Recientemente, la Contraloría General de la República presentó el informe conclusivo del estu­dio de correspondencia de bie­nes del presidente Santiago Peña cuyo resultado fue consistente con relación a sus ingresos. Vale decir que el proceso del análisis corrió con celeridad debido a la trazabilidad, la transparencia en la dispo­nibilidad de los documentos para la con­firmación de los datos.

La eficiencia en la investigación sobre los bienes del presidente Peña se debe a la voluntad que el mandatario tuvo de ponerse a disposición de la Contraloría, como lo hace cualquier persona que no tiene qué esconder. No es el mismo caso que el expresidente Mario Abdo Benítez, cuyo patrimonio acumulado no puede ser analizado en su magnitud debido a las maniobras administrativas que mantiene en la oscuridad la realidad sobre su for­tuna.

Hace 3 años que el análisis patrimonial al expresidente Abdo se encuentra estan­cado porque las instituciones de con­trol no logran consensuar estrategias en la obtención de las documentaciones que den luz sobre su fortuna. Lo cierto y contundente es que las distribuidoras de asfalto de Abdo, Aldia SA y Createc SA experimentaron volumen de ganan­cias que nunca obtuvieron, durante el gobierno de su mayor accionista.

El contundente informe preliminar del estudio de correspondencia de la Contra­loría confirmó que las utilidades de las mencionadas empresas de Abdo aumen­taron 70 veces durante su administra­ción. Sin embargo, estas ganancias están muy bien cubiertas que se desconoce a ciencia cierta el destino de las mismas.

A diferencia de Peña, el expresidente Abdo dificultó la tarea a la Contraloría al punto que el ente de control se declaró con limitaciones para hallar la forma en que las empresas del exmandatario acu­mularon incremento de hasta 6.110 % anual y el destino que dieron a esta for­tuna.

La Contraloría tuvo que remitir el informe preliminar del examen de corres­pondencia de bienes de Abdo al Ministe­rio Público para que esta institución, en el marco de sus atribuciones pueda inda­gar cómo las empresas de Abdo ganaron USD 45 millones de los cuales el 90 % se consignaron en fondos de reserva de los cuales existen muchas dudas.

¿Qué es lo que tanto le acompleja al expresidente Abdo de la fortuna que acu­muló a través de sus distribuidoras de asfalto? ¿Por qué tantas inconsistencias en los estados financieros de sus empre­sas?

Todo el país sabe que Abdo se escondió detrás de su hijo a quien puso como apo­derado de sus empresas durante los cinco años que gobernó, periodo en el que estas firmas tuvieron utilidades como nunca.

La sospecha que gira en torno a los fondos de reserva operativa no termina de acla­rarse. Del 90 % de utilidades que se con­signaron bajo este concepto, 66 % equiva­len a la cuenta de deudores por ventas.

Lo más llamativo, según el informe pre­liminar de Contraloría, es que estas deu­das registradas en los estados financieros de ambas firmas son muy superiores al detalle de las cuentas pasivas declaradas por sus clientes, en algunos casos hasta inexistentes,

Son demasiadas inconsistencias, manio­bras administrativas en el movimiento comercial de las empresas de Abdo que, con la burocracia de las instituciones dilatan la verdad sobre sus facturaciones.

El expresidente que hace chistes sobre la situación económica de sus adversarios políticos no tiene mucha altura moral para ironizar, puesto que el arrastra sos­pechas y dudas sobre su patrimonio desde hace varios años.

Las instituciones todavía no han dado su veredicto de si Abdo se enriqueció licita o ilícitamente.

No existe hasta ahora un dictamen o investigación concluida que lo declare inocente con relación a las multimillona­rias ganancias de sus empresas en tiem­pos que él era presidente.

Mientras que Abdo no esclarezca la riqueza acumulada a través de sus empre­sas durante su gobierno no tiene el dere­cho de señalar a otros. Su obligación es transparentar lo que amasó en los tiem­pos que ejerció el cargo que le encomendó la ciudadanía y las instituciones deben actuar con más celeridad en dar luz a este suspicaz caso.

El gobierno argentino anunció el viernes que laboratorios farmacéuticos de capitales extranjeros proyectan invertir 8.000 millones de dólares para investigaciones clínicas en el país sudamericano durante los próximos seis años, según un comunicado.

El anuncio se dio tras una reunión entre el presidente argentino, Javier Milei, y representantes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que reúne a empresas multinacionales del rubro farmacéutico.

“La inversión, impulsada por las empresas nucleadas en CAEMe, permitirá expandir el desarrollo de investigaciones biomédicas de alta complejidad en distintas jurisdicciones del país”, señala el comunicado de la Presidencia publicado tras la reunión.

El comunicado no explícita qué empresas realizarán las inversiones ni el monto que aportarán cada una.

