La organizadora de eventos, detenida tras fingir su desaparición, negó que sea responsable de una estafa masiva y aseguró estar dispuesta a resarcir a los clientes afectados tras su detención.

Patricia Jara Meza, organizadora con cinco años de trayectoria, afirmó que su desaparición supuestamente se debió a un cuadro de psicosis y miedo, asumiendo el error de haber huido en un momento de crisis.

“Estaba pasando por unos días muy difíciles, con psicosis, con miedo. Cometí el error, yo asumo, de querer huir, por la psicosis que tenía por todo. Pero también tuve la valentía de volver”, manifestó en declaraciones a la 1080.

En ese sentido, mencionó que ella tomó la iniciativa de llamar a las autoridades para responder con los afectados. “Yo fui la que llamó y di la ubicación de donde estaba para que me vayan a buscar, porque quiero enfrentar, dar la cara”, expresó.

Al respecto, dijo que se comunicó con los clientes para buscar una solución y descartó que sea responsable de estafas masivas. “No son 70, 80 estafas, como se está diciendo. Son eventos de agosto, de diciembre, de distintas fechas”, indicó.

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Y aseguró que hará frente a las respectivas denuncias. “Yo estoy al pie del cañón para enfrentar todo, mi casa está disponible, está mi abogado. Pueden llegar los clientes para llegar a una solución”, insistió.

Atribuyó su actitud a una debilidad humana. “Cuando no sabía más que hacer, me fui. Pero, volví”, acotó.

Finalmente, pidió disculpas a las víctimas. “Pido públicamente disculpas a toda la gente afectada. Yo no estoy ajena a llegar a una solución con los clientes”, apuntó.

Mientras el proceso legal continúa, sus familiares y su abogado se encuentran disponibles para dialogar con los damnificados y gestionar las soluciones correspondientes, expresó.

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La fiscal Carolina Ramírez imputó ayer martes por simulación de hecho punible y estafa a la decoradora Patricia Analí Jara Meza (38), quien fue detenida el lunes, tres días después de reportarse su supuesta desaparición. Durante el fin de semana se formalizaron dos denuncias por estafa en su contra, y ahora más de una decena de presuntas víctimas conformaron un grupo para organizar acciones penales por incumplir con la organización de diversos eventos, cuyos pagos anticipados no fueron reembolsados.

El hermano de la organizadora de eventos denunció su desaparición, hacia las 11:00 horas del viernes 28 de febrero sobre la calle Anselmo Adorno del barrio Loma Barrero de Capiatá, tras recibir un mensaje de WhatsApp en que refería una supuesta situación intimidatoria, indicando que fue llevada contra su voluntad.

“Tengo una amenaza de muerte. Desde hace días me quitan plata. Ya no doy más. […] Debo huir. Me quitaron tanta plata que no podré cubrir el evento. Cuídense por favor. Es alguien de la competencia. No puedo decir más... cualquier cosa me comunico con ustedes. Me prohibieron hacer eventos”, fue el texto de la mujer que motivó la denuncia por su supuesta desaparición.

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Sin embargo, tras contactar con sus familiares, la mujer fue localizada el lunes 2 de marzo, al mediodía, en Carapeguá y trasladada a la comisaría 32 Posta Yvycuá de Capiatá, donde quedó a disposición del Ministerio Público, cuya investigación indica que la presunta víctima había retirado unos 5 millones de su cuenta y se alojó en un hotel de Quiindy y luego en otro de Carapeguá.

La fiscal Ramírez refirió a NPY que Patricia Jara se movilizó sola y que habría fingido las amenazas para justificar la cancelación de contratos que debía cumplir el sábado. Al momento en que fue detenida cayó en contradicciones, pero se abstuvo de declarar ante la Fiscalía. La representante del Ministerio Público solicitó su prisión preventiva y este miércoles estaba prevista la imposición de medidas del juzgado.

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Jara se dedicaba a la organización integral de eventos sociales, principalmente fiestas de 15 años y casamientos. Luego de conocerse esta simulación, al menos una veintena de presuntas víctimas denunciaron haber entregado entre 10 y 20 millones de guaraníes por servicios no realizados. El martes, un grupo de estafados realizó un escrache frente a la vivienda de la mujer y en la comisaría donde se encontraba recluida. El abogado Miguel Godoy, representante de los denunciantes, informó que más personas se unirán al grupo conformado.

