El senador Enrique Riera lamentó el escándalo que envuelve a su colega Mirta Gusinky con la vacunación vip que fue hecha público este viernes pasado. Riera refirió que mantiene una amistad con su colega, sin embargo, este hecho no debe quedar impune en la Cámara de Senadores.
En este sentido, el legislador manifestó que no necesariamente podría tratarse de la pérdida de investidura, sino también de una suspensión de 60 días, sin goce de sueldo. Sin embargo, eso ya quedaría a criterio del pleno de la Cámara Alta.
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“No hay mucho que discutir, puede ser la pérdida de investidura o la suspensión de 60 días sin goce de sueldo, pero no puede quedar impune nada, nunca fuimos de apañar nada”, señaló en entrevista para la 1020 AM.
Igualmente, indicó que no se deben mezclar las cosas y, a pesar de tener una amistad con la senadora, se debe tomar una postura firme ante esta situación. “No hay que mezclar los tantos, no por una cuestión de amistan o coincidencia partidaria no tomar una decisión, ese debe ser el mensaje a la ciudadanía”, manifestó.
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Por otra parte, indicó que “no está bien” que la senadora se haya vacunado sin respetar el cronograma de vacunación que está llevando el Ministerio de Salud para con la ciudadanía, y que Gusinky debió respetar y esperar su turno.
“No está bien, hay que respetar los turnos y en este momento quizás porque te dicen que uno tiene inmunología después de haberlo padecido. Yo soy de la idea de que se vacunen todos los que necesitan, los que pueden, yo no digo que ella no pero debería haber esperado su turno”, sentenció.
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Proyecto antinepotismo no puede obviar propuesta ciudadana, sostiene Esperanza
La senadora Esperanza Martínez sostiene que los proyectos antinepotismo que serán analizados desde el Senado deberán incluir la propuesta ciudadana. El objetivo de la Cámara Alta es avanzar con una sola reglamentación, suficientemente abarcativa y que reúna cada falencia que se busca desterrar de la función pública.
“Si hay cuatro o 25 proyectos, quiere decir que todos tienen algo que aportar. Se deben tomar todas las ideas y de cada una se debe hacer algo mejor, algo más superador”, remarcó Martínez y animó a sus colegas a unificar proyectos.
Aparte de la versión aprobada en Diputados, existen otras propuestas de antinepotismo, entre ellas una presentada por los senadores Basilio Núñez y otra por Eduardo Nakayama. A estas se suma una elaborada por iniciativa popular, en la cual se contempla la figura de sanciones.
Para Martínez, la propuesta ciudadana podría brindar una complementación de suma relevancia, al tener en cuenta que la figura del nepotismo contará con sanciones más determinantes, ofreciendo de este modo reglas más claras en torno al ingreso y permanencia en la función pública.
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Ley antinepotismo
La senadora subrayó que no se puede obviar o dejar de lado las propuestas ciudadanas, las preocupaciones que expresan y también los aportes brindados. Reafirmó así la importancia de mantener un diálogo abierto con la sociedad civil para avanzar de manera conjunta.
Martínez destacó la importancia de materializar el proyecto antinepotismo, pero hacerlo luego de absorber cada uno de los factores planteados en las diferentes propuestas presentadas.
Desde el Gobierno se ha instalado una línea de trabajo prioritaria sobre una ley antinepotismo con reglas más claras. A este compromiso se sumaría el proyecto sobre la carrera en la función pública, que ya cuenta con modificaciones pertinentes elaboradas por el propio Ejecutivo.
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Desmienten supuesta intención de una pérdida de investidura en Diputados
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, ratificó el respeto a la voluntad popular y desmintiendo la supuesta intención de impulsar un pedido de pérdida de investidura de la diputada del Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejo, por parte de la bancada de Honor Colorado.
Esta semana, se hizo público el caso de la hija de la parlamentaria que fue comisionada a una embajada, lo que despertó el repudio de varios sectores.
