El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, recibió en su despacho a la embajadora del Reino Unido en Paraguay, Danielle Dunne, quien resaltó el desempeño económico del país.

La diplomática manifestó el interés de fortalecer el comercio bilateral y las inversiones entre ambos países, especialmente en sectores vinculados a la energía verde.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron que durante el encuentro ambas autoridades conversaron sobre las perspectivas de la economía paraguaya y las oportunidades para ampliar el comercio bilateral, así como las posibilidades de trabajo conjunto para promover inversiones.

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Al término de la reunión, la embajadora señaló que el Reino Unido observa a Paraguay con gran interés, debido a su estabilidad y crecimiento en un contexto internacional desafiante.

Asimismo, manifestó que existen amplias oportunidades para profundizar la relación económica, particularmente en áreas vinculadas a la inversión y al desarrollo de nuevos negocios.

Sobre el punto mencionó que sectores como la energía verde resultan especialmente atractivos para potenciales inversores británicos, considerando las condiciones favorables que ofrece nuestro país.

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La Organización de Estados Americanos se declaró ayer miércoles “alarmada” ante la situación política y social en Nicaragua y exhortó al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a respetar los derechos humanos. El Consejo Permanente de la OEA, órgano ejecutivo del bloque regional, aprobó por unanimidad una resolución que urge al país centroamericano a “poner fin a las violaciones a los derechos humanos, incluida la liberación incondicional de todas las personas detenidas injustamente, y de aquellas injustamente sujetas a arresto domiciliario”.

El último informe del grupo especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua describe "acciones de hostigamiento, persecución y atentados contra la vida que se extienden más allá de las fronteras terrestres" del país, recuerda la resolución. El texto señala que esto ocurre “incluso a través de la instrumentalización de los mecanismos internacionales de cooperación, como el uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol”.

Nicaragua, cuya presidencia es compartida desde noviembre de 2024 por Ortega y su esposa Murillo, abandonó la OEA hace poco más de un año. El Consejo Permanente invitó al país “retornar” a la organización, en cumplimiento con los principios de la Carta Democrática Interamericana. Al mismo tiempo, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mantenga su monitoreo sobre la situación de los derechos fundamentales en el país, a pesar de que el gobierno de Ortega y Murillo rechaza sus visitas.

La oenegé Human Rights Watch (HRW) denunció el miércoles “la ejecución extrajudicial de 120 latinoamericanos” en el Caribe por ataques de Estados Unidos, y dijo que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca animó a varios gobiernos de América Latina para cometer abusos. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, advirtió que a las “graves violaciones a derechos humanos” identificadas “por décadas” en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, se suman ahora los abusos cometidos por Washington en la región, además de la retención de extranjeros deportados por Estados Unidos en El Salvador, Panamá y Costa Rica.

“La ejecución extrajudicial de 120 latinoamericanos en aguas del Caribe y el Pacífico” durante ataques estadounidenses contra embarcaciones supuestamente utilizadas para el trasiego de drogas es una de las acciones del gobierno de Trump que han agravado la situación de los derechos humanos en la región, citó Goebertus en una rueda de prensa.

Estas muertes se dieron en el contexto del despliegue naval que mantiene Washington en el Caribe, donde ha atacado botes presuntamente del narcotráfico, y que condujo al poderoso operativo militar para capturar al depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

En su informe anual, presentado en Ciudad de México, HRW menciona también que El Salvador recluyó a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). En esa megacárcel inaugurada en 2023 por el presidente Nayib Bukele, HRW pudo “documentar que (los deportados) sufrieron torturas sistemáticas”, añadió Goebertus en entrevista telefónica con AFP. La abogada lamentó que países “que históricamente han sido muy comprometidos con la defensa de derechos humanos, como Panamá y Costa Rica” hayan retenido a extranjeros deportados por Estados Unidos “sin ninguna justificación”.

“El gobierno de Estados Unidos ha tenido una influencia indudablemente negativa” en la región, cuyo balance frente a las políticas migratorias del republicano “es muy desafortunado”, afirmó. El recorte de Trump a la ayuda internacional de Washington, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tuvo un impacto “supremamente grave” en América Latina y el Caribe, denunció Goebertus.