“Es una estafadora. Nuestra experiencia fue profundamente lamentable. Tras recaudar dinero de varias personas, desapareció sin dar respuestas. Lo más inquietante es que, lejos de asumir responsabilidades, intenta presentarse como víctima”, manifestó Juliana Acevedo, una de las presuntas víctimas, a través de redes sociales. Por su parte, otra afectada, Patricia Larrea, escribió en plataformas digitales: “Yo le estoy pagando por el 15 de mi hijo. El jueves y el viernes me escribió pidiendo más dinero por sus promociones”.

El Juzgado Penal de la Ado­lescencia de Coronel Oviedo decidió elevar a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta el adolescente, prin­cipal sospechoso del femini­cidio de la joven María Fer­nanda Benítez, ocurrido en mayo de 2025. La Justicia admitió la acusación fiscal por feminicidio y aborto en grado de tentativa, ratifi­cando así el inicio de la etapa de juzgamiento.

Tras esta resolución, se deberá realizar el sorteo para designar a los integran­tes del Tribunal de Senten­cia que tendrán a su cargo el debate sobre la culpabilidad del procesado. El acusado permanece bajo prisión pre­ventiva desde su aprehensión en junio de 2025.

Cabe destacar que la semana pasada se confirmó que otros cinco acusados también enfrentarán un juicio oral por su presunta participa­ción y encubrimiento en el crimen.

Según los antecedentes, la víctima de 17 años habría sido asesinada el martes 27 de mayo de 2025 en el domici­lio del principal sospechoso.

El móvil del crimen habría sido el descontento del joven ante el embarazo de la adoles­cente. Si bien se presume que el joven actuó solo en la ejecu­ción del acto, posteriormente habría confesado el hecho a sus padres, quienes presun­tamente intentaron ocultar lo sucedido.

El abogado Daniel Alberto Farías Kronawetter falleció el sábado 28 de febrero, a los 41 años, debido a un paro cardiaco que sufrió durante una actividad deportiva. Al momento de su deceso era funcionario permanente de la Cámara de Senadores, tras su paso por varias instituciones estatales, y estaba procesado por supuesta filtración de datos de la Seprelad, en una causa que incluye al exmandatario Mario Abdo Benítez y el exministro Arnaldo Giuzzio, entre otros.

La noticia se difundió por redes sociales, el domingo 28 de febrero, y uno de los primeros en mencionarla fue el exministro anticontrabando Emilio Fúster y abogado defensor de Giuzzio, al igual que el exmandatario Abdo Benítez, quienes expresaron sus condolencias a la familia. El diputado abdista Mauricio Espínola, su colega Raúl Benítez, y el senador Rafael Filizzola también reaccionaron al informe periodístico.

Según datos de la función pública, entre junio de 2015 a noviembre 2023, Farías estuvo vinculado con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, que en agosto de 2023 pasó a ser DNIT), entonces dependiente del Ministerio de Hacienda (convertido en Ministerio de Economía y Finanzas, desde agosto de 2023). Luego pasó a la nómina del Senado, y figuraba como asistente en el despacho del senador Óscar Salomón.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe destrabar la causa penal mencionada para que las doce chicanas presentadas, desde abril de 2024, por la defensa de cada uno de los hoy acusados, puedan ser analizadas por la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera. De los nueve acusados, Abdo Benítez y Mauricio Espínola siguen escudados en sus fueros parlamentarios, defendidos por sus aliados que forman parte de la oposición.

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En el ámbito del análisis financiero de la SET, Farías ya venía colaborando anteriormente con Arnaldo Giuzzio en sus tareas como fiscal (2004-2013), quien, tras su paso por el Senado (2013-2018), fue designado ministro de la Senad por el gobierno de Abdo Benítez, en agosto de 2018, y luego ministro del Interior, del 22 de enero de 2021 al 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por presuntos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, por lo que afronta un juicio en curso.

En dicho contexto, Daniel Farías se convirtió en asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, desde marzo de 2021 y siguió comisionado hasta mediados de 2022 en este ministerio, tras la destitución del exfiscal. No obstante, en abril de 2022 fue presentado como nuevo integrante de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, aunque su traslado temporal se aceptó recién el 26 de junio del 2022.

