Senadores del Partido Patria Querida (PPQ) festejaron la sanción del proyecto de ley que declara área silvestre protegida a la laguna Yrendy y bosques adyacentes, en el departamento de Alto Paraná, sosteniendo que se evitó un “negociado” ante la propuesta del legislador Sixto Pereira, del Frente Guasu (FG), quien tenía la intención de expropiar cinco hectáreas de las 164 pertenecientes a la última reserva del bosque Atlántico que le queda a Ciudad del Este.
Al respecto, la senadora Georgia Arrúa manifestó que “con la versión de Diputados con buen criterio se protegieron las 164 hectáreas, devolviendo al proyecto de ley su objetivo original”.
La legisladora indicó que fue un exceso la petición de expropiación hecha por el parlamentario bajo una “falsedad”, la de beneficiar a 10 familias, utilizada como “excusa para quedarse con cinco hectáreas de bosques en plena zona urbana de Ciudad del Este. Conseguimos impedir la ratificación de la versión del Senado, con ella protegimos el Yrendy y evitamos un negociado”, dijo.
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Su postura fue apoyada por su colega del mismo sector político Fidel Zavala. Las 164 hectáreas de bosques rodean a una laguna de 13 hectáreas llamada Yrendy, ubicada en el kilómetro 12, lado Monday, en Ciudad del Este; es una propiedad del Instituto Forestal Nacional (Infona).
“Quedó aprobada la versión original del proyecto que declara área silvestre protegida la laguna Yrendy y su bosque nativo adyacente. Agradecemos a los senadores que sí se comprometen con la protección de nuestros recursos naturales”, dijo la titular del Infona, Cristina Goralewski.
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PPQ suma presencia territorial en apoyo a candidatos de Concepción
La secretaria general del Partido Patria Querida (PPQ), Christa Rivas, visitó la ciudad de Concepción junto con una comitiva partidaria para acompañar las candidaturas de la Alianza Juntos por Concepción. También visitó la localidad de San José Olero, donde mantuvieron encuentros con referentes y vecinos, quienes plantearon las principalmente necesidades de la comunidad.
Rivas primeramente acompañó el recorrido que realizó el candidato a concejal municipal por la Alianza Juntos por Concepción, Guillermo “Memo” Valdez, lo que permitió fortalecer su presencia territorial. Además, acudieron a distintos medios de comunicación y mantuvieron encuentros con referentes y líderes sociales de la ciudad, con quienes conversaron sobre la realidad local y las propuestas impulsadas por el candidato.
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La dirigencia política luego se trasladó hasta la localidad de San José Olero, ubicada sobre la costa del río Paraguay, para acompañar al candidato de Álex Ramírez, quien se postula para la junta municipal. Realizaron un recorrido por dicha localidad, donde escucharon de primera mano las necesidades y preocupaciones de los vecinos.
Uno de los principales reclamos fue el pésimo estado de los caminos, una problemática que afecta directamente la movilidad y el desarrollo de la comunidad, por lo que se analizaron las medidas y acciones que pueden impulsarse para mejorar las condiciones de las vías y trabajar, de manera conjunta, por el crecimiento y bienestar de todos los habitantes de San José Olero.
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Tía Chela: Miguel Prieto a juicio oral por corrupción con kits de alimentos que ocasionó millonario perjuicio a la comuna de CDE
Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.
Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.
La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.
En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.
Esquema delictivo
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.
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Otros casos de Prieto
Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.
Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.
En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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Memorias de corrupción de Miguel Prieto en Ciudad del Este (VI) Negociado de G. 2.673.000.000 con mensura judicial exfinca 66
Otra maniobra fraudulenta de Miguel Prieto mediante una mensura judicial para la ubicación de 2 fincas, conocidas como la ex finca 66. Una misión imposible, cargada de populismo en detrimento de las expectativas de gente vulnerable ya que, la superficie en cuestión se encuentra sobre cientos de otras propiedades con títulos antiguos registrados en la Dirección General de los Registros Públicos.
La mensura quedó en la nada.
1- Adjudicación a GEOCAD Consultoría, Topografía y Ambiental
Precios calcados y groseramente sobrefacturados
2- Estudio de título, la Municipalidad de Ciudad del Este abonó a la firma GEOCAD Consultoría, Topografía, y Ambiental G. 267.300.000. La Ley N.º 1307/1987 DEL ARANCEL DEL NOTARIO PÚBLICO, en su Artículo 13 dispone: Por el estudio de títulos, el Notario Público fijará sus honorarios convencionalmente, no pudiendo ser inferior a cinco (5) jornales mínimos. Testimonios de escribanos públicos, han referido que el costo del estudio de título de los citados inmuebles no sobrepasaría los cincuenta (50) jornales mínimos, es decir, G. 5.381.350.
3- Amojonamiento con estacas, G. 267.300.000, estimando los 60 vértices de la superficie de mensura, el monto equivale a G. 4.395.000 por cada estaca.
4- Publicación de los edictos de la mensura judicial, G. 267.300.000. Son embargo, factura desmiente monto inflado y que solo consigna pago de G. 585.000.
5- Pago por constitución de juez para inicio de mensura, G. 267.300.000. Sin embargo, una consulta realizada por nuestro medio a juez interviniente confirmó que no existen facturas por este servicio, es decir, presumiblemente salió gratis.
6- Pago por acompañamiento del MOPC Y Serv. Nac. de Catastro, G. 267.300.000.
7- Sin embargo,la oficina competente del Departamento de Geodesia del Ministerio de Obras Públicas realiza este trámite sin costo, es decir, tasa cero. Mientras que la escala de aranceles por servicio de conocimiento de mensura judicial de Catastro establece el monto de G. 25.000.
Fuente: Contrataciones Públicas, Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este
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Plazo ajustado y sin líderes nacionales, el panorama de la oposición de cara al 2028
- Por Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
Ante la carencia de figuras con peso articulador y el peligro de replicar un proyecto de “rejunte electoral”, el exsenador del Frente Guasu y presidente del Partido Convergencia Popular Socialista, Hugo Richer, advirtió que la oposición dispone de un plazo crítico de apenas seis meses para lograr sellar un acuerdo nacional rumbo a las presidenciales del 2028.
“En la oposición hay un tiempo final para reconocerse en la necesidad histórica que tienen que asumir sus fuerzas. Debemos reconocer los problemas para lograr sentarnos, discutir y recuperar la capacidad política e intelectual para buscar los acuerdos”, dijo Richer en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
El referente del progresismo acotó: “No hay un liderazgo nacional en el sector de la oposición que tenga la capacidad para lograr que esto ocurra. Tenemos un tiempo de no más de seis meses para articular un gran acuerdo nacional”.
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Ante dicho escenario, Richer urgió la instalación de una mesa política para la búsqueda de consensos donde el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), liderado por su nuevo presidente Alcides Riveros, sea el principal articulador. “El rejunte electoral no sirve, hay que ser prácticos para una convocatoria y la búsqueda de acuerdos políticos”, afirmó.
Señaló también que “no hay tiempo para otras formulaciones que no sea la instalación de una mesa política en donde se busquen acuerdos. El PLRA es fundamental en este proceso, si realmente se quiere lograr un proyecto serio, organizado, por eso de ninguna manera puede estar ausente“.
Richer agregó que “en la oposición existen grupos de centro, de centro derecha, de la izquierda y otros más, no es fácil articular un acuerdo, pero tampoco digo que no sea posible. Aún las fuerzas de la oposición tiene la carencia de pensar y acordar y esto significa que se debe establecer un diálogo político. La unidad no se hace por arriba, se necesita de mucho contacto con la gente“.