Funcionarios del Congreso Nacional expresaron su preocupación por la falta de cobro de sus salarios ante la demora por parte del Ministerio de Hacienda para realizar los trámites administrativos tras la promulgación de la ley que establece el recorte de sus salarios, tras los aumentazos realizados en plena pandemia bajo la presidencia del colorado Óscar “Cachito” Salomón.
La normativa afecta aproximadamente a un total de 762 funcionarios y asesores de la sede legislativa con la finalidad de remitir el dinero para el sistema de salud ante la pandemia del COVID-19.
Desde el Palacio de López informaron que el presidente Mario Abdo Benítez ya promulgó el proyecto que fue impulsado en la Cámara de Diputados.
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El recorte prevé la suma de G. 8.600 millones
La Cámara Alta sancionó el pasado 20 de mayo la actual ley que establece el recorte de G. 8.600 millones que provienen del presupuesto del estamento y del Congreso Nacional. La norma estipula que los recortes pueden ser aplicados a partir del mes de mayo.
El planteamiento de los aumentazos generó inmediatamente el rechazo de la ciudadanía, que se manifestó en ese entonces frente a la vivienda del colorado Salomón, exigiendo el rechazo de los incrementos.
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Indert toma medida sobre casos de violencia contra la mujer y recibe apoyo de campesinos
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tomó medidas ante denuncias realizadas sobre casos de diversas formas de violencia, presuntamente cometidas por cuatro funcionarios o personas vinculadas a la institución. Las denuncias fueron hechas por funcionarias del Indert, y la jueza de Paz del distrito de la Recoleta, María Bethania Mendieta, dispuso medidas de protección urgentes en favor de 8 funcionarias.
Ante esta resolución judicial, el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, resolvió el traslado cuatro de los denunciados a distintas dependencias del ente en el interior del país. El hecho ocurrió en la administración anterior, aclara la institución.
La magistrada ordenó la prohibición de acercamiento de los denunciados a las víctimas, a sus familiares y a los lugares que estas frecuentan, además de prohibir cualquier acto de intimidación, persecución, amenaza o descrédito, ya sea de manera directa o a través de terceros o medios tecnológicos.
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Por Resolución n.° 1452, el titular del Indert dispuso el traslado del funcionario Bernardo Diosnel Sosa, para prestar servicios en la agencia regional de Arroyito, Concepción. Por la Resolución n.° 1453, se resolvió el traslado del funcionario Rubén Estanislao Galeano, a prestar servicios en la Dirección Departamental de Paraguarí.
Por Resolución n.° 1450, fue trasladado el funcionario Fredy Bernardo González a la Dirección Departamental de Guairá. Así también, por Resolución n.° 1453, se dispuso el traslado del funcionario Arnaldo Andrés Britos, a la Dirección Descentralizada de San Pedro, con asiento en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.
Gremios campesinos apoyan decisión
Ante esta decisión, la Coordinadora Nacional de Beneficiarios de la Reforma Agraria (Conabertt) emitió un comunicado público, en el cual respalda al presidente y a la institución. Así también, expresa el repudio ante estos hechos sufridos por las funcionarias.
“Repudiamos los hechos de coacción y amenazas ejercidos por altos jerarcas de administraciones anteriores, sobre quienes la jueza María Bethania Mendieta dictó prohibición de acercamiento a las víctimas por Ley n.° 5777/2016, señala el pronunciamiento de la organización campesina. Conabertt valora y respalda la decisión del presidente del INDERT, Econ. Francisco Ruiz Díaz, de disponer el traslado inmediato de los 4 funcionarios denunciados a agencias regionales del interior, dando cumplimiento íntegro al mandato judicial”, señala el comunicado.
Igualmente, la organización insta al Ministerio Público a avanzar en la investigación por coacción, teniendo en cuenta que las medidas administrativas no sustituyen a la justicia penal.
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Titular del IPS cree innecesaria declaración de emergencia para hacer frente a la crisis
El presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Isaías Fretes, que cumple dos meses en el cargo, considera que el proyecto de ley que busca declarar estado de emergencia no resolverá la crisis en el ente previsional. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y el Senado postergó por un mes el estudio en plenaria.
“Nos va a ayudar mucho a nosotros para acortar los procesos, pero no nos va a solucionar el problema. Voy a dar un ejemplo: te dan una ametralladora como para fulminar todo, pero no te dan la bala”, señaló este sábado a la 650 AM. El médico ratificó que el problema del IPS no es solo administrativo, sino también financiero, al detallar seguidamente los compromisos pendientes de pago por la adquisición de medicamentos en administraciones anteriores.
