El presidente del Congreso Nacional, el senador Óscar “Cachito” Salomón, declaró que confía en que la Itaipú Binacional entregará las documentaciones solicitadas por la Contraloría. Foto: Archivo.
Itaipú debe seguir el camino a la transparencia, según titular del Legislativo
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El presidente del Congreso Nacional, el senador Óscar “Cachito” Salomón, declaró que confía en que la Itaipú Binacional entregará las documentaciones solicitadas por la Contraloría General de la República (CGR) para iniciar la auditoría de los fondos sociales de la entidad.
A pesar de la negativa de la hidroeléctrica y su decisión de acudir a la Justicia para no remitir la información, el titular del Legislativo Nacional afirma que debe dar el importante paso hacia la transparencia.
“Nosotros esperamos que Itaipú haga lo mismo que Yacyretá. Creo que se va dar. Es un paso importante que se debe dar. Tenemos que recibir informes detallados sobre los fondos socioambientales de la entidad. Pero no solo de la actual dirección paraguaya, sino que también de anteriores administraciones”, aseveró Salomón.
El parlamentario destacó, por otra parte, que recibieron en la fecha en la Cámara de Senadores copia de todas las documentaciones que entregó la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a la Contraloría.
“Todo lo solicitado por los compañeros está acá. Vamos a recepcionarlo y distribuir a los líderes de bancada, mesa directiva y luego a la prensa. Queremos destacar que el director de la Binacional (Nicanor Duarte) se hizo eco del pedido de transparencia, para abrir las puertas y entregar todos los informes solicitados”, mencionó.
Acción de inconstitucionalidad
La Itaipú Binacional presentó una acción de inconstitucionalidad ante la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra la resolución Nº 236 de la Contraloría General de la República de fecha 30 de abril de este año, donde se dispone la realización de una auditoría financiera de los fondos destinados a los gastos sociales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, margen derecha, lado paraguayo.
Asimismo, la binacional solicitó a la Corte como medida de urgencia dejar sin efecto la resolución de la Contraloría y así evitar que el órgano de control realice una auditoría a los gastos sociales de la citada entidad. Firmaron la acción en representación de la Itaipú Maganoli Mendoza, Óscar Bogado y Daniel Mendonca.
El presente caso será estudiado por los ministros de la máxima instancia judicial César Diesel, Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica, quienes se tendrán que expedir sobre el planteamiento formulado por la Itaipú.
El proyecto del presidente Javier Milei dio un primer paso ayer martes cuando los diputados votaron a favor de sus reformas para desregular la economía argentina, dejando el programa en manos del Senado tras una maratónica sesión que comenzó la víspera.
“Este es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas”, celebró Milei en la red social X.
“Con este primer paso estamos cada vez más cerca de poder encontrarnos el 25 de mayo en La Docta, Córdoba (centro), para dar inicio a una nueva era de prosperidad para la Argentina”, prosiguió. Al Gobierno le urge la aprobación de estas medidas antes del 25 de mayo, día en que Milei convocó a todo el arco político a firmar un “contrato social” de diez puntos, entre ellos, la defensa “inviolable” de la propiedad privada y el equilibrio fiscal “innegociable”.
Tanto la llamada Ley Bases como el paquete fiscal fueron aprobados en cuatro votaciones distintas a lo largo del día tras un debate que inició el lunes a mediodía y se prolongó toda la noche. Ahora ambos proyectos legislativos recorrerán un camino de espinas en el Senado, donde el partido de gobierno cuenta apenas con 7 de los 72 escaños.
La Ley Bases contempla medidas como la declaración de emergencia económica y energética por un año, la delegación de facultades que permite a Milei disolver organismos estatales y la posibilidad de privatizar una decena de empresas públicas. También incluye una “modernización laboral” que, entre otras cosas, modifica el sistema de indemnizaciones y aumenta los periodos de prueba de los empleados, algo que fue tachado por la diputada opositora de izquierda Myriam Bregman como “una canallada”.”Lo que aquí se está aprobando es facilitar el despido de decenas y decenas de trabajadores”, declaró.
La ley prevé además un régimen de incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios para las grandes inversiones. También se aprobó eliminar el acceso universal a la jubilación mínima.
