El apoderado colorado Eduardo González considera que no corresponde el actuar del juez de Apelación Penal Pedro Mayor y el de la fiscala Teresa Sosa, quienes estuvieron opinando sobre acciones de la bancada del Partido Colorado acerca de los gastos sociales de las binacionales en el Congreso Nacional.
“Me parece improcedente por parte de un juez, más todavía siendo integrante de un Tribunal de Apelación. Un juez antiguo y conoce todo, me extraña su actitud. Con esa opinión está demostrando un prejuicio que tiene hacia el Partido Colorado”, expresó el dirigente colorado.
Teniendo además como premisa que en todo este tiempo la forma en que actuó con el prejuicio manifestado en redes, “¿cómo pueden sentirse hoy los justiciables que eran afiliados del partido o que fueron autoridades que pasaron por su manos como juez de Garantías y magistrado?”, cuestionó.
Incluso, mencionó que le llama la atención su posición porque integró el Tribunal de Apelación que acaba de dar el arresto domiciliario a quienes atacaron la sede del Partido Colorado. “Si era al revés, y el ataque era a la sede de otro partido y era un juez colorado que daba una opinión como esa, ahora ya estaría en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, recriminó.
Lea también: Mano a mano LN con Carlos María Ljubetic: “En la votación no habrá contagio masivo”
Al apoderado de la ANR le parece totalmente irregular la opinión. “Puede tener una opinión, pero por el cargo que ostenta debe ser imparcial como garantía de todos los ciudadanos y los posibles justiciables”, remarcó.
Finalmente, enmarca la situación, porque se discute la imparcialidad. “Esta opinión que acepta es una causal para que lo pueden recusar; porque para tener una opinión como ciudadano ya no debería ser juez. Debe apartar, los jueces no pueden opinar”, sentenció.
Lea más: Colorados colocan como ejemplo la gestión de Bukele ante la pandemia
Dejanos tu comentario
Exsuperintendente de Bancos estará recluido por 15 días en la Agrupación Especializada
El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exsuperintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Insfrán, guarde prisión por 15 días en la Agrupación Especializada, en el marco de la causa judicial Ueno Bank.
Holger se encuentra imputado por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autor. “Pasará a guardar reclusión primariamente en la Agrupación Especializada y este juzgado vía oficio recabará informes sobre alguna institución dependiente del Ministerio de Justicia en donde pueda guardar posteriormente reclusión definitiva”, comentó Otazú a los medios de comunicación.
El magistrado agregó que “la defensa solicitó una medida menos gravosa, pero el juzgado entiende que los hechos revisten gravedad, entonces entendemos que, por una cuestión de saber sobrellevar y dar el respaldo necesario al Ministerio Público para que pueda seguir llevando adelante sus investigaciones, consideramos que es la medida más acertada en este momento”.
De acuerdo al acta de imputación, el funcionario habría tomado conocimiento formal, el pasado 29 de abril, de excesos en los límites de crédito otorgados a empresas vinculadas a Ueno, entre ellas Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA. Las obligaciones conjuntas de estas firmas habrían alcanzado aproximadamente G. 743.784 millones, equivalentes al 31,9 % del patrimonio efectivo de la entidad bancaria, por encima del límite regulatorio del 20 %.
La Fiscalía sostiene que, pese a las advertencias técnicas y al tiempo transcurrido desde la detección de las presuntas irregularidades, el imputado no habría exigido la presentación del plan de regularización previsto en la legislación bancaria.
Leé también: Santander resalta avances en la búsqueda de desaparecidos durante la dictadura
Asimismo, la investigación señala que el 16 de junio de 2026 se habría considerado regularizada la situación de Ueno Bank tras una operación de venta de cartera crediticia a Vinanzas S.A. por aproximadamente USD 74,4 millones. Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, dicha operación habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco, mediante préstamos y operaciones con sociedades relacionadas.
Otro de los hechos atribuidos se refiere al tratamiento de un informe técnico, remitido el 10 de julio de 2026 por un exgerente de Supervisión, que advertía sobre posibles irregularidades en la operación de transferencia de cartera. Según el acta de imputación, el documento habría sido comunicado al entonces presidente del BCP recién el 24 de julio, sin haber sido elevado formalmente al Directorio de la institución.
La Fiscalía también atribuye al imputado la presunta falta de impulso de medidas correctivas y el no haber comunicado oportunamente al Directorio del BCP la necesidad de adoptar disposiciones ante las observaciones detectadas, mientras la entidad bancaria continuaba desarrollando operaciones financieras.
Te puede interesar: Fiscalía se incautó de documentos y registros de cámaras en Mburuvicha Róga
Dejanos tu comentario
Ejecutivo presenta hoy proyecto para mantener operativas empresas vinculadas al caso Ueno
El asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, indicó que este viernes el Ejecutivo remitirá al Congreso Nacional el proyecto de ley que apunta a que las empresas o sociedades vinculadas al grupo Vázquez que no se encuentren intervenidas por la justicia o administradas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), puedan seguir operando.
“Hoy estamos procediendo a presentar al Congreso la iniciativa, esperamos que sea discutida rápidamente para su sanción. Este proyecto de ley ya fue socializado, estuvimos trabajando desde el pasado viernes posterior al juicio político, lo tratamos con el ministro Marco Riquelme y el lunes cuando ya asumimos oficialmente a la tarde mantuvimos una reunión con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria y Comercio, autoridades del Banco Central del Paraguay, el Banco Nacional de Fomento, entre otras instituciones del Estado”, indicó al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
González agregó: “Entiendo que también se habló con representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay, quienes ven este proyecto con buenos ojos. Nos preocupa la suerte de las empresas o sociedades no vinculadas o afectadas directamente con el proceso de intervención de Ueno Bank”.
