Cumpliendo el plazo establecido para la intervención de la Municipalidad de Asunción, el economista Carlos Pereira entregó este viernes su informe final de la fiscalización a la administración del intendente suspendido Óscar Rodríguez, que se había iniciado el pasado 24 de junio.

El documento fue presentado en las oficinas del Ministerio del Interior, cumpliendo así el mandato que recibió del Poder Ejecutivo, y tras su chequeo de conformidad a las normativas, será remitido a la Cámara de Diputados para su consideración.

En la mañana de este viernes 22 de agosto, Pereira había adelantado que su dictamen desarrollado en 700 páginas abarca tres puntos centrales, respondiendo en primer lugar a las seis observaciones cuestionadas por la Contraloría General de la República (CGR), que fue lo que motivó el pedido de intervención.

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También contempla un análisis de la gestión administrativa, aspectos de control interno, hallazgos de inconsistencias contables, operativas, administrativas y observaciones de gastos. Por último, contempla cinco denuncias que fueron presentadas ante el Ministerio Público, entre ellas, sobre falsificación de planos y alteración de software.

Al respecto de las observaciones de la Contraloría, Pereira explicó que el resultado de la intervención ha coincidido con las 6 observaciones; haciendo la salvedad que en el punto 1 y 6 cuentan con mayor profundidad de estudio. Teniendo en cuenta que la CGR tuvo limitaciones en el acceso a la información. En cambio, él con su equipo tuvieron mayor acceso y pudieron analizar en profundidad.

“A pesar del tiempo hemos podido reunir toda esa información para poder hacer la trazabilidad desde la emisión de los bonos, hasta la percepción de los mismos, en cada una de las cuentas que en la administración del municipio se han manejado bajo la cuenta única; que por una confusión ha permitido que se haya mezclado de diferentes fuentes y orígenes los recursos financieros”, explicó.

Pereira indicó que esta situación llevó a que el 97 % de esos recursos se usaran en gastos corrientes y solamente el 3 % se destinó a obras de infraestructura. Esto fue lo que la CGR observó como una transgresión al artículo 197 de la Ley N° 3.966 Orgánica Municipal, que ha sido confirmado por la intervención que le tocó encabezar.

“Ese endeudamiento ha permitido llevar a una situación de infracapitalización financiera al municipio. Lo que significa que todos los recursos que hoy cuenta la comuna, son absolutamente insuficiente", explicó.

Añadiendo que la recaudación que obtiene a diario por el cobro de los tributos resulta insuficiente ante el enorme caudal de obligaciones en el corto plazo que hace que las exigencias, vencimientos recurrentes y sucesivos hoy el municipio de Asunción esté en constante reprogramación de los pagos”, comentó.

El interventor Pereira mencionó que el informe también contempla otros hallazgos y otras debilidades halladas en distintas direcciones de la comuna. Pero también se plantean distintas soluciones a los problemas. Además, indicó que dejan plasmado un programa de proyectos de cómo el municipio podría comenzar a salir adelante de esta situación difícil financieramente hablando.

“Creo que hoy inicia otra etapa, y deberíamos ayudar a nuestro municipio; necesitamos restaurar la municipalidad, organizar reestructurar esta administración después de toda esta situación complicada. Se debe cambiar la forma de administrar, que se achiquen los gastos, que se reestructure todo el aparato administrativo que hoy está excesivo para lo que debería ser el municipio de Asunción”, acotó.

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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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Luego de escuchar varios testimonios de cómo sobrevivían las familias en la zona crítica de la Chacarita y la gran transformación que se está logrando en el populoso barrio de Asunción; el titular del MUVH, Juan Carlos Baruja destacó que se está marcando un hito histórico en lo que respecta a la política de viviendas en el país.

Recordó que el proyecto comenzó bajo la presidencia del exmandatario Horacio Cartes y cuando el actual presidente de la República, Santiago Peña, ejercía el cargo de ministro de Hacienda, consolidando un esfuerzo que comenzó casi hace una década.

“Este logro ha sido posible gracias a un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero sobre todo, la ciudadanía de esta comunidad. Este proyecto se trabajó sobre un área de 15 hectáreas, con una inversión de casi 11 millones de dólares que formó parte de un préstamo total de 30 millones de dólares y cuyas inversiones se realizaron en el resto del país”, precisó el ministro Baruja.

En el proyecto Chacarita Alta se ha mejorado la provisión de agua potable, se crearon canales de desagüe pluvial y cloacal, se reforzó la estructura urbana con calles y pasillos accesibles, se construyeron espacios de esparcimiento.

