“Tenemos responsabilidad de establecer una política industrial con utilización de la energía, qué industrias necesitamos y queremos y cómo podemos otorgar”, manifestó Bejarano.

“El objetivo final de este proyecto será convertir al Paraguay en un mercado de comerciali­zación de energía regional, eso nos dará realmente la posibilidad de mayor inver­sión”, dijo el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, sobre la propuesta del Ejecutivo en unificar su cartera con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

“Tenemos una responsabili­dad enorme de establecer una política industrial con la utili­zación de la energía, ver para qué industrias necesitamos y queremos y cómo podemos otorgar”, manifestó en una entrevista con el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media.

La iniciativa forma parte del paquete de proyectos de leyes económicas que son impul­sadas por el gobierno del mandatario Santiago Peña, y tienen como finalidad la transformación integral del Estado paraguayo.

“El Ministerio de Energía, Minería, Comercio, Indus­tria y Turismo mediante esta propuesta va a tener las prerrogativas norma­tivas y fácticas necesarias para poder tener un orde­namiento integral de lo que es el sistema energético. La principal preocupación que tenemos es la utilización correcta de la energía, por eso insistimos en dos cues­tiones. La primera en eje­cutar la política energética, que ya la tenemos escrita, referenciada, y que tene­mos que trabajarla en corto, mediano y largo plazo. Y, por otro lado, se encuentra la uti­lización de esa energía para la industrialización”, dijo. El planteamiento de impul­sar la fusión entre las citadas carteras estatales surge en medio de proyecciones que vaticinan un déficit energé­tico para el 2030.

El segundo proyecto de ley que figura en el paquete se centra en que el Ministerio de Relaciones Exteriores absorba a la Secreta­ría de Repatriados. Teniendo en cuenta el grado de inversión que fortalece al sistema financiero, la tercera ley que se presentará consiste en una actualización de la Ley de Valores de la Superin­tendencia de Valores para modernizar todo el marco jurídico del funcionamiento de la Bolsa de Valores en Paraguay.

La cuarta iniciativa se trata de una nueva ley de energías reno­vables para dar mayor participación al sector privado. Mientras que el quinto y el sexto contemplan la modernización de las leyes 60/90 y de maquila, regímenes que han sido pilares del creci­miento económico nacional. En ambos casos, se busca adaptarlos a los nuevos tiempos y maximizar su impacto.

También se prevé que los bienes importados bajo la Ley 60/90 puedan constituir fideicomisos como garantía para acceder a más financiamiento. Además, se incorporarán rubros ligados al turismo, potenciando la sinergia entre comercio e infraestructura turística. Respecto a la ley de maquila, se anunció una innova­ción clave: la incorporación de la maquila de servicios. En séptimo lugar se da pie a la creación de un nuevo régimen, el proyecto de ley de ensamblaje de productos electrónicos.

La semana pasada se desarrolló la primera reunión de la mesa técnica en el marco de la Ley n.° 6739 que expropia el excampo Morombí a favor del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) e instruye a generar acciones interinstitucionales a favor de la colonia 6 de enero y León Herido, donde se delinearon las acciones del plan de trabajo para la asistencia a los pobladores de la zona.

En esta primera reunión fueron abordados temas vinculados a la actividad territorial de asistencia social que se desarrollará en las colonias 6 de enero y León Herido. Así también se estableció que este plan de trabajo se realizará en base a una agenda territorial de asistencia social que tiene como principal actividad, un día de gobierno que se desarrollará el 11 de agosto.

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De acuerdo al informe oficial, “en el día de gobierno en Vaquería, departamento de Caaguazú, participarán el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), la Administración Nacional de Electricidad (Ande), el Departamento de Identificaciones, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Forestal Nacional (Infona) Justicia Electoral, Municipalidad de Vaquería, Secretaría de la Gobernación, programas sociales del MDS, Ministerio de Salud, así como la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis)”.

En el día de gobierno se realizará además atención médica con distribución de medicamentos, servicio de peluquería y asistencia a todos los participantes a cargo de Ciudad Mujer móvil. Esta actividad contará con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, del gobernador Marcelo Javier Soto, del intendente de Vaquería, Lorenzo Duarte Garay y de representantes de las colonias 6 de enero y León Herido, reportó el MDS.

