El comisario Alfredo Cáceres, quien en su momento fue víctima de tortura durante las protestas contra el gobierno del presidente Luis Ángel González Macchi (1999-2003), se ratificó en sus acusaciones contra el exministro del Interior en ese momento, Walter Bower. Cáceres asegura que Bower presenció su tortura en la sede de la Marina en el año 2000.
En contacto con la 1020 AM, Cáceres relató: “Él estuvo ahí presenciando, llegó su comitiva de nueve o diez personas. Me introdujeron en el despacho del comandante de la Marina, me hicieron pasar a la ayudantía y ahí me ordenaron arrodillarme, me golpearon los ojos y los tímpanos con la palma de la mano. Así me tuvo desde las 21:45 hasta las 00:30 del 21 de mayo (2000)”.
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“Estuvo presenciando”
Al ser consultado sobre si tenía la certeza de la presencia o actuación de Walter Bower, respondió que él estuvo presenciando y que acompañado de la comitiva procedieron a realizar las intimaciones físicas. “En ese momento yo le escuchaba riéndose de mi sufrimiento”, expresó. Sobre la absolución de Walter Bower, Merardo Palacios y Osvaldo Vera, indicó que el fiscal de la causa accionó.
La querella presentó una apelación y después de casi un año queda sin efecto la libertad de Walter Bower y se ordena el inicio del juicio oral y público por la tortura de 7 policías.
Los presuntos hechos de tortura ocurrieron en mayo del 2000, en el marco del fallido intento de golpe de Estado contra el gobierno provisional presidido por Luis González Macchi, en el que Walter Bower desempeñaba como ministro del Interior y, por tanto, jefe de las fuerzas de orden interno como la Policía Nacional.
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Caso Tía Chela: Fiscalía presenta alegatos iniciales
Este lunes se reinició el juicio oral y público en contra del exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras 10 personas, en el marco del caso conocido como Tía Chela.
Las 11 personas están acusadas por el hecho de lesión de confianza por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos en pandemia que habría generado un perjuicio patrimonial a la comuna esteja de unos G. 2.130 millones.
En esta jornada, se reanudó la audiencia con la la lectura de parte de la resolución judicial del juez Humberto Otazú, quien decidió elevar a juicio oral y público el caso, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán.
Luego de esta etapa los fiscales del caso encabezado por Silvio Corbeta deberán presentar los alegatos iniciales de este juicio oral y público, donde la Fiscalía se ratificará en su acusación inicial.
El juicio de esta jornada se extenderá hasta las 15:00, ante el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel.
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Este juicio oral y público se desarrolla en el marco de la acusación por lesión de confianza y asociación criminal tras el presunto desvío de G. 2.130.000.000 de las arcas municipales.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, quienes sostienen la acusación desde junio de 2024, apuntan a Prieto y a Francisco Raimundo Arrúa Álvarez como los autores principales del perjuicio financiero.
Asimismo, la estructura delictiva incluye como cómplices a Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña y Cirle Elizabeth Florentín Páez.
El avance de este juicio promete desnudar las cuestionables prácticas de una administración que, bajo la fachada de la emergencia, habría montado un esquema para saquear el dinero público.
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La Fiscalía expuso en juicio evidencias incautadas en la casa de Giuzzio
La Fiscalía concretó este lunes la producción de varias pruebas documentales en la continuidad del juicio oral y público al exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado por su presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. “Son las evidencias que fueron incautadas de la casa del señor Giuzzio y se resaltó aquello que para el Ministerio Público es relevante”, comentó la agente fiscal Verónica Valdez, al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Agregó que “son documentos que guardan relación con algunos vehículos y documentaciones que también se relacionan con la empresa Black Eagle (nombre comercial de la firma Ombú S.A. de Marcus Vinicius). El próximo 22 de setiembre continuará con la declaración de un testigo. Todavía no llega el juicio oral a instancias finales, falta la declaración de varios testigos”.
