La Gobernación de Alto Paraguay, encabezada por Arturo Méndez, habilitó recientemente un comedor escolar en la localidad de Fuerte Olimpo, con la finalidad de brindar un espacio seguro y confortable a los estudiantes beneficiados con el programa Hambre Cero en las escuelas. La infraestructura se encuentra instalada en la escuela y colegio Mayor Ramón Bejarano.

El nuevo comedor cuenta con cocina equipada, depósito y galería, así como un sistema de climatización que permitirá a los niños y jóvenes disfrutar de sus alimentos en un ambiente adecuado. El sitio se encuentra ornamentado y amoblado para garantizar comodidad y funcionalidad a la comunidad educativa.

Desde la gobernación sostienen que el comedor es un paso importante para fortalecer el desarrollo educativo y social de Alto Paraguay, donde las distancias y condiciones geográficas son consideradas como desafíos para la aplicación de programas sociales.

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“El comedor escolar se convertirá en un espacio fundamental para acompañar la formación integral de los estudiantes, asegurando que la educación vaya de la mano con la buena nutrición”, sostienen.

El programa Hambre Cero en las escuelas, impulsado por el gobierno del presidente Santiago Peña, tiene como finalidad garantizar la alimentación de los niños más vulnerables, combatir el ausen­tismo y la deserción escolar, promoviendo el bienestar integral de los estudiantes y sus familias.

El programa ha tenido un impacto significativo en la educación, la nutrición infantil y la economía local. Es implementado en las escuelas públicas y subvencionadas del Paraguay, y proporciona diariamente el desayuno, almuerzo y merienda. La cobertura a nivel nacional beneficia a 1.050.000 niños que estudian en las más de 7.000 instituciones educativas del país.

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• Pedro Juan Caballero. Emerson Dutra, corresponsal.

El grupo criminal autodenominado “Justicieros de la Frontera” amenaza con matar a toda aquella persona que entregue a la Policía grabaciones de cámaras de circuito cerrado de sus negocios que, se presume, logren captar imágenes que puedan ayudar a esclarecer sangrientos homicidios que últimamente vienen registrándose en la terraza del país.

La grave advertencia fue realizada mediante panfletos que aparecieron por la mañana de este jueves en diferentes casas comerciales de la ciudad. “A la ciudadanía de Pedro Juan Caballero. No dar cámaras a agente policiales. Aquellos que dan pagarán ‘con su vida’. Vamos a brindar paz a la ciudad de PJC. Att. Justiciero de la Frontera (sic)”, dice el escrito.

Los panfletos aparecieron en varias casas comerciales ubicadas en el barrio Obrero de la capital departamental, situación que causó preocupación a la ciudadanía. Esos escritos ya fueron entregados a la Policía Nacional, que abrió una investigación del caso.

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Estos “Justicieros de Frontera” se atribuyeron la ejecución de varios presuntos delincuentes en la capital de Amambay. Su última aparición se registró el pasado miércoles 6 de agosto, cuando Rafael González Bermejo, de 31 años de edad, fue asesinado en el barrio San Gerardo por hombres armados con fusiles de guerra.

La víctima recibió 62 impactos de bala de parte de sus verdugos que, para cometer el asesinato, utilizaron fusiles calibre 5,56 milímetros de uso militar. Durante el atentado, Lucas Irala Salinas, de 20 años, recibió impactos de bala, pero, milagrosamente, logró sobrevivir.

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El hombre conducía una motocicleta que llevaba a Rafael González Bermejo como acompañante. “Al caer malherido, los desconocidos se acercaron a Rafael y lo acribillaron. Prácticamente lo destrozaron el rostro”, refirieron agentes policiales.