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El anuncio se da en pleno debate por la reforma de la Ley de Patentes local, un reclamo de Estados Unidos vinculado al Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones que Milei firmó con su aliado Donald Trump en febrero.

Estados Unidos pretende que se extiendan los plazos de exclusividad para las patentes de medicamentos. Los laboratorios argentinos rechazan la modificación y el oficialismo postergó sin fecha su tratamiento en el Congreso.

Actualmente más de 50.000 pacientes participan en alrededor de 1.000 estudios clínicos que se desarrollan en el país, según datos de la CAEMe, que señala que sus empresas generan 360 millones de dólares en exportaciones al año y 9.000 empleos directos en Argentina.

• Fuente: AFP

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El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado por la cual informa que el Gobierno de la República de Paraguay inició el envío de ayuda humanitaria al Estado Plurinacional de Bolivia, con el objetivo de contribuir a mitigar la escasez de víveres en regiones que permanecen cercadas por bloqueos de carreteras.

Esta acción responde a la crisis profunda que está sobrepasando el vecino país y se enmarca dentro de una estrategia geopolítica clave para el gobierno paraguayo. En ese marco, la Cancillería nacional confirmó que este viernes llegó el primero de los tres cargamentos previstos para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya.

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“Esta asistencia se realiza como expresión de solidaridad y cooperación entre ambos países, que mantienen históricas relaciones de amistad”, remarca el comunicado de la Cancillería.

El gobierno de Paraguay toma esta medida, luego de que varias regiones de Bolivia permanecen cercadas por bloqueos de carreteras, debido las intensas protestas sociales y políticas impulsados principalmente por sectores sociales y campesinos; que mantienen aislado a departamentos clave como Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba. Provocando el desabastecimiento severo de alimentos, combustibles y medicamentos.

Cabe destacar que Paraguay se posiciona como un actor solidario, eficiente y con capacidad de respuesta logística inmediata, sobre todo en este tiempo que está a cargo de la presidencia Pro Tempore del Mercosur, del cual Bolivia forma parte del bloque.

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El abogado Claudio Lovera, quien ejerce la defensa legal del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, indicó que el juicio oral y público contra su cliente será retomado el próximo lunes 1 de junio a las 8:30.

Detalló que el proceso judicial seguirá con la declaración de otros 5 testigos que presenta su cliente procesado por la supuesta frustración de la persecución penal para favorecer al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.

Este viernes se concretó la declaración testifical de cuatro personas para luego ir a un cuarto intermedio. “Luego de la etapa testifical se producirán las pruebas documentales e iremos avanzando. Existe un volumen importante de documentos que ofreció la Fiscalía y bueno se deberán producir para ir formando la convicción por parte del tribunal”, comentó en una entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Fiscalía sustenta su acusación basándose principalmente en la hipótesis de que el exfuncionario de Estado ocultó, retrasó y cajoneó de manera deliberada información clave sobre los movimientos financieros sospechosos de Messer.

Ante este escenario, Lovera dijo que en la audiencia de la fecha se puede resaltar que la Seprelad actuó de manera proactiva, respondiendo a estrictos criterios de inteligencia financiera. “Básicamente se expuso lo que fue la tramitación en sí de lo que fue primero el borrador de informe y posteriormente el informe que fue remitido al Ministerio Público y en lo que respecta a Boidanich, él no tuvo ninguna intervención irregular de esa área (encargada de la elaboración del reporte de inteligencia financiera de Messer)”, comentó.

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El abogado agregó que “citaron por ejemplo el volumen de trabajo que contaban, los tiempos que eso implicaba para la elaboración de los informes de inteligencia financiera. Se detalló que incluso uno de los funcionarios llegó a colaborar con la labor del Ministerio Público en el marco de la investigación generada a Messer”.

Lovera ratificó que no “existen méritos o elementos” que motiven a condenar a su cliente por la supuesta frustración de la persecución penal. “A la vez se empezaron a ingresar las pruebas documentales y existe una relevante que es el documento a partir del cual se abrió esta causa que fue una nota que enviaron los agentes fiscales a cargo del caso de Messer”.

El documento expone que el reporte de inteligencia financiera elaborado por la Seprelad se remitió en tiempo oportuno y que su contenido fue útil para el Ministerio Público. “Los testigos estuvieron explicando cómo se lleva adelante y como se llevaba adelante en aquella época la elaboración de un informe. Se cumplieron con todos los pasos previstos en esa época, dentro de las etapas habituales del trabajo“, mencionó.

Finalmente, el abogado argumentó que un punto fundamental en la causa que también contribuye a desmontar la acusación fiscal, es que en el lapso del trabajo de inteligencia financiera por parte de Seprelad “no se filtró ningún dato, no alertó a nadie sobre su trabajo y esto permitió que el Ministerio Público haya tomado las decisiones oportuna y pertinente".