“Vamos a empezar a debatir para tratar de llegar con una fuerza progresista, de izquierda para el 2028”, explicó Hugo Richer.

• Por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

Las organizaciones políti­cas que integran el Frente Guasu (FG) ponen en mar­cha una plenaria de delibe­raciones entre los presiden­tes y delegados partidarios, con el objetivo de asegurar la presencia del progresismo en un proyecto de gobierno opo­sitor con miras a las eleccio­nes presidenciales del 2028.

“Vamos a empezar a deba­tir para tratar de llegar con una fuerza progresista, de izquierda para el 2028, es por eso que ya inician las reunio­nes de delegados de los parti­dos, las cuales durarán apro­ximadamente dos meses. Esto lo hacemos dentro de un pro­ceso de reorganización que atraviesa el Frente Guasu después de lo acontecido en las elecciones generales del 2023”, afirmó el presidente del Partido Convergencia Popu­lar Socialista, Hugo Richer, en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Desde el progresismo advier­ten que la unidad de la oposi­ción no debe reducirse a un mero acuerdo electoral. “Acá para nosotros es muy impor­tante hablar de la unidad de la oposición, pero para eso debemos dialogar cómo será la manera y sobre qué. Empe­zar discutiendo solamente candidaturas es el paso para no llegar a un acuerdo; normalmente ocurre eso y mucho más ahora que exis­ten varios posibles precan­didatos a la Presidencia de la República”, sostuvo.

• Por Juan Marcelo Pereira, juan.pereira@nacionmedia.com.

Las organizaciones políticas que integran el Frente Guasu (FG) ponen en marcha una plenaria de deliberaciones entre los presidentes y delegados partidarios, con el objetivo de asegurar la presencia del progresismo en un proyecto de gobierno opositor con miras a las elecciones presidenciales del 2028.

“Vamos a empezar a debatir para tratar de llegar con una fuerza progresista, de izquierda para el 2028, es por eso que ya inician las reuniones de delegados de los partidos, las cuales durarán aproximadamente dos meses. Esto lo hacemos dentro de un proceso de reorganización que atraviesa el Frente Guasu después de lo acontecido en las elecciones generales del 2023”, afirmó el presidente del Partido Convergencia Popular Socialista, Hugo Richer, en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Desde el progresismo advierten que la unidad de la oposición no debe reducirse a un mero acuerdo electoral. “Acá para nosotros es muy importante hablar de la unidad de la oposición, pero para eso debemos dialogar cómo será la manera y sobre qué. Empezar discutiendo solamente candidaturas es el paso para no llegar a un acuerdo; normalmente ocurre eso y mucho más ahora que existen varios posibles precandidatos a la presidencia de la República”, sostuvo.

Richer agregó que “todas las precandidaturas suman, pero es importante saber sobre qué estamos de acuerdo y para qué queremos ser gobierno. Si nosotros no discutimos sobre ejes concretos centrales, nos será muy difícil en el caso de que se llegue al gobierno”. El exsenador añadió que en la plenaria del progresismo debatirán sobre la construcción de una política social, fiscal, tributaria e internacional, para luego ser socializada con los demás sectores de la oposición.

Con relación a la metodología que deberá aplicar la oposición para definir una candidatura única presidencial, Richer manifestó que “hay que estudiar qué es lo que genera el consenso. En la oposición existen dos figuras posibles: una es el padrón abierto por fuera del marco legal, es decir, una convocatoria fuera del calendario electoral que las fuerzas se comprometen a respetar; esa es una posibilidad, siempre y cuando esa vía sea el acuerdo y la consecuencia sea el fortalecimiento de esos acuerdos”.

Agregó que “la otra posibilidad es la concertación, la cual convierte el padrón de todos los partidos en un solo padrón y ahí también pueden presentarse varias candidaturas. Yo creo que más allá de lo que uno quiera o no quiera, acá hay que ver qué es lo que fortalecerá la unidad o el acuerdo, porque si se tomarán decisiones sobre métodos que finalmente no fortalecen la unidad no tiene ningún sentido; esto no es una cuestión puramente técnica, tiene un alto contenido político en la construcción de fuerzas políticas diversas”.

Respecto al posicionamiento de varios referentes liberales, consistente en que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) debe encabezar la chapa presidencial en el 2028, Richer puntualizó que “es lógico, entiendo que están también en una fase de estructuración y están tratando de fortalecer la institucionalidad y una identidad partidaria. Esto es un discurso para generar vínculos y entusiasmos con sus propios correligionarios”.

La secretaria general del Partido Patria Querida (PPQ), Christa Rivas, visitó la ciudad de Concepción junto con una comitiva partidaria para acompañar las candidaturas de la Alianza Juntos por Concepción. También visitó la localidad de San José Olero, donde mantuvieron encuentros con referentes y vecinos, quienes plantearon las principalmente necesidades de la comunidad.

Rivas primeramente acompañó el recorrido que realizó el candidato a concejal municipal por la Alianza Juntos por Concepción, Guillermo “Memo” Valdez, lo que permitió fortalecer su presencia territorial. Además, acudieron a distintos medios de comunicación y mantuvieron encuentros con referentes y líderes sociales de la ciudad, con quienes conversaron sobre la realidad local y las propuestas impulsadas por el candidato.

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La dirigencia política luego se trasladó hasta la localidad de San José Olero, ubicada sobre la costa del río Paraguay, para acompañar al candidato de Álex Ramírez, quien se postula para la junta municipal. Realizaron un recorrido por dicha localidad, donde escucharon de primera mano las necesidades y preocupaciones de los vecinos.

Uno de los principales reclamos fue el pésimo estado de los caminos, una problemática que afecta directamente la movilidad y el desarrollo de la comunidad, por lo que se analizaron las medidas y acciones que pueden impulsarse para mejorar las condiciones de las vías y trabajar, de manera conjunta, por el crecimiento y bienestar de todos los habitantes de San José Olero.

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Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.

Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.

La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.

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El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.

En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.

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Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.

Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.

En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.