El vicepresidente Pedro Alliana señaló que, conforme a su método de trabajo, y al cargo que ocupa, lo que hace es escuchar a la gente todas sus inquietudes y transmitirle luego al presidente de la República. Confirmó que sí le hizo llegar algunos reclamos y conversó con él sobre la necesidad de cambios en el Gabinete.

Durante el lanzamiento de la precandidatura a la Intendencia de Camilo Pérez, este jueves por la noche, el segundo del Ejecutivo fue abordado por varios trabajadores de prensa que le realizaron diversas consultas.

Entre ellas, aclaró que fueron varias las ocasiones en que tuvo oportunidad de conversar con el jefe de Estado, a quien le hizo llegar todos los cuestionamientos, tanto de forma pública y de frente, como también lo hizo durante la reunión de ministros.

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Señaló que su planteamiento lo hizo mirando hacia el 2028, buscando continuar con el modelo de gestión, y si para ello es necesaria una mirada más política de la gestión, y que esto mismo ya lo había dicho en su momento al presidente Santiago Peña.

“No solo fue un descargo con el que queríamos llamar la atención del público, o de los correligionarios, sino era algo que yo realmente sentía que se tenían que hacer algunos cambios dentro del Gabinete. Le dije al presidente de la República en privado, lo dije en una reunión de ministros y lo dije también en público. Así es que yo voy a seguir trabajando de esta misma manera y bueno, estoy seguro de que la dirigencia también valora ese trabajo", comentó.

Reconoció que hay cosas por corregir y darle una mirada más política. “Hay que darle una mirada más política a la gestión, y esto no lo estoy diciendo hoy al presidente Peña, ya le había dicho a él, y es lo que nosotros vamos a seguir seguramente proponiendo”, acotó.

Por otra parte, el vicepresidente Alliana habló de la idea de la candidatura a la Presidencia 2028. Remarcó que aún no es el momento, que ahora está concentrado en las elecciones municipales de este año en las que se apunta a lograr la mayor cantidad de intendencias coloradas.

Aseguró que llegado el momento, lo estará analizando de forma personal, con su familia, y de ser necesario hablará con la dirigencia del movimiento Honor Colorado, para saber si aún lo consideran como el mejor candidato.

No obstante, indicó que de ser necesario mandará incluso a hacer una encuesta no para el público, sino para él poder tomar una decisión de aceptar o no la propuesta de la candidatura a la Presidencia.

“Yo no tengo miedo a los desafíos, estoy seguro de que gracias al trabajo que realicé siempre, en los cargos que me tocó ocupar, gracias al Partido Colorado, yo creo que la dirigencia del partido se siente muy identificada conmigo. Voy a tratar de cumplir la promesa que asumí. Voy a mirar todo esto que ocurre en estas elecciones municipales, pero por supuesto, yo no descarto la posibilidad de salir cuando pueda, salir a trabajar y a acompañar a nuestros candidatos", enfatizó.

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El martes 31 de marzo vencen las licencias de conducción en los municipios del departamento Central, algunos conductores deben pagar por la revalidación; y otros, renovarlas. Las autoridades instan a los usuarios a realizar este trámite antes de la Semana Santa para evitar multas que pueden ser prevenibles.

Según Carlos Cáceres, director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Lambaré, en la mayoría de los municipios se tiene como fecha de vencimiento de los registros de conducir este 31 de marzo. Los conductores aún tienen cuatro días para poder realizar esta gestión para seguir circulando con plena tranquilidad por todo un año.

“Invitamos a que se pongan al día para evitar inconvenientes, para que puedan viajar con todas la tranquilidad del mundo y evitar esa incomodidad que pasa cuando no realiza este pago”, expresó Cáceres, en entrevista con el programa “Arriba Hoy” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Afirmó que la revalidación puede generar multas dentro del municipio, pero que la licencia esté vencida acarrea otro tipo de sanciones e impide a los conductores continuar con sus viajes. “Ahora no tenemos aún tanta gente. Tenemos facilidad de pago tanto en efectivo o por transferencia y también está en autopago”, apuntó.

Este año en todos los municipios se implementará el sistema de código QR, esto significa que al renovarlas el documento al dorso tendrá un código que proporcionará todos los datos del usuario y posibles infracciones.

“Las licencias que no cuenten con esta novedad podrán seguir circulando normalmente, siempre que tengan los sellos al día”, aclaró Cáceres.

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Uno de los temas en la agenda pública financiera más impor­tante y necesaria de las últimas décadas en nuestro país es la reforma del sistema previsional que admi­nistra las jubilaciones y pensiones del sec­tor estatal que, como sabemos, funciona bajo un esquema de reparto, por el cual los aportes de los trabajadores activos finan­cian a los jubilados en el presente.

Sucedió que con el correr de los años, se fue perdiendo el necesario equilibrio entre los aportes y los haberes correspondien­tes. En todo el sistema de las cajas fisca­les se empezó a gastar más de lo que se recaudaba. Las causas son varias y desde el Poder Ejecutivo presidido por Santiago Peña, tal situación fue considerada como una amenaza no solo para las finanzas públicas sino que también para la misma economía.

Fue por ello que desde el Ejecutivo y por medio del Ministerio de Economía y Finanzas se remitió un proyecto de ley sobre el tema en cuestión, modificando diversas situaciones. El desequilibrio entre los ingresos y gastos es un hecho irrebatible a la fecha y está afectando a las arcas estatales vía impositiva que, ya el año pasado, llegó a trepar a más de cuatro­cientos millones de dólares.