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El Gobierno está impulsando la duplicación del producto interno bruto (PIB) en 10 años y la presentación del paquete de reformas que incluye 10 proyectos de leyes económicas, es transversal para lograrlo, según lo que manifestaron autoridades locales.

Sobre si es posible cumplir con este objetivo, el economista Jorge Garicoche dijo a La Nación/Nación Media que es alcanzable y que el Gobierno debe trabajar en tres ejes importantes para lograrlo.

“Hay condicionantes generales, como seguir empujando la infraestructura en el país. Y no solamente me refiero a caminos o puentes, sino también a la infraestructura energética, por sobre todo. Celebro que hoy se esté hablando mucho del tema, porque es un tema muy importante para que realmente nuestra producción se duplique”, remarcó.

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En segundo lugar, mencionó que hay condicionantes de mercado, es decir, que se debe mirar sector por sector para buscar potenciar a cada uno, pero también trabajar para insertarlo en el mundo, estando a la altura de las exigencias internacionales.

“Hay productos que tienen oportunidades en el mundo para que se inserten, pero requiere de alguna certificación, trazabilidad o de ciertas cuestiones para las cuales debemos buscar mecanismos que impidan que terminen siendo una restricción al crecimiento”, explicó.

En tercer lugar, mencionó que la competitividad es crucial. No se trata solo de producir y vender, sino que de que esos productos compitan a un alto nivel. Para ello se necesita mano de obra calificada y mejoras tecnológicas.

Por último, Garicoche afirmó que de duplicarse el PIB de Paraguay en una década, que hoy ronda los USD 42.000 millones, es muy probable que mejore el nivel de salarios en el país, porque en la medida en que exista más producción, también existirá mayor requerimiento del uso de productos y en ese margen, el capital humano es fundamental.

“El capital humano son las personas que tienen formación para apoyar estos procesos productivos y también hay un elemento importante: cómo capturar esa ganancia. Existe una gran posibilidad de que más paraguayos nos insertemos a un circuito, por sobre todo formal, menos precario, en una economía que crece”, finalizó.

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• Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

El abogado constitucionalista Marcelo Duarte calificó de populista el proyecto que “incorpora la prisión permanente revisable, en el marco de tolerancia cero contra la delincuencia, el crimen y la protección a la ciudadanía”. La propuesta plantea modificar el Código Penal con la elevación de la pena máxima a 90 años para homicidios y delitos graves.

La iniciativa tuvo su entrada oficial en el Legislativo el pasado 29 de julio y es impulsada por el diputado opositor Rubén Rubin. “El mismo es contrario a los fines previstos para las penas en la Constitución Nacional. En el Paraguay no se puede establecer la cadena perpetua o penas similares (más de 30 años), sin antes reformar la Constitución Nacional“, indicó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

El exsenador del Partido Patria Querida (PPQ), acotó: “La Constitución Nacional no se puede reformar por ley. Este proyecto es inconstitucional debido a que equivale a una cadena perpetua, nadie mayor de edad puede cumplir una cadena de 90 años de cárcel”.

Duarte sustentó su posición citando el artículo 20 de la Constitución Nacional referente al objeto de las penas privativas de libertad. La norma establece que estas penas deben tener como objetivo la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Además, prohíbe la pena de confiscación de bienes y la de destierro.

“En otros países se considerarían propuestas populistas, ya que buscan agradar a la mayoría de la opinión pública, que está harta de la delincuencia y la impunidad, pero sin tener en cuenta su viabilidad constitucional“, dijo Duarte.

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La propuesta de Rubin también establece la acumulación de condenas y toca 25 artículos del Código Penal. El proyecto refiere que en los casos de pena privativa de libertad de 50 años en adelante, podrá ser revisable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51 de Código Penal.

De acuerdo con el proyecto, los condenados podrán solicitar una revisión si han cumplido al menos dos tercios de la pena, se presume que no reincidirán en delitos o si el condenado lo solicita o consiente expresamente.

“El problema es mucho más complejo de lo que se plantea. No se trata solamente de aumentar las penas. Se trata también de rever el sistema penal y penitenciario, así como la educación, la reinserción social y la contención familiar en los casos de menores y adolescentes, como también la reinserción laboral de los exconvictos de todas las edades", sentenció Duarte.

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