El 2025 marcará un antes y un después para el mercado de valores en Paraguay. Con un desempeño que apunta a cerrar el año con cifras récord y una nueva ley en plena discusión, el sector financiero se prepara para dar un salto histórico, según manifestó a La Nación/Nación Media, Natalia Trinidad, referente en el mercado bursátil.

Sostuvo que la tendencia es clara: “El primer semestre fue muy positivo y creemos que el segundo será aún mejor. Tradicionalmente, hacia fin de año las empresas buscan cerrar bien su balance, lo que genera mayor dinamismo. La posibilidad de superar el volumen del año pasado es muy alta”.

El cierre en alza coincide con un proceso de modernización institucional y normativa. La nueva ley de mercado de valores, impulsada por el Gobierno dentro del paquete de reformas estructurales, es vista como la gran palanca de transformación, según Trinidad.

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“Es una normativa que nos permitirá hacer más negocios y ampliar la gama de productos financieros, no solo desde las casas de bolsa, sino también a través de las administradoras. Nos va a potenciar y abrirá oportunidades innovadoras para el mercado”, resaltó.

También recordó que Paraguay apunta a consolidarse como un polo de inversiones en la región, con reglas claras, más transparencia y una estructura alineada a estándares internacionales, y que la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) ya avanza en la adopción del sistema Nasdaq y, con la Caja de Valores de Paraguay (Cavapy) como custodia, el acceso al mercado global será una realidad.

“Estamos viviendo un momento clave. Las empresas deben prepararse para aprovechar esta nueva etapa. Lo que se viene es sumamente valioso”, afirmó.

Finalmente, expuso que ante un escenario regional donde la competencia por atraer capital se intensifica, Paraguay apuesta a diferenciarse con estabilidad macroeconómica y un marco legal renovado.

La Bolsa de Valores registró operaciones por G. 51,5 billones (alrededor de USD 6.769 millones) a lo largo del 2024, con un crecimiento de 39,1 % respecto al 2023.

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Cumpliendo el plazo establecido para la intervención de la Municipalidad de Asunción, el economista Carlos Pereira entregó este viernes su informe final de la fiscalización a la administración del intendente suspendido Óscar Rodríguez, que se había iniciado el pasado 24 de junio.

El documento fue presentado en las oficinas del Ministerio del Interior, cumpliendo así el mandato que recibió del Poder Ejecutivo, y tras su chequeo de conformidad a las normativas, será remitido a la Cámara de Diputados para su consideración.

En la mañana de este viernes 22 de agosto, Pereira había adelantado que su dictamen desarrollado en 700 páginas abarca tres puntos centrales, respondiendo en primer lugar a las seis observaciones cuestionadas por la Contraloría General de la República (CGR), que fue lo que motivó el pedido de intervención.

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También contempla un análisis de la gestión administrativa, aspectos de control interno, hallazgos de inconsistencias contables, operativas, administrativas y observaciones de gastos. Por último, contempla cinco denuncias que fueron presentadas ante el Ministerio Público, entre ellas, sobre falsificación de planos y alteración de software.

Al respecto de las observaciones de la Contraloría, Pereira explicó que el resultado de la intervención ha coincidido con las 6 observaciones; haciendo la salvedad que en el punto 1 y 6 cuentan con mayor profundidad de estudio. Teniendo en cuenta que la CGR tuvo limitaciones en el acceso a la información. En cambio, él con su equipo tuvieron mayor acceso y pudieron analizar en profundidad.

“A pesar del tiempo hemos podido reunir toda esa información para poder hacer la trazabilidad desde la emisión de los bonos, hasta la percepción de los mismos, en cada una de las cuentas que en la administración del municipio se han manejado bajo la cuenta única; que por una confusión ha permitido que se haya mezclado de diferentes fuentes y orígenes los recursos financieros”, explicó.

Pereira indicó que esta situación llevó a que el 97 % de esos recursos se usaran en gastos corrientes y solamente el 3 % se destinó a obras de infraestructura. Esto fue lo que la CGR observó como una transgresión al artículo 197 de la Ley N° 3.966 Orgánica Municipal, que ha sido confirmado por la intervención que le tocó encabezar.

“Ese endeudamiento ha permitido llevar a una situación de infracapitalización financiera al municipio. Lo que significa que todos los recursos que hoy cuenta la comuna, son absolutamente insuficiente", explicó.

