El sector de la construcción busca avanzar en una salida a la crisis financiera que atraviesa, tras una reciente reunión entre los gremios y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en la que se ajustaron detalles clave de la propuesta presentada al gobierno.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, explicó a Universo 970 AM/Nación Media que el encuentro permitió alinear posiciones entre los planteamientos de los gremios, Capaco y Cavialpa, y la propuesta que ya fue elevada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según indicó, no existen diferencias de fondo entre las partes. “En realidad no había ni siquiera diferencias, sino que eran detalles de procedimiento”, afirmó.

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El foco de la discusión gira en torno a la implementación de mecanismos como el factoraje, que permitiría dar liquidez a las empresas afectadas por retrasos en pagos de obras públicas. Tras el ajuste técnico realizado, el siguiente paso depende ahora del MEF, que deberá convocar a las partes para avanzar en una solución concreta.

Heisecke fue claro al señalar la urgencia del sector. “Estamos muy ansiosos; la situación nuestra no es la mejor”, expresó, apuntando el momento crítico que enfrentan las empresas constructoras.

En paralelo, advirtió que la crisis ya tiene efectos visibles. Varias empresas se encuentran en una situación financiera delicada, con riesgo de entrar en convocatoria de acreedores, mientras que numerosas obras presentan retrasos o incluso no han podido iniciar por falta de recursos.

El dirigente gremial sostuvo que, si bien desde el MOPC se realizan esfuerzos para sostener los proyectos, especialmente aquellos con financiamiento externo, el problema es más profundo de lo que inicialmente se consideró. A su criterio, no se trata de un “bache” temporal, sino de una situación estructural que requiere decisiones más rápidas.

En ese contexto, insistió en la necesidad de destrabar los mecanismos financieros en discusión, de modo a evitar un mayor deterioro del sector, que cumple un rol clave en la economía por su capacidad de generar empleo y dinamizar la actividad.

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El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) informó que la evidencia científica demuestra que el riesgo de la introducción de al menos siete serotipos de virus de fiebre aftosa en el Paraguay y en la región es bajo, más aún porque contamos con sistemas robustos de vigilancia epidemiológica.

Si bien estos se encuentran erradicados, en el contexto actual, es técnica y económicamente más eficaz y eficiente para nuestro país reforzar la vigilancia, la detección precoz y la capacidad de respuesta, antes que la vacunación contra estos serotipos, según mencionaron.

El virus de la fiebre aftosa tiene 7 serotipos de variedades diferentes: el O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3, Asia 1. En ese sentido, explicaron que todos pueden infectar animales susceptibles, pero no todos presentan la misma distribución geográfica. “Históricamente, en las Américas sólo circularon los serotipos O, A y C, mientras que los demás serotipos SAT 1, SAT 2, SAT 3 y Asia 1 nunca estuvieron presentes”, refirieron.

Además, añadieron que por más de una década, el Paraguay implementó una estrategia sistemática de vacunación contra los serotipos O, A y C, y como resultado de los avances regionales, nuestro país dejó de vacunar contra el serotipo C, optimizando su estrategia contra los serotipos 0 y A, por lo cual presenta una capacidad de respuesta rápida ante eventuales brotes.

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En contrapartida, Senacsa indicó que, siguiendo criterios científicos estrictos, con el aval de las organizaciones internacionales más relevantes de la sanidad animal a nivel mundial, la mayoría de los países del continente ya han obtenido el estatus de libre de fiebre aftosa sin vacunación.

“En las Américas, 32 de los 35 países cuentan al menos con una zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, abarcando cerca del 85 % del rebaño, mientras Paraguay mantiene la mayor presión vacunal del continente”, indicaron.

La vacunación fue dejada en la mayor parte de la región, incluyendo Norteamérica, Centroamérica, Chile, Perú, Brasil y Bolivia desde 2023. Ecuador, por su parte, ya se encuentra en pleno proceso de obtención de la certificación. Argentina y Colombia, ya cuentan con zonas reconocidas sin vacunación.

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La empresaria Dalia López mostraba cercanía con el expresidente Mario Abdo Benítez en actividades y actos públicos. También con otras autoridades de su gobierno.

En un video divulgado en setiembre del 2019, que posteriormente fue eliminado de una plataforma de streaming de video y transmisión en directo, se puede observar a Abdo llegando a una de las actividades promovidas por López.

Se trató de la inauguración de un centro de asistencia médica a través de una de sus fundaciones. En el material audiovisual puede observarse a Abdo llegando acompañado de algunos miembros de su gabinete, como el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

La empresaria los recibía con algarabías y abrazos, y agradecía la gestión del presidente para con la fundación.

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Dalia no solo mostraba cercanía con el gobierno de Abdo Benítez, sino que también aparecía como proveedora del Estado en esa época a través de su firma Permanent Oriental Holding S.A., firma que figuraba en el registro de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), con la categoría de empresa de pasajes y transportes, muebles y enseres, equipos, accesorios y programas computacionales.

Sin embargo, no consta ningún producto, servicios ni adjudicaciones de la misma en la DNCP.

Las apariciones de la empresaria no solo se dieron durante actos oficiales del gobierno de Abdo, sino también durante actos políticos en el marco de la campaña electoral del sector abdista.

En el 2020 Dalia López tomó notoriedad por la llegada del exfutbolista Ronaldo de Assis Moreira, “Ronaldinho Gaúcho”, a Paraguay de la mano de la fundación “Fraternidad Angelical” para impulsar el lanzamiento de un emprendimiento social denominado “Móvil de la salud de las niñas y niños” y de un libro biográfico del exfutbolista, “Genio en la vida”.

A partir de allí se convirtió en una de las personas más buscadas del país tras destaparse el escándalo por las cédulas de identidad paraguaya otorgadas al exjugador y su hermano para ingresar al país. Ronanldinho y su hermano fueron a prisión, mientras que Dalia desapareció por seis años.

Tras desaparecer, también existió la sospecha de una protección de ese gobierno para ocultar a la empresaria.

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Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El mismo informe de inteligencia de la Uni­dad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace refe­rencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema cri­minal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territo­rio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedo­res desde los puertos.

Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organiza­ciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.

Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran opera­ción A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronolo­gía de los hechos considerando la frustración como la injeren­cia que sufrieron las investiga­ciones en una abierta coope­ración del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad), Arnaldo Giuzzio.

Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipó­tesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Mar­set y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que pro­viene de la Dirección de Investi­gación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.

El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la obser­vación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubi­caciones de las pistas, los depó­sitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.

Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría inter­viniendo otro bloque crimi­nal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quie­nes haciendo uso de su logís­tica empresarial y asociados al esquema criminal de Sebas­tián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamen­tos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exporta­ciones de sustancias ilícitas par­ten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y tran­sitan a través de las rutas fluvia­les y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.

DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Mar­set y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de inves­tigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteli­gencia de la Senad en los puer­tos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que toda­vía es un capítulo pendiente de las investigaciones concer­nientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.