El Poder Ejecutivo promulgó en la fecha la Ley 6.730 que concede una pensión graciable a la madre del suboficial secuestrado por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Obdulia Florenciano. La normativa concede la suma de G. 3.000.000.
La propuesta inicial era de G. 2.192.389. La normativa fue tratada en la Cámara de Senadores en noviembre del pasado año y por la Cámara de Diputados en abril de este año.
El pasado 24 de abril, Florenciano solicitó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que rechace el proyecto que fue sancionado desde el Legislativo afirmando que lo aprobado era un monto miserable y una burla para su familia ante la situación que atraviesan.
“Esta pensión para mí es miserable, ingraciable. Yo rotundamente rechazo esta pensión miserable, nosotros somos personas trabajadoras y no hay negociación sobre mi hijo. Yo no había pedido esto porque este monto no sirve ni para limpiarse el culo”, había argumentado la mujer en comunicación con la radio 1000 AM, refiriéndose en esa oportunidad al monto inicial.
El agente fue secuestrado por los criminales que operan en el norte en el 2014. Hasta ahora los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) no lograron contar con datos certeros sobre su paradero.
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Éxito contra el EPP es gracias al pago de recompensas, afirman
El comandante del Batallón de Inteligencia Militar, coronel Carlos Casco, habló acerca de los últimos operativos y trabajos de inteligencia que se están llevando adelante en la lucha contra el grupo criminal autodenominado EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).
Para lograr resultados positivos como los obtenidos en el último operativo Cobrarius, en Canindeyú, donde fue abatido Rubén Darío López Fernández, alias Loro, y donde se tiene la sospecha de que Magna Meza quedó herida, se trabaja con fuentes de información técnica y fuentes humanas.
“Son en las fuentes humanas donde logramos el éxito. Llegamos sin tener la ayuda, en todos los casos fue así. Esa es la forma de trabajar en inteligencia. Saber quiénes son las personas que brindarán el acceso a las estructuras. En todos los casos donde tuvimos operaciones exitosas fueron motivados por el pago de recompensa”, manifestó en a la 1020 AM.
Resaltó que se inició el trámite con todas las documentaciones, aclarando que cuentan con un sistema de gestión de información llamado Arandu, que tiene trazabilidad porque todas las informaciones van documentadas y todas las fuentes tienen un código numérico específico, permitiendo contar con un historial de datos recibidos hasta el último día antes de realizar la operación.
“Hay muchas personas que ya recibieron su recompensa, por ejemplo, la operación Zeus, que fue fruto de una fuente humana muy importante que nos proporcionó un dato muy importante, en esa ocasión, una sola persona recibió 1.000 millones de guaraníes”, precisó.
CORROBORAN INFORMACIÓN
“Fueron varios datos los que nos fueron brindando, y que tratamos de comprobar con otras fuentes de la zona. No es que nos jugamos el todo por el todo, porque no queremos caer en mentiras peligrando la vida de nuestros personales. Incluso la persona que es fuente humana es sometida a pruebas de polígrafos para corroborar la información”, indicó.
Mencionó estos datos porque muchas veces hay gente que por miedo o creyendo que no serán recompensados, no brindan informaciones. Sin embargo, prefieren dar a conocer esto para que se sepa que se está cumpliendo.
A partir de la divulgación del pago de recompensa, mayor número se animó a brindar información. “Este dinero lo administra directamente el Ministerio del Interior, que cuenta con un fondo exclusivo para estos casos. Hay una ley que no estaba reglamentada y hace poco el ministerio logró reglamentar”, mencionó.
Agregó que todos estos operativos se preparan en una mesa de trabajo conjunto con el Departamento Antisecuestro y el Batallón de Inteligencia Militar, donde se evalúa el perfil de cada uno y con base en los datos se van estableciendo los montos de recompensa.
“Esto pasa a criterio del ministro del Interior, el ministro de Defensa Nacional y finalmente es el presidente de la República el que brinda la autorización. Entonces, las veces que tenemos una información puntual, nosotros primero consultamos si vamos a tener apoyo para pagar, y una vez que se tenga el ok se continúa con el proceso”, acotó.
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Prieto contrató como asesor a un cuñado de la comandante del EPP
En la intervenida administración municipal de Miguel Prieto siguen las “sorpresas”, tras revelarse que uno de sus asesores de educación y cultura, Pedro Bonifacio Espinoza Chávez, guarda vínculos directos con la líder del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Espinoza Chávez, actual funcionario de la Municipalidad de Ciudad del Este, es pareja de Dora Meza, hermana de Magna Meza, identificada por las autoridades como líder activa del grupo criminal EPP y de Aldo Meza, anterior líder y ahora cumpliendo condena.
Esta relación familiar ya había generado controversia en el pasado, pero el caso se agrava al recordar que en 2016, Espinoza y su pareja fueron objeto de un allanamiento donde se incautaron cargamentos de marihuana y panfletos alusivos al grupo criminal.
ANTECEDENTES QUE NO PUEDEN SER IGNORADOS
La presencia de panfletos del EPP en ese procedimiento no fue un hecho menor. Las autoridades lo vincularon en su momento con actividades de propaganda del grupo criminal, aunque nunca se formalizaron acusaciones directas. A pesar de ese oscuro antecedente, Miguel Prieto lo incluyó dentro de su equipo municipal.
