El senador Abel González propone que se dispongan de G. 2.500.000.000 para el direccionamiento de los fondos binacionales del 2021 a la gobernación, que serán al rubro de la secretaria de salud.
La idea sería destinar recursos en concepto de responsabilidad social empresarial correspondientes al lado paraguayo de la entidades binacionales Itaipú y Yacyretá a la gobernación de Amambay, para la compra exclusiva de medicamentos indicados como tratamiento contra el COVID-19.
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Los recursos serán asignados exclusivamente para la compra de fármacos para tratar el coronavirus y los medicamentos deberán formar parte del listado elaborado por el Ministerio de Salud. El Consejo Regional de Salud en Amambay será la entidad que administre los recursos de las binacionales.
En la semana, la Cámara de Diputados también sancionó la ley que establece que estos recursos de las hidroeléctricas sean para el rubro de salud, especialmente para el tratamiento del COVID-19.
La propuesta presentada por la bancada A del PLRA, que es encabezada por el senador Blas Llano, fue la que obtuvo los votos necesarios para que pueda darse la sanción. Pese a que una semana atrás los diputados habían rechazado una versión similar de la diputada Kattya González, hoy la votación arrojó números diferentes. El Poder Ejecutivo estaría promulgando la ley.
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MUVH entrega más de 200 viviendas a familias de Capitán Bado y Karapaí
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, desarrolló este viernes una jornada de gobierno en el departamento del Amambay, entregando un total de 216 viviendas a familias de los distritos de Capitán Bado y Karapaí.
El secretario de Estado resaltó que estas nuevas viviendas fueron entregadas en el marco de los programas habitacionales impulsados por el Gobierno de Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. El ministro Baruja estuvo acompañado por el gobernador de Amambay, Juan Silvino Acosta; los respectivos intendentes Rodney Villalba y Ezequiel Ayala, además de concejales municipales.
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Distribución de las viviendas
Desde el MUVH informaron que en el distrito de Capitán Bado fueron entregadas 65 viviendas a integrantes de la Comisión de Viviendas Populares San José. En Karapaí, otras 35 corresponden al Comité Pro Vivienda y 35 al Comité Vecinal de Producción Agrícola San Andrés.
Asimismo, 81 viviendas fueron destinadas a las comunidades indígenas Itaju, Mbarakay Ka’a Poty e Itapoty, de ambos distritos. Estas soluciones habitacionales fueron construidas a través del Parque Tecnológico Itaipú (PTI).
Según los datos oficiales, bajo la administración del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, se registran 34.850 viviendas entregadas y 46.140 gestionadas en todo el país, como parte de las acciones orientadas a ampliar el acceso a una vivienda digna.
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Amarilla cuestiona a medios por generar incertidumbre sobre el sistema financiero
El senador liberal Dionisio Amarilla cuestionó las publicaciones periodísticas de conglomerados mediáticos vinculados a bancos privados, que sigan instalando una supuesta incertidumbre sobre la situación del sistema financiero paraguayo.
Luego de que el titular del senado, Basilio Núñez, dispusiera la apertura del sobre remitido por el Banco Central del Paraguay, que contenía las respuestas a los cinco pedidos de informes respecto al sistema financiero, el legislador liberal brindó unas declaraciones a través de sus redes sociales en las que aseguró que, de acuerdo a ese informe, ueno bank goza de “buena salud” y calificó de “temerarias” las informaciones divulgadas por los grupos de medios de ABC Color y Última Hora.
“Revisando el informe del BCP no podemos seguir tolerando que ABC Color, vinculado a Atlas, y que Última Hora, vinculado al GNB, sigan instalando incertidumbres absurdas sobre la solvencia del sistema bancario/ financiero en el Paraguay”, sentenció.
En ese sentido, el senador liberal pidió no permanecer en silencio ante lo que considera informaciones que generan incertidumbre financiera. “Lo que están haciendo es temerario y hay que decir que ueno, por lo que se informa, goza de buena Salud. No corresponde quedarse callados ante la intención de corridas que buscaron ABC Color y Ultima Hora”, acotó.
Respuestas del BCP
En un segundo posteo en redes, el legislador brindó más detalles sobre el contenido de las 31 fojas que comprende el informe del BCP, Amarilla explicó que a su entender la documentación muestra que la entidad ueno bank fue supervisada y que las observaciones detectadas fueron atendidas dentro de los plazos establecidos.
Indicó que, el informe detalla que la Superintendencia de Bancos detectó una diferencia en el registro de partes vinculadas al cruzar información con la Central de Riesgos. Señaló que el BCP explica que la firma privada habría excedido temporalmente un límite de exposición, pero que, de acuerdo con el BCP, la entidad fue notificada el 5 de junio y corrigió la situación dentro del plazo legal, por lo que no correspondió exigirle un Plan de Regularización.
“El BCP mostró que el sistema es estricto. En los últimos 24 meses hubo un solo caso de exceso en límites con vinculados en todo el sistema, y se resolvió sin sanción porque la entidad corrigió a tiempo. El BCP siguió exigiendo. En julio pidió sumar más sociedades al grupo vinculado y recalcular la exposición. Ergo ueno bank cumplió en tiempo y forma. También informa el BCP que en agosto emitió un requerimiento de obligada observancia y su Unidad Jurídica emitió el Dictamen 84/2026”, remarca el legislador.
