El diputado Édgar Acosta, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), manifestó que es necesario no cerrar el debate en torno al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que busca castigar la vacunación irregular contra el COVID-19 y establece sanciones severas para quienes incumplan las medidas sanitarias de contención frente a la pandemia. El legislador dijo que el Gobierno debe centrar su preocupación en conseguir las vacunas.
“No hay que cerrarse al debate. En Diputados muchas veces hemos aprobado leyes sin haber debatido. Hay que hacerlo en profundidad, saber cuál es el objetivo. Cuando hay una reacción ciudadana muy fuerte contra una ley, como ocurre ahora con la que presentó el Ejecutivo, siempre es importante que se vuelva a analizar. Si se va a rechazar o aprobar, tiene que ser después de un gran debate”, argumentó, teniendo en cuenta que varios legisladores ya expresaron su rechazo rotundo hacia la iniciativa.
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Medicamentos y vacunas
El legislador manifestó que la propuesta del Ejecutivo debe apuntar a castigar a la vez a los más poderosos y no solo a la clase media, manifestando que el proyecto se condiciona más a castigar a la ciudadanía.
“A mí me gustaría particularmente que se castigue más al que tiene poder y lo utiliza para beneficiarse. Me gustaría que la ley castigue más a los poderosos y no tanto a los más humildes. Con la forma de presentación no estoy de acuerdo porque todo está orientado a castigar a la ciudadanía, como si fuera que eso va a mejorar la crisis. El Ejecutivo debe esforzarse en conseguir medicamentos y vacunas”, mencionó el legislador.
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Presidente Peña saludó a periodistas en su día
El presidente Santiago Peña usó sus redes sociales para expresar su saludo a los comunicadores ayer viernes, día en que se recordó el Día del Periodista. “Compañeros del trabajo diario. Compartimos un momento especial con los comunicadores de diversos medios que siempre nos acompañan, acá en la Presidencia. A través de ellos, hago llegar mis mejores deseos a todos los periodistas del país en su día”, señaló, acompañando el mensaje con la prensa asignada a la cobertura de Presidencia.
“Desde el Ejecutivo reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión para que realicen sin impedimento alguno su noble tarea”, señaló en otro mensaje.
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Esquema fue advertido por Gafilat y expuso a Paraguay a recibir sanciones
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. Sin embargo, la administración de Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
- Por Cinthia Mora
Los actos cometidos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez al montar un esquema paralelo de investigación dentro de Seprelad para investigar a enemigos políticos y filtrar información expusieron al país a eventuales sanciones por no aplicar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Esta institución advirtió de la situación y exigió aplicar acciones para corregir los malos manejos. Estas recomendaciones fueron ignoradas durante el gobierno anterior.
La conducta desplegada por cada uno de los investigados en esta causa penal repercutió no solo en el plano nacional, sino también en el internacional, ya que la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normativas antilavado atribuyó a la Seprelad (dirigida por Carlos Arregui) la filtración de informes de inteligencia a la prensa.
Las recomendaciones dadas por el organismo especializado fueron ignoradas por la administración anterior, ya que no existe registro alguno de sumario aplicado ni tampoco constancia de implementación de protocolos sugeridos por la organización antilavado.
En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor cantidad de filtraciones de informes confidenciales desde la Seprelad, se consignó lo siguiente: “Respecto del uso de la información por parte de las autoridades destinatarias, (…) preocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, en los cuales se han llegado a publicar en portales de internet, incluyendo páginas completas del informe de inteligencia, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.
RECOMENDACIONES SIN APLICAR
Al respecto, recomendaron que la Seprelad robustezca e implemente los mecanismos utilizados para hacer seguimiento a la divulgación no autorizada de información diseminada de acuerdo con las guías y buenas prácticas emitidas por organismos en la materia.
El informe de evaluación mutua instaba además a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.
La Seprelad había aprobado en el año 2021 el Protocolo de Difusión de Informes de Inteligencia, del cual se desprende que la institución debió abrir dentro de las 48 horas de las filtraciones el procedimiento establecido para casos de difusión indebida de información. Pese a los múltiples episodios de filtraciones registrados desde enero de 2022 y a la recomendación de la evaluación de Gafilat, este protocolo nunca se aplicó. Todos las filtraciones y los funcionarios responsables quedaron impunes hasta agosto de 2023.
Recién con la llegada de la nueva administración se pudo detectar tal situación y se comenzó a poner en orden la casa. La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, reveló que a su llegada pudo constatar que nunca se abrieron los sumarios respectivos contra los funcionarios responsables de las filtraciones y tampoco se pudo encontrar rastro alguno de aplicación de protocolos tal como lo recomendó Gafilat en su evaluación.
En el año 2022 iniciaron los sistemáticos ataques político-mediáticos que socavaron la institucionalidad de la Seprelad y otros organismos del Estado. Una investigación periodística reveló en julio de 2023 documentos y correos electrónicos que dejaron al descubierto el esquema montado desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad para dirigir investigaciones con fines políticos y filtrar información confidencial.