“Disponemos de 44.000 millones de guaraníes para comprar medicamentos por mes. Pero se necesitan 150.000 millones. Sin embargo, se está pagando 176.000 millones de guaraníes en deudas de administraciones anteriores”, refirió. El doctor Isaías también habló de otro inconveniente que afronta el instituto en cuanto a sus recursos humanos. Afirmó que tanto los médicos como las enfermeras reciben una paga que no está acorde con su formación académica, aunque también reconoció que el IPS no está en condiciones económicas de “honrar el sacrificio” de su personal.
“Este es el ejemplo de la desidia institucional, de lo mal que está la institución. No puede una enfermera estar ganando 2.800.000 guaraníes. No puede un médico hemodinamista que tiene 16 años de estudios, ganar 4.500.000 guaraníes”, lamentó Fretes, y manifestó que los profesionales de la salud “están pasando una situación calamitosa e indigna”, pero “el IPS no está en condiciones de honrar el sacrificio de ellos”.
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Manifestación del personal de IPS: piden aumento salarial y que el Consejo se reúna en CDE
- Ciudad del Este. Agencia regional
Trabajadores contratados y permanentes de las seis unidades médicas del Instituto de Previsión Social de Alto Paraná, se manifestaron hoy frente a los hospitales y puestos médicos del IPS. Piden aumento salarial y que el Consejo de Administración se reúna por lo menos una vez en Ciudad del Este.
La convocatoria fue del Sindicato de Funcionarios del IPS de Alto Paraná (Sifipsap). Estuvieron hasta el medio día agrupados con carteles frente al Hospital Regional de Ciudad del Este y las unidades sanitarias de Presidente Franco, Hernandarias, Minga Guazú, Santa Rita e Itakyry.
El reclamo principal es levantar lo que califican como congelamiento salarial de un porcentaje mayoritario del personal, ya sea de enfermería, servicios generales, técnicos y también médicos, según dijo Isidro Mareco, secretario general del Sifipsap.
Indicó hoy que, además del aumento salarial, hay muchas situaciones que los funcionarios quieren hablar con el presidente del IPS, doctor Isaías Fretes y por eso lo están esperando en Alto Paraná.
“No solamente queremos que venga, sino que sea un día de trabajo y que el Consejo de Administración realice su reunión acá en la zona, para que todos los sectores hagan conocer sus preocupaciones”, refirió el secretario general del Sifipsap. Agregó que no será suficiente dos horas para que, tanto el personal como los representantes de los aseguradores se hagan escuchar.
Mareco refirió que la decisión tomada entre los trabajadores es continuar con la movilización el próximo viernes y así sucesivamente, avanzando en acciones más fuertes hasta que sean escuchados.
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Revés judicial para el gobierno de Milei por recortes a fondos para universidades
La Corte Suprema de Argentina dejó firme este jueves una medida preventiva que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplir la ley de financiamiento universitario, norma que el presidente había vetado al aducir que iba en contra de su política de austeridad fiscal.
El máximo tribunal rechazó un recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo contra la aplicación de la ley, de acuerdo al documento judicial.
El fallo de la Corte implica la actualización salarial a docentes desde diciembre de 2023 y la recomposición de becas estudiantiles que habían sido discontinuadas.
La ley, aprobada por el Congreso en agosto de 2025, fue vetada por Milei y ratificada después por el Parlamento en octubre del año pasado. Sin embargo, el Poder Ejecutivo nunca la aplicó.
La decisión de la Corte busca zanjar un conflicto que lleva más de dos años entre el gobierno y las universidades públicas, y que dio lugar a masivas manifestaciones en defensa de una mayor financiación para la educación superior.
“Fue un camino largo y difícil”, dijo en X Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al celebrar que la sociedad “nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social”.
El gobierno se mantuvo en silencio. El Poder Ejecutivo había condicionado, por decreto, que el cumplimiento de la ley dependa de que el Congreso garantice cómo financiarla.
Un tribunal mantiene una causa abierta para resolver si ese decreto es constitucional, según un amparo colectivo presentado por las universidades.
El fallo de la Corte Suprema de este jueves obliga al Ejecutivo a cumplir la ley hasta tanto se resuelva esa cuestión de fondo.
A principios de junio la secretaría de Educación había propuesto un aumento salarial del 24,33 % a los docentes y la reposición de algunas partidas para gastos de funcionamiento.
Sindicatos docentes denunciaron que en los últimos dos años los salarios cayeron 40 % y se produjo la renuncia de cientos de profesores.
La última de cuatro marchas federales en defensa de la ley de financiamiento universitario tuvo lugar el 13 de mayo pasado, cuando una multitud se congregó frente a la Casa de Gobierno bajo la consigna “Milei, cumplí la ley”.
- Fuente: AFP
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