabajaremos también en leyes que faciliten las oportunidades de bienestar a la clase media”, precisó.

El senador colorado enfatizó que la idea es seguir haciendo que la estabilidad macroeconómica sólida que logró el Gobierno del Presidente Peña llegue a la clase trabajadora.

Finalmente, el senador Amarilla insistió en que se viene un año de mucha adrenalina política. “Esto le hace muy bien a la clase política, especialmente a los partidos tradicionales, que son los grandes movilizadores de masa. Pero, también deseamos que sea la constante de los partidos de maletín que vayan creciendo, y que no resuelvan sus internas solamente entre cuatro paredes”, concluyó.

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