El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, renunció a su cargo, informó el miércoles la secretaria de la Asamblea Nacional, menos de dos meses después de la caída de Nicolás Maduro.

Saab, en el cargo desde 2017, abogaba por el regreso de Maduro, capturado en una operación militar estadounidense el 3 de enero, y condenó la incursión como ilegal y violatoria del derecho internacional.

El abogado se dice un defensor de los derechos humanos. La oposición le reprochaba que hiciera la vista gorda ante denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden.

El Parlamento recibió una comunicación dirigida a Jorge Rodríguez, jefe del Legislativo, suscrita por Saab, “mediante la cual remite (la) renuncia a su cargo como fiscal general de la república”, leyó la secretaria durante una sesión parlamentaria.

Asimismo, la secretaria informó de la renuncia de Alfredo Ruiz al frente de la Defensoría del Pueblo, un ente que tiene como función la promoción de derechos humanos.

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Rodríguez mostró a los parlamentarios las misivas que recibió tanto de Saab como de Ruiz “en donde expresan su decisión de renunciar al cargo respectivo como fiscal general de la república y como defensor del pueblo”, indicó.

Según el jefe parlamentario, el procedimiento constitucional estipula designar un comité de postulaciones. “Vamos a proceder a escoger a una encargada o un encargado para ambos cargos mientras se activa el comité de postulación”, indicó durante la sesión.

Saab está sancionado por Estados Unidos desde 2017 entre cuestionamientos por violaciones de derechos humanos en el país.

Es considerado uno de los más cercanos colaboradores de la llamada “Revolución Bolivariana” y sus detractores lo acusan de servir al chavismo.

• Fuente: AFP

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El 16 de febrero de 2005, hace 21 años, se daba a conocer la impactante y triste noticia del hallazgo del cuerpo de Cecilia Mariana Cubas Gusinky, hija mayor del expresidente Raúl Cubas y la exsenadora Mirta Gusinky, que habría sido secuestrada y asesinada por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Cecilia fue la primera víctima fatal de los criminales.

El cuerpo sin vida de la joven fue hallado cinco meses después de su secuestro en una vivienda a la que se denominó la “Casa del Horror” en el barrio Mbocayaty de la ciudad de Ñemby. En principio, las autoridades llegaron al sitio en búsqueda de evidencias para tratar de dar con el paradero de Cecilia.

Según Sandra Quiñónez, exfiscala del caso, en entrevista del 2024 con canal GEN y Universo 970/Nación Media, la casa estaba herméticamente cerrada y tuvieron que romper unas de las puertas para ingresar. Recorrieron cada dependencia de la vivienda y se encontraron con cabellos rubios, telas, chalecos y líquidos en botellas.

Así también, se encontraron colchones y una de las piezas estaba totalmente empapelada con bolsas negras, que se presume hicieron para evitar que la secuestrada distinga el día de la noche. Todo apuntaba a que en estos lugares estuvo Cecilia.

Al llegar a la última habitación encontraron bolsas de tierras que llegaban hasta el techo y una importante cantidad de evidencia. Los intervinientes en ningún momento pensaron que ahí estaría el cuerpo de la joven, ya que todo apuntaba a que ella debía ser entregada a su familia en Ciudad del Este ese mismo día, operativo que estaba en desarrollo.

La orden dada por Quiñónez era limpiar esa habitación y documentar cada evidencia hallada, por más mínima que fuera. Mientras desarrollaban ese trabajo uno de los agentes policiales le manifestó a la fiscala que había una diferencia de color en los pisos de la habitación y dio la orden de levantar.

Bajo el piso de esa habitación encontraron un sótano y en el interior de este habían más evidencias que fueron retiradas. Ahí se dejó ver el túnel al que ingresaron con ayuda de bomberos, uno de ellos le indicó que había un olor bastante fuerte y en ese momento dieron con el cuerpo de Cecilia.

Según la autopsia realizada por el médico forense Pablo Lemir y dada las características en la que fue encontrado el cuerpo, Cecilia llevaba 45 días de fallecida al momento que fue encontrada. Se presume que sus captores la asesinaron entre el 24 al 30 de diciembre del 2004.

