Un informe proveído por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas confirmó el festín multimillonario en publicidad que llevó adelante el gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente con sus medios amigos que guardaron silencio y se desentendieron de sonados casos de corrupción que sacudieron al exmandatario.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

No se precisa ser experto para enten­der que el expresi­dente de la República Mario Abdo Benítez compró su impunidad mediática. Los multimillonarios gastos de su gobierno en publicidad y propaganda consiguieron lealtades de grandes medios de comunicación, influen­cers, ONG que fueron los principales beneficiarios del banquete que se armó con dinero estatal.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) terminó por confir­mar el monstruoso monto de G. 210.129.987.027, unos USD 33.000.000 en gas­tos por publicidad y propa­ganda durante el período de gobierno de Abdo (agosto 2018/agosto/2023). La cifra equivale al triple del pre­supuesto del Ministerio de Industria y Comercio, ente que, en comercio, servicios y Mipymes maneja el 70 % de la economía paraguaya.

El detalle de adjudicaciones registra cerca de 400 contra­tos que cabe subrayar corres­ponden a instituciones de la administración central, es decir, dependientes del Poder Ejecutivo.

Si se incluyeran las contra­taciones de publicidad y pro­paganda de todo el Estado, es decir municipalidades, gobernaciones, Poder Legis­lativo, Judicial, excepto las binacionales, los reportes de la DNCP indican adju­dicaciones por valor de G. 261.596.371.084, equivalentes a unos USD 40, 2 millones.

La cifra para lavar la cara del anterior gobierno es astronó­mica, más aún considerando el contraste con la cruda rea­lidad que sufría la gente y se agravaba por la pandemia del covid -19.

Sacrificaron instituciones en situación crítica como Copaco que, mientras era sacudida por protestas de funciona­rios, multimillonarias deudas y los auditores diagnostica­ban quiebra técnica sus auto­ridades despilfarraban dine­ral en contratos de publicidad. Esta empresa estatal ya en los primeros meses del gobierno de Abdo (2018) adjudicó con­tratos por G. 12.000.000.000, según la planilla entregada por la DNCP.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comuni­cación (Mitic) era una insti­tución buena y muy querida. Desparramaba publicidad en los medios amigos para “fortalecer la conexión entre el Gobierno y la ciudada­nía”. Pese a que el desempleo aumentó en su administra­ción las campañas apuntaban a generar información sobre “la generación de oportuni­dades”, según puede visuali­zarse en los resúmenes de las contrataciones.

Las campañas a través de los medios amigos también agen­daban la narrativa de “lucha contra el crimen organizado”, cuando la narcoexportación se incrementaba de forma galopante y el país era noti­cia como ruta de los kilos de cocaíca decomisados en puer­tos europeos.

Un detalle no menor es la cargada agenda publicitaria de la Presidencia de la Repú­blica, principalmente a tra­vés de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) que en el 2019 sumó adjudicaciones por G. 19.731.956.138 y en el 2022 G. 17.562.820.439. Las especificaciones de los lla­mados y adjudicaciones están minadas de contrataciones de pautas en medios, influen­cers, coincidentemente con una campaña de persecución inmisericorde que arrasaba en 2022 con medios amigos y redes sociales donde bro­taban perfiles falsos como hongos, fustigando a quienes denunciaban la corrupción en el gobierno de Abdo.

Los multimillonarios gastos en publicidad de Abdo a tra­vés de Contrataciones Públi­cas no fue el único frente que lo ayudó a blindarse de las crí­ticas, los escraches, las per­secuciones. No hay que olvi­dar el megacontrato que su gobierno firmó con la des­mantelada agencia calificada de corrupta, Usaid.

El convenio con Usaid ase­guró un presupuesto de USD 60.000.000 y a ello se pren­dieron opositores, periodis­tas, publicistas, identificados con varios grupos políticos muy bien remunerados con los fondos que se facilitó gra­cias al gobierno de Abdo. Emprendieron fuerte cam­paña que de fachada era anti­corrupción, transparencia y contra la impunidad, pero en la práctica era una campaña de persecución muy bien diri­gida a un sector del Partido Colorado y de la prensa.

