El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, apunta a que los proyectos de inversión tengan plazos y procesos más ágiles para que puedan instalarse de forma oficial. Con la Unión Industrial Paraguaya analizaron un anteproyecto para solucionar la burocracia actual a la que se someten los empresarios.

Se estaría dando una modificación de la Ley N° 4986/2013 “Que crea el Sistema Unificado de la Apertura y Cierre de Empresas (SUACE)”. Esto con el fin de acortar a 55 días el plazo de 210 días que, actualmente, tarda una empresa para su implementación. La urgencia de aplicar medidas que reactiven la economía al mismo tiempo que generen puestos de trabajo es lo que moviliza al sector industrial.

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“Recibimos con mucho gusto el proyecto. Creo que varios legisladores van a estar interesados en acompañar esta iniciativa porque va a permitir agilizar los engorrosos trámites que cualquier persona debe realizar para dar apertura a una empresa; con esto se va a facilitar la apertura de inversiones, lo que significa mejores y mayores oportunidades para la generación de empleos, muy necesarios en estos días de pandemia”, expresó.

El ex ministro de Industria Gustavo Leite, integrante de la delegación, aclaró que las modificaciones sugeridas no representan ninguna excepción o beneficio fiscal. “Se busca la aplicación de medidas que hagan más ágil y transparente el proceso de apertura de empresas y aprobación de los regímenes especiales, así como los trámites bancarios necesarios para la puesta en marcha de tales proyectos”, explicó.

De esta forma, el proyecto de modificación incorpora al SUACE una dirección de inversiones y regímenes especiales, propone la abreviación de plazos para el cumplimiento de los trámites y simplificación de procedimientos por parte de las diferentes dependencias públicas intervinientes en el proceso; establece registros previos en diferentes dependencias de la administración pública a fin de evitar múltiples comparecencias posteriores a la creación de la empresa; determina sumarios administrativos en caso de los plazos establecidos, así como la calificación de las conductas (acciones u omisiones), entre otros.

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