En la última edición del Índice de Mejores Trabajos realizada por el BID queda en evidencia que el 70 % de la fuerza laboral en la región está ocupada, pero a 3 de cada 10 trabajadores no les alcanza para tener los ingresos necesarios para superar el umbral de la pobreza, además el 55 % trabaja en la informalidad. Foto: Archivo
Trabajo de calidad es una “deuda urgente” en América Latina, según informe del BID
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Cuando este 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, un contundente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que a pesar de que en América Latina y el Caribe hay empleo, sin embargo, destaca que “es urgente aumentar su calidad”, más aun teniendo en cuenta que la última edición del Índice de Mejores Trabajos de la organización internacional coloca a la calidad del empleo en la región en 41,2 en una escala del 1 al 100.
La misma fuente agrega que el estudio realizado incluye recomendaciones de políticas para mejorar la calidad del empleo cultivando y fortaleciendo las habilidades de la fuerza laboral, entre otras.
Por si fuera poco, el documento también evidencia un hecho de injusticia: las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos.
La informalidad
A pesar de todos los avances sociales y laborales conquistados en las últimas décadas, aun falta mucho por lograr teniendo en cuenta que según las cifras casi un 55 % de los trabajadores de América Latina y el Caribe tiene un empleo informal, sin contrato ni cobertura de seguridad social, y 3 de cada 10 no alcanzan a tener los ingresos necesarios para superar el umbral de la pobreza, esto según la más reciente edición del Índice de Mejores Trabajos del BID, que cada dos años mide la calidad y cantidad del empleo en América Latina.
El estudio que abarca datos para 17 países de la región indica que el 70 % de las personas en edad productiva trabajan, pero con el índice la calidad del empleo es apenas de 41,2 sobre 100. “La dimensión de calidad del índice está compuesta por los indicadores de formalidad laboral y suficiencia salarial para superar la pobreza”, reza el dossier.
“Si bien la dimensión de calidad del Índice se ubica en su nivel histórico más alto desde 2010, su bajo nivel promedio subraya la urgencia de mejorar la calidad del empleo en la región. El Índice de Mejores Trabajos 2024 también refleja importantes brechas en los mercados laborales de la región. Las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos. A su vez, los jóvenes de la región tienen empleos de peor calidad que los adultos con una brecha de 15 puntos en esa dimensión del Índice de Mejores Trabajos.
Grandes brechas
A continuación el informe deja en claro que los países con puntajes elevados en el Índice global presentan las mayores brechas en esos grupos vulnerables. Costa Rica, por ejemplo, que ocupa el número tres en el ranking de la última edición del Índice de Mejores Trabajos, presenta a la vez una de las mayores brechas de género y la menor brecha entre adultos y jóvenes en la región. Uruguay, por su parte, lidera en el Índice de Mejores Trabajos en la región, pero presenta la brecha más grande de calidad y cantidad entre adultos y jóvenes.
Para Laura Ripani, jefa de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID, “en una región en la que 70 % de las personas dependen exclusivamente de su trabajo para vivir y mantener a sus familias, la calidad del empleo tiene que aumentar rápidamente. Eso significa generar y conectar a más personas con más empleos formales que les permitan ahorrar para el retiro y tener coberturas de seguridad social frente a riesgos”.
Evolución de la calidad del empleo
En el estudio, según el informe Índice de Mejores Trabajos 2024, la evolución de la calidad del empleo ha sido lenta desde 2010 y, al ritmo actual de crecimiento, llegar a unos 70 puntos tomaría casi 48 años. La dimensión de cantidad ha tenido un comportamiento más o menos estable con una caída en 2020 producto de los efectos de la pandemia en el empleo, recuperándose para 2022.
Recomendaciones
Algunas de las soluciones e iniciativas que impulsa el BID para aumentar la calidad del empleo en la región se refieren a equipar al capital humano con habilidades alineadas a las necesidades de talento de los sectores productivos de cada país, promover el empleo formal con menores costos haciendo universal parte de la seguridad social, e impulsar el acceso a empleos fortaleciendo los servicios públicos de empleo
“En Bolivia, por ejemplo, el Programa de Apoyo al Empleo ha facilitado el acceso a empleos de calidad en empresas a más de 50.000 personas trabajadoras, la mayoría mujeres y jóvenes, con capacitaciones laborales en planta”, refiere el informe.
Indicadores
El Índice de Mejores Trabajos es una de las herramientas del BID para identificar las áreas de oportunidad para desarrollar e impulsar la productividad en América Latina y el Caribe. Evalúa cómo son los empleos de los países a través de dos dimensiones: cantidad y calidad.
