Finalmente el Poder Ejecutivo emitió en la fecha el decreto reglamentario con las modificaciones a la norma que establece subsidios para los comerciantes, ya sean formales o informales pertenecientes a las ciudades fronterizas.
A través de los cambios realizados se eliminaron limitaciones con la finalidad de asistir a más ciudadanos que fueron afectados duramente por la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del COVID-19.
En varias ocasiones los comerciantes de las zonas fronterizas se vieron obligados a realizar manifestaciones contra el gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, solicitando la asistencia a sus requerimientos.
De esta forma, aproximadamente 800 trabajadores que fueron bloqueados podrán ingresar a la nómina de los beneficiados y habrá más de 4.000 receptores de la asistencia que será realizada por el Gobierno.
Entre los cambios se encuentran que la ley ya no limita a ser pasibles de recibir la asistencia a aquellas personas cuyos ingresos mensuales sean iguales o menores a 3 salarios mínimos, sino que establece que se priorizará a estos.
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Por otra parte, dejó de ser excluyente que la persona que solicite la asistencia económica sea familiar de un funcionario público o un titular del Instituto de Previsión Social (IPS).
Zonas que serán beneficiadas por el subsidio
Los beneficiados son de las ciudades de Encarnación, Puerto Falcón, Alberdi, Ayolas, Nanawa, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, San Rafael del Paraná, Mayor Otaño, Cerrito, Humaitá, Villa Oliva, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Franca y Puerto Falcón.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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Policías analizan más cooperación ante robo diario de vehículos en la frontera
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un equipo técnico de la Policía Rodoviaria Federal de Brasil se reunió esta mañana con agentes de algunas unidades de la Policía de Alto Paraná, para el tratamiento de una posible firma de Memorando de Entendimiento para una mayor cooperación entre las unidades de Paraguay y de Brasil, enfocado al crimen organizado, especialmente los delitos de frontera.
Entre los que se pueden destacar los robos de vehículos que cruzan de un país a otro, fue uno de los temas sobre los cuales se abordó en la reunión realizada en sede del Comando Tripartido, regional Alto Paraná, ubicada en el barrio San José de Ciudad del Este.
Es lo que manifestó a La Nación/Nación Media el comisario principal Carlos Duré, jefe del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional, quien estuvo a cargo de la representación paraguaya.
“Estamos invadidos de vehículos robados en Brasil”, expresó el jefe policial, quien no descartó los casos que ocurren a la inversa; rodados robados en territorio paraguayo y que cruzan al Brasil. No obstante, remarcó que los vehículos robados en el país vecino y que son traídos al país, principalmente por Ciudad del Este, son muchos más.
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“No bajan los indicadores y se trata de ver de qué manera podemos reaccionar ante eso; Brasil tiene mucha tecnología que nos puede servir dentro de una línea de trabajo en todas las fronteras con Brasil, de manera más rápida”, refirió el comisario Duré. Agregó que la cooperación debe ser más fuerte y es eso lo que se está viendo.
Sobre la estimación de qué se hace en Paraguay con los vehículos robados en Brasil, dijo que el uso para la comisión de otros delitos es lo más usual, pero también existe una diversidad de situaciones relacionadas a esos robos que, se necesita un análisis más detallado sobre las estadísticas. También mencionó que, en lo referente a las reacciones ante un delito, también debe verse el tiempo entre el hecho y la denuncia, para que las acciones tengan mayor efectividad.
De la reunión participaron además el jefe del Departamento de Unidad Motorizada, comisario principal Jorge Cardozo y personal del Grupo Táctico Motorizado Lince, a cargo del oficial primero Rafael González y representantes de la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad del Departamento de Alto Paraná.
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En posible ajuste de cuentas, asesinan a un hombre en centro comercial de Ponta Porã
- Pedro Juan Caballero (Emerson Dutra, corresponsal)
La ejecución quedó totalmente grabada en cámaras de circuito cerrado que existe en las inmediaciones del lugar. En el video, se observa cuando el brasileño Bruno Pacheco Ferreira, de 41 años de edad, fue acribillado por un hombre encapuchado.
Datos revelan que el sangriento suceso se registró al mediodía de este lunes sobre la avenida Marechal Floriano de la vecina ciudad brasileña de Ponta Porã,, a escasos 100 metros de la línea internacional.
La víctima, tras realizar compras en una casa comercial del lugar, disponía a alzar en la parte trasera de su vehículo los productos adquiridos cuando estacionaba a su costado un vehículo de la marca Fiat, tipo Strada.
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De su interior, desciende rápidamente el sicario, arma de fuego en manos. Tras acercarse hacia Pacheco Ferreira, lo mató a tiros.
El crimen fue cometido por un hombre encapuchado y armado con una potente pistola automática calibre 9 milímetros que, tras cometer el homicidio, abandonó el sitio a bordo de su vehículo. Minutos después, el rodado fue encontrado en llamas en un barrio de esa ciudad de frontera.
Por la violenta forma en que se cometió la ejecución, la policía sospecha que sería por ajuste de cuentas, común en esta zona del país. Agentes policiales abrieron una investigación con la finalidad de identificar a los presuntos autores del hecho.
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Lesión de confianza y asociación criminal: juez fija audiencia preliminar para Miguel Prieto
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.
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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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