La decisión del intendente levanta serias dudas sobre los filtros éticos y legales en la contratación de personal dentro del municipio. ¿Se hizo una evaluación de antecedentes? ¿Se investigaron las conexiones familiares con el EPP, una organización responsable de secuestros, asesinatos y extorsiones?
En redes sociales, ciudadanos de la capital del Alto Paraná reaccionaron molestos pues consideran que el municipio no puede ser refugio de personas ligadas, aunque sea indirectamente, a organizaciones criminales.
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EPP tenía por objetivos a jueces y fiscales de Canindeyú, afirman
El ministro del Interior, Enrique Riera, refirió que el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tenía por objetivos a diversas autoridades, empresarios y trabajadores de prensa de Canindeyú. La operación militar Cobrarius abatió al cabecilla Rubén Darío López Fernández, alias Loro, en un campamento con importantes elementos incautados.
“La información que nosotros manejábamos es que se podría lograr o intentar atentar contra jueces, fiscales, productores, periodistas y militares. El grupo criminal no pasa de 14 los miembros identificados, que tienen antigüedad”, comentó Riera en una conferencia de prensa. “Puede ser que tengan ayuda logística los que compran cosas, indígenas que le sirvan como campanas, pero que no tienen capacidad de organizar y enfrentar a nuestras fuerzas. Tenemos todavía como tarea pendiente el núcleo duro donde están Cristiano Mieres y Magna Meza”, acotó.
MAGNA MEZA PODRÍA ESTAR HERIDA
El alto funcionario de Estado agregó que no se descarta la posibilidad de que Magna Meza, una de las principales fundadoras del EPP, se encuentre herida de gravedad o haya fallecido, a consecuencia del enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en zona de la reserva de Mbaracayú.
“No descartamos la posibilidad de que ella esté muy mal herida o que directamente falleció, pero esto se sabrá con el tiempo. Ellos no son de abandonar a sus caídos, puede ser que hayan tenido tiempo de llevarla y a Loro no, teniendo en cuenta que estaba metido en un matorral con el fin de protegerse y fue el lugar donde murió y ya no tuvieron tiempo”, dijo.
Por otra parte, el ministro ratificó el compromiso del gobierno del mandatario Santiago Peña de localizar a los secuestrados, el suboficial Edelio Morínigo y el exvicepresidente de la República, el liberal Óscar Denis. “El Estado no se cansa ni se cansará. Que sus familias sepan que nosotros no descansamos como fuerza de seguridad. Esta es una tarea de resistencia y no de velocidad”, indicó.
SEPA MÁS
Antecedentes
En mayo pasado, la FTC confirmó que el grupo criminal EPP migró al departamento de Canindeyú en busca de refugio, al verse obligados a dejar sus guaridas en las zonas Amambay y Concepción tras la pérdida de su líder Osvaldo Villalba.
La información fue confirmada mediante las evidencias encontradas tras el ataque a la Subcomisaría N.º 10 de la colonia Ybyrarovana, el pasado 3 de mayo.
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EPP tenía por objetivos a jueces y fiscales de Canindeyú, dice Riera
El ministro del Interior, Enrique Riera, refirió que el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tenía por objetivos a diversas autoridades, empresarios y trabajadores de prensa de Canindeyú. La operación militar “Cobrarius” abatió al cabecilla Rubén Darío López Fernández, alias “Loro”, en un campamento con importantes elementos incautados.
“La información que nosotros manejábamos es que se podría lograr o intentar atentar contra jueces, fiscales, productores, periodistas y militares. El grupo criminal no pasa de 14 los miembros identificados, que tienen antigüedad", comentó Riera este miércoles, en una conferencia de prensa.
“Puede ser que tengan ayuda logística los que compran cosas, indígenas que le sirvan como campanas, pero que no tienen capacidad de organizar y enfrentar a nuestras fuerzas. Tenemos todavía como tarea pendiente, el núcleo duro donde están Cristiano Mieres y Magna Meza”, acotó.
El alto funcionario de Estado agregó que no se descarta la posibilidad de que Magna Meza, una de las principales fundadoras del EPP, se encuentre herida de gravedad o haya fallecido, a consecuencia del enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en zona de la reserva de Mbaracayú.
“No descartamos la posibilidad de que ella esté muy mal herida o que directamente falleció, pero esto se sabrá con el tiempo. Ellos no son de abandonar a sus caídos, puede ser que hayan tenido tiempo de llevarla y a Loro no, teniendo en cuenta que estaba metido en un matorral con el fin de protegerse y fue el lugar donde murió y ya no tuvieron tiempo”, dijo.
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Por otra parte, el ministro ratificó el compromiso del gobierno del mandatario Santiago Peña, de localizar a los secuestrados, el suboficial Edelio Morínigo y el exvicepresidente de la República, el liberal Óscar Denis. “El Estado no se cansa ni se cansará. Que sus familias sepan que nosotros no descansamos como fuerza de seguridad. Esta es una tarea de resistencia y no de velocidad”, indicó.
Antecedentes
En mayo pasado, la FTC confirmó que el grupo criminal EPP migró al departamento de Canindeyú en busca de refugio, al verse obligados a dejar sus guaridas en las zonas Amambay y Concepción, tras la pérdida de su líder Osvaldo Villalba.
La información fue confirmada mediante las evidencias encontradas tras el ataque a la subcomisaría n.º 10 de la colonia Ybyrarovana, el pasado 3 de mayo.