La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Sistema Unificado de la Apertura y Cierre de Empresas (Suace), que permitirá acelerar y garantizar el cumplimiento de los plazos para la implementación de proyectos de inversión en Paraguay. Teniendo un consenso entre todas las bancadas, el texto aprobado será remitido a la Cámara de Senadores para su segundo trámite constitucional.
Actualmente, la habilitación de una empresa en el país se da en un plazo de 210 días y con esta modificación a la Ley N° 4986 el objetivo es que se reduzca a 55 días. La burocracia y los trámites siempre fueron cuestionados desde el sector empresarial para la formalización.
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El diputado Miguel Tadeo Rojas, presidente de la Comisión de Presupuesto, abogó por el acompañamiento de la iniciativa, partiendo de que se atraviesa un escenario de crisis económica. “Es necesario generar mecanismos para alentar las inversiones y generar fuentes de trabajo”, indicó.
También el diputado Derlis Maidana adelantó que esta normativa contribuirá y acompañará las estimaciones de crecimiento económico, que rondaría el 3.5 por ciento para este año. Y el diputado Raúl Latorre dijo que se ayudará a eliminar la burocracia y la corrupción que todo el sistema propicia.
Con esta propuesta se creará al Suace una Dirección de Inversiones y Regímenes Especiales, que se encargará de limitar los plazos para el cumplimiento de los trámites y simplificación de procedimientos en las diferentes dependencias públicas intervinientes en el proceso.
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Audiencia Pública: Diputados debaten reforma para sancionar uso abusivo del sistema judicial
La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, organizó una audiencia pública para debatir aspectos del proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 289 de la Ley Nº 1160/97 - Código Penal Paraguayo”. La iniciativa busca fortalecer la protección de la administración de Justicia y prevenir el uso abusivo del sistema judicial.
Esta audiencia estuvo presidida por el titular de la comisión el diputado, Yamil Esgaib, junto con sus colegas Jorge Ávalos Mariño que preside la Comisión de Legislación y Codificación; y José Rodríguez, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Estuvieron presentes, a su vez, representantes de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Gremio de Abogados de Caaguazú, la Asociación de Defensores, entre otros estamentos.
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En el inicio de esta actividad, el legislador Esgaib destacó que, conforme al derecho comparado, diversos países como Brasil, México, España y, recientemente, Argentina, avanzan en reformas orientadas a sancionar con mayor severidad conductas vinculadas a denuncias falsas, especialmente en contextos de violencia.
“Debe ser un tema de interés legislativo, dada la necesidad de resguardar tanto a las personas falsamente acusadas como al sistema judicial frente a posibles abusos”, expresó.
En representación de la Fiscalía General del Estado, el Dr. Rubén Darío Riquelme indicó que el proyecto parte de una finalidad legítima: reforzar la protección de la administración de justicia ante el uso indebido de la denuncia penal, particularmente cuando una imputación falsa genera consecuencias gravosas para el denunciado.
Sostuvo que la técnica legislativa adecuada consiste en incorporar un nuevo inciso que contemple una agravante del hecho punible de denuncia falsa. Propuso que, cuando la denuncia derive en la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva o en una condena firme para la víctima, la pena privativa de libertad pueda alcanzar hasta diez años.
Sobre el proyecto
Este proyecto de ley tiene como objetivo promover la implementación de mecanismos más rigurosos que garanticen investigaciones exhaustivas de las denuncias, protegiendo tanto a las víctimas reales como a las personas falsamente acusadas.
Cabe señalar que en países como Chile, Perú y Colombia también se desarrollan debates en torno al endurecimiento de las sanciones por denuncias falsas, aunque estas iniciativas enfrentan críticas relacionadas con el eventual riesgo de desalentar la formulación de denuncias legítimas.
En ese contexto, la propuesta en estudio busca equilibrar la necesidad de sancionar el uso abusivo del sistema judicial con la protección efectiva de quienes recurren a él en busca de justicia, en un marco de equidad y seguridad jurídica.
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Diputados pide informes sobre presuntas irregularidades en la Patrulla Caminera
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que pide informes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre la Dirección Nacional de Patrulla Caminera (DNPC).
El pedido fue presentado por la diputada Cristina Villalba, tras un dictamen de la Contraloría General de la República (DGIT/DGDC N° 18/2025) que señala supuestas anomalías institucionales.
Entre los hallazgos figuran designaciones en cargos estratégicos sin cumplir los requisitos legales, vulneración del principio de mérito y posibles hechos punibles vinculados al uso indebido de bienes públicos.
Según la exposición de motivos, existen funcionarios que ocupan cargos sin reunir el perfil exigido por la Resolución MOPC N° 955/2023.
Además, se advierte un estancamiento en el escalafón jerárquico que afecta la operatividad, transparencia y credibilidad de la institución.
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La diputada Villalba subrayó la necesidad de que la cámara ejerza su función de control constitucional con el objetivo de verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría y las acciones correctivas sobre las designaciones irregulares y el régimen de ascensos.
El pliego de consultas incluye un detalle de medidas disciplinarias y sumarios iniciados; las resoluciones que sustentan las designaciones actuales y la cantidad de inspectores generales.