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Además, se fortaleció la seguridad de la comunidad con la instalación de cámaras de vigilancia, monitoreo, y mejoramiento del alumbrado público. Se inauguró un Centro de Atención de los Adolescentes, en conjunto con el Ministerio de la Niñez.

El ministro Baruja destacó que a partir del 15 de agosto del 2023, con liderado por el presidente Santiago Peña, se ha dado un fuerte impulso, ya que en estos dos primeros años de la actual gestión ya se ha ejecutado 65 % del proyecto.

“Hemos prácticamente cuadruplicado la gestión comparativamente con años anteriores, lo que demuestra nuestra capacidad de acelerar los resultados, cumplir compromisos y transformar la Chacarita Alta más rápido que nunca”, enfatizó.

Asimismo, resaltó que la Chacarita Alta es un ejemplo de que las políticas públicas deben tener continuidad, sin importar el signo político o movimiento que acompañe la gestión gubernativa.

“Este ha sido un Gobierno que ha dado continuidad política a las políticas públicas, como fueron la culminación del Hospital de Coronel Oviedo y el Gran Hospital del Sur; y hoy el proyecto de Chacarita Alta”, destacó.

No obstante, lamentó que no siempre ha ocurrido esto, lo cual indicó que debe servir como ejemplo, para que situaciones de políticas públicas como fue por ejemplo el tema del transporte público.

“Especialmente como el caso del metrobús que, por cuestiones de celos, envida y maldad, en su momento fueron interrumpido que hoy podría haber dado una gran solución a la ciudanía paraguaya. Ejemplo como este que nunca más se repita en el Paraguay, sigamos avanzando y construyendo más viviendas sostenibles mejorando la calidad de vida de nuestro país”, concluyó.

En otro momento, el ministro Baruja destacó que el trabajo de construcción en del barrio Chacarita Alta, ha sido un proyecto sostenible que ha logrado un reconocimiento a nivel mundial.

“En pocos días más, el proyecto Chacarita Alta, ha sido nominado a un premio internacional, que próximamente será anunciado, lo cual demuestra que este ha sido un trabajo que se ha concretado de una manera excelente”, resaltó.

Informó que este proyecto está beneficiando de forma directa a 1.000 familias. Entre ellas, 218 familias que han recibido mejoramiento de sus viviendas, otras 164 viviendas mejoradas y ahora se entregó 54 viviendas sostenible.

“Estas viviendas son el compromiso con el futuro, con hogares duraderos, eficientes, y pensados para mejorar la calidad de vida de las familias”, enfatizó el titular del MUVH.

El representante del BID, Manuel Fernandini, destacó que la pobreza no se combate solamente con mayores ingresos, sino que requiere también de oportunidades espacios dignos y políticas públicas que abrace la inclusión.

“Hoy no solo se inaugura obras de infraestructuras y viviendas, sino que se alcanza un hito a favor de la dignidad, la inclusión, y la esperanza de las familias que viven aquí. Desde el grupo BID y en línea con nuestra estrategia país para el periodo 2025-2029, buscamos apoyar al gobierno del Paraguay en su objetivo de expandir el acceso a las viviendas”, mencionó.

Destacó que al estar juntos hoy en este acto, es el resultado de un largo camino del compromiso y colaboración en el marco de mejoramiento de vivienda y hábitat financiado por el BID.

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En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se estudió el proyecto que pretendía crear un fondo especial para accidentados. La iniciativa ya había sido estudiada por la Cámara Alta, donde votaron por el rechazo, y en esta oportunidad, los legisladores se ratificaron en su postura por lo que la iniciativa pasó al archivo.

“En la Comisión de Hacienda en la primera vuelta ya se había rechazado tomando en cuenta el informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La Comisión de Hacienda tuvo dictamen por el rechazo y queda a disposición del pleno”, dijo el senador Natalicio Chase.

La propuesta legislativa tampoco contaba con el visto bueno de otras comisiones como la de Legislación y de Cuentas y Control, que aconsejaron mantener la postura en el sentido del rechazo. Esta iniciativa tenía como proyectista al diputado colorado Hugo Meza.

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La intención del proyecto era la creación de un fondo nacional para cubrir gastos de atención y de rehabilitación de víctimas de accidentes de tránsito, debido a la alta incidencia de estos siniestros y su impacto en el sistema de salud.

En este sentido, pretendía distribuir los ingresos provenientes de cuatro fuentes distintas, que iban a ser distribuidos entre el Ministerio de Salud, la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) y la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), quienes debían canalizar la ayuda para las personas afectadas.

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