“Ratificamos nuestro compromiso con la democracia en la Cámara de Diputados, anular a través de un grupo de legisladores lo que miles de paraguayos decidieron debe ser una medida de última ratio”, expresó el titular legislativo a través de su cuenta X.
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La diputada Rocío Abed desmintió de manera contundente el supuesto plan de pérdida de investidura, que calificó como rumores e instó a que se recurra a fuente directa, en este caso la bancada de Honor Colorado.
“Es oportuno mencionar que la Bancada de Honor Colorado de Diputados se rige por principios democráticos. No nos mueven los rumores infundados. Si tienen alguna duda, consulten a la fuente y no a quienes ya no son parte de esta Cámara”, afirmó también en su cuenta de red social X.
A su vez, el senador Basilio Núñez también se expresó al respecto y aseguró que solo se trata de especulaciones y que desde el sector político no existe tal intención. “No va a pasar, puedo asegurar que no va a pasar”, aseguró el legislador ante la consulta de los medios de prensa.
Núñez argumentó que en la legislación actual no se puede hablar de uso indebido de influencias, para impulsar el pedido contra Vallejo u otro legislador.
“No corresponde la pérdida de investidura en este caso de la diputada Rocío Vallejo, por ese hecho, teniendo en cuenta nuestra legislación”, sentenció.
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Sanción de ley contra nepotismo debería darse en mayo, dice Núñez
El senador Basilio Núñez informó que ha iniciado conversaciones con sus colegas de otras bancadas para dar tratamiento al proyecto de ley contra nepotismo que ya cuenta con media sanción por parte de Diputados. El legislador indicó que es de vital importancia que las comisiones de la Cámara Alta avancen en el estudio de dicha iniciativa.
“El tratamiento no debería pasar mayo, ya estamos llegando este mes, entonces las comisiones se deben mover”, manifestó el líder de la bancada de Honor Colorado en conversación con varios medios de prensa. Al respecto, mencionó que planteó propuestas a sus pares a modo de avanzar en una legislación que es necesaria para sancionar el nepotismo y sobre el cual existen tres proyectos.
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“Estaba comentando con el senador Eduardo Nakayama de aprovechar que ya hay una media sanción de Diputados, entonces podemos ver con los colegas y hacer la modificación respectiva si es necesaria y si estamos de acuerdo, damos media sanción con modificaciones, eso vuelve a Diputados, ahí ellos vuelven a aprobar y así la ley ya es enviada al presidente de la República”, explicó.
Expulsión a Vallejo
Asimismo, Núñez afirmó que no corresponde el planteamiento de pérdida de investidura para la diputada Rocío Vallejo, cuya hija se encuentra como comisionada en la misión paraguaya ante la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.
“No corresponde la pérdida de investidura en este caso de la diputada Rocío Vallejo teniendo en cuenta nuestra legislación. No es tráfico de influencias, no corresponde la de Rocío ni la de otros de acuerdo a nuestra legislación actual, amenazar a cualquier parlamentario con el ‘cháke’ con una ley que no establece eso sería totalmente fuera de lugar. No va a pasar”, aseveró.
No obstante, el senador mencionó que el tráfico de influencia y los casos de nepotismo son hechos que trascienden al Partido Colorado dado que hubo denuncias de dichos hechos en diferentes organizaciones políticas, por lo cual el Congreso tiene la obligación de establecer una legislación que sancione y tipifique estos actos.
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Documento fraguado en oficina paralela, enviado a EE. UU. para provocar sanción
La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada desde la Seprelad, se encargó de enviar a EE. UU. un informe fraguado con el objetivo de provocar sanciones contra Cartes y sus empresas.
- Por Cinthia Mora
El acta de imputación firmada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti revela un esquema de asociación criminal liderado por Abdo Benítez y ejecutado por miembros de su gabinete y otros funcionarios públicos. El documento fiscal sostiene, con un cúmulo importante de evidencias, 42 en total, que el engranaje funcionaba en una oficina paralela ubicada dentro mismo de la Seprelad.