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Reglamento UE 1115: el Ejecutivo debe decidirse por el comercio internacional sin intervencionismo estatal
- Por Víctor Pavón
Cuando todo parecía encauzarse para bien en relación a las exportaciones de nuestros productos como la soja, la carne, el cuero y la madera, para el comercio con la Unión Europea (UE) y por el cual el Ejecutivo nacional tenía una posición correcta de no ceder ante exigencias de otros países, días atrás sin embargo el Gobierno emite el Decreto 1541 que muestra otra tendencia.
El presidente Santiago Peña dijo el año pasado en las Naciones Unidas: “Los países en vías de desarrollo no podemos postergar nuestro desarrollo por exigencias unilaterales que rayan la arbitrariedad”, afirmación certera sobre lo que había que hacer en relación a exigencias que podrían perjudicar al país.
Con referencia concreta al Reg. 1115 de la UE dijo: “Paraguay hará valer su soberanía”.
Del mismo modo, la Cancillería junto como el Ministerio de Agricultura y Ganadería afirmaban que las exigencias de la UE son de cumplimiento imposible para Paraguay, más tomando en cuenta que nuestra producción se hace de modo sostenible protegiendo el medioambiente.
Luego el Gobierno se presenta ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la que junto con 60 países sostienen acerca de la necesidad imperiosa de reducir las “distorsiones al comercio agrícola” así como medidas exigidas de “modo unilateral”.
Al respecto, alguien que sabe y mucho sobre todo esto, el Ing. Santiago Bertoni, exministro de Agricultura y Ganadería, afirmó que “la norma n.° 1115 de la UE se trata de una barrera comercial a los productos agrícolas, con condiciones exageradas sobre el sector privado”.
De igual modo los verdaderos protagonistas, los que saben lo que pasa en el campo, se hacían escuchar. Los sectores gremiales mediante sus representantes refieren que el Reglamento 1115 no puede ser una imposición ni menos aún convertirse en una normativa internalizada en nuestro territorio perjudicando al campo y que forme parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Mientras tanto, la UE venía diciendo que el Reglamento 1115 se aplicaría con o sin acuerdo del Mercosur. Matteo Sartori, quien estuvo por nuestro país, dispuso en carácter de donación de euros 10 millones para el Gobierno, como una forma de ayuda para ir cumpliendo los requisitos ambientales del Reglamento 1115.
Y ¿ahora? El Decreto presidencial 1541 del 16 de abril pasado, viene a cambiar la tendencia correcta del Gobierno con relación al Reglamento 1115. Dice que se deben iniciar las tareas para implementar sistemas de trazabilildad socioambiental para la competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales.
En el Considerando del Decreto se lee: “...las recientes normativas de trazabilidad socioambiental adoptadas por mercados extranjeros...” “...que el Estado debe adoptar”... para contar con “una plataforma de trazabilidad ambiental”.
Esta decisión del Gobierno es estatista, contraria a los intereses del sector privado rural que serán convidados de piedra de aprobarse la “nueva trazabilidad”, documento de cumplimiento obligatorio hecho por burócratas que, sentados en cómodos sillones, se dedican a estorbar a los emprendedores.
Es de esperarse que el Ejecutivo tome en cuenta que el comercio y la producción son tareas del sector privado y que el Estado debe garantizar la propiedad y la seguridad para que la gente coopere para intercambiar más y mejores bienes y servicios, tanto dentro como fuera del país. Y esta es la mejor forma de defender la soberanía y la producción del Paraguay.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.
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Imponen sanciones contra programa de drones de Irán
- Washington, Estados Unidos. AFP.
Estados Unidos y el Reino Unido impusieron sanciones contra “el programa de drones, la industria siderúrgica y los fabricantes de automóviles de Irán” tras el ataque contra Israel, anunció el Departamento del Tesoro estadounidense.
Las sanciones de Washington apuntan a “16 individuos y dos entidades que permiten la producción de drones iraníes”, como los Shahed, que “se utilizaron en el ataque del 13 de abril”, añadió. Las de Londres van dirigidas contra “varias organizaciones militares iraníes, individuos y entidades implicadas en la industria iraní de drones y misiles balísticos”.
También abarcan a tres filiales del fabricante de automóviles iraní Bahman Group y al Ministerio de Defensa iraní.
El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que, con estas nuevas sanciones, su país continuará intentando que Irán “rinda cuentas” por sus acciones, y aseguró que tienen como objetivo “limitar los programas militares desestabilizadores” de la república islámica, según un comunicado de prensa de la Casa Blanca.
Las medidas impuestas por Londres apuntan a su vez a “varias organizaciones militares iraníes, individuos y entidades involucradas con las industrias iraníes de drones y misiles balísticos”, dijo el Tesoro.
Irán lanzó más de 350 drones y misiles contra Israel durante la noche del sábado, pero casi todos fueron interceptados en vuelo. Teherán presentó su ataque como una respuesta al ataque mortal ampliamente atribuido a Israel contra el consulado iraní en Damasco a principios de abril. En respuesta, los países occidentales han prometido reforzar sus sanciones contra Irán, pero también pretenden evitar una escalada de violencia en la región. La Unión Europea decidió el miércoles en una cumbre celebrada en Bruselas imponer nuevas sanciones contra los productores iraníes de drones y misiles.