La complicidad del gobierno de Mario Abdo Benítez con la estructura de Sebastián Marset está plenamente confirmada y documentada. Ahora queda saber el trasfondo deliberación de los puertos para la narco exportación, los informes de pistas de arribo de cocaína, establecimientos, depósitos utilizados en la logística del ilícito cajoneados desde 2020.

Los archivos de inteli­gencia son contunden­tes sobre el proceso investigativo que detonó en el sonado operativo antinarco, A Ultranza Py. Los documen­tos confirman cronológica­mente la abierta complicidad del gobierno de Mario Abdo Benítez en la logística narco sin precedentes en la histo­ria del Paraguay, desarrollada por estructura del uruguayo, hoy preso en Estados Unidos, Sebastián Marset.

El gobierno de Abdo, a tra­vés de la Secretaría Nacio­nal Antidrogas (Senad) con Arnaldo Giuzzio a la cabeza facilitaron el arribo, la con­solidación de Marset y grupos criminales aliados a su estruc­tura. El siguiente capítulo es conocer el trasfondo de estas concesiones que tuvo el uru­guayo para operar libremente en el territorio nacional.

La cronología de los hechos replicada en el mismo análisis de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) del operativo A Ultranza Py, señala que el gobierno de Mario Abdo Bení­tez, a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tenía identificada a la estruc­tura Marset en el 2018, sus pri­meros movimientos en el pro­ceso de radicación y en el 2020 ya contaba con toda confirma­ción de la ruta de Marset.

Las informaciones de inteli­gencia reportadas en el marco de los operativos ARAI I y II fueron claves en los análisis de SIU. Precisamente estos informes fueron realizados por la Dirección de Investiga­ción Área Fluvial y Terrestre (DIAFT), alertando en el 2018 sobre la estructura que ingre­saba al país y la respuesta que recibieron fue el cierre de sus oficinas en los puertos y el retiro de las bases por reso­lución de Giuzzio.

La Senad y por ende el Gobierno sabía de la orga­nización criminal, pero los radicó, otorgó documenta­ción a Marset, su familia y además le allanó el camino para su negocio narco.

Agentes de SIU en proceso de reconocimiento se paseaban en el 2020 por pistas clandestinas identificadas ya desde el 2028 con ARA I y II. Videos, fotogra­fías, datos geográficos, equipos, toda la ruta, la estructura, esta­ban confirmados en el 2020, pero dilataron la conclusión de los informes y por ende los ope­rativos de desmantelamiento de la organización Marset.

Las investigaciones sufrie­ron también varias filtracio­nes y recién el 21 de febrero de 2022, conclusiones fueron remitidas a la Fiscalía. Con este reporte el Ministerio Público madrugó y activó un megaoperativo con 100 alla­namientos en simultáneo en menos de 24 horas.

Según se desprende del mismo análisis de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) del operativo A Ultranza Py, el gobierno de Mario Abdo Benítez, a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), ya tenía todas las coordenadas de la ruta narco del uruguayo Sebastián Marset en 2020. El trabajo de campo de SIU confirmó alertas proporcionadas por Arai I y II, elaboradas por agentes que hacían inteligencia en puertos y fueron retirados apenas reportaron alarmas. Videos, fotografías, datos geográficos, equipos, toda la ruta, la estructura estaba identificada en 2020, pero dilataron la conclusión de los informes y, por ende, los operativos de desmantelamiento de la organización Marset.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Las imágenes bien refe­renciadas que obran en el análisis de la Uni­dad de Investigación Sensi­tiva (SIU) del operativo A Ultranza Py, se constituyen en más elementos sobre la complicidad y/o negligen­cia del gobierno de Mario Abdo Benítez que, a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), tenía todas las coordenadas de la ruta narco del uruguayo hoy preso en Estados Uni­dos, Sebastián Marset.