Se piden además datos de funcionarios sin funciones operativas y especificaciones sobre el sistema de promociones y el régimen jubilatorio.
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Destacan diálogo para definir nuevo criterio del salario mínimo
Gerardo Ruiz Díaz, viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se refirió a la primera reunión de la mesa tripartita convocada para analizar el reajuste del salario mínimo.
Destacó que el encuentro se desarrolló en un ambiente de apertura y sinceridad, donde se planteó la necesidad de presentar propuestas más concretas que puedan ser evaluadas desde un enfoque técnico.
Asimismo, subrayó que el diálogo es la principal herramienta en este proceso, especialmente considerando que la metodología actual establecida en el Código Laboral no satisface plenamente al sector trabajador.
“Se plantearon las expectativas obviamente del sector obrero, también el sector empresarial planteó su postura y la necesidad también de ampliar el debate, no solamente desde el punto de vista del ajuste del salario, sino también todos los otros aspectos”, explicó en contacto con la 920 AM.
Se acordó que ambos sectores, trabajadores y empleadores, puedan seguir debatiendo también en instancias bilaterales, con el objetivo de acercar posiciones y encontrar puntos de coincidencia. A la vez, se mantendrá un esquema de reuniones tripartitas, en el que participarán el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Economía y el Viceministerio de Mipymes, para acompañar y fortalecer el proceso de negociación en busca de un acuerdo.
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Por el momento, lo que se ha abierto es un espacio de diálogo que será acompañado por las instituciones competentes, con el objetivo de avanzar hacia una metodología acordada. Consultado sobre si algún sector presentó una fórmula o propuesta concreta, aclaró que en la reunión de ayer no se expuso una metodología específica. Lo que sí se planteó fue la necesidad de contar con propuestas más definidas, que puedan ser analizadas desde el punto de vista técnico y considerando su impacto.
Destacó que el reajuste no solo afecta al sector empresarial y a los trabajadores, sino que también tiene repercusiones en las finanzas públicas. “Porque algunos programas sociales que el gobierno está implementando y el valor de ellos está directamente vinculado o asociado al valor de salario mínimo”, remarcó.
Factor tiempo
Asimismo, aseguró que lo importante es que sometamos a un análisis técnico y racional de todos los aspectos que se consideren pertinentes para la determinación del nuevo criterio para la fijación del salario mínimo. “El factor tiempo es algo que genera mucha ansiedad para los trabajadores, pero la próxima semana va a proseguir este espacio de diálogo y análisis para llegar al consenso del criterio de fijación del nuevo valor del salario mínimo legal”, añadió.
La intención es alcanzar un acuerdo antes del análisis formal, teniendo en cuenta que las normas actuales establecen que la revisión anual del salario mínimo se realice en junio de cada año, en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor.
En ese sentido, señaló que la idea es que durante este mes de junio se pueda contar con una propuesta concreta para ser debatida y posteriormente elevada a consideración del Poder Ejecutivo, siendo el plazo previsto para cerrar el diálogo y la conversación.
Agregó que el IPC prácticamente estaría quedando en un segundo plano como referencia, cuando anteriormente era el principal componente de la fórmula o metodología utilizada hasta el año pasado y destacó que actualmente se está buscando una nueva fórmula, ya que existe coincidencia entre los sectores en cuanto a la necesidad de modificar el esquema vigente.
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Diputados aprueba ley que crea nuevas instancias judiciales en Caaguazú
En sesión ordinaria la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que crea juzgados, fiscalías, defensorías y sindicatura en el departamento de Caaguazú. De promulgarse la normativa, beneficiará a los distritos de Yhú, Vaquería y San Joaquín para una población estimada en 70.000 habitantes.
La propuesta legislativa busca extender el Poder Judicial y, a su vez, acercar la Justicia a los habitantes de estas tres localidades del quinto departamento.
Según explicó el diputado David Jara, la iniciativa pretende asentar en una sede propia del Poder Judicial, a través del Juzgado de Primera Instancia, un juez Penal de Garantías y Penal Adolescente; un juez civil, Comercial y del Trabajo; y un juez de Niñez y Adolescencia.
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Así también, del Ministerio Público, dos agentes fiscales penales; y un agente fiscal civil, comercial, de la mujer, y de la niñez y adolescencia. Del Ministerio de la Defensa Pública, tres defensores públicos para todos los fueros.
Igualmente, se prevé la creación de la Sindicatura General de Quiebras y la designación de un agente síndico, que sería el primero fuera de Asunción.
El parlamentario colorado expresó que los habitantes se encuentran con numerosas problemáticas que requieren respuestas inmediatas.
“El Paraguay es un Estado descentralizado, si descentralizamos la Justicia también hacemos que sea más rápida, más expeditiva, más económica y, sobre todo, más justa”, fundamentó Jara.
A su vez, el diputado Miguel Del Puerto destacó el respaldo a la iniciativa por parte de la Bancada A del Movimiento Honor Colorado, considerando la importancia de la descentralización de la Justicia para el interior del país.
“Caaguazú es un departamento muy grande territorialmente hablando, y dificulta mucho de repente el traslado para litigar”, expresó.
El pleno aprobó el texto y será remitido a la Cámara de Senadores para su análisis y consideración.