En atención a esta situación, el gobierno del presidente Santiago Peña consideró pertinente realizar cambios en la edad de jubilación, la tasa de sustitución o de retorno y la edad de retiro oficial y otros. El proyecto original del Ejecutivo contaba con los elementos necesarios para evitar males mayores e iniciar las transformacio­nes subsiguientes en tiempo y forma dado que, de no hacerlas, se estaría poniendo en riesgo la estabilidad financiera del país desde el mismo Presupuesto de Gastos de la Nación.

El Ejecutivo tomó cartas en el asunto y llevó a cabo su tarea de iniciativa legisla­tiva –que por cierto– también es de com­petencia del Congreso. Más allá de esta observación, el gobierno del presidente Peña es el primero que aceptó el desafío de enfrentar el problema, aun sabiendo que ello le podría ocasionar algunos cos­tos de malas interpretaciones y antojadi­zos “argumentos” en contrario. Esto es, el gobierno actual rechazó seguir pateando el problema para adelante.

Dejar de lado un problema para que otros lo enfrenten en ningún modo está bien. Por el contrario, es de destacar que la labor de todo buen gobierno es velar no solo por los intereses del erario, sino que también y especialmente por la población. En efecto, el Ejecutivo nacional había observado que según pasaban los años y sin cambios en este sector de las cajas fiscales, el pro­blema se volvía mayúsculo hasta conver­tido en amenaza.

Había que hacer algo. Y se hizo. El Ejecu­tivo vía Ministerio de Economía y Finan­zas remitió al Congreso el proyecto de ley para evitar mayores males. Fue así que en Diputados básicamente se trató el docu­mento del Ejecutivo, aprobándose cam­bios sustanciales como, por ejemplo: que la edad de jubilación sea general para todos, esto es, desde los cincuenta y siete (57) años; la tasa de sustitución de no menos del setenta y cinco (75) por ciento y no más del ochenta y cinco (85) por ciento y se tome en cuenta los últimos diez (10) años como base del cálculo y otros como la de los hijos que ya no podrían contar con la pensión, pero sí el cónyuge correspondiente.

A lo expresado agregamos que el aporte estatal sería gradual e iría del 1 al cinco (5) por ciento y no más. De este modo, se venía un cambio importante que, y como ya dijimos en otro momento en este espa­cio, se convertía en un paso nunca antes realizado. Ningún gobierno se había ani­mado a velar por los intereses del pue­blo. Y decimos esto de modo enfático y sin rodeos, dado que algunos venían propo­niendo como “solución” al problema subir los impuestos a los contribuyentes para corregir el problema de unos pocos.

Sobre esto último el Poder Ejecutivo desde un comienzo manifestó su rotunda nega­tiva de subir los tributos para así con­graciarse con un grupo de personas que, sabiendo que tienen el derecho de peticio­nar a las autoridades, empero, no tienen derecho alguno a que otros les paguen sus haberes.

Cambiar algo que está mal para ir a otras transformaciones de fondo es el camino acertado y prudente. En la Caja Fiscal, en consecuencia, la iniciativa legislativa del Ejecutivo es la que debe primar en su tra­tamiento en el Congreso porque conviene a todos, a los sectores involucrados y a la ciudadanía en general.

La Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, presidida por la diputada Rocío Abed, concedió dictamen positivo al proyecto de ley “Que establece la obligación de devolver los pagarés al deudor en el acto de pago total de la deuda y establece un régimen sancionador”.

Según la exposición de motivos, la iniciativa legislativa surge ante la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica del deudor una vez que ha cumplido con el pago total de una obligación.

Actualmente, a pesar de que el deudor salda su deuda, subsiste una vulnerabilidad al no recuperar el pagaré que firmó. Este título de crédito, al permanecer en poder del acreedor o de terceros, podría ser utilizado de mala fe para iniciar acciones judiciales indebidas o ser negociado, generando un perjuicio grave al ciudadano.

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“El pagaré, como documento formal de la deuda, es la prueba más fehaciente de su existencia, por lo tanto, su devolución al deudor en el mismo acto de la cancelación es el corolario lógico del principio de la buena fe en las transacciones comerciales”, expresa parte del documento.

Agrega que el objetivo de esta ley es proteger al deudor, ya que al exigir la entrega del pagaré, se busca garantizar que la obligación, realmente, se extinga y se elimine cualquier riesgo de litigios futuros basados en un título de crédito ya pagado.

Además, la propuesta normativa establece un régimen sancionador que dota a la ley de la fuerza necesaria para ser efectiva.

En su artículo 1, el proyecto menciona que la propuesta tiene por objeto establecer la obligación ineludible para el acreedor de una deuda quirografaria, instrumentada en uno o más pagarés, de entregar dichos títulos de crédito al deudor en el acto de la cancelación o pago total de la obligación.

Asimismo el artículo 2°, indica que la entrega del pagaré cancelado constituirá plena prueba de la extinción de la obligación. En caso de que el acreedor alegue la pérdida o extravío del título de crédito, deberá entregar al deudor un recibo de pago y una declaración jurada ante escribano público en la que manifieste la extinción de la obligación y la imposibilidad de presentar el documento.

En materia sancionatoria, la norma es contundente. El acreedor que sin causa justificada se niegue a entregar el pagaré será considerado en mora y quedará sujeto a una multa administrativa equivalente al 20 % del monto de la deuda pagada, que será aplicada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), previa denuncia del afectado.

La iniciativa, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y se encuentra en su segundo trámite constitucional. Además ya está incluido su tratamiento este martes durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja.

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