La actitud del gobierno Abdo de desentenderse de la logística narco que se iba desarrollando se equipara a las mismísimas acciones criminales llevadas ade­lante por la organización Marset y sus aliados.

No hay que olvidar que la Senad en tiempos del ministro Arnaldo Giuzzio ya contaba con informacio­nes precisas de la radica­ción de la organización cri­minal Marset en Paraguay, que fueron proveídas por la Dirección de Investiga­ción Área Fluvial y Terres­tre (DIAFT) en el operativo Arai I y II y fueron revelado­ras para los análisis de SIU del operativo A Ultranza Py.

DIAFT puntualizó la alerta de bloques crimina­les en puertos, la ruta de la cocaína con el esquema Marset. La unidad de inves­tigación identificó a los miembros de la estructura del uruguayo, sus aliados, ubicó las pistas, las estan­cias y centros de acopio, el tránsito interno de la droga, pero llamativamente fue cerrada y retirada de los puertos por Giuzzio.

La sucesora de Giuzzio en la Senad, Zully Rolón, con­tinuó con la liberación de controles en los puertos y 2020 definitivamente fue el inicio de la prosperidad de la narcoexportación que reinó en Paraguay durante el periodo Abdo.

Los datos fueron reporta­dos por DIAFT a la Senad ya en 2018 y los análisis de SIU refieren el seguimiento de los mismos al inicio de la investigación en 2019. En 2020, el equipo de analis­tas de SIU tenía ubicadas las coordenadas de Marset y sus aliados narcos, pero el seguimiento de las inves­tigaciones sufrió varias fil­traciones desde la misma Senad, los trabajos se fue­ron dilatando y recién las conclusiones fueron remi­tidas a la Fiscalía el 21 de febrero de 2022 y sin pér­dida de tiempo, el Ministe­rio Público, al día siguiente de recibir el informe, activó un megaoperativo con 100 allanamientos en simultá­neo.

La pregunta sin respuesta es, ¿por qué la Senad tardó más de dos años en entre­gar los informes a la Fisca­lía, cuando en 2020 habían confirmado con trabajos de campo todas las coordena­das señaladas ya desde el 2018?

En la página 73 de las 503 páginas del informe SIU remitido a la Fiscalía el 21 de febrero de 2022 mues­tra imágenes de reconoci­miento de campo de diciem­bre de 2020 con reportes de pista clandestina, en una de las propiedades utiliza­das para el ilícito, ubicada en el departamento de Alto Paraguay, distrito de Bahía Negra.

Se puede remarcar tam­bién que, ya en 2020, tenían registrado el estableci­miento San Agustín, propie­dad ubicada en el departa­mento de Presidente Hayes, zona Villa Hayes, adminis­trada por funcionarios tes­taferros del clan Insfrán, liderado por Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y que era parte de la logística en el esquema del tráfico de drogas.

En noviembre de 2020 ya tenían toda la operativa en el lugar como de otros sitios bajo fachada de actividad ganadera, pero era un cen­tro de arribo de cocaína pro­veniente de Bolivia.

Tenían incluso el circuito del tránsito desde los esta­blecimientos del Chaco hasta depósitos de acopio en el departamento Cen­tral, propiedades del clan Insfrán; sin embargo, no se activó ninguna acción desde la Senad hasta el 2022 cuando remitieron los informes a la Fiscalía.

El 6 de noviembre de 2019, un año y siete meses después de su primer arribo a nuestro país, la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) ya tenía como objetivo de investigación al uruguayo Sebastián Marset que se instalaba en el país y fortalecía su estructura, con la anuencia del gobierno anterior.

Los datos consigna­dos en los informes de inteligencia, incluso los testimonios de quienes estu­vieron a la cabeza de los orga­nismos antinarcóticos y de seguridad en el gobierno de Mario Abdo Benítez, dejan evidencias de que Paraguay tenía todas las condiciones de caerle a la estructura narco que montó Sebastián Marset, a la que consiguió integrar varias otras organizaciones crimi­nales conformadas, preexis­tentes.