La dimensión de cantidad está compuesta por dos indicadores: la tasa de participación laboral y la de ocupación. La de calidad se construye con las tasas de formalidad y de trabajos con salario suficiente para superar la pobreza. Así, el índice es la media ponderada de estos cuatro indicadores y sus puntuaciones van de 0 a 100. Para que un país obtenga 100 puntos, todas las personas que participan en la fuerza laboral deben estar empleadas con un trabajo formal que les aporte un salario suficiente.
El senador Javier Vera, titular de la Comisión de Pueblos Indígenas, informó que estuvieron analizando el pedido de traslado de la sede del Indi del barrio Las Mercedes. Foto: Gentileza
Comisión del Senado analizó pedido de traslado de sede del Indi
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Este martes la comisión asesora de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores, encabezada por el senador Javier Vera, llevó adelante el estudio de varios proyectos presentados, entre los que el legislador resaltó el pedido de traslado de la sede del Instituto Nacional del Indígena (Indi), ubicado en el barrio Las Mercedes de Asunción, ante las quejas de los vecinos por la presencia constante de nativos en las inmediaciones.
Al respecto, el senador Vera indicó que están analizando la propuesta, atendiendo a que es un problema muy complejo, y aclaró que aun no cuentan con dictamen, ya que solo fue una reunión informativa por el momento.
“Este es un tema muy complejo, por eso establecimos una mesa de trabajo para poder analizar qué se puede hacer y cuáles son las alternativas de solución. Las quejas de los vecinos del barrio Las Mercedes son justas, así como son legítimas las manifestaciones que realizan los hermanos indígenas”, indicó.
Agregó que estarán buscando una solución en el corto tiempo e inmediato para la comunidad. Indicó que por ahora solo tuvieron una reunión informativa sobre este tema, ya que varios miembros de esta comisión no pudieron asistir, y no se pudo sacar ningún dictamen.
Por otra parte, informó que los miembros de esta mesa de trabajo tienen previsto un viaje al Chaco entre los días 9 y 11 de mayo hasta el departamento de Presidente Hayes, para monitorear los trabajos, y recabar las inquietudes de las comunidades indígenas.
Comisión de Lucha contra el Narcotráfico llevó adelante una audiencia para el estudio de la propuesta de modificación de la Ley Antidroga que data de 1988 y varios artículos ya están desfasados. Foto: Gentileza
Senado: avanzan en estudio para actualización de la Ley Antidroga
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El presidente de la Comisión de Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, senador Sergio Rojas, informó sobre la audiencia pública que llevaron adelante en la fecha en torno al proyecto de ley de modificación de la Ley 1340/88, Antidroga.
El parlamentario explicó que atendiendo que esta legislación ya data de la década del 80 del siglo pasado, desde la comisión asesora plantean varias modificaciones a la legislación vigente, entre ellas la posibilidad de despenalizar la marihuana. Mencionó que esperan tener el proyecto de ley ya terminado y dictaminado en un mes.
“Este tema lo estamos abordando en forma integral, en esta audiencia han participado representantes del Ministerio de Salud Pública, que atienden la parte de la rehabilitación de las personas adictas, con gente del Ministerio Público, así como la gente del Consejo Nacional de Defensa, Dinavisa, que se encarga de habilitar los fármacos de drogas permitidas. Y la gente de la Senad, que se encarga de la lucha propiamente contra el narcotráfico”, precisó Rojas.
Añadió que también están formando parte de la mesa de trabajo, miembros de la Policía Nacional y Defensa Pública, que son los que ejercen la defensa de las personas más vulnerables que cayeron en el flagelo de las drogas, así como representantes de la sociedad civil.
“Por supuesto que dentro de este debate también estamos analizando la posibilidad de despenalizar la marihuana, debatir un poco sobre la cantidad de gramos que hoy la ley habilita que son 10 gramos de marihuana, 2 gramos de cocaína, y otras sustancias; que sabemos que igualmente estas cantidades se van modificando a nivel mundial, sobre el consumo de drogas; que sabemos que no solo se limita a estas, sino que también las drogas sintéticas”, comentó.
Respecto a la legislación vigente, que data del año 1988, por tanto, está bastante desfasada en la actualidad, por lo que la Comisión de Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico y delitos Conexos, están planteando la modificación integral de la legislación.
“Por eso, llevamos adelante este debate a fin de que el proyecto de ley a ser aprobado tenga una buena redacción por ello, estamos dando mucha participación a diferentes sectores, ya sean jueces especializados, agentes de combate de las drogas, fiscales, y por supuesto profesionales de la salud y la sociedad civil en general. Esperamos contar con un producto final en un mes”, concluyó.