Sumarios administrativos
Por otra parte, Amarilla se refirió al sumario administrativo, relacionado con una operación de venta de cartera; el legislador remarcó que el procedimiento todavía está en curso y que debe determinar si existió o no alguna falta administrativa.
Según su interpretación, el sumario constituye un mecanismo ordinario de control dentro del BCP y no implica por sí mismo una crisis o un fraude. Añadió que el dictamen jurídico del BCP concluyó que la cesión analizada cumple con los requisitos de validez.
En lo que respecta a fusiones de entidades bancarias, Amarilla indicó que las facilidades otorgadas por el BCP no constituirían un privilegio particular, ya que, según su lectura, se aplicaron “medidas similares” en anteriores fusiones bancarias, como GNB-BBVA, Sudameris-Regional y Continental-Río. Explicó que el objetivo sería proteger a los ahorristas y evitar efectos de contagio en el sistema financiero.
“Hay que entender que los bancos están expuestos a fiscalizaciones, permanentes, y a sumarios administrativos y de hecho prácticamente todos los bancos han sido sumariados y sancionados en los últimos 10 años, y existe un registro público de sanciones en el sitio web del BCP. Me tomé la molestia de interiorizarme sobre eso y es lo que puedo rescatar de una lectura rápida del informe”, concluyó el legislador.
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Comisión Especial de Investigación requiere el desglose nominal de los grandes deudores del IPS
“Fue una reunión muy útil y rica”, indicó el senador liberal Dionisio Amarilla, quien ejerce la presidencia de la Comisión Especial que investiga hechos de corrupción en el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Previsión Social (IPS), tras concretarse este jueves una mesa de trabajo con los directores de las distintas dependencias de la Contraloría General de la República (CGR).
“En el encuentro hemos podido abordar los reportes y hallazgos que ellos ya han informado oficialmente en diferentes instancias y que ahora queda en manos de nuestros técnicos hacer una primera revisión, pero de tal manera para la próxima semana voy a pedir repetir esta reunión para desglosar un poco quiénes son los grandes deudores del IPS”, comentó a los medios de comunicación.
El legislador mencionó también que en materia de deudas del Estado la cifra orilla los G. 5 billones y la deuda del sector privado, los G. 6 billones. “Nosotros pedimos que nos informen quiénes son esos actores privados que adeudan al IPS, de qué fecha datan esas deudas, cómo se acumuló entre otras cuestiones”, sostuvo.
Amarilla comentó que durante el encuentro se trajeron a colación casos referentes a sobrefacturaciones mediante procesos licitatorios. Como ejemplo colocó un llamado para el servicio de lavado de sábanas que superaba los G. 30 mil millones.
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Otro de los puntos críticos abordados fue el inventario de equipos y bienes, que totaliza unos 20.000 ítems y requiere urgentemente un acompañamiento tecnológico para un seguimiento efectivo de su ubicación y uso. A esto se suma el grave problema de la trazabilidad en la recepción y distribución de medicamentos, donde el propio IPS cuantificó cerca de G. 700.000 millones en fármacos a los que no se les puede dar seguimiento.
“La reunión fue bastante interesante, muy importante ya que es la primera vez que el Congreso pide informes de un quinquenio, buscamos ver un mapa un poco más extendido de lo que constantemente nos suelen proveer y eso trae consigo, cuanto menos anomalías y debilidades”, puntualizó.
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Hambre Cero moviliza más de G. 212.000 millones en ventas para mipymes
El Programa Hambre Cero se convirtió en una oportunidad comercial para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) nacionales, que entre agosto del 2024 y junio del 2026 acumularon más de G. 212.000 millones en ventas vinculadas a la cadena de valor de la alimentación escolar. El movimiento fue generado por 724 empresas identificadas como mipymes, que registraron más de 13.000 facturas durante el periodo analizado.
Los datos del Viceministerio de Mipymes muestran además que más del 88 % de las empresas participantes corresponde a micro y pequeñas unidades económicas, reflejando el peso que tienen estos negocios dentro de la provisión de bienes, productos e insumos necesarios para la prestación del servicio de alimentación escolar.
Por actividad económica, más del 63 % de las mipymes involucradas se concentran en los sectores de comercio, agricultura e industria alimentaria. Se trata de actividades directamente relacionadas con la producción, provisión y distribución de los productos requeridos por el programa, que actualmente alcanza a 144 distritos del país.
La distribución territorial también muestra una participación importante fuera de los principales centros urbanos. Del total de empresas identificadas, el 70 % se concentra en Alto Paraná, Central, Caaguazú, Amambay y capital, departamentos que reúnen una parte significativa de la actividad vinculada a esta cadena de valor.
Para las mipymes, la demanda generada por Hambre Cero representa una posibilidad de ampliar sus mercados y vincularse con otros actores económicos. El esquema requiere la participación de empresas y proveedores en diferentes etapas, desde la producción y provisión hasta la distribución y prestación de servicios asociados a la alimentación escolar.
En este contexto, el programa también abre espacio para que unidades económicas de menor escala puedan incorporarse a cadenas de valor y desarrollar nuevas oportunidades comerciales a partir de una demanda sostenida. El desafío pasa por que más empresas puedan integrarse a este circuito y aprovechar el mercado que genera la alimentación escolar en distintos puntos del territorio nacional.