La audiencia se desarrolló durante unos 45 minutos debido a que la fiscal Valdez y la jueza Yolanda Morel, que integra el Tribunal de Sentencia, debieron participar del enjuiciamiento contra el destituido exintendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto, en el caso “Tía Chela”, que iniciaba a las 8:30 de esta mañana. El tribunal encabezado por la magistrada Adriana Planás fijó la siguiente sesión judicial para el martes 22 de setiembre.
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La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.
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Giuzzio y Prieto deberán sentarse el lunes nuevamente en el banquillo de acusados
Este lunes 14 de setiembre se encuentra prevista la continuidad del juicio oral del exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado a raíz de un presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Para la misma fecha también volverá a sentarse en el banquillo de acusados el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por el cargo formal de lesión de confianza.
El enjuiciamiento del exministro abdista está fijado para las 7:00 y se encuentra en su etapa final, concentrado tanto en la producción y la lectura de evidencias documentales. La audiencia judicial había entrado en una pausa forzada el pasado lunes 7 de setiembre ante problemas de salud que alegó padecer su abogada Gilvi Quiñónez.
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.
Caso “Tía Chela”
Mientras que la audiencia de Prieto se encuentra marcada para las 8:00 con la lectura del auto de apertura a juicio y, posteriormente, los alegatos iniciales del Ministerio Público y la defensa. El dirigente opositor y líder del Partido Yo Creo se encuentra acusado por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 2.130 millones a través de kits de alimentos durante la pandemia, en el año 2020.
La causa judicial es conocida como “Tía Chela” y se centra en un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos que debían ser destinados a familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en una presunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos a través de la despensa que da nombre a la presenta causa.
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Fiscalía acusa formalmente y pide juicio contra Prieto en el caso Consejo de Salud
Acusan por tercera vez y piden juicio oral contra Miguel Prieto por lesión de confianza, que se investiga un perjuicio de G. 757 millones por el pago del Consejo de salud de la Intendencia de Ciudad del Este por obras inexistentes. La acusación formal fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdéz ante el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos 1° turno.
Los fiscales del caso acusaron a Miguel Prieto “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza´, tipificado en el Art. 192 inc. 1º del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inc. 1º del mismo cuerpo legal antes citado, en calidad de autor”.
También fueron acusados, Sebastián Martínez Insfrán “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza’, tipificado en el Art. 192 inc. 1 del Código Penal, en concordancia con el artículo 31 inc. 1º del Código Penal, en calidad de cómplice”; y Valeria Romero “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza’, tipificado en el Art. 192 inc. 1 del Código Penal, en concordancia con el artículo 31 inc. 1º del Código Penal en calidad de cómplice”.
La acusación revela que Prieto ordenó transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico. Estas transferencias fueron ordenadas por la Intendencia Municipal mediante resoluciones emitidas por el entonces jefe comunal.
Según la Fiscalía, los desembolsos se realizaron sin designar a un fiscalizador de obras, sin contar con los dictámenes pertinentes que certificaran la ejecución efectiva de los trabajos, sin planificación previa y sin adecuarse a los mecanismos legales previstos. En la acusación fiscal, que tiene más de 100 páginas, se detallan punto por punto las irregularidades cometidas por Prieto, así como por los demás acusados por lesión de confianza: Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Fabiana Romero Escobar.
Ahora se deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, en la que se definirá si Prieto enfrentará su tercer juicio oral y público, atendiendo a que el primer juicio ya se inició, el segundo debe comenzar en los próximos meses y, en la tercera causa, ya se acusó y se pidió que el proceso se eleve a juicio.
Siete imputados admitieron el hecho
En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno. Esto robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente. El perjuicio patrimonial estimado es de G. 757 millones por obras que no se realizaron correctamente entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
Juicio oral
Por otra parte, el lunes pasado inició el primer juicio oral contra Miguel Prieto por el caso conocido como “Tía Chela”, en el cual está acusado de lesión de confianza por la compra irregular de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19. En esta causa, la Fiscalía estima un perjuicio de G. 2.130 millones.
Asimismo, Prieto deberá afrontar un segundo juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el denominado “Caso Tajy”, donde se investiga un daño patrimonial superior a los G. 300 millones. La elevación de esta causa fue resuelta por el juez Penal de Garantías Humberto Otazú.