El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, sostuvo que el eventual pedido de pérdida de investidura de la senadora liberal Noelia Cabrera todavía no fue abordado dentro de la bancada oficialista, Honor Colorado; sin embargo, evitó anticipar una opinión sobre el caso en que ordenó un sumario administrativo que tendría un resultado en 30 días.

“Creo que todo se va a evaluar en bancada, yo estoy en una bancada, no puedo preopinar. Probablemente si uno se va por estas cuestiones, muchos se tienen que ir”, dijo el titular de la Cámara Alta a la 1020 AM. Los funcionarios Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera ya presentaron renuncia a sus cargos tras denunciarse mediáticamente la presunta situación de los supuestos sobrinos de la legisladora.

“Lo primero que hice, y ya firmé la resolución de un sumario administrativo, el sumario continúa independientemente que, en este caso, hayan presentado la renuncia. Creo que fue una reacción rápida y como presidente del Congreso, yo me fui a hablar con los trabajadores de prensa y dije que es la norma jurídica que tengo a mano. Instruí un sumario, que tenga la celeridad correspondiente, en un promedio de 30 días tengamos un resultado”, refirió.

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, sostuvo que el eventual pedido de pérdida de investidura de la senadora liberal Noelia Cabrera todavía no fue abordado dentro de la bancada oficialista, Honor Colorado; sin embargo, evitó anticipar una opinión sobre el caso en que ordenó un sumario administrativo que tendría un resultado en 30 días.

“Creo que todo se va a evaluar en bancada, yo estoy en una bancada, no puedo preopinar. Probablemente si uno se va por estas cuestiones, muchos se tienen que ir”, dijo el titular de la Cámara Alta a la 1020 AM. Los funcionarios Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera ya presentaron renuncia a sus cargos tras denunciarse mediáticamente la presunta situación de los supuestos sobrinos de la legisladora.

“Lo primero que hice, y ya firmé la resolución de un sumario administrativo, el sumario continúa independientemente que, en este caso, hayan presentado la renuncia. Creo que fue una reacción rápida y como presidente del Congreso, yo me fui a hablar con los trabajadores de prensa y dije que es la norma jurídica que tengo a mano. Instruí un sumario, que tenga la celeridad correspondiente, en un promedio de 30 días tengamos un resultado”, refirió.

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El senador recordó que cuando asumió la presidencia de la Cámara ya inició con un trabajo de depuración en cuanto a la cantidad de funcionarios. Recordó que se encontraron 300 funcionario que cumplían la función de directores, lo que ya se redujo al cincuenta por ciento.

“Nosotros hicimos un gran trabajo con los legisladores, apoyado por la plenaria, y restructuramos Recursos Humanos. En vez de tener 300 (direcciones) ahora bajamos a 150, podemos pasar el año que viene a tener 30. Vamos a ir buscando la nomenclatura para cambiar eso y para que quede eso como legado, y nosotros vamos a hacer nuestra carrera legislativa”, sentenció.

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En la mañana de este jueves, un equipo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con el acompañamiento de una comitiva fiscal, llevó a cabo la operación Tridente, donde, a través de incursiones simultáneas en el barrio Anahí de la ciudad de San Lorenzo, se logró desarticular una red de microtráfico que operaba en la zona.

Esta red de distribución y venta de drogas se extendía hasta tres viviendas en donde se distribuían drogas a niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, constituyendo una amenaza directa para la seguridad barrial y el entorno social.

Según los datos investigativos, en estos lugares se reunían los jóvenes adictos de la zona que se dedicarían a perpetrar asaltos y robos de vivienda, generando gran temor en los vecinos, ya que la delincuencia aumentaba de manera exponencial.

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De estas viviendas se pudieron incautar 36 gramos de crack, equivalentes a unas 250 dosis, 135 gramos de cocaína, aproximadamente 300 dosis, 1 arma de fuego y una importante cantidad de dinero en billetes de baja denominación.

Así también, fueron detenidas cuatro personas que formarían parte de este esquema de venta y distribución; las mismas fueron identificadas como Rocío Fretes, de 39 años; Carlos Santos Acuña, de 42 años; Ramona Dominga Rojas, de 61 años, y Pablo Sebastián Jara, de 20 años. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Desde la Senad destacaron el uso de tecnología por parte de estas estructuras, ya que, si bien las viviendas allanadas eran precarias, contaban con sistema de monitoreo en el barrio para controlar los movimientos de la zona y poder mantenerse alerta.

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En el marco de la evaluación de los 32 días de intervención municipal en Ciudad del Este, el interventor Ramón Ramírez, señaló lo se observa y es que la Junta Municipal ha comenzado a ejercer su rol de contralor, desde el pasado 23 de junio cuando inició la intervención, solicitando informes, preocupándose de la administración de los recursos de la Municipalidad.

El economista mantuvo una larga entrevista en Radio Concierto de la capital de Alto Paraná y aclaró que la intervención se da para todo el municipio, es decir tanto para la intendencia como para la Junta Municipal, donde hay una evidente mayoría coyuntural a favor del intendente Prieto. Aclaró que, quien tiene la facultad de solicitar informes es el interventor.

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Insistió que es la Municipalidad está intervenida y el reporte que estará brindando serán sobre los hallazgos que tengan sobre la administración de la intendencia; pero también sobre el rol de contralor de la Junta Municipal.

“El interventor es quien tiene la facultad de solicitar informes a las autoridades electas, esto está claramente establecido en la disposición de la intervención. Hay responsabilidades compartidas en algunos temas. El intendente tiene facultades, pero también hay responsabilidades compartidas con la Junta Municipal; y esa mayoría coyuntural le otorgó carta abierta al intendente”, precisó.

Explicó que la responsabilidad del interventor es reportar esa corresponsabilidad de la intendencia y la junta; ya será en otra instancia la que pondrá la calificación o nivel de responsabilidad.

Ramírez explicó que lo que ha observado, es un mecanismo de acompañamiento incondicional por parte de esa mayoría oficialista en la Junta, a la gestión del intendente Prieto, y eso se pudo constatar cuando aprueban minutas en un día y el intendente lo aprueba en el mismo día.

“Sin embargo, no existe la misma velocidad, en otros temas. La Contraloría General también habló de las inconsistencias de los estados financieros, y eso la Junta lo debía haber identificado, en eso no escapa la responsabilidad de los concejales, porque esos estados contables deben ser aprobados por la Junta Municipal”, explicó.

Remarcó que lo que ha encontrado es que, en todo este periodo municipal, la mayoría coyuntural oficialista, no ha hecho su trabajo de contralor y es por eso que este tema fue observado por la Contraloría.

“Es una suma de todo, yo llamaría más bien, complicidad que ignorancia, porque si bien, el concejal no tiene la obligación de saber todo, ni ser un especialista en materia financiera o contable; pero si tienen la posibilidad, y de hecho tienen un equipo de asesores que les ayuda a tomar la decisión. Pero lo que se pudo observar, es que a velocidad extraordinaria se aprobaron y acompañaron todas las peticiones de la intendencia”, indicó.

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