Los ecos de esta política también llegan hasta países como Ecuador y Perú, que al igual que El Salvador, lanzaron leyes “para el cierre arbitrario de organizaciones” de derechos humanos, aprovechando el “debilitamiento” de las oenegés. HRW destaca que, con resultados disímiles, gobiernos latinoamericanos que aplicaron políticas de mano dura contra la delincuencia registran un incremento en las violaciones a los derechos humanos. El informe sostiene que la administración de Bukele cometió “detenciones arbitrarias y masivas”, “tortura” y “desaparición forzada” para conseguir una importante disminución de la violencia ligada a las pandillas.

Ecuador, por otra parte, cerró 2025 con una tasa de homicidios récord de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mientras que sus fuerzas de seguridad incurrieron en “ejecuciones extrajudiciales” y “desapariciones forzadas”, según HRW. En el caso de México, Goebertus llamó a poner “la lupa” en “la erosión del sistema de pesos y contrapesos”, entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, provocada por la reforma constitucional que instauró la elección popular de jueces.

Esta reforma convirtió “a los jueces en actores sujetos a mayorías políticas y presiones electorales”, añadió la politóloga Denise Dresser en la rueda de prensa. Lisa Sánchez, especialista en seguridad y política de drogas señaló que la “militarización” de la seguridad pública no solo incrementa los riesgos de violaciones a las garantías fundamentales, sino que no ha puesto un freno a la corrupción en México.

“Las fuerzas armadas están participando igualmente en esquemas de corrupción”, dijo Sánchez, en alusión a las indagatorias por contrabando de combustible contra elementos de la Secretaría de Marina en 2025. El informe de HRW reconoce la reducción de la pobreza en México, pero “comer mejor no compensa vivir sin justicia”, subrayó Dresser.

Fuente: AFP.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) suscribieron un acuerdo de cooperación electoral con el objetivo de fortalecer los procesos democráticos y el sistema electoral de Paraguay.

“Una vez más, estamos contando con una misión de apoyo técnico de la OEA, que brindará acompañamiento en los próximos procesos electorales y la revisión técnica de las máquinas de votación ”, destacó el ministro Jaime Bestard, en su carácter de miembro del TSJE, durante la firma.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, señaló que las instituciones electorales requieren capacidad técnica, así como respeto, independencia y autonomía para poder organizar elecciones desde una perspectiva técnica, “de manera que se garantice el derecho fundamental de los ciudadanos a través de un proceso electoral secreto, honesto y transparente”, acotó.

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Desde la Justicia Electoral señalan que este acuerdo establece un marco de colaboración técnica, intercambio de experiencias y desarrollo de programas y proyectos conjuntos en materia electoral entre ambas instituciones.

La ceremonia de firma se realizó en la sede de la OEA, en Washington, D. C., con la presencia del embajador paraguayo ante la OEA, Raúl Florentín; el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, Sebastián Kraljevich, y del jefe del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, Cristóbal Fernández.

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El director de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Vera, aclaró que no existe una nueva normativa, sino mayor rigurosidad en la aplicación de la ley migratoria vigente en la Argentina.

“Oficialmente no tenemos nada, sí estamos siguiendo las publicaciones. Entendemos nosotros que en realidad esta normativa ya está vigente que es la ley migratoria argentina”, señaló a la 1080 AM.

Se trata de la Ley 2581 del año 2003, pero recién el año pasado con el Decreto 366, que empezó a regir el 28 de mayo, se volvieron más rigurosos los controles.

“Cuando un compatriota o un turista intenta ingresar a la Argentina y dice que va en carácter de turista, entones las preguntas de rigor generalmente se refieren a dónde se va a quedar y si tiene planeado recorrer”, comentó.

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Dijo que cuando estas preguntas no son evacuadas de manera eficiente para el funcionario de Migraciones, es ahí cuando se empiezan a controlar con mayor rigurosidad.

“Como ellos también tienen el sistema informatizado ven un poco el movimiento de esa persona. Si en algún momento superó los 90 días, pagó la multa o tiene una multa por haberse excedido ese tiempo del turismo, si pagó o no pagó”, relató.

Ante estas consultas, algunas personas son rechazadas, tras las averiguaciones por “falso turista”.

“Eso no quiere decir que no pueda volver a intentar, pero sí para la siguiente oportunidad se va a tener en cuenta en carácter de turista que ya debe tener la dirección del hotel, por cuánto tiempo y demostrar si está en condiciones de poder solventar los gastos durante su estadía”, puntualizó.

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