El 21 de setiembre del 2004 Cecilia, de 31 años, estaba por llegar a su casa en el barrio Laguna Grande de Fernando de la Mora cuando fue interceptada por el EPP, que en medio de disparos y mucha violencia la llevaron en contra de su voluntad.

Cecilia Cubas estuvo secuestrada por cinco meses y con su muerte se convirtió en la primera víctima fatal de secuestro del grupo criminal, su trágico desenlace conmocionó a la sociedad y marcó la historia del país. La familia Cubas había pagado entonces por el rescate 300.000 dólares en noviembre del 2004 y fue la última comunicación con los secuestradores.

Tras el fatal desenlace, el Ministerio Público inició las investigaciones logrando condenar a 11 personas por el secuestro y muerte de Cecilia. Entre ellos Osmar Martínez, Anastasio Mieres Burgos, Francisca Andino, Vaciano Acosta, Pedro Chamorro, José Domingo Hidalgo, Manuel Portillo, Roberto Otazú, Rosalba Jara Drackeford, Lidia Samudio y Aldo Meza.

Osmar Martínez y Anastasio Mieres Burgos fueron condenados a 25 años de prisión y 10 años de seguridad por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, luego de afirmarse que cometieron los delitos de homicidio doloso, privación de libertad, secuestro, extorsión, extorsión agravada y asociación criminal.

• El médico forense indicó que Cecilia fue asfixiada y que los secuestradores le dieron una fuerte dosis de sedantes, luego le cubrieron la nariz y la boca con cinta de embalaje, para ser posteriormente enterrada viva.
• En abril del 2025 la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) subastó la “Casa del Horror”, vivienda donde fue encontrada el cuerpo de Cecilia Cubas.
• Juana Rodríguez la nueva dueña de la casa anunció que de momento no tiene planes de demolición de la vivienda, pero sí levantará un oratorio en memoria de la víctima.

El presidente de la Cámara de Senado­res, Basilio Núñez, sostuvo que desde la ins­titución legislativa están abiertos a aplazar un poco más el tratamiento del pro­yecto de reforma de la Caja Fiscal, previsto para el 25 de marzo, con el objetivo de seguir conversando con los diferentes gremios y lle­gar a un acuerdo sobre las modificaciones que puedan ser incluidas, ya que la san­ción automática da un plazo hasta junio.

“No estamos cerrados a propuestas de postergar sine die (sin fecha), no sig­nifica que nosotros poster­gamos para que se trate el último día, sine die signi­fica ponerse de acuerdo en mesa directiva o en plena­ria y tratar la semana que viene, o se trata en abril, en mayo”, explicó el legislador en entrevista con la 780 AM.

Sin embargo, señaló que existe un plazo para con­cluir el circuito legislativo de este proyecto. “Nosotros tenemos un plazo, creo que en junio fenece el plazo, por­que a partir de marzo ter­minado el receso, empieza también la cuenta regresiva para que no tenga sanción ficta”, mencionó el legislador

Núñez explicó que con la san­ción ficta quedará el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. “Adelanto, tam­bién, nosotros no vamos a jugar a la sanción ficta por­que queremos que sea la ver­sión Diputados, nosotros y previa a la sesión con dife­rentes sectores de senadores, de diferentes partidos, estu­vimos en comunicación con los sectores, entonces ahora la idea es qué modificaciones se pueden incluir para que la ley sirva verdaderamente”, refirió.

Por otra parte, sostuvo que mientras más se dilate el tratamiento de esta inicia­tiva del Poder Ejecutivo, el Estado sigue perdiendo y el déficit en la Caja Fiscal sigue creciendo y se estima que, para este 2026, llega­ría a unos USD 400 millo­nes. “Nosotros estamos en receso, pero el déficit no está en receso, si uno hace una cuenta matemática y exac­tamente este año estamos perdiendo 10.000 millo­nes guaraníes por día, bien hecho ese cálculo, 40 millo­nes de dólares por mes, y más de 400 millones de dólares, 450 creo, en este año 2026 va a ser el saldo negativo, el saldo en rojo, el déficit, que vamos a tener este año”, con­cluyó el titular legislativo.

