“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.

Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.

Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.

Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.

Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

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“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.

Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.

Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.

Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.

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La Fiscalía sostiene que existe un perjuicio de G. 14.955.317.035.

El Ministerio Público presentó una acu­sación por lesión de confianza y daños a obras construidas o medios téc­nicos contra el exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens, por el caso metrobús, y solicitó que el proceso penal se eleve a juicio oral y público. De acuerdo con la acusación fiscal, el perjuicio patri­monial atribuido a Wiens asciende a G. 14.955.317.035.

Este monto está compuesto por G. 8.030.693.029 utiliza­dos en trabajos vinculados al Acta de Entendimiento y G. 6.924.624.006 correspon­dientes a la construcción de seis estaciones que posterior­mente fueron destruidas.

Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Gri­setti mencionan que Wiens recibió un proyecto con obras ejecutadas, financia­miento asegurado y contra­tos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finali­dad para la cual fueron adqui­ridos.

La acusación señala que el perjuicio no consistió úni­camente en que el sistema BTR (Bus Transit Rapid) no haya entrado en funciona­miento, sino en que las obras y bienes pagados con recur­sos públicos fueron inutili­zados, dejando de cumplir la función para la cual fueron planificados y construidos.

La Fiscalía también sostiene que se utilizaron recursos del propio MOPC para des­truir infraestructura esta­tal, incluyendo personal, maquinaria y unos 50.000 litros de combustible.

Además, el Estado habría destinado G. 8.030 millones para inutilizar obras cuya construcción ya había sido pagada. Para los fiscales, estas decisiones ocasionaron que un proyecto susceptible de continuidad o reconduc­ción terminara convertido en infraestructura inutili­zada, generando un perjui­cio directo al patrimonio público.

Con base en estos hechos, el Ministerio Público soli­cita que Wiens sea sometido a juicio oral y público para responder por el perjuicio patrimonial que, según la acusación, asciende a casi G. 15.000 millones.

Con la resolución de segunda instancia se complica más la situación del Arnoldo Wiens.

El Tribunal de Apela­ción en lo Penal Espe­cializado en Delitos Económicos, Anticorrup­ción y Crimen Organizado (Segunda Sala), integrado por Paublino Escobar, José Wal­dir Servín y Camilo Torres, ratificó el sobreseimiento definitivo del exministro de Obras Públicas y Comu­nicaciones Ramón Jiménez Gaona, quien fue investigado por presunta lesión de con­fianza en el caso conocido como metrobús. Asimismo, el fallo favorece a la exviceministra Marta Regina Benítez.

Con esta resolución judi­cial se confirma la determi­nación adoptada por el juez Humberto Otazú, quien hizo lugar a la desvinculación de Jiménez Gaona del proceso penal al no existir elemen­tos de prueba para sostener una acusación. Los camaris­tas que votaron por ratificar el sobreseimiento defini­tivo fueron Paublino Esco­bar y Camilo Torres, mien­tras que José Waldir Servín votó para que el fiscal gene­ral del Estado vuelva a revi­sar el caso.

Al estudiar la apelación pre­sentada por la abogada Ceci­lia Pérez, defensora del tam­bién exministro Arnoldo Wiens, el camarista Escobar señaló en la resolución que “la decisión impugnada no le ocasiona agravio alguno a la parte cuya representación ejerce la citada abogada, pre­supuesto indispensable para habilitar el ejercicio del dere­cho de recurrir”. El cama­rista Camilo Torres votó en el mismo sentido.

Los fiscales que llevaron ade­lante las indagaciones con­cluyeron que no hubo malver­sación ni pagos sin ejecución de obras.

Además, destacaron la exis­tencia de un avance del 40 % en el proyecto, así como la validación de fiscalizadores internacionales y del Banco Interamericano de Desarro­llo (BID) sobre la viabilidad técnica.

Es decir, durante la gestión de Jiménez Gaona se pagó por lo efectivamente construido y certificado. En lo que res­pecta a los desembolsos de infraestructura, la investi­gación estableció que estos fueron validados por los con­sorcios internacionales que intervinieron como fiscali­zadores y por el propio BID.

El fiscal adjunto Augusto Salas Coronel, firmó la resolución 329 por la cual rechaza la recusación planteada por la defensa del exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens y ratificó la intervención de los fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimi Adle para investigar el proceso penal caratulado “Ramón Jiménez Gaona y otros sobre lesión de confianza y otros”, más conocido como caso Metrobús.

La defensa técnica del exministro, abogados Alfredo Kronawetter y Federico Huttemann, presentaron ayer jueves ante la Fiscalía Adjunta Área I de Asunción, un petitorio para que sean apartados del caso los citados investigadores fiscales, por considerar comprometida la objetividad de los mismos.

Cuestionaron que los fiscales Grisetti, Silva y Adle convocaron nuevamente a Wiens a declaración indagatoria por dos hechos: lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo. Según la defensa, el juzgado penal de Garantías había admitido la imputación únicamente por lesión de confianza, y esa delimitación ya está firme por no haber sido recurrida.

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Cabe recordar que Wiens fue imputado en febrero de este año por presunto perjui­cio patrimonial de G. 14.955 millones relacionado con el proyecto metrobús. Según el Ministerio Público, el exmi­nistro tendría responsabili­dad penal por las decisiones adoptadas durante la ejecu­ción de la obra.

La imputación sostiene que Wiens no cumplió con la reco­mendación de la Procuradu­ría General de la República de realizar un informe téc­nico antes de la demolición de obras que habían costado al Estado G. 6.924.624.006. Además, señala que autorizó el pago de G. 8.030.693.029 para rehabilitar el tránsito en la zona afectada, gasto que no estaba previsto en el proyecto original.

El presente caso está parali­zado desde marzo de este año, cuando el juez Otazú decidió admitir la imputación pero debido a las chicanas presen­tadas por la defensa del impu­tado hasta el momento no se pudo desarrollar la audien­cia de imposición de medidas cautelares.

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