Señaló que la intención es “generar es un instrumento legal para que las empresas que no estén afectadas por el proceso de intervención o por la Senabico, puedan seguir subsistiendo, que no pierdan su valor de capital y eventualmente que no se vean afectados los puestos laborales”.
Leé también: Alliana dispone que la Comandancia de la Policía vuelva a su histórica sede
Detalló que para garantizar la continuidad operativa de las firmas, se impulsará con la propuesta la integración de un consejo conformado por representantes del Ejecutivo, Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Trabajo y Banco Central del Paraguay.
“Se corroborará que las empresas existan y que tengan posibilidad de movimiento, se nombrará un administrador provisorio. Esta será una ley especial, transitoria, con una vigencia de 8 meses para que el administrador pueda justamente revisar todo, ver la situación, ponerlas en actividad”, dijo González.
Añadió que el administrador recibirá su remuneración de los ingresos que generen las firmas o sociedades en la cual operará. “Se revocará todos los mandatos y poderes de quiénes estén administrando las empresas y este administrador incluso, será designado por el consejo, es decir, tendrá que dar información permanente sobre lo que está realizando, no puede tomar ninguna decisión que no esté autorizado por el consejo y deberá dar vitalidad a las mismas”, puntualizó.
González mencionó también que “en un momento dado en que estén capitalizadas las empresas, se tomará una decisión con respecto a ellas, como por ejemplo de que puedan ser adquiridas por interesados y que ese capital sea utilizado para el pago de los ahorristas y eventualmente el pago de salarios”.
Dejanos tu comentario
Juez ordenó prisión para extitular de itti y exmano derecha de Miguel Vázquez
El juez interino Osmar Legal decretó la prisión preventiva de César Manuel Astigarraga Lambaré, extitular de itti S.A.E.C.A. y presidente de Grupo M S.A., imputado por las presuntas operaciones irregulares que derivaron en el colapso de Ueno Bank, en la misma causa que el exCEO de la entidad, Miguel Vázquez.
Legal resolvió que el imputado guarde reclusión donde la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios (Institutos Penales) decida y ordenó que no comparta sector ni alojamiento con los demás coimputados.
La defensa había ofrecido dos inmuebles como garantía para solicitar el arresto domiciliario con tobillera electrónica. Sin embargo, el juzgado consideró que la caución era insuficiente debido a que no se presentaron documentos que acreditaran la titularidad de los bienes ni la inexistencia de gravámenes o restricciones.
El magistrado también tuvo en cuenta que el procesado declaró percibir ingresos mensuales aproximados de G. 150 millones. Señaló que, por la complejidad de los hechos, la magnitud económica de las operaciones y los valores patrimoniales involucrados, se requiere información registral actualizada para verificar la disponibilidad efectiva de los inmuebles ofrecidos.
La resolución fundamenta la prisión preventiva en el peligro de fuga y en la necesidad de asegurar el sometimiento del imputado al proceso. Astigarraga se presentó este jueves ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, luego de que la Fiscalía ordenara su detención y modificara su requerimiento inicial de medidas alternativas para solicitar la prisión preventiva.
Podes leer: Detienen al sospechoso de agredir a conductor que murió de un infarto en Asunción
Dejanos tu comentario
Gobierno anuncia creación de un consejo para reactivar empresas ligadas a Ueno Bank
El presidente de la República, Pedro Alliana, y su gabinete se encuentran realizando acciones urgentes para mitigar la situación financiera que dejó la resolución de Ueno Bank. En este contexto, el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Eduardo González, anunció la creación de un consejo para atender a las empresas afectadas con el extinto banco.
“Desde el día uno, por instrucción del presidente de la República, hemos analizado diferentes situaciones que implican también un trabajo por parte de la asesoría jurídica de la Presidencia. Una preocupación que hemos tenido desde el inicio fue justamente la posibilidad de que las sociedades vinculadas al banco intervenido puedan tener la posibilidad de que sus activos sean importantes, de seguir teniendo existencia”, indicó González en conferencia de prensa.
Podés leer: Alliana garantiza colaboración y respalda procedimiento fiscal en Muburuvicha Róga
El asesor jurídico explicó que a través de este consejo se analizará la situación de todas las empresas que formaron parte del Grupo Vázquez y sus vinculaciones para luego evaluar la posibilidad de que se mantengan activas.
“Hemos analizado la situación que se ha dado, también modificaciones en estos días, y pensamos en una ley transitoria de una duración de 8 meses a los efectos de conformar un consejo que va a poder determinar que aquellas empresas vinculadas y determinadas por el BCP, y que no sean afectadas por la Senabico, puedan tener algún tipo de posibilidad de sostener sus activos, regularizarse y poder mantenerse”, detalló.
El consejo tendrá la denominación de supervisión de sociedades vinculadas, que estará conformado por un representante del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y el Ministerio de Trabajo.
“Este consejo, en base a lo que pueda determinar el BCP, nombrar un administrador y de esa manera este administrador pueda revocar poderes de los actuales administradores, o aquellos que tengan un poder, y así trabajar para verificar esa sociedad”, explicó el asesor jurídico.
También señaló que “antes de entrar al grupo de empresas que pueden seguir vigente, se va a hacer un análisis previo de aquellas que son de existencia real o aquellas que no lo son, porque tenemos también trabajadores que están pendientes de algunas definiciones y queremos tener la posibilidad de que esto pueda sostenerse de alguna manera”.
Te puede interesar: Alliana anuncia suspensión de cortes por falta de pago a la Ande