“Yo no soy un jubilado VIP, yo soy un aportante VIP y todos los que estamos ahora en ejercicio somos aportantes VIP”, sostuvo el titular del Congreso.

El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, anunció que propondrá a sus colegas tratar primero la eli­minación del aporte esta­tal a la Caja Parlamentaria antes que el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Dipu­tados, cuyo estudio en el Senado quedó postergado para el 25 de marzo. “Para tener una empatía con la gente fui el primero que dijo: si nosotros vamos a tocar la Caja Fiscal donde de alguna forma se está poniendo 900 millones de dólares, vamos a empezar por casa”, señaló a la 1080 AM. El senador colorado afirmó que la Caja Parlamen­taria maneja cinco millones de dólares y debe dar el ejem­plo. “Y ahí nosotros propusi­mos eliminar el aporte esta­tal. Que diga en un articulado: ya no más, va a ser una espe­cie de caja privada”, expresó.

El titular del Senado reveló que muchos de sus colegas rehúsan analizar la modifi­cación de la Caja Fiscal por­que “no quieren tratar la Caja Parlamentaria”.

“Yo no soy un jubilado VIP, yo soy un aportante VIP y todos los que estamos ahora en ejercicio somos aportantes VIP”, sostuvo. El congresista comentó que cuando se desem­peñó como diputado ya le saca­ban un 22 % de su dieta. “Y yo decía tengo que meter un poco de política. Yo le estoy pagando al papá de Kattya González, así como ellos pueden decir que están pagando a otro colo­rado. Yo quiero dejar de ser aportante VIP y no quiero ningún privilegio. Por eso dije vamos a eliminar definitiva­mente el aporte estatal”, signi­ficó. En este punto, el médico y político colorado anunció que propondrá a sus pares priorizar el tratamiento de la Caja Par­lamentaria y luego la Fiscal. “Nosotros vamos a proponer tratar primero la Caja Parla­mentaria y después la Caja Fis­cal”, manifestó Nüñez.

El Instituto de Previsión Social (IPS) se vio sacudido hoy jueves por la sorpresiva renuncia de dos integrantes del Consejo de Administración.

Se trata de Carlos Pereira, representante del Poder Ejecutivo, quien presentó su dimisión sin dar mayores detalles, y de José Emilio Argaña Contreras, representante de los empleadores, quien, en una nota dirigida al presidente Santiago Peña, fundamentó su salida en los hechos de público conocimiento que derivaron en la muerte del trabajador de prensa Braulio Vázquez.

El ente previsional está atravesando por graves inconvenientes, los cuales son objetos de reclamos constantes de los asegurados.

La dimisión de los dos consejeros agrava la situación en la previsional, considerando que son bajas de peso en una sola jornada.

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Mientras Pereira mencionó la necesidad de una cirugía mayor y una reestructuración profunda, Argaña aportó el dato fáctico de la negligencia técnica y su derivada consecuencia.

Precisamente, en su misiva de renuncia, Argaña enfatizó que estas situaciones dañan su nombre y el de su familia. Aclaró que no tiene relación con los manejos de funcionarios que ocupan cargos de decisión. Según su descargo, estos sectores han ignorado advertencias previas sobre el estado de la previsional.

El exconsejero afirmó que ya había puesto en conocimiento del Ejecutivo ciertas irregularidades en el pasado. Sin embargo, advirtió que, de no tomarse medidas rectificatorias, estos hechos seguirán ocurriendo dentro de la estructura del ente.

Es de recordar que esta mañana, el presidente de la previsional, Jorge Brítez dispuso la destitución del Dr. Hugo Martínez, director médico del Hospital Central, y del director de Recursos Tecnológicos de la previsional, José Jiménez.

La medida fue adoptada tras la muerte de Braulio Vázquez, sonidista de Trece y Unicanal, y denuncias por deficiencias en la atención médica, fallas en equipos y falta de respuestas a los asegurados.

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