El 11 de marzo de 2024, el Ministerio Público imputó a Mario Abdo Benítez y otros ocho exfuncionarios de su gobierno: Carlos Adolfo Arregui Romero (extitular de Seprelad), Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez (exministro del Interior), René Milciades Fernández Bobadilla (exministro de Senac y Seprelad), Carmen María Pereira Bogado (alta funcionaria de Seprelad), Daniel Alberto Farías Kronawetter (Seprelad), Guillermo Preda Galeano (Seprelad), Francisco Pereira Cohene (Seprelad) y Mauricio Fabián Espínola Núñez (exsecretario privado del presidente y actual diputado).

La Fiscalía, que presentó más de 206 elementos probatorios, apuntó los hechos punibles de Revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), Revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), Inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), Denuncia falsa (Art. 289 del CP), Simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), Usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y Asociación criminal (Art. 239 del CP).

El acta fiscal describe que Abdo Benítez habría gestado en su gobierno (2018-2023) “un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña)”, para lo cual conformó un equipo, en que se mencionan a Carlos Arregui (Seprelad), Arnaldo Giuzzio (Interior) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), pero sustituyó a Arregui en Seprelad, en setiembre de 2022.

Entre diciembre de 2021 a mayo de 2022, en Seprelad se habría redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022, referenciado como “MARA041922MP”, “introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución”, dice la Fiscalía. Este informe de “carácter confidencial” se filtró intencionalmente a los medios de comunicación y a determinados referentes y aliados abdistas para su difusión en redes sociales.

El acta de imputación refiere textualmente: “En dicho contexto, Daniel Farías Kronawetter, asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio (marzo 2021 a junio 2022), comisionado recién a partir de junio del 2022 a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y René Fernández Bobadilla, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (desde el año 2019), sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían contribuido en la composición del Informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como MARA041922MP, al elaborar el borrador de este informe”, que guardaba relación con el expresidente Horacio Cartes y la firma Tabesa.

El Ministerio Público señala en el acta de imputación: “En el mes de abril del 2022, Carmen María Pereira Bogado, entonces secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, habría presentado a Daniel Farías Kronawetter ante los funcionarios de la mencionada dependencia institucional como nuevo integrante, específicamente con el cargo de director de análisis a efectos de apoyar en las investigaciones relacionadas al expresidente de la República, Horacio Cartes Jara”.

“Además, Carmen María Pereira Bogado habría creado una carpeta compartida en la web con archivos de carácter confidencial, de manera a que se le faciliten todos los datos que Daniel Farías Kronawetter pudiera requerir para su cometido. En aquel momento, Daniel Farias Kronawetter no era funcionario de la Seprelad sino de la Subsecretaría de Estado de Tributación, comisionado al Ministerio del Interior para prestar funciones con Arnaldo Giuzzio, en carácter de asesor de inteligencia financiera”, continúa el documento fiscal.

También expone: “Por consiguiente, entre el mes de abril al día 26 de junio del 2022, Carlos Arregui Romero y Carmen María Pereira Bogado habrían permitido que Daniel Farías Kronawetter se insertará laboralmente al sector de trabajo de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, utilizara equipos informáticos, y acceda a informaciones de inteligencia financiera”.

“En concreto, Daniel Farías Kronawetter habría creado el archivo denominado: “AAA_INFORME_DE INTELIGENCIA_AAA_MJ”13, editado por René Fernández Bobadilla”, puntualiza la Fiscalía. Como parte del operativo abdista, en enero de 2022, Giuzzio presentó una denuncia falsa contra Cartes ante la Seprelad, que recientemente fue ratificada su desestimación tras interponerse una apelación irregular por parte del exministro.

Igualmente, el Informe de inteligencia n.° 10/2022 fue incorporado en el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación, en octubre de 2022, que presidió el exsenador Jorge Querey del sector opositor Frente Guazú. En julio de 2022, Estados Unidos emitió sanciones contra Horacio Cartes a partir de documentos proveídos por el gobierno abdista; sin embargo, en octubre de 2025, todas las sanciones fueron levantadas al demostrarse jurídicamente que la documentación sobre el exmandatario había sido falsa y tergiversada.

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