El informe de inteligencia de la Unidad de Investigación Sen­sitiva (SIU) que, luego sufrió varias filtraciones ya tenía como objetivo de investigación al uruguayo Marset, a partir de varios indicios prelimina­res al año y siete meses de que este arribara por primera vez a nuestro país.

El primer ingreso de Marset a Paraguay fue el 8 de abril de 2018, en noviembre de 2019, SIU ya tenía indicios de la con­ducta delictiva del uruguayo en el marco del caso que inicial­mente denominaron ARAI, pesquisa que detonó en el des­mantelamiento de la gigan­tesca estructura narco que conocemos como A Ultranza Py. Más de 100 allanamientos en simultáneo fueron liderados por la Fiscalía paraguaya, el 22 de febrero de 2022.

Pese a los datos ya manejados por los agentes especializa­dos que, incluso comprometía una cooperación internacional mediante la DEA, el gobierno de Abdo a través del Depar­tamento de Identificaciones expedía cédulas paraguayas a la familia de Marset en 2020 y en 2021 al mismo uruguayo. Cabe subrayar que Arnaldo Giuzzio era ministro del Inte­rior en ese tiempo y el mismo estaba en conocimiento de las pesquisas y los indicios mane­jados por SIU sobre el mencio­nado Marset.

Marset se iba afincando, en paralelo, las investigacio­nes iban avanzando, pese a la serie de filtraciones desde la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad) con Zully Rolón a la cabeza de esta institu­ción. Giuzzio hizo lo suyo, con el desmantelamiento de los puestos de control en los puer­tos, mediante una resolución en mayo de 2020.

El 4 de mayo de 2021 se inicia otro operativo denominado Smart, en alusión al nombre de Sebastián Marset, trabajo desa­rrollado en instancias policiales de tres países (Paraguay, Brasil y Argentina). Aquí surge otra conexión reveladora para lo que fue la desidia del gobierno Abdo.

La Policía Nacional descubre la vinculación en el operativo Smart entre Marset y Lindo­mar Reges Furtado, este último con nexos vinculado a Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, ambos considerados narcos de la pesada en el Brasil.

Lindomar poseía 68 causas abiertas en Brasil y junto con Marcus Vinicius eran dos sindi­cados narcos de mucho interés para el vecino país. En nuestro país ya con pedidos de informes e intercambio de datos, los bra­sileños eran perfectos fantas­mas en los reportes de Senad y hasta lograron escapar por “negligencia” en un operativo del ente antinarcótico, bajo la administración de Rolón.

El 9 de agosto de 2022, en una audiencia convocada por la Comisión Bicameral de Inves­tigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero, Giuzzio había declarado que el Chaco era una ruta aérea cautiva del narcotráfico, con pistas de ate­rrizaje al servicio del ilícito e incluyó a Concepción y la zona Sur del país. Giuzzio incluso habló de lo sensible que son los puertos para la narco expor­tación. Sin embargo, él mismo había levantado los controles de esos sitios. Habló de la nece­sidad de mayor inversión y que se tenía intención de pedir la aprobación de una inversión de entre unos USD 150 millo­nes para compra de radares, reparaciones de aviones, pero ahí quedó.

“Dentro de ese paquete estaba la posibilidad de hacer una especie de “overhauling” a los Tucano actuales en una primera etapa, reformarlos a nuevos, son avio­nes Tucano de fabricación bra­sileña, tecnología conocida por nuestros pilotos, y que pueden ser rápidamente entregadas a nuestro país. Y en una segunda etapa ver ya la adquisición de Super Tucano”, había mencio­nado Giuzzio ante la bicameral dejando evidencia que, mien­tras se paseaban con sindica­dos narco, también posterga­ron inversiones que eran clave en el combate al crimen orga­nizado.