El politólogo Carlos Mateo Balmelli cuestionó al sindicato de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) por la postura sobre la creación del Ministerio de Energía propuesta por el Poder Ejecutivo. Balmelli señaló que se trata de una acción política y no de reclamos sindicales.

“Cuando el sindicato de la Ande se opone a los decretos del Poder Ejecutivo, se opone a un modelo industrial, de industrias intensivas o de data center, pero no así de criptominería, cuando el sindicato se expresa, el sindicato de la Ande se está expresando una crítica originada en un hecho social o es un problema político”, expresó en el espacio de análisis de Canal 9.

En este contexto, expresó su apoyo a la creación de este ministerio ya que será un ente regulador en materia energética, teniendo en cuenta que es una proyección evaluada ya desde hace varios años y es necesaria para el país.

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“Acá no revindican mejores salarios, acá no reivindican vacaciones, eso tenemos que definir si políticamente es correcto, que el sindicato de la Ande diseñe la política energética paraguaya. Cuando se dice que se quiere crear un Ministerio de Energía, es una cosa de hace mucho tiempo, porque es necesaria en Paraguay, porque nosotros creemos que solamente podemos crecer nuestra economía”, apuntó.

“Acá el sindicato de la Ande parece que se quiere erigir en el Ministerio de Energía, no es así, aquí hay que crear un Ministerio de Energía, porque necesitamos nuevas fuentes alternativas, no nos podemos quedar solamente con Itaipú, Yacyretá, Acaray, con la hidráulica, se tiene que crear la generación solar”, agregó en su comentario televisivo.

Aclaró además que un “Ministerio de Energía va a regular la política energética, vamos a hacer nuclear, vamos a hacer solar, de hecho se hizo una ley que se sancionó en este Gobierno donde se habilita a todos los particulares a poder generar energía que no sea hidráulica, la hidráulica es monopolio de la Ande”.

Finalmente, sostuvo que el modelo de monopolio de la Ande ya concluyó. “El sindicato de la Ande algo tiene que entender, el modelo cómodo de que tenía el monopolio de la compra de la generación (de energía) con Brasil, la Ande tenía el consumidor seguro, porque es monopólica, ese modelo se acabó. Ese modelo es inservible para que Paraguay pueda crecer hacia adelante”, sentenció.

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Sigue la campaña de vacunación contra la influenza, covid-19, neumococo y el virus respiratorio sincitial.

• HOY.COM.PY

El Ministerio de Salud informó que ya fue­ron administradas 1.219.204 dosis dentro de la Campaña Invierno 2026, que busca reforzar la protección de la población contra la influenza, covid-19, neumococo y el virus respiratorio sincitial. Las vacu­nas están disponibles de forma gratuita en vacunatorios habi­litados de todo el país.

A través del Programa Ampliado de Inmunizacio­nes (PAI), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) recuerda que la campaña continúa vigente e insta a la ciudadanía a com­pletar los esquemas de vacuna­ción, especialmente los grupos con mayor riesgo de desarro­llar complicaciones por enfer­medades respiratorias.

Del total de dosis aplicadas, la mayor cantidad corres­ponde a la vacuna contra la influenza, con 1.138.305 apli­caciones registradas.

En el marco de la campaña también se aplicaron 50.564 dosis de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal que brinda protección inmediata contra el virus respiratorio sincitial (VRS), principal cau­sante de bronquiolitis y neu­monía en lactantes. Aunque no es una vacuna, representa una estrategia para proteger a los bebés durante su primer invierno.

Asimismo, se administra­ron 26.272 dosis contra el neumococo, una vacuna que previene enfermedades como neumonía bacteriana, menin­gitis e infecciones invasivas graves, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades de base.

En cuanto a la vacunación contra el covid-19, fueron aplicadas 4.063 dosis de Spikevax LP.8.1 (Moderna), una vacuna monovalente de ARN mensajero actualizada, orientada principalmente a personas con mayor riesgo de desarrollar formas gra­ves de la enfermedad, como adultos mayores, embara­zadas, personal de salud y pacientes con enfermeda­des crónicas.

Las personas interesadas pueden consultar los vacu­natorios habilitados en todo el país a través de www.vacunate.gov.py. Las vacu­nas incluidas en la Campaña Invierno 2026 son gratuitas.

En los últimos días se generó un interesante debate en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia y César Garay, señalaron que los jueces civiles no tienen competencia para entender en demandas por indemnización de daños y perjuicios promovidas contra el Estado paraguayo.

Sin embargo, el ministro Ramírez Candia admitió la competencia de los jueces civiles al firmar en el año 2022 un fallo como miembro de la Sala Civil de la máxima instancia judicial.

De esta manera, el alto magistrado se contradice con su actual postura. Llama la atención la decisión que adopta en el órgano juzgador de magistrados, atendiendo a que pretende enjuiciar a los jueces que entiendan y dicten resoluciones en relación con los juicios civiles señalados más arriba.