En la improvisada dependencia fue ubicado un personaje clave de la historia: Daniel Farías Kronawetter, funcionario que no pertenecía a la Seprelad, es más, se desempeñaba como asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior (hasta junio de 2022) y respondía directamente a las órdenes de Carlos Arregui, Carmen Pereira, René Fernández y Arnaldo Giuzzio, estos eran quienes operaban el esquema de garrote político.
La pesquisa del Ministerio Público afirma, con base en elementos de prueba innegables, que la base del Informe de Inteligencia utilizado contra Cartes y sus empresas (10/2022) y luego enviado a EE. UU. fue elaborado utilizando como base el documento secreto redactado en esa oficina paralela por Daniel Farías Kronawetter y René Fernández, ambos funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal para realizar tales funciones.
Entre las evidencias que sustentan la tesis de la Fiscalía aparecen dos correos electrónicos enviados por Carmen Pereira, secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico. El primer correo fue enviado por Pereira en fecha 28 de marzo de 2022, dando instrucciones al funcionario Francisco Pereira Cohene para que el documento secreto sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería luego remitido al Ministerio Público y a EE. UU.
Con esta estrategia, los cerebros de la operación daban la fachada de “institucional” a un operativo de investigación ejecutado por personas que no pertenecían a la Seprelad y por fuera de lo que establece la ley.
INFORMACIÓN FALSA
El otro correo electrónico que, según la Fiscalía, incrimina a la exviceministra Carmen Pereira fue enviado el 31 de marzo de 2022 a las 8:58. Aquí la misma daba expresas instrucciones para que el archivo secreto (elaborado por Farías y Fernández) sea remitido en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. (FinCen).
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registrados los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir que el documento fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
Los fiscales Cantero y Grissetti sostienen que en el documento enviado a FinCen, la agencia de prevención de lavado de dinero de EE. UU., se incluyeron datos y juicios de valor que no se adecuarían a la realidad, esto es, informaciones falsas tendientes a lograr la persecución penal del expresidente Horacio Cartes.
En tal sentido, en el acta de imputación se sostiene lo siguiente: “En tal sentido, CARMEN MARÍA PEREIRA BOGADO, GUILLERMO PREDA GALEANO y FRANCISCO PEREIRA COHENE, bajo la dirección de CARLOS ARREGUI ROMERO, habrían incluido información sobre la firma Unicanal SA atribuyéndole la compra de cigarrillos de Tabacalera del Este. Sin embargo, la circunstancia apuntada en el informe de inteligencia no se adecuaría a la realidad ya que Unicanal SA no adquirió cigarrillos, sino que, conforme a las facturas emitidas por Tabesa, recibió préstamos de dinero. Por lo tanto, la actividad comercial entre ambas firmas no estuvo vinculada a las ventas de cigarrillos como se afirmará en el informe de inteligencia”.
PERSEGUIR Y PROVOCAR SANCIONES
La remisión por parte de la Seprelad de un informe elaborado por fuera de la ley y con datos falsos y tergiversados a una agencia norteamericana sin que exista pedido previo por parte de esta es un hecho agregado a la investigación fiscal y sustentado con evidencias colectadas durante la investigación.
El informe enviado a EE. UU. contiene de base, según los fiscales, el documento secreto hecho por Farías y Fernández. Esta “colaboración espontánea” quedó registrada en los archivos de Seprelad y fue descubierta por los fiscales del caso.
Las normas de procedimiento interno de la Seprelad estipulan de forma taxativa que el “contenido de los informes de inteligencia no puede ser utilizado como elemento probatorio en algún procedimiento administrativo o judicial ni como material de evidencia ante los órganos jurisdiccionales dentro de un eventual juicio o en cualquier otra etapa de un debido proceso”. Este informe remitido a EE. UU. posee el agravante de haberse hecho completamente por fuera de la ley.