Añadiendo que la recaudación que obtiene a diario por el cobro de los tributos resulta insuficiente ante el enorme caudal de obligaciones en el corto plazo que hace que las exigencias, vencimientos recurrentes y sucesivos hoy el municipio de Asunción esté en constante reprogramación de los pagos”, comentó.

El interventor Pereira mencionó que el informe también contempla otros hallazgos y otras debilidades halladas en distintas direcciones de la comuna. Pero también se plantean distintas soluciones a los problemas. Además, indicó que dejan plasmado un programa de proyectos de cómo el municipio podría comenzar a salir adelante de esta situación difícil financieramente hablando.

“Creo que hoy inicia otra etapa, y deberíamos ayudar a nuestro municipio; necesitamos restaurar la municipalidad, organizar reestructurar esta administración después de toda esta situación complicada. Se debe cambiar la forma de administrar, que se achiquen los gastos, que se reestructure todo el aparato administrativo que hoy está excesivo para lo que debería ser el municipio de Asunción”, acotó.

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Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) defendieron ante la Cámara de Senadores la seguridad y confianza que garantiza el uso de las máquinas de votación en los procesos electorales. A la vez recordaron que el sistema electoral paraguayo se destaca a nivel internacional por su solidez.

El titular del órgano electoral, Jaime Bestard, indicó que retornar al uso de las papeletas en los comicios municipales del 2026 y las generales del 2028 es “un retroceso” y que la implementación del sistema electrónico “facilitó enormemente el escrutinio y el juzgamiento”.

“Fue una reunión sumamente positiva, se ha planteado las dudas que pueden tener los legisladores y la población sobre temas como la ciberseguridad, si las máquinas de votación son confiables y todo esto fue contestado. El volver a las papeletas es una prohibición absoluta por imperio de una ley vigente, el cual establece el sistema de listas desbloqueadas y voto preferencial. Además la norma impone para los cargos plurinominales el uso del voto electrónico, acá no hay ninguna salida", comentó en una conferencia de prensa.

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Agregó que la aplicación del sistema electrónico en los pasados comicios evitó la existencia de distorsiones y fraudes. “A nosotros nos parece que retornar a las papeletas será un retroceso, no se puede, salvo que el parlamento considere la presentación de un proyecto para retornar a las listas cerradas o sábanas y esto yo creo que no le agradará a la ciudadanía. A nivel electoral nuestro sistema es considerado sólido, robusto”, puntualizó.

Bestard indicó que desde el TSJE consideran necesaria la implementación de un nuevo mecanismo de control electoral, referente a que cada elector plasme su huella dactilar luego de votar, justo antes de entintarse el dedo. “Esto será un avance y es el eslabón que falta para asegurar todo el proceso electoral porque evitaría lo que se llama el voto calesita o el voto de personas que simulan la identidad de otras“, comentó.

Por otra parte, aseguró que es posible contar con las 23.000 máquinas de votación para las elecciones municipales del 2026, esto teniendo en cuenta todas las trabas que sufrió en los últimos meses el proceso de licitación para la adquisición de los aparatos electrónicos. “Nosotros estamos dentro del cronograma. Ahora la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se debe expedir sobre las protestas presentadas”, mencionó.

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La Cámara baja del Congreso argentino rechazó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a una ley que aumentaba fondos para personas con discapacidad, y ahora el Senado deberá definir si el bloqueo del mandatario sigue en pie.

Aprobada por el Congreso en julio, la ley declaraba la emergencia en la atención a personas con discapacidad para regularizar pagos atrasados de las prestaciones de salud y garantizarlos hasta diciembre de 2027.

Restablecía además el cupo laboral en el Estado para personas discapacitadas, eliminado por la administración de Milei.

El rechazo al veto alcanzó los dos tercios necesarios: 172 diputados votaron su anulación, 73 en contra y 2 se abstuvieron.

Mientras el Senado no rechace también el veto del presidente ultraliberal, este seguirá vigente.

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Milei, que asumió en diciembre de 2023, sostiene que la Ley de Emergencia en Discapacidad atenta contra el superávit en las cuentas públicas que su gobierno, a fuerza de ajuste fiscal, consiguió en 2024 por primera vez desde 2010.

Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley tenía un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PIB. Se espera que este miércoles la Cámara baja trate además el veto de Milei a un aumento de las jubilaciones, aprobado también en julio.

La ley vetada contemplaba un aumento de 7,2 % más un bono de unos 100 dólares para los que reciben la pensión mínima. La pensión y el bono actualmente suman unos 260 dólares mensuales, un tercio de la canasta básica del adulto mayor.

• Fuente: AFP

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