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En el marco del juicio caratulado “Miguel Ángel Enciso Ortiz contra Banco Central del Paraguay sobre indemnización de daños y perjuicios”, el ministro Ramírez Candia no cuestionó la competencia de las decisiones dictadas en primera y segunda instancia. Todo lo contrario: firmó su voto rechazando la demanda de indemnización. En ese sentido, sorprende la insistencia del alto magistrado en pretender enjuiciar a los jueces, a pesar de que él mismo admitió la competencia de la jurisdicción del fuero civil en las acciones judiciales sobre indemnización de daños y perjuicios contra entes estatales.

En el año 2021, Gabriel Ramón Robledo Rolón planteó una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la jueza Yolanda Morel de Ramírez —esposa del ministro Manuel Ramírez Candia— y contra el Estado paraguayo, por haber estado privado ilegalmente de su libertad durante 475 días (es decir, 1 año, 3 meses y 20 días). En la demanda civil se solicitó la suma de G. 4.055 millones por los días de reclusión irregular.

En ese juicio, el juez Walter Mendoza hizo lugar a la excepción de previo y especial pronunciamiento de prescripción de la acción presentada por el abogado de la esposa del alto magistrado, por lo que la demanda civil quedó sin efecto. Se presume que este antecedente podría ser el motivo real de la reacción del alto ministro de la Corte liberal contra los jueces civiles.

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El abogado Óscar Tuma califica de “retroceso” el proyecto de Ley que plantea el divorcio exprés. Indicó que se está tocando “algo que funciona bien”. El exdiputado cuestionó la iniciativa que se debate en el Senado y advirtió que introduce plazos y requisitos que ya fueron eliminados.

En conversación con el programa “Arriba Hoy” de Gen y Universo 970Am/Nación Media, explicó que la ley actual (vigente desde hace años, de la que él fue proyectista) ya permite el divorcio de común acuerdo de forma rápida, sin plazos mínimos de matrimonio y en una sola presentación ante el juez.

Mencionó que cuando se presentó el proyecto contenía varios errores, partiendo del hecho que se basaba en modificaciones de la Ley del año 1991, la cual ya había sido derogada con otra legislación que había sido proyectista y no tuvieron en cuenta la ley vigente, por lo tanto todo el texto contenía errores.

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“La propuesta establecía plazos, cuando que la ley vigente no contempla plazos. La ley del año 91 establecía que para un divorcio de común acuerdo debía esperar 3 años. Con la Ley vigente no es necesario esperar un día, es decir, al día siguiente del matrimonio ya se pueden divorciar si es que hay común acuerdo. Con la modificación que ellos estaban planteando de vuelta establecía que se tenía que esperar un año; esto es porque se fijaban en la ley derogada”, comentó.

Indicó que los asesores del Senado se le acercaron y se realizó algunas modificaciones al proyecto; pero aun así hoy considera que existen algunas dudas con respecto a la gratuidad del proceso.

“No estamos ante un proceso de espera, la Ley vigente es prácticamente exprés, no tiene casi la intervención de un abogado. Pero el proyecto que plantea habla de la no necesidad de presentación de un abogado. Aclaro que hoy en día para un abogado, un divorcio no representa un dinero importante, porque prácticamente es un trámite administrativo. Acá en la capital no se cobra más de dos millones y medio por divorcio y en el interior tengo amigos abogados que cobran hasta 1 millón por divorcio de común acuerdo”, precisó.

Por lo tanto, señaló que la cuestión no es el dinero, el problema es que no se puede divorciar sin plantear la disolución. “Este proyecto plantea que se pueden plantear ante el juez sin abogado para que se resuelva el divorcio. Pero cómo hará con la disolución. Se le está diciendo a la pareja que puede ir ante el juez sin abogado, pero no se le advierte que para la disolución si deben contar con abogados”, acotó.

Explicó que la disolución es un trámite que se realiza abogado de por medio, para la repartición de bienes y otras cuestiones y por más que no existan bienes en común debe llevarse a cabo y tienen que seguirse los trámites. “Entonces, todavía no se está redondeando la idea de lo que se pretende con el proyecto de modificación. Por eso, no veo la necesidad de modificar algo que está funcionando, para generar una complicación mayor para mí”, indicó.

Tuma sostuvo que como abogado incluso como legislador, trabajó siempre en la premisa que cuando se plantean modificaciones a leyes vigentes deben generar una incidencia importante en el sistema legislativo, no solamente hacer cambios que simplemente signifiquen pasar el proceso de espera de 10 días a reducir a 3 días.

“Yo plantearía otros cambios de la ley vigente, como es el tema de disolución. Lo que no pude conseguir en el 2010, porque eso se testó en ambas cámaras, es dividir el divorcio de la disolución, porque lo que dificulta siempre en los divorcios son la disolución que en términos sencillos es saber qué le toca a cada uno. Esto es lo que lleva tiempo, genera conflictos, porque se tienen que tazar los bienes, se tienen que poner de acuerdo, si no hay acuerdo se remata, es un trámite que dura un año y medio con suerte”, concluyó.

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