Minutos después de haberse registrado ese crimen, en redes sociales circuló un mensaje atribuido al grupo criminal, que decía: “Estamos cansados de ladrones en la frontera estamos finalizando un par de ellos hoy ya estamos iniciando los trabajos no podemos más permitir a estos gusanos robando a trabajadores en la frontera avisamos muchas veces, pero ahora parar hasta agarrar a todos que figuran en la lista queden tranquilos población de la frontera hoy es solo el comienzo de todo buenas noches (sic)”.

El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, lamentó la férrea defensa que sigue ejerciendo la oposición al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El líder del movimiento Yo Creo fue apartado ayer del cargo mediante una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, tras graves irregularidades confirmadas por una intervención.

“Los opositores que quieren ser gobierno defendieron hechos de corrupción que fueron verificados, constatados; en vez de llevar en alto la bandera de la transparencia. La ciudadanía con todo esto sacará sus conclusiones. Con esto se ve la incoherencia de estas personas“, sostuvo Núñez en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.

Entre los principales hechos de corrupción que motivaron la destitución de Prieto figuran el uso de comisiones vecinales para saquear el dinero de la comuna, las cuales, según el interventor Ramón Ramírez, eran “simples fachadas”. Otro de los puntos guarda relación sobre el uso de los recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones, que demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.

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Asimismo, el senador comentó que “un total de 50 denuncias tiene Miguel Prieto. Ojalá la Fiscalía General de Estado y el Poder Judicial no se presten a las chicanas. En su gestión hubo robos asquerosos con protección de un gran sector mediático“.

“La caída de Prieto ya era algo anunciado, él cometió varios tipos de corrupción, esto iba a llegar más temprano que tarde. Yo celebró porque no debemos olvidar que fue un intendente corrupto que robó durante la pandemia mediante la compra de víveres”, repudió Núñez.

En el informe final de la intervención, a cargo del economista Ramón Ramírez, se refiere que G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.

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Entre las irregularidades detectadas durante la gestión de Prieto se encuentra una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.

Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. Ramírez también presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no registraron entrada a Tesorería.

El presidente de la Comisión Antilavado, el senador Dionisio Amarilla, confirmó este jueves que su informe final ya fue remitido a los Estados Unidos. El pasado 14 de julio, la Comisión Bicameral de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos, dio por culminada su actividad.

“Hubo una campaña mediática en contra de esta comisión. Nosotros hicimos un trabajo serio. El informe final ya fue trasladado a los Estados Unidos, estamos en condiciones de ir a defender, inclusive, si nos convocan en algún momento. Estamos muy tranquilos con el trabajo que se realizó”, sostuvo el legislador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) a la 780 AM.

El documento había sido remitido previamente a la Cancillería, el pasado 25 de julio, para su remisión con sus conclusiones y recomendaciones al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. “Ojalá que las autoridades de ese país convoquen al embajador paraguayo designado Gustavo Leite, quien fue relator de la comisión y conoce al dedillo los detalles de los datos tabulados, consolidados, y nadie puede negar la discrecionalidad con que se utilizaron los fondos aportados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a Paraguay”, comentó.

El senador había detallado anteriormente que mediante la labor de la Comisión Antilavado quedó evidenciado que USD 52 millones proveídos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y que USD 5 millones otorgados por el Gobierno paraguayo fueron dilapidados por las oenegés. El 71 % del millonario recurso fue para salarios.

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Los trabajos de la CBI, que fueron aprobados por el Congreso Nacional, también ya fueron entregados al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas, tal como lo había anunciado Amarilla.

En total son nueve tomos que constan de 1.311 folios con sus respectivos anexos. Desde el tomo I hasta el VI se centra en el eje uno, “Lavado de activos ligado al financiamiento de político vía organizaciones sin fines de lucro; el VII se basa en el eje dos, “Lavado de activos provenientes del tráfico de armas”; el VIII analiza el “Lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresas”.

Por último, el tomo IV contiene el informe ejecutivo, conclusiones y recomendaciones. Los anexos entregados en pendrive contienen audios, videos, notas varias, convocatorias, documentos tabulados, presentaciones de convocados, informe final, entre otros.

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